I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (LA OMISIÓN DE RESOLVER LA MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOLICITADA POR EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE TRANSFERIR Y HACER ENTREGA MATERIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO PARQUE VEHICULAR Y RECURSO PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA, AL SER EL ÓRGANO DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO Y TENER SU REPRESENTACIÓN. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. V. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. SUPUESTOS CONFORME A LOS CUALES DEBEN PROCEDER LOS ESTADOS SEGÚN SU MECÁNICA TRANSITORIA. VI. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS CUENTAN CON UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE LOS MUNICIPIOS PARA REALIZAR LA MUNICIPALIZACIÓN DE AQUÉLLOS. VII. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. EL GOBIERNO ESTATAL PUEDE SOLICITAR SU CONSERVACIÓN A LA LEGISLATURA LOCAL EN EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE SU MUNICIPALIZACIÓN, CUANDO LA TRANSFERENCIA DE AQUÉLLOS IMPLICA UNA AFECTACIÓN A SU PRESTACIÓN EN PERJUICIO DE LA POBLACIÓN. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA DE LA PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO ANTE LA FALTA DE TRANSFERENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, CUANDO ESTÁ PENDIENTE DE RESOLVERSE POR EL CONGRESO DEL ESTADO LA SOLICITUD DEL EJECUTIVO LOCAL PARA CONSERVARLO (LA OMISIÓN DE RESOLVER LA MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES SOLICITADA POR EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE TRANSFERIR Y HACER ENTREGA MATERIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO PARQUE VEHICULAR Y RECURSO PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 346/2019. MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN VOTÓ CON EL SENTIDO, PERO CON SALVEDAD EN LAS CONSIDERACIONES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ABRAHAM PEDRAZA RODRÍGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual del día dieciocho de noviembre de dos mil veinte.
VISTOS para resolver la controversia constitucional citada al rubro:
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Demanda. El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve,(1) Juan Hermelindo Morales, Síndico Propietario del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepetzintla en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional. El accionante señaló como autoridad demandada al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y como tercero interesado a la Comisión del Agua del mismo Estado. En la demanda reclamó la invalidez de los actos siguientes:
1. La omisión del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por conducto de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz de resolver conforme a derecho la municipalización del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales solicitada legalmente, y;
2. La omisión de transferir y hacer entrega material de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular y recurso presupuestal para prestar los mencionados servicios.
Antecedentes. El promovente señaló los sucesos siguientes:
Que el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se ampliaron las facultades de los municipios en cuanto a la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
Que el Congreso del Estado de Veracruz adecuó la Constitución del Estado al marco constitucional y en el artículo 71, fracción XI, inciso a) estableció que los ayuntamientos tendrían a su cargo las funciones y los servicios públicos municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado; además, en el artículo 35, fracción XI, inciso a), de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se estableció la competencia constitucional y legal de los municipios para la prestación del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado de conformidad con el Artículo Tercero Transitorio de la reforma constitucional señalada.
Que el trece de septiembre de dos mil diecinueve, el cabildo del Ayuntamiento de Tepetzintla, Veracruz, celebró sesión en la que se aprobó llevar a cabo las gestiones y acciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad a que se sujeta la transferencia de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
Que el dieciocho de septiembre del referido año, el Municipio presentó solicitud ante el Ejecutivo del Estado,(2) para que se llevara a cabo la transferencia de los servicios mencionados, cumpliendo lo establecido en el artículo 4° de la Ley para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios.
Conceptos. El Municipio actor expresa lo razonamientos de invalidez siguientes:
• La actitud omisiva del poder ejecutivo demandado invade la esfera competencial, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 71 fracción XI, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Veracruz es una facultad constitucional del municipio hacerse cargo del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales.
• El municipio cumplió con lo previsto en el numeral 4º de la Ley para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios, habida cuenta que el procedimiento de transferencia se inicia con la solicitud al Ejecutivo del Estado en el que especifica la función o el servicio público cuya transferencia se solicita, en virtud de la distribución competencial que ordena el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• El Poder Ejecutivo del Estado no tiene opción para decidir, ya que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la división competencial, la organización política y administrativa del Municipio, el que, entre otras cosas, deberá tener a su cargo el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales en los términos establecidos en las leyes federales y estatales.
• El artículo segundo Transitorio de la reforma al artículo 115 Constitucional, publicado el veintitrés de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, en el Diario Oficial de la Federación, dispone que los Estados adecuarán la Constitución Local y las leyes dentro del plazo de un año. En el caso, la Constitución Política del Estado fue reformada mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el tres de febrero del dos mil, para adecuarse al mandato de la norma fundamental, del que se desprende que la función administrativa y de gobierno del municipio se llevara a cabo de conformidad con las leyes estatales que, al efecto, apruebe el Congreso del Estado las que, en todos los casos, deberán reconocer que los ayuntamientos tienen a su cargo las funciones y servicios municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado.
• Los artículos 35, fracción XXV, 39, 40 fracción XII, 56, fracciones I a V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; 2, fracciones I a VI, 3 y 7 fracciones IV y V, de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave disponen que el servicio público de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales son atribución del ayuntamiento y los prestarán estos directamente o, bien, a través de organismos operadores, salvo que por decisión del municipio sea la Comisión del Agua la que ejerza dichas funciones, previo convenio.
• Corresponde al municipio prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y es un deber del Ejecutivo del Estado transferir dichos servicios a fin de que se cumpla con el mandato constitucional.
• La omisión o negativa ficta de trasferir los mencionados servicios violenta el artículo 115 fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos violados. La parte actora señala los artículos 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 35, fracción XXV, 39, 40, fracción XII y 56, fracción I, II, III, IV, V de Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz y 2, fracciones I, II, III, IV, V, VI, 3, 7, fracción IV y V de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
SEGUNDO. Trámite. El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve,(3) el Ministro Presidente de este Alto Tribunal Constitucional ordenó formar y registrar el asunto con el expediente 346/2019 y designó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como instructora del procedimiento.
El veintinueve siguiente,(4) la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional; tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; ordenó emplazarla para que diera contestación; decidió no tener como tercero interesado a la Comisión del Agua del citado Estado y, finalmente, dio vista al Procurador General de la República y Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su interés correspondiera.
TERCERO. Contestación. El Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en representación del Titular del Ejecutivo del referido Estado, parte demandada, dio contestación. Expresó lo siguiente:
En el apartado de antecedentes. En cuanto al primer hecho, dijo que constituían consideraciones jurídicas que debían resolverse al fallarse el asunto. Respecto del segundo hecho, señaló que es cierto en lo atinente a la solicitud formulada y recibida el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Tocante al tercer hecho, negó los actos y precisó que estaban sujetos a respetar los plazos y procedimientos previstos en las leyes relativas y aplicables.
En el apartado de improcedencia. La parte demandada propuso la causa de improcedencia prevista en las fracciones VI y VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia. Dijo que al haberse solicitado la transferencia de los servicios y recursos el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve; entonces, el Municipio actor debió respetar y estar sujeto al plazo legal de 180 días naturales de conformidad con el contenido de los numerales 5, 6 y 7, fracción III, de la Ley para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios.
Expuso que si el Municipio actor presentó la controversia constitucional el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, era un hecho notorio que sólo habían transcurrido setenta y un días desde la presentación de la citada solicitud y, por tanto, la controversia constitucional resultaba improcedente. Reiteró que no había transcurrido el plazo de 180 días previsto en los numerales 5, 6 y 7, fracción III de la referida ley, luego la transferencia y/o entrega del servicio público aún no era exigible y no se actualizaban los supuestos de invasión a la esfera de competencia.
En el apartado de conceptos de invalidez. Expuso que eran inoperantes los razonamientos propuestos. Razonó que no se advertía la presunta invasión a la esfera de competencia municipal, toda vez que no se actualizaba el supuesto para considerar que había sido omiso en transferir el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, al no transcurrir el plazo legal establecido en los preceptos normativos antes citados.
Adujo que a través del oficio SC-DGJ/0316/01/2020 de veintidós de enero de dos mil diecinueve,(5) solicitó a la Legislatura Local resolver lo conducente a fin de conservar el servicio público de agua potable dentro del ámbito de su competencia ante la existencia de motivos y razones suficientes de que la prestación afectará a la población.
Citó en apoyo de tal razonamiento, la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.".
CUARTO. Pedimento de la vista concedida. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica Federal se abstuvieron de formular pedimento a pesar de haber sido notificados y estar correctamente emplazados.
QUINTO. Audiencia. El trece de octubre de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia de ley(6) en la que se hizo relación de las constancias de autos; se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas y los alegatos de las partes y se puso el expediente en estado de resolución.
SEXTO. Avocamiento. El veintinueve de octubre de dos mil veinte,(7) el Ministro Presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal Constitucional radicó el asunto en la mencionada Sala y envió los autos a la Ministra instructora para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Tepetzintla y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
SEGUNDO. Precisión de actos. (8) Atento a la lectura integral de la demanda y de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 Constitucional, el municipio actor reclama lo siguiente: La omisión del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de resolver la municipalización del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales solicitada el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve y la omisión de transferir y hacer entrega material de los bienes muebles e inmuebles así como parque vehicular y recurso presupuestal para que se presten los servicios mencionados.
TERCERO. Existencia de los actos. Son inexistentes los actos omisivos reclamados por el municipio actor. Ello es así, porque si bien está acreditado que el trece de septiembre de dos mil diecinueve, Municipio actor solicitó al Ejecutivo del Estado,(9) la transferencia del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales que presta a los habitantes del municipio, por conducto de la Comisión del Agua de Veracruz, lo cierto es que, al contestar la demanda, el Titular del Ejecutivo del Estado acredita haber solicitado, dentro del plazo legal, al Congreso del Estado en el oficio SC-DGJ/0316/01/2020 de veintidós de enero de dos mil diecinueve,(10) conservar el servicio público de agua potable dentro del ámbito de su competencia ante la existencia de motivos y razones suficientes de que la prestación afectará a la población, por lo que no se actualiza la existencia de los actos omisivos impugnados en la presente controversia constitucional.
CUARTO. Oportunidad. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el plazo para la promoción de la controversia constitucional en contra de actos, normas o límites distintos a los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, debido a que en la controversia se pueden combatir actos omisivos y la Ley Reglamentaria no establece un plazo para su impugnación, pero la omisión involucra una falta de actuación por parte de la autoridad lo que genera una situación permanente que no se subsana mientras no actúe el ente omiso, misma que nace y se reitera día a día, en tanto subsista la actitud omisiva, lo que da lugar a consecuencias jurídicas que se actualizan día a día.
Así, el cómputo en ese tipo de actos se actualiza de momento a momento, mientras el acto omisivo subsista, dada su naturaleza, permitiendo la impugnación de ese no actuar de la autoridad. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J.43/2003 del Pleno del Alto Tribunal Constitucional de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.".(11)
En el caso, como se reseñó el poder demandado hasta el momento no ha demostrado haber atendido la solicitud formulada, constituyéndose así en un actuar omisivo y que es impugnable mientras subsista, por sus propias características, por lo que sin prejuzgar sobre el fondo del asunto para efectos de determinar la oportunidad de la demanda debe considerarse que si a la fecha de presentación el poder demandado no ha subsanado dicha omisión ni existe probanza en autos que lo acredite, entonces, la demanda debe tenerse por presentada oportunamente.
QUINTO. Legitimación. Cabe precisar que son partes en la controversia constitucional, únicamente: El municipio de Tepetzintla del Estado de Veracruz, representado por su síndico y el Ejecutivo del Estado, representado por el Gobernador. Así debe distinguirse, en primer lugar, entre la legitimación en el proceso y en la causa, como criterios que orientan y facilitan el análisis de esta cuestión, es aplicable a lo anterior la tesis aislada 1a.XV/97 de la primera Sala del Alto Tribunal Constitucional de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO.".(12)
La fracción I del artículo 105 de la Ley Fundamental(13) establece limitativamente que los entes públicos con la legitimación en la causa necesaria para accionar o tener el carácter de parte en este mecanismo de control constitucional, dotados tanto de la legitimación activa como la pasiva en la causa, esto es, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva esa garantía constitucional para que a través de ella se ventilen cuestiones constitucionales entre los órganos del Estado en sus tres niveles, de modo que se establece un mecanismo de control en el desarrollo de las relaciones entre los órganos del poder público en sus tres niveles de gobierno.
En estos términos, debe considerarse que no todo órgano público podrá acudir a este mecanismo de control constitucional, ni todo acto podrá ser materia de impugnación, ni toda autoridad que lo emita, sea ente, poder u órgano, podrá ser demandada en esta vía, ya que lo que se busca a través de estos procedimientos constitucionales es el estricto apego a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del actuar de los entes, poderes u órganos limitativamente señalados en el artículo 105 Constitucional y, entre ese actuar, el respeto a la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar y fortalecer el sistema federal.
Conforme a lo expuesto, es posible concluir que este tipo de acciones sólo procederán con motivo de controversias suscitadas entre dos o más niveles de gobierno (Federación, Estado o Municipio), en que se tilden de inconstitucionales actos o disposiciones generales emitidos por alguna entidad, poder u órgano, de los señalados en el artículo 105 de la Constitución Federal.
Ahora, es cierto que el inciso "i" de la fracción I del artículo 105 constitucional se refiere a la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales y no entre un ayuntamiento y el Estado, pero resulta lógico que el municipio, como nivel de gobierno, actúe fáctica y jurídicamente a través de su órgano de gobierno y de representación política, es decir, del ayuntamiento.
Por mandato mismo del artículo 115, fracción I, constitucional,(14) corresponde al ayuntamiento ser el órgano de dirección y administración política del municipio y tener su representación, por lo que cuenta con legitimación para entablar la controversia constitucional. Apoya la conclusión que antecede, la jurisprudencia P./J.51/2000 de rubro "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO."..(15)
Conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 17, 18 y 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz,(16) el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, el cual será gobernado por un ayuntamiento de elección popular y que residirá en la cabecera del municipio, integrado por ediles dentro de los que se encuentra el síndico el cual tendrá, entre otras funciones, la representación legal del municipio para procurar, defender y promover los intereses de éste en los litigios en los que fuera parte.
En el asunto, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Juan Hermelindo Morales, Síndico del Municipio de Tepetzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave, carácter que acreditó con la constancia de mayoría, expedida por el Órgano Público Local Electoral, así como de la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave CXCVI, Número Ext. 518, de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete,(17) por lo que cuenta con el carácter para acudir por el municipio actor.
Respecto del Poder demandado, Ejecutivo del Estado de Veracruz, compareció Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su carácter de Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cargo que se acredita con la copia certificada del nombramiento de uno de diciembre de dos mil dieciocho,(18) en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y su titular conforme con los artículos 116 fracción I de la Constitución Federal; 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8, fracción X, 9 fracción I, y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y 15 fracción XXXII del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno, reformado mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de trece de julio de dos mil diecisiete, correspondiente al número extraordinario 278; así como con fundamento en el acuerdo delegatorio publicado en el mismo medio de difusión oficial ya referido correspondiente al ejemplar con número extraordinario 388 del día veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, por lo que cuenta con legitimación para comparecer como autoridad demandada.
Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia señalan, expresamente, que tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia que el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
De los preceptos legales mencionados se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios en relación con la constitucionalidad de sus actos, y que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la cual deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
En el presente caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Juan Hermelindo Morales, en su carácter de Síndico del Municipio de Tepetzintla en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien demostró tener tal carácter y dicho funcionario cuenta con facultades suficientes para representar al Municipio actor de conformidad con el artículo 37, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, tal como se advierte de dicho precepto normativo.(19) En ese sentido, se concluye que la persona que suscribe la demanda se encuentra legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Municipio actor, en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.
Legitimación Pasiva. La autoridad a la que se le reconoció el carácter de demandada fue al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En el caso, compareció en representación del Poder Ejecutivo demandado Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su calidad de Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien acreditó tal carácter con la copia certificada del nombramiento expedido por el Gobernador del Estado, el uno de diciembre de dos mil dieciocho.
Sobre el particular, deben tenerse presentes los artículos 49, fracciones XVIII y XXIII, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8, 9, fracción I, y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 15, fracción XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el Acuerdo Delegatorio que autoriza al Secretario de Gobierno y al Subsecretario Jurídico y de Asuntos Legislativos a representar al titular del Ejecutivo Estatal, así como al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.(20)
Así, se advierte que el Poder Ejecutivo local tiene la atribución de designar a su representante tratándose de controversias constitucionales, pero además que el Titular de la Secretaría de Gobierno está facultado para representar al Gobernador del Estado ante cualquier instancia jurisdiccional, aunado a que el propio Ejecutivo Local expresamente autorizó al Secretario de Gobierno para representarlo en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. De acuerdo con lo expuesto, es de concluirse que el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con legitimación para comparecer a la presente controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad Federativa.
SEXTO. Improcedencia de la acción. A juicio de esta Primera Sala es improcedente la controversia constitucional, debido a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(21) Lo anterior, ya que aún no se ha agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.
Como se advierte de lo antes reseñado, lo discutido por las partes contendientes corresponde a la municipalización (transferencia) del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales en términos de lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Primera Sala considera necesario establecer el procedimiento (régimen transitorio, formas y plazos) diseñado por el Constituyente Permanente a que se refiere el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(22) reformado en mil novecientos noventa y nueve y el diverso Tercero Transitorio de la citada reforma, con el propósito de estar al tanto de la figura constitucional de la municipalización de las funciones y los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales prevista en el mencionado precepto constitucional.
Con la aludida reforma al artículo 115 constitucional, el Constituyente reconoció expresamente la competencia de los municipios para prestar las funciones y servicios públicos ahí enumerados. Ese cambio generó la necesidad de prever un régimen transitorio que permitiera a los municipios la transferencia efectiva de esas facultades a partir de su transferencia por parte de los gobiernos estatales para lo cual diseñó en el artículo tercero transitorio(23) el procedimiento de transición para tal efecto.
Del mencionado artículo transitorio se advierte que el Constituyente estableció que tratándose de funciones y servicios competencia de los municipios a la entrada en vigor de las reformas que fuesen prestados por los gobiernos estatales o de manera coordinada con los municipios, estos últimos podrían asumirlos, previa aprobación del ayuntamiento. En ese sentido, los gobiernos de los Estados dispondrían de lo necesario para que la función y el servicio público de que se trate se transfiriera al municipio de manera ordenada a través de un programa de transferencia, en un plazo máximo de noventa días, contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud.
Asimismo, estableció que para el caso del inciso a) de la fracción III del artículo 115 constitucional, esto es, de las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, los gobiernos estatales dentro del plazo de noventa días, podían solicitar a la legislatura correspondiente, conservar en su ámbito de competencia las funciones y servicios mencionados, cuando la transferencia de estado a municipio afectara, en perjuicio de la población, su prestación; solicitud que debería ser resuelta en lo conducente por la legislatura estatal.
Finalmente, el constituyente determinó que en tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200706-9475a763/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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