I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DEMANDADA PROBAR SU INEXISTENCIA (OMISIÓN CONSISTENTE EN TRANSFERIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES AL MUNICIPIO DE ISLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN DE AGUA DEL ESTADO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN CONSISTENTE EN TRANSFERIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES AL MUNICIPIO DE ISLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN DE AGUA DEL ESTADO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN CONSISTENTE EN TRANSFERIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES AL MUNICIPIO DE ISLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN DE AGUA DEL ESTADO). V. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. MARCO CONSTITUCIONAL DE SU REGULACIÓN. VI. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS SU PRESTACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. EL GOBIERNO ESTATAL PUEDE SOLICITAR A LA LEGISLATURA LOCAL SU CONSERVACIÓN CUANDO LA TRANSFERENCIA A LOS MUNICIPIOS IMPLICA UNA AFECTACIÓN A SU PRESTACIÓN EN PERJUICIO DE LA POBLACIÓN. VIII. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. LA OMISIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL PARA TRANSFERIRLOS AL MUNICIPIO SOLICITANTE TRANSGREDE SU ESFERA COMPETENCIAL. IX. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS CUENTAN CON UN PLAZO DETERMINADO, A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE LOS MUNICIPIOS, PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA TOTAL DE AQUÉLLOS, SIENDO TAMBIÉN QUE EN DICHO PLAZO PODRÁN HACER LA SOLICITUD DE RESERVARSE LA PRESTACIÓN DE ÉSTOS AL CONGRESO LOCAL. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE TRANSFERIR A UN MUNICIPIO LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES QUE VINCULAN AL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA QUE REALICE SU TRANSFERENCIA EN UN PLAZO DETERMINADO, PRESENTE EL PROGRAMA RESPECTIVO Y GARANTICE LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO DURANTE EL TIEMPO EN QUE SE LLEVE A CABO DICHA TRANSFERENCIA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 165/2019. MUNICIPIO DE ISLA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 1 DE JULIO DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al primero de julio de dos mil veinte, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 165/2019, la cual fue promovida por el Municipio de Isla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra del Poder Ejecutivo Estatal y de la Comisión del Agua Local.
I. Antecedentes y trámite del asunto
1. Interposición de la demanda. El quince de abril de dos mil diecinueve, Eréndira Salgado Carrión, quien se ostentó como síndica única del Municipio de Isla del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió una demanda de controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en contra del Poder Ejecutivo y de la Comisión del Agua, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuestionando lo siguiente:
i) La inconstitucional omisión del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de la Comisión del Agua del Estado, de resolver conforme a derecho la municipalización del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; municipalización que fue solicitada legalmente y cuya omisión transgrede lo previsto en el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con claridad establece que es el Municipio quien tiene a su cargo la competencia para prestar el mencionado servicio público municipal.
ii) La inconstitucional omisión del Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Comisión del Agua del Estado, de transferir y hacer entrega material de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular y recurso presupuestal, a fin de que sea posible prestar por el ente municipal el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
2. Conceptos de invalidez. Al respecto, se plantearon los siguientes antecedentes y conceptos de invalidez:
a) Antecedentes. El veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se reformó el artículo 115 de la Constitución Federal y se expidió el tercer artículo transitorio, en los cuales se estableció que la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales le corresponde a los Municipios y que éstos podrían asumirlos previa aprobación del Ayuntamiento y solicitud al Gobierno del Estado; para lo que se debería elaborar un programa de transferencia del servicio en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. Reforma constitucional que ocasionó que en el Estado de Veracruz se modificara la Constitución Local y se expidiera la Ley Orgánica del Municipio Libre, a fin de implementar un mecanismo de transferencia de esos servicios.
b) Bajo ese entendido, se alude que el catorce de junio del año dos mil doce, mediante el Acuerdo 724, la LXII Legislatura del Estado de Veracruz autorizó al Municipio de Isla la creación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Isla, teniendo como objetivo proporcionar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales del Municipio. Posteriormente, el ocho de noviembre de dos mil doce, el Cabildo municipal, en sesión extraordinaria, aprobó la solicitud al Gobierno del Estado de la transferencia de la función y servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales con la finalidad de que el Municipio de Isla prestara y administrara las acciones relacionadas a los referidos servicios; ello, sin obtener ninguna respuesta.
c) Empero, años más tarde, el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, el Cabildo municipal aprobó llevar las gestiones y acciones necesarias para la municipalización del sistema de agua potable y alcantarillado. Así, el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, en acatamiento a lo acordado por el Cabildo, el presidente municipal del Ayuntamiento de Isla solicitó por escrito al gobernador del Estado el traspaso de las funciones y servicios públicos del Estado al Municipio de Isla, respecto a la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales.
d) El escrito fue recibido en la oficina del gobernador ese mismo día, sin que hasta la fecha se haya dado contestación o recibido el programa de trasferencia correspondiente dentro del plazo constitucional de noventa días, ni el de ciento ochenta días naturales a partir de la solicitud efectuada por el Municipio, en términos del diverso numeral 5 de la Ley para la Transferencia de las Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios del Estado de Veracruz.
e) Razonamientos de invalidez. A raíz del contexto fáctico expuesto en los párrafos previos, se argumenta que los actos omisivos impugnados vulneran el contenido del artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, que consagra que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos como el de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Ello, pues el Municipio ya solicitó formalmente la transferencia de los citados servicios públicos (ante la indebida prestación de esos servicios) y la autoridad estatal ha sido omisa en plantear el programa de transferencia como lo marca la legislación veracruzana.
f) Omisión que resulta inconstitucional, teniéndose como precedentes aplicables lo resuelto en la controversia constitucional 151/2016, promovida por el Municipio de Minatitlán, Veracruz (en la que, ante la negativa por parte del Gobierno del Estado de transferir los citados servicios públicos, así como de la entrega material de los bienes muebles e inmuebles, recursos financieros y demás relativos a favor del Municipio, la Suprema Corte resolvió ordenar al Gobierno del Estado cumplir con lo mandatado en el artículo 115 constitucional y entregar formalmente al Municipio los servicios), así como la controversia constitucional 42/2006, de diecisiete de enero de dos mil ocho, que dio lugar a la siguiente tesis P./J.33/2008: "TRÁNSITO. EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO H, DE LA CONSTITUCIÓN, RESERVA ESE SERVICIO A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI UN GOBIERNO ESTATAL, A UNO DE ELLOS LE CONDICIONA SU TRANSFERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO AJENO A ESA NORMA FUNDAMENTAL, VIOLA LA MISMA."
g) Citándose, a su vez, como aplicables los criterios que se reflejan en las siguientes tesis: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA DESVIRTUAR LAS PRUEBAS CON LAS QUE LA DEMANDADA DEMOSTRÓ SU INEXISTENCIA.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD.", "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO.", "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES."
3. Trámite de la demanda. Recibido el escrito de demanda, el quince de abril de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte registró el asunto con el número de expediente 165/2019 y designó, por razón de turno, a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como Ministro instructor del procedimiento.
4. Por acuerdo de veintidós de abril de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, teniendo como autoridades demandadas al Poder Ejecutivo y a la Comisión del Agua, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, lo que lo llevó a emplazarlas para que dieran contestación a la demanda y señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad. Asimismo, requirió a tales autoridades para que enviaran copias certificadas de todas las documentales relacionadas con la omisión impugnada y ordenó dar vista del asunto a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su interés conviniera.
5. Contestación de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Notificada la admisión, por escrito recibido el cinco de junio de dos mil diecinueve en esta Suprema Corte, Jessica Aguirre García, en su carácter de jefa de la Unidad Jurídica de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y en representación de la misma, dio contestación de la demanda en los términos siguientes:
a) En principio, por lo que hace a los antecedentes narrados en la demanda, era necesario precisar que la Comisión del Agua Estatal es un organismo que forma parte de la administración pública paraestatal del Gobierno de Veracruz y que fue creado mediante la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por ende, en términos de los artículos 2 y 3 de la ley invocada, las atribuciones en materia de aguas de jurisdicción estatal y prestación de servicios las ejerce el Ejecutivo del Estado, a través de dicha Comisión, prestando el servicio público de suministro, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en los Municipios que tienen la capacidad de asumir dichos servicios, como es el caso del actor.
b) Dicho lo anterior, por lo que hace al hecho número 4 de la demanda, señala que es verdad que la Legislatura Local autorizó la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Isla; sin embargo, aclara que no se siguió el procedimiento previsto en la Ley No. 24 para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios; de tal manera que si el Municipio aún no tenía en su poder el servicio de agua potable, era improcedente la creación del mencionado organismo.
c) El acuerdo no surtió efectos legales, siendo por esa razón que el Municipio actor inició nuevamente el trámite. Lo anterior se demuestra ante el hecho número 5, en la que se manifiesta que el ocho de noviembre de dos mil doce, el Municipio de Isla celebró una sesión en la que se emitió acuerdo para solicitar al Gobierno Estatal la transferencia del servicio; sin embargo, el mismo Municipio no le dio seguimiento al trámite.
d) Por otro lado, señala que es cierto que el Municipio realizó una nueva solicitud de transferencia de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, lo que llevó a que el consejero jurídico del Poder Ejecutivo Local solicitara opinión a la Comisión, la cual se emitió el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.
e) Finalmente, solicita a la Suprema Corte que tome en cuenta que no ha existido omisión por parte de la Comisión para transferir el servicio, pues no es a ella a quien le corresponde la determinación de la municipalización de los referidos servicios de agua y alcantarillado.
f) Ahora bien, en torno a los conceptos de invalidez, señala que es falso que el servicio prestado por la Comisión sea de mala calidad, ya que se cuenta con personal capacitado para la prestación del servicio, que comprende, entre otras funciones: la operación de la infraestructura, mantenimiento de la misma, potabilización del agua, a través de los procedimientos autorizados por las normas oficiales mexicanas, recaudación, administración de los recursos y atención a los usuarios, entre otras.
g) Para tal efecto, tienen presente que la buena prestación del servicio garantiza el derecho humano al agua; de tal manera que si el Municipio actor solicita la transferencia del servicio, se debe garantizar que se continúe prestando en forma eficiente.
h) De igual manera, alega que es necesario que la Legislatura Estatal autorice la desincorporación del patrimonio afecto a la prestación del servicio, para que pueda ser transmitido al Municipio, como lo dispone el artículo 33, fracción XXXII, de la Constitución Local; de tal manera que la Comisión no puede disponer de los bienes que integran el patrimonio del organismo operador del Municipio de Isla, sino que debe ser autorizado por el Congreso Local, para que se transmitan al Municipio los bienes que integran el sistema de agua.
6. Contestación del Poder Ejecutivo de Veracruz. Por su parte, por escrito depositado el diecisiete de junio del dos mil diecinueve en la Oficina de Correos de la Ciudad de Xalapa, Veracruz(1) (recibido el veinticinco siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación), por conducto del secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Poder Ejecutivo rindió su contestación, argumentando lo que se expone a continuación:
a) En cuanto a los hechos marcados con los números 1, 2, 3, 4, 7 y 8 no hace referencia a ellos, porque no constituyen propiamente hechos. En cuando a los hechos números 5 y 6; ni se niegan ni se afirman por no ser hechos propios de su representada.
b) La controversia constitucional resulta improcedente. Tuvo que haberse agotado el recurso o medio de defensa legal procedente, al tratarse de un aspecto de mera legalidad relacionado con la omisión de contestación de la solicitud de transferencia y no de constitucionalidad. Debió haberse promovido un juicio administrativo o juicio de amparo. Asimismo, en su caso, debió haberse agotado la controversia constitucional prevista en el ordenamiento jurídico estatal, al ser un servicio público que se encuentra reconocido en el artículo 71, fracción XI, inciso a), de la Constitución veracruzana.
c) En cuanto al único concepto de invalidez formulado por el Municipio actor, señala que es inatendible. Lo anterior, en virtud de que la controversia constitucional es improcedente porque el estudio de las causales de improcedencia resultan ser una cuestión de orden público y, en el caso, se actualizan las causales contenidas en el artículo 19 de la ley reglamentaria descritas previamente.
7. Referencia a la opinión del fiscal general de la República y del consejero jurídico del Gobierno Federal. El fiscal general de la República y el consejero jurídico del Gobierno Federal se abstuvieron de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.
8. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el tres de septiembre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por no interpuestos los alegatos de las partes y se puso el expediente en estado de resolución.
9. Radicación. Finalmente, en atención a la solicitud formulada por el Ministro instructor, se acordó el quince de octubre de dos mil diecinueve remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución, misma que se abocó a su estudio por auto de veinticuatro de octubre siguiente.
II. Competencia
10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013. En el caso, se impugnan actos del Gobernador Constitucional y de la Comisión del Agua, por lo que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. Precisión de la litis
11. Atendiendo a lo previsto en la demanda de controversia constitucional y a las constancias que integran la totalidad del expediente, se estima que la materia del asunto se circunscribe a examinar la regularidad constitucional de lo siguiente: a) la omisión de transferir al Municipio los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, como facultad que corresponde de forma exclusiva a los Municipios, en términos del artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y, consiguientemente, b) la omisión de transferencia y entrega material de los bienes muebles e inmuebles y recurso presupuestal para que el Municipio preste los servicios reclamados.
12. Por tanto, toda vez que el Municipio alega la existencia de tales omisiones y es a través del presente medio de control constitucional que se pretende declarar que las mismas son contrarias al mandato constitucional previsto en el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución General, resulta lógico que no exista obligación para el actor demostrar tal circunstancia, sino que corresponderá a la autoridad demandada desvirtuar su dicho: pues es sobre quien recae la carga de la prueba demostrar la inexistencia de un acto negativo y, consecuentemente, podrá demostrar su falsedad. Lo anterior, con apoyo en los criterios P./J. 81/99 y P./J. 66/2009, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA DESVIRTUAR LAS PRUEBAS CON LAS QUE LA DEMANDADA DEMOSTRÓ SU INEXISTENCIA."(2) y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD."(3)
IV. Oportunidad
13. La presente controversia constitucional se hace valer en contra de las omisiones identificadas en el apartado anterior. En ese tenor, toda vez que el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia sólo establece el plazo para la promoción de la controversia constitucional en contra de actuaciones, las cuales únicamente pueden ser actos, normas o límites distintos a los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Federal, es criterio reiterado de esta Corte que cuando se combatan omisiones el plazo impugnativo se actualiza día a día mientras éstas subsistan; lo que nos lleva a concluir que, en el caso y toda vez que se cuestionaron omisiones, debe tenerse por satisfecho el supuesto procesal de oportunidad de la demanda, ya que no concurre en el expediente algún elemento que nos permita apreciar que las omisiones reclamadas son en realidad actos positivos o que éstas dejaron de subsistir previamente a la interposición de la controversia.
14. A mayor detalle, en atención a lo sostenido en la controversia constitucional 10/2001, en la cual se dio lugar al criterio P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.",(4) es criterio de esta Corte que cuando se cuestionen omisiones en una controversia constitucional, el plazo para su impugnación se actualiza día a día, permitiendo entonces en cada una de esas actualizaciones la impugnación de la constitucionalidad de tal no actuar por parte de la autoridad.
15. Así las cosas, en el asunto que nos ocupa, consta en el expediente el escrito de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, signado por el presidente del Ayuntamiento del Municipio de Isla, mediante el cual solicitó al gobernador del Estado de Veracruz girar las instrucciones y llevar a cabo las acciones correspondientes, a fin de traspasar al Municipio las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales. Escrito al cual se anexó el acta de sesión de Cabildo 32/2018, de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, en la que, por unanimidad de votos de sus integrantes, se aprobó la propuesta de municipalizar el sistema de agua potable y alcantarillado a cargo del Gobierno del Estado, por lo que se autorizaba al presidente municipal solicitar la transferencia de las citadas funciones y servicios públicos.
16. Asimismo, se advierte en el expediente que tal solicitud de transferencia fue recibida en la oficina de la secretaría particular del gobernador en la misma fecha de su emisión(5) y que, mediante oficio CJyDC/534/18(6) de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el consejero jurídico del gobernador del Estado solicitó opinión al director general de la Comisión del Agua de Veracruz para darle curso legal y administrativo a la petición hecha por el referido presidente municipal, la cual fue emitida el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.(7) Sin que posterior a ello se aprecie alguna otra actuación por parte del Ejecutivo Local en relación con la mencionada solicitud.
17. Consecuentemente, por lo que hace únicamente al presupuesto procesal de oportunidad y toda vez que en la demanda se limitó la litis a omisiones relacionadas con la transferencia de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, se considera que en el expediente no hay elementos que desvirtúen dicha calificativa de omisión identificada por el actor ni que previo a la controversia ya hubieran sido satisfechas. Por ende, debe reputarse como oportuna la demanda al correr el plazo impugnativo día con día.
V. Legitimación activa
18. Los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal(8) y 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia(9) disponen, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, en relación con la constitucionalidad de sus actos, teniendo el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, que deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
19. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Eréndira Salgado Carrión, en su carácter de síndica única municipal del Ayuntamiento de Isla, Veracruz, quien acredita su personalidad con los siguientes documentos:
a) Copia certificada de la constancia de mayoría y validez expedida por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el siete de junio de 2017, de la que se advierte que Eréndira Salgado Carrión fue electa como síndica municipal propietaria para la integración del Ayuntamiento actor.(10)
b) Copia certificada del acta de instalación de Cabildo Número 001/2018, de fecha primero de enero de 2018.(11)
20. Por su parte, del artículo 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, se advierte que es atribución del síndico representar jurídicamente al Municipio en los litigios en los que éstos fueren parte.(12) En consecuencia, se considera que se cumple con el requisito procesal correspondiente, pues el Municipio es uno de las entidades reconocidas constitucionalmente para interponer una controversia constitucional y ello fue realizado mediante su representante legal.
VI. Legitimación pasiva
21. En primer lugar, debe señalarse que, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contestó la demanda el secretario de Gobierno del Estado, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien acreditó su personalidad con la copia certificada de su nombramiento,(13) expedido por el gobernador constitucional de la entidad el primero de diciembre de dos mil dieciocho. Asimismo, en términos de los artículos 8, fracción X, 9, fracción I y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz,(14) el titular del Ejecutivo del Estado podrá designar a quien lo represente en las controversias a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal; siendo que el artículo 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de Veracruz Ignacio de la Llave(15) prevé que el secretario de Gobierno tendrá la facultad de representar legalmente al Gobierno del Estado y al gobernador ante cualquier instancia administrativa, legislativa, fiscal o jurisdiccional, de carácter federal, estatal o municipal, e intervenir en toda clase de juicios en que sea parte, por lo que es de concluirse que cuenta con la representación del Poder Ejecutivo, el cual tiene la legitimación pasiva en este medio de control constitucional.
22. Por ende, se concluye que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave puede ser demandado a través de una controversia constitucional con fundamento en el inciso i) de la fracción I del artículo 105 constitucional y, en el respectivo procedimiento, actuó a través de su legítimo representante, por lo que se acredita el requisito de legitimación por lo que hace a esta autoridad demandada. Sin que sea obstáculo que el referido inciso i) constitucional contemple solamente que la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias constitucionales se suscita entre un Estado y uno de sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y no entre un Ayuntamiento y el Poder Ejecutivo de un Estado. Ello, pues ya es criterio consolidado de esta Corte que cuando se alude al orden jurídico estatal, se incluye a los distintos Poderes y órganos no subordinados que lo representan. Guarda aplicación lo dicho en la jurisprudencia P./J. 51/2000, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO."(16)
23. En segundo lugar y respecto a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, también se acredita el presupuesto procesal de legitimación. Se trata de un órgano que, aunque forma parte de la administración pública descentralizada, en el ámbito del servicio de agua y alcantarillado goza de autonomía, es el directamente encargado de prestar dichos servicios en los Municipios que correspondan y es el que detenta la propiedad de los bienes mediante los cuales se prestan dichos servicios. Adicionalmente, en el procedimiento actuó bajo su legítimo representante, pues la contestación de demanda fue signada por Jessica Aguirre García, jefa de la unidad jurídica de dicha Comisión, quien acreditó su personalidad con la copia certificada de su nombramiento.(17) Lo anterior, con fundamento en los artículos 2, 15 y 16 de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave(18) y 31, fracciones I, VI y VIII, del Reglamento Interior de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.(19)
VII. Causas de improcedencia
24. En su contestación de demanda, el Poder Ejecutivo sostuvo que debía sobreseerse en la controversia constitucional, pues dado que la presunta omisión alegada por el actor versa sobre una posible violación al derecho de petición y no a una invasión de competencias, debían agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios previos (juicio administrativo o juicio de amparo) a la interposición de la controversia. En el mismo sentido, se argumentó que toda vez que es en la Constitución Local, en su artículo 71, fracción XI, inciso a), donde se prevé que los Municipios tendrán a su cargo el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, lo que procedía era la interposición de la controversia constitucional establecida en la legislación estatal.
25. No se comparte esa petición de sobreseimiento. Contrario a las premisas de las cuales parte la autoridad demandada, el Municipio actor no tenía obligación de agotar procedimiento alguno para cuestionar actos omisivos, a fin de lograr la transferencia de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Es nuestro criterio reiterado que el principio de definitividad en la controversia constitucional sólo opera cuando en las legislaciones locales se establecen medios de defensa o recursos, siempre y cuando en la demanda no se hubieren planteado violaciones directas e inmediatas a la Constitución General, sino violaciones a las leyes locales que produzcan una transgresión a la Carta Magna a manera de consecuencia.
26. En el caso, es claro que en su demanda el Municipio de Isla no se queja de una violación a disposiciones secundarias, sino que aduce la existencia de una violación directa al artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal. Sustenta esta conclusión el criterio resumido en la tesis P./J. 136/2001, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES."(20)
27. No existiendo otro motivo de improcedencia planteado por las partes, ni advertido de oficio por esta Primera Sala, lo procedente es entrar al estudio del fondo del asunto.
VIII. Estudio de fondo
28. El resto de la presente ejecutoria se dedica a evaluar la actitud omisiva del Poder Ejecutivo y de la Comisión del Agua de Veracruz, con la cual, el Municipio actor alega que se invade su esfera competencial respecto a la facultad constitucional de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, debiendo señalarse que, en términos de los artículo 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia,(
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30098-0db48e5e/i-controversia-constitucional-cuando-se-reclaman-omisiones-corresponde · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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