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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA SONORA SI (PROYECTO SONORA SISTEMA INTEGRAL), AL HABERSE DECLARADO EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA PRESENTADA POR EL MUNICIPIO ACTOR. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN S.G.P.A.DGIRA.-DG.-1633/11, DE 23 DE FEBRERO DE 2011, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR LA CUAL SE AUTORIZÓ DE MANERA CONDICIONADA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO DEL PROYECTO DENOMINADO "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA", EN EL ESTADO DE SONORA, AL HABER CESADO SUS EFECTOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA, DE MANERA ESPECÍFICA, LOS ACTOS Y LAS NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE AQUÉLLOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, ESTADO DE SONORA, CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 55201001-001-10 (PARTE INTEGRANTE DEL PROGRAMA SONORA SI), ASÍ COMO TODAS SUS ETAPAS Y ACTOS DERIVADOS DE ELLA, INCLUYENDO SU FALLO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, ESTADO DE SONORA, TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL NÚMERO 26SO2010HD067, QUE AUTORIZÓ LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA". CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, ESTADO DE SONORA, TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA EL PROCEDIMIENTO Y EXPEDICIÓN DE LOS TÍTULOS DE ASIGNACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO YAQUI 02SON150083/09HBDA10 DE 15 DE JULIO DE 2010, 02SON150085/09HBDA10 DE 15 DE JULIO DE 2010 Y 02SON150734/09HBDA11 DE 18 DE OCTUBRE DE 2011, EN FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE COMO REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA, CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE PROMUEVE EN CONTRA DE UNA NORMA O ACTO QUE ES AJENO A LA ESFERA DE FACULTADES DEL ENTE LEGITIMADO, POR EL MERO INTERÉS DE PRESERVAR LA REGULARIDAD EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES CONFERIDAS A OTROS ÓRGANOS ORIGINARIOS, NO SE DA EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA REQUERIDO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE VERSEN SOBRE ASPECTOS QUE NO SE VINCULEN CON ALGUNA AFECTACIÓN A LAS ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO ACTOR. INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DE NO EXISTIR CON LA EMISIÓN DEL ACTO O NORMA GENERAL IMPUGNADOS, POR LO MENOS, UN PRINCIPIO DE AGRAVIO QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA". LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEBE DAR LA INTERVENCIÓN QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA, EN AQUÉL, PARA SATISFACER SU GARANTÍA DE AUDIENCIA. TÍTULOS DE ASIGNACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO YAQUI. EL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA, ESTÁ FACULTADO PARA EMITIRLOS. TÍTULOS DE ASIGNACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO YAQUI. LOS IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 02SON150083/09HBDA10 DE 15 DE JULIO DE 2010, 02SON150734/09HBDA11 DE 18 DE OCTUBRE DE 2011 Y 02SON150085/09HBDA10 DE 15 DE JULIO DE 2010, SON VÁLIDOS, AL NO AFECTAR LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, ESTADO DE SONORA, EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. TÍTULOS DE ASIGNACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO YAQUI. NO EXISTE IMPEDIMENTO PARA EMITIRLOS A CAUSA DEL ACUERDO QUE ESTABLECE VEDA SOBRE CONCESIÓN DE AGUAS DE ESE RÍO, EN LOS ESTADOS DE SONORA Y CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE SEPTIEMBRE DE 1931. TÍTULOS DE ASIGNACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO YAQUI. NO EXISTE PRERROGATIVA ALGUNA EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA, POR LA QUE SE LE DEBA OTORGAR INTERVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE AQUÉLLOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2012. · Registro digital (IUS): 25619
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-05-08
Promovente: MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, ESTADO DE SONORA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I , Pág. 742.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2012. MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, ESTADO DE SONORA. 21 DE ENERO DE 2015. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de enero de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos de la controversia constitucional 94/2012; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito recibido el once de septiembre de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Joel Escalante Díaz, ostentándose como síndico municipal del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Estado de Sonora, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan, emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

Ver órganos demandados y actos cuya invalidez se demanda

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

1. Que mediante la Ley 254 publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número cincuenta y dos, sección tercera, de veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, se erige como Municipio de San Ignacio Río Muerto.

2. Que el Municipio se ubica al sur del Estado de Sonora, colinda al norte con el Municipio de Guaymas y con el Municipio de Bácum, al sur con el Golfo de California, al este con el Municipio de Bácum y al oeste con el Golfo de California.

3. Que cuenta con los títulos de asignación números 02SON120645/09HCDA10 y 02SON120650/09HMDA10, amparando el primero, derechos para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales superficiales por un volumen de 589,863.00 metros cúbicos anuales; y el segundo, derechos para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de 589,863.00 metros cúbicos anuales, inscritos ante el Registro Público de Derechos de Agua en el libro de registro del Estado de Sonora, tipo de folio uno, tomo H-R02, foja número cuarenta y dos, con los números 02SON113456 y 02SON113460, respectivamente.

4. Que a partir del cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta seis, México ratificó la "Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas".

5. Que el dos de febrero de dos mil ocho, México incorporó al complejo lagunar bahía Guásimas-estero Lobos (con una superficie de 135,197.52 hectáreas, y ubicado en el Estado de Sonora, comprendiendo parte de los Municipios de San Ignacio Río Muerto, Guaymas y Empalme), como sitio Ramsar, bajo la tutela de la convención antes señalada.

6. Que por resolución presidencial de dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y tres, se otorgó la concesión de exclusividad al pueblo Yaqui pesquero en las aguas de los litorales del Golfo de California, sobre una extensión aproximada de 45 kilómetros (superficie estimada de 30,000 hectáreas de terrenos costeros), que abarca la franja que va desde la bahía de las Guásimas hasta la de Lobos, donde se encuentran los esteros de Yasicuri, Las Tortugas, Tecolote, Las Cruces, Algodones, El Camapochi, Siuti, Las Palomas, La Luna, San Francisco, La Culebra y bahía Las Piedras.

7. Que el artículo 115, fracción V, inciso g), de la Constitución Federal, les otorga a los Municipios competencia para participar en la aplicación de los Programas de Ordenamiento Ecológico.

8. Que el veinte de agosto de dos mil nueve, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, se publicó el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa de Sonora.

9. Señala que los actos cuya invalidez demanda tienen por objeto sustraer aguas del Río Yaqui, a partir de la presa Plutarco Elías Calles "El Novillo", para trasvasarlas mediante un acueducto denominado "Independencia" a la cuenca del Río Sonora en la ciudad de Hermosillo, Sonora, lo que considera afecta a la disponibilidad del recurso para las poblaciones de la parte baja de la cuenca, los servicios públicos que está obligado a prestar el Municipio, dentro del cual están comunidades indígenas, así como el equilibrio hídrico de la cuenca del Río Yaqui, el medio ambiente del Municipio y de la zona de humedales del mismo, también las actividades económicas, ya que la mayor parte del territorio del Municipio se ubica dentro del área irrigable del Distrito de Riego 041, Río Yaqui y Pesqueira.

TERCERO. Conceptos de invalidez. En su escrito principal de demanda, el Municipio actor sostuvo los siguientes conceptos de invalidez:

1) Primer concepto de invalidez. Violación al derecho al medio ambiente sano previsto en el artículo 4o., en relación con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1.1.) Los actos combatidos no consideran la disminución constante y periódica del cauce del Río Yaqui y los impactos ambientales que el acueducto causará, al trasvasar el agua desde la cuenca del Río Yaqui a la cuenca del Río Sonora, violentando el artículo 4o. constitucional, que establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que obliga al Estado a dictar normas y adoptar medidas para proteger el medio ambiente procurando que esté libre de contaminación, a fin de asegurar el equilibrio ecológico, ni tampoco respetan la obligación de adoptar medidas progresivas para el goce del derecho al medio ambiente, contenida en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales.

1.2.) Se violentan el artículo 4o. constitucional y las normas ambientales promulgadas por el Estado Mexicano, pues el Río Yaqui es objeto de la declaratoria de veda de veintisiete de julio de mil novecientos treinta y uno, que se encuentra vigente.

1.3.) En vez de favorecer y mejorar la sustentabilidad hidrológica del medio ambiente de la cuenca y, por ende, del Municipio, se pretende aprovechar el agua mediante el trasvase del líquido vital del Río Yaqui al Río Sonora, lo que incide en el volumen de agua disponible para los usuarios ubicados en la parte baja de la cuenca, así como la recarga de los mantos freáticos, afectando el medio ambiente y el equilibrio ecológico de la cuenca.

1.4.) El proyecto del Acueducto Independencia causará una severa afectación al sitio Ramsar, con lo que se afectará el derecho a un medio ambiente sano del Municipio y de los habitantes de la cuenca del Río Yaqui, máxime que en ningún momento la autoridad realizó alguna evaluación de los posibles efectos a dicho ecosistema, con lo que se incumplió el mandato que establece la legislación.

1.5.) Si bien el Estado puede restringir el goce de un derecho humano, como pudiera suceder con el proyecto del Acueducto Independencia, para el goce y disfrute del derecho al medio ambiente de los habitantes de la cuenca, esta posibilidad no es discrecional, sino que se encuentra limitada a los estándares internacionales de derechos humanos, como son los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar en su jurisprudencia que: "deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público ... En segundo lugar, la restricción establecida pro ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención Americana ... Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en mejor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho."

1.6.) El artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales establece que los trasvases de agua deben ser regulados por el Estado; sin embargo, en ninguna parte de la Ley de Aguas Nacionales, ni en su reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas expedidas por la Comisión Nacional del Agua se encuentran regulaciones específicas sobre los trasvases entre cuencas.

1.7.) Si bien la autoridad señala que se pretende satisfacer el derecho al agua de los habitantes de Hermosillo, Sonora, cuyo objetivo es legítimo y conforme a los objetivos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la medida no respeta los otros requisitos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al no ser proporcional, racional y necesaria, esto es, al no ser una medida que restrinja en menor escala el derecho al medio ambiente.

1.8.) En diversas ocasiones se han propuesto varias medidas para garantizar el acceso al agua de los habitantes de Hermosillo, Sonora, y no afectar el medio ambiente de la cuenca del Río Yaqui, en particular, el veinticuatro de marzo de dos mil diez, una mesa técnica en la que participaron representantes de las autoridades reclamadas, señaló como posibles soluciones para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora: a) Aprovechar el agua del acuífero denominado "La Manga"; b) Construir una planta de tratamiento de aguas residuales para poderla reusar en riego agrícola y la de uso agrícola en uso doméstico; y, c) Construir una planta desalinizadora; sin que tales opciones fueran valoradas por la autoridad, ni tampoco señalaron los fundamentos del por qué escoger el proyecto del Acueducto Independencia como la más viable, a pesar de las afectaciones al derecho al medio ambiente que trae aparejada y sin hacer el estudio y análisis de proporcionalidad, eficiencia y viabilidad entre las diferentes medidas, para verificar si era el proyecto que restringía en menor escala el derecho al medio ambiente.

1.9.) El proyecto del Acueducto Independencia no considera el andamiaje del cauce del Río Yaqui, lo cual, según datos de la Comisión Nacional del Agua, ha ido disminuyendo en los últimos 50 años, pasando de una media de 2834.52 Mm³ (*), entre mil novecientos cincuenta y mil novecientos sesenta, a una media de 2651.587 Mm³, entre el año dos mil y dos mil diez.

1.10.) La medida elegida por el Estado es irracional con base en los objetivos de equilibrio ecológico previstos en el artículo 4o. constitucional, pues el proyecto del Acueducto Independencia, lejos de buscar que la cuenca del Río Yaqui se mantenga en un estado sustentable y en equilibrio, se realizará un aprovechamiento de agua extra a los ya existentes en la cuenca, lo que causará el efecto grave, al no fomentar el aumento del caudal del Río Yaqui, sino la disminución y, por tanto, la afectación a toda la población dependiente de éste.

2) Segundo concepto de invalidez. Violación al derecho de audiencia previsto en el artículo 14, en relación con los diversos 4o., 27 y 115, fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.1.) Durante el desarrollo de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental no se le emplazó al Municipio actor, ni se le otorgó intervención alguna, no obstante que conforme al artículo 4o. constitucional, se debe garantizar el derecho a un medio ambiente sano, vinculado la participación de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como que conforme al artículo 115, en su fracción V, inciso g), constitucional, se establece la competencia de los Municipios para participar en la aplicación de los Programas de Ordenamiento Ecológico, y en los artículos 5o., 7o. Bis, 12 Bis 4, 14 Bis, 14 Bis 5 y 15 Bis de la Ley de Aguas Nacionales se establecen las facultades de los Municipios para participar en la administración del agua, en la política hídrica y en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica.

2.2.) Los actos cuya anulación se solicita producirán daños ecológicos en el territorio del Municipio, al estar ubicado en la parte baja de la cuenca hidrológica del Río Yaqui, por lo que cualquier sustracción del recurso, en virtud de que los nuevos títulos de asignación se otorgaron en la parte alta de la misma, sin disponibilidad para ello y que no se reincorpore a la cuenca el recurso, sino que se trasvasa a otra distinta, afectando negativamente el equilibrio hidrológico y ecológico de la misma.

2.3.) La Dirección General de Impacto Ambiental, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitió resolución favorable respecto de la evaluación de impacto ambiental de la obra de construcción y operación del Acueducto Independencia, sin que se le concediera al Municipio garantía de previa audiencia antes de su emisión.

2.4.) El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa de Sonora señala (artículo 2o.) las veintisiete unidades de gestión ambiental costeras ubicadas a lo largo del litoral del Estado de Sonora, en donde se encuentra el Municipio de San Ignacio Río Muerto; por su parte, el artículo 5o. del citado programa refiere que su ejecución debe realizarse en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal, cuyas atribuciones se relacionen con el mismo, así como con los Ayuntamientos de los Municipios ubicados dentro de la franja costera establecida; también, en ese programa, se establecen, entre otras acciones, la restauración de humedales prioritarios, en virtud de que la estructura y la composición de los mismos se ven afectados por la disponibilidad y calidad del agua, siendo los criterios ecológicos utilizados para la aplicación de la política de restauración de humedales, la restauración de los volúmenes y la calidad de agua dulce de las corrientes que alimentan a los humedales y detener el deterioro a través de la aplicación de las especificaciones de la NOM-022-SEMARNAT-2003.

2.5.) Este Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa de Sonora, constituye el referente obligado a tomar en cuenta para los procedimientos de impacto ambiental, en términos del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual prevé que la autorización de las obras y actividades que requieran evaluación de impacto ambiental se sujetará, entre otros instrumentos, a los programas de ordenamiento ecológico del territorio; es decir, los procedimientos de evaluación del impacto ambiental son instancias de aplicación de los respectivos programas.

2.6.) Si la Constitución Federal prevé la participación de los Municipios en la aplicación de los programas de ordenamiento ecológico, y los procedimientos de evaluación de impacto ambiental constituyen ámbitos en los que dichos programas son aplicables, es dable que el Municipio reclame para sí una participación en los mismos, máxime cuando las actividades autorizadas afectan la calidad de vida y del medio ambiente de sus habitantes.

2.7.) La materia ambiental es concurrente, por lo que en ella participan los órdenes jurídicos, en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual prevé como facultades municipales: "La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más Municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial." (artículo 8o.), lo que se actualiza en el presente asunto.

2.8.) Resultan aplicables las consideraciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 89/2010, promovida por el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz.

3.) Tercer concepto de invalidez. Los tres títulos de asignación emitidos en favor de la Comisión Estatal del Agua violan los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16, en relación con los artículos 1o., 4o., 27, 115, fracción V, inciso g), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3.1.) Conforme al artículo 35, párrafo cuarto, fracción III, incisos a) y b), de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la resolución de impacto ambiental debió haberse negado, así como también las solicitudes de asignación, por ser contrarias a las normas, y violar el artículo 86 Bis 1 de la Ley de Aguas Nacionales, que establece la obligación de los organismos de cuenca de preservar los humedales.

3.2.) No se evaluaron los impactos negativos del proyecto sobre el complejo lagunar bahía Guásimas-estero Lobos y que está protegido por la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas. Ramsar (Irán), a la cual se adhirió México a partir del cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, y no se aplicó el principio precautorio que rige la materia de impacto ambiental, ya que debió acreditarse científicamente que no se producirían impactos sobre el mismo con la construcción y operación del Acueducto Independencia, como parte integrante del Río Yaqui, en la cual se pretende llevar a cabo el trasvase, siendo que en la evaluación de impacto ambiental ni siquiera se prevé dicha afectación o impacto.

3.3.) El Estado Mexicano está obligado a llevar a cabo un uso racional, lo que conforme a la convención, se ha definido como el uso sostenible de los humedales para beneficio de la humanidad de manera compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema.

3.4.) El primer Plan Estratégico de la Convención de Ramsar para 1997-2002, se abordó la cuestión del agua y de los humedales, y se instó a las partes contratantes a integrar la conservación y el uso racional de los humedales en la adopción de decisiones acerca del uso de la tierra, la gestión de las aguas freáticas y la ordenación de las cuencas de captación y cuencas hidrográficas y de las zonas costeras, lo que no se cumple en los actos reclamados, ya que no se tomó en cuenta al momento de expedir los títulos de asignación y evaluar el impacto ambiental a dicho sitio Ramsar, pese a encontrarse el mismo en la cuenca baja del Río Yaqui, de donde se extraerán los volúmenes de agua para ser trasvasados a la cuenca del Río Sonora.

3.5.) De acuerdo con el manual emitido por la "Secretaría de la Convención de Ramsar, 2010. Asignación y manejo de los recursos hídricos; lineamientos para la asignación y el manejo de los recursos hídricos a fin de mantener las funciones ecológicas de los humedales":

I. El impacto en los humedales puede derivar tanto de las actividades humanas realizadas dentro de la zona del humedal o en las llevadas a cabo en la cuenca a la cual pertenecen, por la extracción de agua o alteración de la corriente.

II. Los servicios que proporcionan los humedales van desde la recarga y regulaciones de los mantos freáticos, además de mantener una gran biodiversidad (en sus tres niveles; especies, genético y ecosistemas), brindan protección contra tormentas e inundaciones, estabilizan en la línea costera, controlan la erosión, retienen nutrientes y sedimentos, filtran contaminantes y estabilizan las condiciones climáticas locales, particularmente lluvia y temperatura, aseguran el abastecimiento de agua (cantidad y calidad); mantienen los recursos pesqueros, ayudan en la agricultura manteniendo las capas freáticas y retienen nutrientes en las llanuras aluviales posibles de recreación y turismo.

III. En toda decisión sobre la asignación de recursos hídricos, es necesario cuantificar las necesidades de agua de los humedales.

IV. A efecto de poder llevar un manejo integrado de los recursos hídricos, es necesario aplicar determinados principios, los cuales, en el caso que nos ocupa no se respetaron, ni en las asignaciones de aguas nacionales, ni en la resolución de evaluación de impacto ambiental.

- La sostenibilidad como meta. Es preciso proporcionar suficiente agua a los humedales para mantener el funcionamiento de los ecosistemas. Cuando se desconozcan las necesidades de agua o cuando no estén claras las repercusiones de la reducción de la asignación de agua a los humedales, deberá aplicarse el criterio de precaución.

- Equidad en la participación y en los factores decisorios. En cualquier decisión, los aspectos ecológicos y sociales deben recibir la misma atención que las consideraciones económicas.

3.6.) Al momento de emitir los títulos de asignación y evaluar el impacto ambiental, no se evaluaron ni tomaron en cuenta los impactos del proyecto sobre el humedal; no se integró la conservación y el uso racional del humedal en la adopción de las decisiones acerca del uso de las aguas de la cuenca del río; no se valoraron los beneficios y el valor socioeconómico que proporcionan el humedal; no se cuantificaron las necesidades de agua de los humedales; no se aplicó el criterio de precaución respecto de las repercusiones de la reducción de la asignación de agua a los humedales; ni se aplicaron los principios que rigen el manejo integrado de los recursos hídricos.

3.7.) Tampoco se observó la NOM-022-SEMARNAT-2003, que obliga en su punto 0.17. a que cualquier actividad productiva deberá considerar a cabalidad los servicios y funciones que los humedales costeros desarrollan, en los estudios de impacto ambiental, con el propósito de dimensionar los efectos negativos de alteraciones cercanas o a distancia por las actividades humanas y naturales, y que no se analizaron al emitir los títulos de asignación y la evaluación del impacto ambiental del proyecto. Los puntos 0.31., 0.32., 0.39., 0.40., 0.41. y 3.27. establecen los servicios ecológicos que los humedales prestan a las comunidades cercanas dentro de la cuenca hidrológica como es el Municipio de San Ignacio Río Muerto.

3.8.) La norma oficial mexicana es obligatoria para todo usuario de la cuenca hidrológica respecto de cualquier obra que pueda influir negativamente en el humedal, como es la construcción y operación del Acueducto Independencia, siendo que en el punto 4.1. se prohíbe toda obra de canalización, interrupción de flujo o desvío de agua que ponga en riesgo la dinámica o integridad ecológica de los humedales costeros.

3.9.) El interés legítimo del actor deriva del hecho de que los humedales costeros contribuyen a recargar acuíferos subterráneos, y su degradación repercute de manera significativa sobre el deterioro de la pesca ribereña, además de que es una fuente de enfriamiento natural para las comunidades cercanas y protege centros, poblaciones e infraestructura costera de los efectos del oleaje y del viento que generan huracanes, tormentas e inundaciones.

4) Cuarto concepto de invalidez. Violación al derecho de audiencia previsto en el artículo 14, en relación con los diversos 4o., 27 y 115, fracción III, inciso a), y fracción V, inciso g), de la Constitución Federal.

4.1.) Los procedimientos y títulos de asignación de aguas nacionales en favor de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora, vulneraron sus atribuciones constitucionales previstas en el artículo 115 constitucional, en su fracción III, inciso a), así como el artículo 41 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, pues no se le otorgó garantía de audiencia ni se le dio intervención alguna en los mismos, no obstante, se afectan los recursos con los cuales el Ayuntamiento presta los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como su obligación de garantizar que las comunidades indígenas dispongan de infraestructura básica en materia de servicios de agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica, dado que la sustracción se hace en la parte alta de la cuenca, sin que existan las condiciones reales de disponibilidad y sin que se reincorpore a la cuenca -se trasvasa a otra distinta-, afectando negativamente el equilibrio hidrológico y ecológico, así como la disponibilidad de agua para los usuarios ubicados en la parte baja, donde se encuentra el Municipio actor; además de que cuenta con un título de asignación sobre aguas del Río Yaqui.

5) Quinto concepto de invalidez. Los tres títulos de asignación combatidos fueron emitidos por autoridad incompetente, en contravención con los artículos 1o., 4o., 27, 115, fracción V, inciso g), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5.1.) La Dirección de Administración del Agua es incompetente para emitir los títulos de asignación, toda vez que, de acuerdo con el artículo 9o., fracciones IX y XX, de la Ley de Aguas Nacionales, es la Comisión Nacional del Agua, a nivel nacional, quien puede emitir títulos de asignación para el aprovechamiento integral de las aguas nacionales, cuando éste repercuta en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas; lo que sucede en el caso, ya que la asignación repercute directamente en una zona de humedales que se encuentra protegida por la "Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Ramsar (Irán)", además de que la cuenca del Río Yaqui es transfronteriza.

6) Sexto concepto de invalidez. No podían emitirse los títulos de asignación en favor de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora, pues contraviene el artículo 16, en relación con los artículos 27 y 115 constitucionales.

6.1.) De acuerdo con el artículo 115 antes señalado, la prestación del servicio público de agua potable corresponde a los Ayuntamientos. Sin embargo, cuando éstos se encuentren en imposibilidad material para prestar dicho servicio público podrán celebrar convenios con el Ejecutivo del Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal del servicio, o bien, se preste o ejerza coordinadamente por el Estado y el propio Municipio, como lo establecen los artículos 79, fracción XVI, 136 y 138 de la Constitución del Estado de Sonora. De ello deriva que la titularidad de la asignación sobre aguas nacionales para la prestación del servicio público de agua potable corresponde a los Ayuntamientos, y sólo en los casos en que mediante convenio se haya pactado que se realizará por el Estado, la asignación se hará a favor de los organismos o entidades paraestatales correspondientes. Lo anterior, de acuerdo con los artículos 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

6.2.) En este orden de ideas, es contrario a la Constitución Federal, que la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora, sea la titular de las asignaciones para la prestación del servicio público de agua potable en el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ya que no es el administrador de dicho servicio, ni existe convenio celebrado entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo del Estado de Sonora, en los términos que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Así, al no existir dicho convenio, o al no haberse publicado, es improcedente y contrario a derecho que los demandados hayan otorgado los títulos de asignación de referencia, pues no se encuentran colmados los requisitos en el ordenamiento correspondiente, por lo que dichos actos son inválidos.

7) Séptimo concepto de invalidez. No podían emitirse los títulos de asignación a favor de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora, por no existir disponibilidad efectiva del agua, lo que contraviene los artículos 14 y 16, en relación con los artículos 4o., 27 y 115 constitucionales.

7.1.) De acuerdo con el artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales, al Ejecutivo Federal le compete asegurarse que las asignaciones de agua se fundamenten en la disponibilidad efectiva del agua en las regiones y cuencas hidrológicas, que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. se entiende por aquello que es real y verdadero. Ahora bien, los actos cuya invalidez se demandan, parten de un presupuesto falso, ya que los volúmenes de escurrimientos que el Río Yaqui proporciona son insuficientes para trasvasar aguas a otra cuenca, pues si bien la cuenca está equilibrada y no sobreexplotada, esto de ninguna manera implica que existan excedentes.

7.2.) Al gozar el actor de un derecho a la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, las autoridades administrativas únicamente podrán dotar de agua a un diverso ente con el sobrante existente y hasta después de que éste aproveche el volumen a que tiene derecho; debiéndose entender que la autoridad está restringida a no afectar derechos legítimamente adquiridos, como son los del Municipio de San Ignacio Río Muerto. Dada la escasez del recurso durante los últimos años en la cuenca del Río Yaqui, se han reducido las extracciones contempladas dentro del plan autorizado con el objetivo de evitar una explotación de la cuenca, ya que con la realidad actual, las aportaciones son insuficientes para proporcionar con seguridad los volúmenes concesionados y asignados, pues históricamente se han visto disminuidas las aportaciones al sistema de presas del Río Yaqui.

7.3.) En segundo término, conforme al artículo 29 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales, se tiene que es causa para negar la concesión, asignación o permiso de descarga, que la misma afecte el caudal mínimo ecológico que forma parte del uso ambiental al que se refiere el artículo 3o., fracción LIV, de la misma ley. Por ello, para poder determinar que existe disponibilidad del recurso, antes de otorgar alguna asignación se debió haber llevado a cabo un cálculo de dicho factor, a efecto de que se respetara y se diera a conocer en su resolución, así como las disposiciones en las que se basó y los estudios que se realizaron para determinarlo. De modo tal que, al no llevarse a cabo el cálculo de mérito ni darlo a conocer, no puede hablarse de disponibilidad efectiva del recurso.

8) Octavo concepto de invalidez. No podían emitirse los títulos de asignación de mérito, al encontrarse vigente una veda sobre las aguas del Río Yaqu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25619-2bc771b1/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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