Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA SONORA SI (PROYECTO SONORA SISTEMA INTEGRAL), AL HABERSE DECLARADO EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA PRESENTADA POR EL MUNICIPIO ACTOR. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN S.G.P.A.DGIRA.-DG.-1633/11, DE 23 DE FEBRERO DE 2011, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR LA CUAL SE AUTORIZÓ DE MANERA CONDICIONADA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO DEL PROYECTO DENOMINADO "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA", EN EL ESTADO DE SONORA, AL HABER CESADO SUS EFECTOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA, DE MANERA ESPECÍFICA, LOS ACTOS Y LAS NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE AQUÉLLOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA, CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 55201001-001-10 (PARTE INTEGRANTE DEL PROGRAMA SONORA SI), ASÍ COMO TODAS SUS ETAPAS Y ACTOS DERIVADOS DE ELLA, INCLUYENDO SU FALLO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA, TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL NÚMERO 26SO2010HD067, QUE AUTORIZÓ LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA". CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA, TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA EL PROCEDIMIENTO Y EXPEDICIÓN DE LOS TÍTULOS DE ASIGNACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO YAQUI 02SON150083/09HBDA10 DE 15 DE JULIO DE 2010, 02SON150085/09HBDA10 DE 15 DE JULIO DE 2010 Y 02SON150734/09HBDA11 DE 18 DE OCTUBRE DE 2011, EN FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE COMO REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA, CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE PROMUEVE EN CONTRA DE UNA NORMA O ACTO QUE ES AJENO A LA ESFERA DE FACULTADES DEL ENTE LEGITIMADO, POR EL MERO INTERÉS DE PRESERVAR LA REGULARIDAD EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES CONFERIDAS A OTROS ÓRGANOS ORIGINARIOS, NO SE DA EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA REQUERIDO. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE VERSEN SOBRE ASPECTOS QUE NO SE VINCULEN CON ALGUNA AFECTACIÓN A LAS ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO ACTOR. INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DE NO EXISTIR CON LA EMISIÓN DEL ACTO O NORMA GENERAL IMPUGNADOS, POR LO MENOS, UN PRINCIPIO DE AGRAVIO QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA". LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEBE DAR LA INTERVENCIÓN QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, EN AQUÉL, PARA SATISFACER SU GARANTÍA DE AUDIENCIA. TÍTULOS DE ASIGNACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO YAQUI. EL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA, ESTÁ FACULTADO PARA EMITIRLOS. TÍTULOS DE ASIGNACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO YAQUI. LOS IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 02SON150083/09HBDA10 DE 15 DE JULIO DE 2010, 02SON150734/09HBDA11 DE 18 DE OCTUBRE DE 2011 Y 02SON150085/09HBDA10 DE 15 DE JULIO DE 2010, SON VÁLIDOS, AL NO AFECTAR LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA, EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. TÍTULOS DE ASIGNACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO YAQUI. NO EXISTE IMPEDIMENTO PARA EMITIRLOS A CAUSA DEL ACUERDO QUE ESTABLECE VEDA SOBRE CONCESIÓN DE AGUAS DE ESE RÍO, EN LOS ESTADOS DE SONORA Y CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE SEPTIEMBRE DE 1931. TÍTULOS DE ASIGNACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES DEL RÍO YAQUI. NO EXISTE PRERROGATIVA ALGUNA EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, POR LA QUE SE LE DEBA OTORGAR INTERVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE AQUÉLLOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2012. · Registro digital (IUS): 25620
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-05-08
Promovente: MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I , Pág. 511.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2012. MUNICIPIO DE CAJEME, ESTADO DE SONORA. 21 DE ENERO DE 2015. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de enero de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 109/2012; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito recibido el veintinueve de octubre de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel Montaño Gutiérrez, ostentándose como síndico municipal del Ayuntamiento de Cajeme, Estado de Sonora, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan, emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

Ver órganos demandados y actos cuya invalidez se demanda

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

1. Que mediante la Ley Número 16, expedida por el Congreso del Estado de Sonora, el veintinueve de noviembre de mil novecientos veintisiete, se erige como Municipio Cajeme.

2. Que el Municipio se ubica en el suroeste del Estado de Sonora, su cabecera es la población de Ciudad Obregón, formando parte de la cuenca hidrológica del Río Yaqui, dentro del Distrito de Riego 041, colinda al norte con los Municipios de Guaymas, Suaqui Grande y Ónavas, al este con los Municipios de Quiriego, Navojoa y Etchojoa, al oeste con los Municipios de Bácum y Guaymas y, al sur con el Golfo de California.

3. Que el servicio de agua potable del Municipio de Cajeme, se proporciona a 409,310 habitantes, gracias a la existencia de 160,232 tomas, tanto urbanas como sub-urbanas. Para dar cumplimiento a dicho servicio público se dispone de títulos de asignación y de concesión vigentes, mismos que se relacionan en la siguiente tabla:

Ver tabla 1

4. Que dentro del territorio del Municipio se encuentra el sistema bahía del Tóbari-isla Huivulai.

5. Señala que los actos cuya invalidez demanda tienen por objeto sustraer aguas del Río Yaqui a partir de la presa Plutarco Elías Calles "El Novillo", para trasvasarlas mediante un acueducto denominado "Independencia" a la cuenca del Río Sonora en la ciudad de Hermosillo, Sonora, lo que considera le afecta pues no se le dio intervención a los procedimientos.

TERCERO. Conceptos de invalidez.

1) Primer concepto de invalidez. Violación a los artículos 4o.; 25, párrafo sexto, 27, párrafo segundo y 115 constitucionales, respecto de la participación del Municipio actor en la definición de las bases para el acceso preferente, así como el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos del lugar que ocupa, para lograr un desarrollo socioeconómico sustentable.

1.1.) El artículo 9o., fracciones XXI y L, de la Ley de Aguas Nacionales, obliga a la autoridad a concertar con los interesados, cuando la adopción de medidas necesarias pudieran afectar los derechos de concesionarios y asignatarios de aguas nacionales; obligación con la que no se cumplió al emitir los títulos de asignación y la evaluación de impacto ambiental, pese a que cuenta con títulos de asignación aguas abajo del punto en que se lleva a cabo la extracción de aguas del Río Yaqui.

1.2.) Las poblaciones asentadas en la cuenca del Río Yaqui tienen el derecho preferente para usar y disfrutar de las aguas del mismo, por lo que las autoridades deben darle participación a los Ayuntamientos en todos los actos que implique la afectación de sus recursos; en el caso, los actos de los poderes demandados han provocado en forma ilegal la colisión del derecho fundamental y humano de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible de la población del Municipio de Cajeme, que tiene un derecho preferencial para abastecerse con las aguas del Río Yaqui, con la necesidad de abasto de agua para consumo personal de la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde se han sobreexplotado sus recursos hídricos, sin dar preferencia al consumo humano, sino a actividades secundarias como son: agricultura, ganadería e industria, tal como se desprende de la página 12 de la manifestación de impacto ambiental.

1.3.) En acatamiento al artículo 4o. constitucional y de la Ley de Aguas Nacionales, en la cuenca del Río Sonora y en el Municipio de Hermosillo, Sonora debió de darse prioridad al consumo personal y doméstico, sobre el agrícola, comercial e industrial, y no artificialmente pretender enfrentar el consumo personal y doméstico de los habitantes de Hermosillo, Sonora, frente a las necesidades para dichos fines de los habitantes de Cajeme, ya que en vez de establecer esa medida, previamente se debió solucionar el problema de desperdicio y mal manejo del agua, y no propiciar el desequilibrio en ambas cuencas.

1.4.) Además, se está sacrificando el derecho al agua para usos productivos de los Municipios del Sur de Sonora, incluyendo a Cajeme, así como su crecimiento y desarrollo futuro al privilegiar el desarrollo de las actividades productivas de Hermosillo, lo que implica que no se distribuya equitativamente del recurso, ya que se pretende que el sur del Estado de Sonora, tengan únicamente las cargas y perjuicios al reducir el agua.

1.5.) Los actos de invalidez invaden la esfera de competencia del Municipio de Cajeme, ya que la Constitución le otorga el derecho a participar en la definición de las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos del Municipio que representa, sin que se le haya dado intervención alguna.

1.6.) Además, se invade la esfera competencial del Municipio actor, ya que se pretende privilegiar el uso del agua para consumo doméstico de la ciudad de Hermosillo, Sonora, sin tomar en consideración que el actor es usuario preferente con derechos previos, derivados de los títulos de asignación mencionados en los hechos del escrito de demanda; asimismo, de los decretos de veda emitidos para la protección de las aguas de dicha cuenca, en el que se deja claro su derecho al agua, del cual no se le puede privar sin antes permitir su intervención.

2) Segundo concepto de invalidez. Violación a la esfera competencial del Municipio actor en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, prevista en el artículo 115 constitucional.

2.1.) Corresponde al actor ejercer facultades que en materia de desarrollo urbano y ecología establece la Constitución, teniendo competencia en la aplicación de disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas nacionales que se le asignan, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en los centros de población de su circunscripción, al ser consideraras de utilidad pública las cuencas hidrológicas; de ahí que los actos sean ilegales, pues violan el derecho al medio ambiente sano previsto en el artículo 4o. constitucional, en perjuicio del Ayuntamiento actor, ya que no consideran la disminución constante y periódica del cauce del Río Yaqui y los impactos ambientales que el Acueducto Independencia causará al trasvasar el agua desde la cuenca del Río Yaqui a la cuenca del Río Sonora, ni tampoco respetan la obligación de adoptar medidas progresivas para el goce del derecho al medio ambiente, contenida en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales.

2.2.) Se violentan el artículo 4o. constitucional y las normas ambientales promulgadas por el Estado Mexicano, pues el Río Yaqui es objeto de la declaratoria de veda de veintisiete de julio de mil novecientos treinta y uno, que se encuentra vigente, siendo que en el caso no existe decreto alguno que establezca el levantamiento de la misma, como lo exige el artículo 40, fracción II, de la Ley de Aguas Nacionales, lo que, por sí solo implica una falta de fundamentación y motivación del acto de autoridad, ya que la cuenca no puede ser objeto de otros aprovechamientos acuíferos.

2.3.) En vez de favorecer y mejorar la sustentabilidad hidrológica del medio ambiente de la cuenca y, por ende, del Municipio, se pretende aprovechar el agua mediante el trasvase del líquido vital del Río Yaqui al Río Sonora, lo que incide en el volumen de agua disponible para los usuarios ubicados en la parte baja de la cuenca, así como la recarga de los mantos freáticos, afectando el medio ambiente y el equilibrio ecológico de la cuenca.

2.4.) El proyecto del Acueducto Independencia causará una severa afectación al sitio de humedales ubicado en la bahía del Tóbari, con lo que se afectará el derecho a un medio ambiente sano del Municipio y de los habitantes de la cuenca del Río Yaqui, máxime que en ningún momento la autoridad realizó alguna evaluación de los posibles efectos a dicho ecosistema, con lo que se incumplió el mandato que establece la legislación.

2.5.) Si bien, el Estado puede restringir el goce de un derecho humano, como pudiera suceder con el proyecto del Acueducto Independencia para el goce y disfrute del derecho al medio ambiente de los habitantes de la cuenca, esta posibilidad no es discrecional sino que se encuentra limitada a los estándares internacionales de derechos humanos, como son los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar en su jurisprudencia que: "deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público ... En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención Americana ... Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en mejor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho."

2.6.) El artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales establece que los trasvases de agua deben ser regulados por el Estado; sin embargo, en ninguna parte de la Ley de Aguas Nacionales, ni en su reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas expedidas por la Comisión Nacional del Agua se encuentran regulaciones específicas sobre los trasvases entre cuencas, por tanto, los actos reclamados imponen una restricción ilegal al derecho al medio ambiente del Municipio de Cajeme; cabe mencionar que en una interpretación integral de la Ley de Aguas Nacionales, estos trasvases no son acciones discrecionales, sino que deben respetar los derechos de los usuarios de la cuenca, como se observa de los artículos 33, 34 y 104 del reglamento de la materia, que prohíben la transmisión de derechos de una cuenca a otra.

2.7.) Si bien la autoridad señala que se pretende satisfacer el derecho al agua de los habitantes de Hermosillo, Sonora, conforme a los objetivos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la medida no respeta los otros requisitos establecidos por la Corte Interamericana, al no ser proporcional, racional y necesaria, esto es, al no ser una medida que restrinja en menor escala el derecho al medio ambiente.

2.8.) En diversas ocasiones se han propuesto varias medidas para garantizar el acceso al agua de los habitantes de Hermosillo, Sonora, y no afectar el medio ambiente de la cuenca del Río Yaqui, en particular, el veinticuatro de marzo de dos mil diez, una mesa técnica en la que participaron representantes de las autoridades reclamadas, señaló como posibles medidas para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora: a) Aprovechar el agua del acuífero denominado "La Manga"; b) Construir una planta de tratamiento de aguas residuales para poderla reusar en riesgo agrícola y la de uso agrícola en uso doméstico; y, c) Construir una planta desalinizadora; sin que tales opciones fueran valoradas por la autoridad, ni tampoco señalaron los fundamentos del por qué escoger el proyecto del Acueducto Independencia como la más viable, a pesar de las afectaciones al derecho al medio ambiente que trae aparejada y sin hacer el estudio y análisis de proporcionalidad, eficiencia y viabilidad entre las diferentes medidas, para verificar si era el proyecto que restringía en menor escala el derecho al medio ambiente.

2.9.) El proyecto del Acueducto Independencia no considera el andamiaje del cauce del Río Yaqui, lo cual, según datos de la Comisión Nacional del Agua, ha ido disminuyendo en los últimos 50 años pasando de una media de 2,834.52 Mm³(*) entre 1950 y 1960 a una media de 2,651.587, entre 2000 y 2010.

2.10.) La medida elegida por el Estado es irracional con base en los objetivos de equilibrio ecológico previstos en el artículo 4o. constitucional, pues el proyecto del Acueducto Independencia lejos de buscar que la cuenca del Río Yaqui se mantenga en un estado sustentable y en equilibrio, se realizará un aprovechamiento de agua extra a los ya existentes en la cuenca, lo que causará el efecto grave, al no fomentar el aumento del caudal del Río Yaqui sino la disminución y, por tanto, afectación a toda la población dependientes de éste.

3) Tercer concepto de invalidez. Violación al derecho de audiencia previsto en el artículo 14, en relación con los diversos 4o., 27 y 115, fracción V, inciso g), de la Constitución Federal.

3.1.) Durante el desarrollo de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental no se le emplazó al Municipio actor, ni se le otorgó intervención alguna, no obstante que la materia de medio ambiente es concurrente y el artículo 115, en su fracción V, inciso g), constitucional, le otorga competencia a los Municipios para participar en la aplicación de los programas de ordenamiento ecológico; y que éste se ubica en la parte baja del Río Yaqui, por lo que cualquier sustracción, en virtud de la expedición de nuevos títulos, sin que existan condiciones de disponibilidad y sin que se reincorpore a la cuenca, afecta el equilibrio ecológico y el estado de hecho que existe.

3.2.) La Dirección General de Impacto Ambiental, previamente a emitir resolución favorable de impacto ambiental para la construcción y operación del Acueducto Independencia, debió otorgarle al Municipio audiencia, en términos del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, debió tomar en cuenta los programas ecológicos; en este caso, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa de Sonora, en donde se señalan (artículo 2o.) las veintisiete unidades de gestión ambiental costeras ubicadas a lo largo del litoral del Estado de Sonora, en donde se encuentra el Municipio de Cajeme, al encontrarse en su territorio la bahía de Tóbari; por su parte, el artículo 5o. refiere que su ejecución debe realizarse en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal, cuyas atribuciones se relacionen con el mismo, así con los Ayuntamientos de los Municipios ubicados dentro de la franja costera establecida; también, en ese programa, se establecen, entre otras acciones, la restauración de humedales prioritarios, en virtud de que la estructura y la composición de los mismos se ven afectados por la disponibilidad y calidad del agua, siendo los criterios ecológicos utilizados para la aplicación de la política de restauración de humedales, la restauración de los volúmenes y la calidad de agua dulce de las corrientes que alimentan a los humedales y detener el deterioro a través de la aplicación de las especificaciones de la NOM-022-SEMARNAT-2003.

3.3.) Si la Constitución Federal prevé la participación de los Municipios en la aplicación de los programas de ordenamiento ecológico y los procedimientos de evaluación de impacto ambiental constituyen ámbitos en los que dichos programas son aplicables, es dable que el Municipio reclame para sí una participación en los mismos, máxime, cuando las actividades autorizadas afectan la calidad de vida y del medio ambiente de sus habitantes.

3.4.) Además, la materia ambiental es concurrente, por lo que en ella participan los órdenes jurídicos en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual prevé como facultades municipales la participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más Municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial (artículo 8o.) lo que se actualiza en el presente asunto.

3.5.) Resultan aplicables las consideraciones emitidas por la Segunda Sala, al resolver la controversia constitucional 89/2010, promovida por el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz.

4) Cuarto concepto de invalidez. La resolución de evaluación de impacto ambiental viola la esfera de competencia del Ayuntamiento de Cajeme, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico y los requisitos de debida fundamentación y motivación, en relación con los artículos 1o., 4o., 27, 115, fracción V, inciso g) y 133 constitucionales.

4.1.) El proyecto de mérito tomará el recurso hídrico de la presa Lázaro Cárdenas ubicada en la cuenca del Río Yaqui, la cual se encuentra situada en la región hidrológica prioritaria 16 "Río Yaqui-Cascada Basaseachi" y atraviesa la mayor parte del Estado de Sonora y una parte del Estado de Chihuahua; sin embargo, el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora indicó en la manifestación de impacto ambiental, lo que posteriormente fue confirmado por la autoridad federal en la resolución impugnada, que sólo se afectaría a los Municipios de Hermosillo, Ures, Mazatán, Villa Pesqueira y Soyopa, todos en Sonora, lo que es incorrecto, el daño no sólo se reflejará en los recursos naturales de las demarcaciones en cita, dado que la región hidrológica abarca un área territorial mayor y, en ella, convergen diferentes elementos o recursos naturales respecto de todo un territorio, como es el suelo, aire, flora, fauna y aspectos socioeconómicos de las comunidades que se benefician con la misma.

4.2.) Si bien, la autoridad federal manifestó que el proyecto no se relacionaba con lo que sucedería aguas debajo de la extracción, y que únicamente implicaría un desmonte de vegetación forestal, apertura de caminos, afectación a la flora y fauna, y aprovechamiento de bancos de materiales, cuando la realidad es que el daño ocasionado por dichas obras impactará a toda la cuenca. En tal caso, la autoridad no debió quedarse con la manifestación de los solicitantes del impacto ambiental, pues debió analizar y exponer detalladamente cómo se acreditó en el proceso de evaluación: a) Que la cuenca del Río Yaqui no presenta sobreexplotación; b) Que el trasvase que se pretende realizar no implicará una sobreexplotación de la misma; c) Que no se causará desabasto en dicha cuenca y que no se afectará a los habitantes de la parte baja de la cuenca y a los procesos ecológicos de la misma; y, d) Que no se afectará la producción de energía eléctrica.

4.3.) De la resolución combatida se desprende que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, no tomó en cuenta los siguientes puntos: a) Cuáles son los estudios realizados por el promovente y en qué se basa la autoridad para determinar la viabilidad del aprovechamiento de las aguas de la cuenca del Río Yaqui, sin que esto causara problemas de desabasto en dicha cuenca y afectara a los habitantes de los distritos de riego establecidos cuenca debajo de la toma del acueducto; b) Cuál es el volumen específico del caudal mínimo necesario para que las presas hidroeléctricas que operan actualmente en la cuenca del Río Yaqui sigan realizando las actividades de generación y abastecimiento de energía eléctrica; c) Que la presa La Angostura no genera energía eléctrica, aun cuando la autoridad lo establece incorrectamente; d) Cómo se determinó que el caudal mínimo de las presas no se verá afectado con la extracción de 75 millones de metros cúbicos anuales que no retornaran a la cuenca debido a la operación del acueducto; e) Cuál es el volumen del caudal mínimo ecológico que garantiza que los procesos biológicos cuenca abajo no serán afectados; f) Si se tomaron en cuenta las necesidades de abastecimiento de las poblaciones en la cuenca baja del Río Yaqui; y, g) Si se asignaron volúmenes de agua para la conservación de los humedales; asimismo, no contempló la existencia de una zona de humedales, menos aún las necesidades de la población asentada en la parte baja de la cuenca del Río Yaqui, lo que evidencia lo arbitraria de la misma, y su no sujeción a la ley.

4.4.) También se pasó por alto una clara tendencia hacia la baja en los últimos doce años en el volumen de agua captado, ya que en nueve de esos últimos años la cuenca tuvo una precipitación por debajo de la media histórica.

4.5.) Es errónea la consideración de que el agua que se conducirá por el acueducto no es agua de la presa El Novillo, tal como lo expone en la página 26 de la resolución de veintitrés de febrero de dos mil once, en razón de que el promovente manifiesta que se trata de agua proveniente de los pueblos ribereños ubicados aguas arriba de dicha presa, ya que si éstos no lo empleaban, la misma escurriría a la parte baja de la cuenca.

4.6.) La adquisición de derechos de agua que menciona el promovente del proyecto, es totalmente ilegal, en virtud de que la misma pretende llevar agua de la cuenca del Río Yaqui a la cuenca del Río Sonora, hipótesis prohibida por el artículo 34 de la Ley de Aguas Nacionales.

4.7.) La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, debió negar la autorización solicitada con fundamento en lo previsto por el artículo 35, fracción III, inciso a), de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

4.8.) La Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, emitió su opinión técnica referente al proyecto, en la cual establece que: "la manifestación de impacto ambiental modalidad regional presentada por el promovente, solamente analiza y evalúa los impactos ambientales esperados durante el proceso de construcción, operación y abandono de las obras, pero no aborda aspectos relacionados con el balance hídrico superficial de las cuencas hidrológicas ni se valoran los efectos socioeconómicos y ambientales producto del trasvase de agua de una cuenca a otra."

4.9.) El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de septiembre de dos mil siete, establece los resultados de un estudio realizado en el año dos mil cinco, con información técnica de dos mil cuatro, por lo cual carece de validez para efecto de determinar la disponibilidad media anual por tratarse de un estudio que ha perdido su vigencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 22, segundo y último párrafo, de la Ley de Aguas Nacionales, por tanto, no puede servir de base para determinar la disponibilidad de la cuenca del Río Yaqui y, menos aún, para determinar que con la extracción de 75 millones de metros cúbicos anuales de la presa El Novillo no se tendrá ningún efecto aguas debajo de dicha obra hidráulica.

5) Quinto concepto de invalidez. Violación a la competencia del Ayuntamiento de Cajeme en materia ambiental, por indebida fundamentación y motivación, en relación con los artículos 1o., 4o., 27, 115, fracción V, inciso g) y 133 constitucionales.

5.1.) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales, es causa para negar la concesión, asignación o permiso de descarga, el que la misma afecte el caudal mínimo ecológico, que forma parte del uso ambiental al que se refiere la fracción LIV del artículo 3o. de la referida ley.

5.2.) En el estudio no se establece el gasto ecológico, ni la norma, estudio o forma en que se determinó en su caso el mismo, es decir, para obtener la disponibilidad de aguas superficiales no es suficiente tomar en cuenta los volúmenes concesionados o asignados, sino que también se deben de tomar en cuenta, los volúmenes que la vida de los ecosistemas y el equilibrio ecológico requieren para obtener el volumen que sería posible captar y redistribuir.

6) Sexto concepto de invalidez. Violación a la competencia del Municipio actor en materia de aguas nacionales vinculado con el derecho de audiencia, con fundamento en el artículo 14, en relación con los diversos 4o., 27 y 115, fracción V, inciso g), constitucionales.

6.1.) Se violó el artículo 22, en relación con los artículos 13 Bis 4, 14 Bis 5 y el título quinto de la Ley General de Aguas Nacionales, ya que no se llevó a cabo una consulta con los usuarios y con las organizaciones de la sociedad en el ámbito de los Consejos de Cuenca respecto de la solicitud de asignación de derechos de agua que realizó la Comisión Estatal de Agua y en la elaboración, aprobación y ejecución del Programa Sonora SI, como lo exigen los preceptos, ya que se trataba de una situación distinta de la normal, al existir una declaración de veda vigente.

7) Séptimo concepto de invalidez. Violación de la competencia del Ayuntamiento actor en materia de ambiente, en relación con los requisitos de fundamentación y motivación, previstos en el artículo 16 en relación con los artículos 1o., 4o., 27, 115, fracción V, inciso g) y 133 constitucionales.

7.1.) Conforme al artículo 35, párrafo cuarto, fracción III, incisos a) y b), de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la resolución de impacto ambiental debió haberse negado, así como las solicitudes de asignación, por violar el artículo 86 Bis 1 de la Ley de Aguas Nacionales que establece la obligación de los Organismos de Cuenca de preservar los humedales.

7.2.) No se evaluaron los impactos negativos del proyecto sobre el complejo lagunar bahía de Tóbari-isla Huivulai y que está protegido por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar (Irán), a la cual se adhirió México a partir del cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, y no se aplicó el principio precautorio que rige la materia de impacto ambiental, ya que debió acreditarse científicamente que no se producirían impactos sobre el mismo con la construcción y operación del Acueducto Independencia como parte integrante del Río Yaqui, en la cual se pretende llevar a cabo el trasvase, siendo que en la evaluación de impacto ambiental ni siquiera se prevé dicha afectación o impacto.

7.3.) El Estado Mexicano está obligado a llevar a cabo un uso racional, lo que conforme a la convención, se ha definido como el uso sostenible de los humedales para beneficio de la humanidad de manera compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema.

7.4.) En el primer plan estratégico de la Convención de Ramsar para 1997-2002 se abordó la cuestión del agua y de los humedales, y se instó a las partes contratantes a integrar la conservación y el uso racional de los humedales en la adopción de decisiones acerca del uso de la tierra, la gestión de las aguas freáticas y la ordenación de las cuencas de captación y cuencas hidrográficas y de las zonas costeras, lo que no se cumple en los actos reclamados, ya que no se tomó en cuenta al momento de expedir los títulos de asignación y evaluar el impacto ambiental a dicho sitio Ramsar, pese a encontrarse el mismo en la cuenca baja del Río Yaqui de donde se extraerán los volúmenes de agua para ser trasvasados a la cuenca del Río Sonora.

7.5.) De acuerdo con el manual emitido por la "Secretaría de la Convención de Ramsar, 2010. Asignación y manejo de los recursos hídricos; Lineamientos para la Asignación y el Manejo de los Recursos Hídricos a Fin de Mantener las Funciones Ecológicas de Humedales":

I. El impacto en los humedales puede derivar tanto de las actividades humanas realizadas dentro de la zona del humedal o en las llevadas a cabo en la cuenca a la cual pertenecen, por la extracción de agua o alteración de la corriente.

II. Los servicios que proporcionan los humedales van desde la recarga y regulaciones de los mantos freáticos además de mantener una gran biodiversidad (en sus tres niveles; especies, genético y ecosistemas), brindan protección contra tormentas e inundaciones, estabilizan en la línea costera, controlan la erosión, retienen nutrientes y sedimentos, filtran contaminantes y estabilizan las condiciones climáticas locales, particularmente lluvia y temperatura, asegurar el abastecimiento de agua (cantidad y calidad); mantienen los recursos pesqueros, ayuda en la agricultura manteniendo las capas freáticas y reteniendo nutrientes en las llanuras aluviales posibilidades de recreación y turismo.

III. En toda decisión sobre la asignación de recursos hídricos es necesario cuantificar las necesidades de agua de los humedales.

IV. A efecto de poder llevar un manejo integrado de los recursos hídricos, es necesario aplicar determinados principios, los cuales en el caso que nos ocupa no se respetaron, ni en las asignaciones de aguas nacionales, ni en la resolución de evaluación del impacto ambiental.

- La sostenibilidad como meta. Es preciso proporcionar suficiente agua a los humedales para mantener el funcionamiento de los ecosistemas. Cuando se desconozcan las necesidades de agua, o cuando no estén claras las repercusiones de la reducción de la asignación de agua a los humedales, deberá aplicarse el criterio de precaución.

- Equidad en la participación y en los factores decisorios. En cualquier decisión, los aspectos ecológicos y sociales deben recibir la misma atención que las consideraciones económicas.

7.6.) Al momento de e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25620-51959d01/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.