I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS GENERALES DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 10, FRACCIÓN XIII DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DIVERSOS ARTÍCULOS DE DISTINTAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, TODAS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 93/2024 Y SU ACUMULADA 94/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PODER EJECUTIVO FEDERAL. 5 DE MARZO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 93/2024 y su acumulada 94/2024, promovidas respectivamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de disposiciones establecidas en leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Presentación de los escritos iniciales. A través de sendos escritos recibidos en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y María Estela Ríos González, en su calidad de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que cuestionan la regularidad de disposiciones previstas en leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el treinta de marzo de dos mil veinticuatro.(1)
2. Conceptos de invalidez. Los accionantes sostienen que las normas impugnadas contravienen los artículos 1, 4, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto, a la luz de los siguientes argumentos:
A. Argumentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Primero. Las disposiciones impugnadas que prevén cobros por la expedición de documentos en copias simples y certificadas (no relacionados con el acceso a la información pública) resultan injustificados y desproporcionados porque no atienden a los costos que verdaderamente representó al Estado la prestación de esos servicios. En cuanto al cobro por copias certificadas, si bien el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original, sino que implica la certificación respectiva del funcionario autorizado, la relación entre las partes no es de derecho privado, por lo que no puede existir lucro o ganancia para éste.
En el caso de las normas impugnadas de las leyes de ingresos de los municipios de Santiago Nacaltepec, San Juan Tepeuxila, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San José Lachiguirí, San Pablo Tijaltepec, San Pedro Taviche, San Juan Colorado y San Miguel del Puerto, las tarifas previstas generan incertidumbre jurídica porque no especifican si el monto es por cada hoja o por expediente o legajo.
Segundo. Las disposiciones que establecen que constituyen infracciones las conductas relativas a: realizar escándalo en la vía pública, así como conductas que contravengan la moral; faltas de respeto, insultos o agresiones verbales a las autoridades; exhibir carteles, fotografías, películas o cualquier otro gráfico que ofenda la moral pública; así como participar en juegos de cualquier índole en la vía pública, siempre que afecten en libre tránsito de las personas y vehículos o que molesten a las personas, resultan demasiado amplias y ambiguas, lo que permite que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto, lo que genera incertidumbre jurídica.
Además, la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel del Puerto prevé supuestos que impactan de forma desproporcional en el ejercicio de la libertad de expresión, al establecer como infracción el expresarse con palabras o hacer señas o gestos obscenos o indecorosos en lugares públicos; exhibir carteles, fotografías o cualquier otro gráfico que ofenda la moral pública; así como reproducir música obscena en vía pública por medio de aparatos electrónicos o por cualquier medio.
Tercero. El artículo 48, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, que prevé una multa por andar en la calle después de las 10:00 horas de la noche viola la libertad personal de las personas. Además, esa restricción no supera un examen de proporcionalidad.
B. Argumentos del Poder Ejecutivo Federal
Primero. Las disposiciones que establecen el cobro de multas por insultar a la autoridad; causar escándalo en la vía pública; cometer faltas a la moral; alterar el orden y causar molestias, así como por expresarse con palabras, señas o gestos obscenos, vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica porque resultan imprecisas. Tales normas permiten que la autoridad municipal pueda calificar discrecionalmente y de manera subjetiva la imposición de una sanción bajo categorías ambiguas.
Segundo. Las disposiciones impugnadas que prevén el cobro de derechos por el servicio de operación y mantenimiento en general a la red de alumbrado público vulneran los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad. Esto, porque el cobro del derecho dependerá del tipo de tarifa según la clasificación de usuarios de la empresa suministradora de energía y no del costo que representa para el Estado la prestación del servicio.
Tercero. La norma que regula el cobro de una multa por andar en la calle después de las 10:00 horas vulnera el derecho a la libertad de tránsito y los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de interdicción de la arbitrariedad. Se trata de una restricción que no supera un examen de proporcionalidad. También vulnera el principio de proporcionalidad tributaria en virtud de que esa acción no es una actividad lucrativa, por lo que el monto de la multa no tiene justificación.
Cuarto. Las disposiciones que establecen el cobro de multas por realizar eventos sociales sin permiso, así como por realizar reuniones que pongan en riesgo la salud de la población vulneran el derecho de reunión, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad. Esto, porque no se establecen los lugares para la celebración de reuniones, festejos o aglomeraciones sin sanción.
Quinto. Las normas impugnadas que prevén el cobro de multas por jugar en espacios públicos vulneran el derecho de acceso al deporte, así como los principios de libre desarrollo de la personalidad, seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad.
3. Radicación. Mediante proveído de treinta de abril de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que correspondió el número 93/2024, y la turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la instrucción del procedimiento.
4. En esa misma fecha, la Ministra Presidenta ordenó integrar la acción de inconstitucionalidad 94/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal. Además, al advertir su relación con la diversa 93/2024, ordenó su acumulación a dicho expediente.
5. Admisión. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, dio vista a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República para que estuviera en posición de formular pedimento.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. A través de escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de julio de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de Oaxaca rindió el informe solicitado. Dicha autoridad expuso fundamentalmente lo siguiente:
La vía intentada por la parte actora no es idónea, puesto que las leyes de ingresos impugnadas no contravienen ninguna disposición de la Constitución Federal.
El hecho de que en las disposiciones impugnadas no se encuentren definidos de manera expresa cada uno de los términos no las torna inconstitucionales porque no es requisito que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados. Máxime que el Estado de Oaxaca está compuesto por más de quinientos setenta municipios y once mil localidades que poseen libre autodeterminación.
Las normas impugnadas que regulan el cobro por la reproducción de información no violan el principio de proporcionalidad tributaria porque las tarifas establecidas no son excesivas, sino que están acorde con la capacidad contributiva de los ciudadanos.
Por lo que hace al cobro por el derecho por el servicio de alumbrado público, la cuota mensual tiene como base el costo total que representa para el Municipio la prestación del servicio dividido entre el número de usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, tomando como variable para la definición de la cuota la clasificación de usuarios por cada tarifa, lo que respeta los principios de proporcionalidad y equidad.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de julio de dos mil veinticuatro, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca rindió el informe solicitado, en el que manifestó:
El Poder Ejecutivo promulgó y publicó las disposiciones impugnadas en ejercicio de las facultades previstas en la Constitución del Estado de Oaxaca, lo que no contraviene la Constitución Federal.
Las normas impugnadas que prevén el cobro por la reproducción de documentos no contravienen el principio de proporcionalidad tributaria. Los municipios tienen derecho a recibir contribuciones conforme a su competencia. Además, la accionante no toma en cuenta la totalidad de las erogaciones que realiza el municipio para la prestación del servicio, como tinta, papel, gasto corriente, papelería, personal humano, entre otros. No se cobra por una firma, sino que los costos de reproducción, envío y certificación se sustentan en una base objetiva y razonable. Además, para considerar excesivo el cobro sería necesaria la existencia de parámetros o valores de comparación.
Contrario a lo planteado por los accionantes, las normas impugnadas que establecen multas por diferentes conductas no contravienen los principios de legalidad y taxatividad, ya que para ello basta que las normas tengan una determinación suficiente y no la mayor precisión imaginable.
Además, algunas de las normas impugnadas están dirigidas a proteger la integridad, dignidad y el honor de las personas y autoridades.
El establecimiento de una multa por andar en la calle después de las 10:00 horas es constitucional porque el Congreso puede delimitar la movilidad de las personas en determinado grado para salvaguardar su integridad física.
En cuanto al alumbrado público, el cobro previsto en las disposiciones impugnadas es constitucional porque se trata de un derecho por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público.
El cobro de multas por la realización de eventos sociales sin permiso o por realizar reuniones que pongan en riesgo a la población es constitucional porque, en los municipios en cuestión, sus habitantes dan aviso del evento a las autoridades con la finalidad de establecer los parámetros necesarios para el correcto ejercicio del derecho de reunión. Además, la autoridad tiene la obligación de resguardar el orden público.
Las normas que prevén el cobro de multas por insultar a la autoridad, causar escándalo en la vía pública, cometer faltas a la moral, alterar el orden, causar molestias, así como por expresarse con palabras, señas o gestos obscenos no violan el principio de taxatividad porque son suficientemente claras. Además, su finalidad es proteger el orden público y el honor.
El cobro de multas por jugar en espacios públicos no viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad porque éste se encuentra limitado por el orden público. Tampoco vulnera el derecho de acceso al deporte, que debe desarrollarse bajo la infraestructura adecuada y bajo la supervisión de personal adecuado para proteger la dignidad, integridad, salud y seguridad de las personas que lo practican.
Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de la materia porque las disposiciones impugnadas fueron emitidas atendiendo a la facultad potestativa del Congreso local y sus contenidos no transgreden la Constitución.
8. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento.
9. Alegatos y cierre de la instrucción. Por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor ordenó agregar al expediente el escrito de alegatos presentado por el Poder Ejecutivo Federal y decretó el cierre de la instrucción.
10. Returno. Por acuerdo presidencial de once de diciembre de dos mil veinticuatro se ordenó el returno del asunto al Ministro Javier Laynez Potisek. Ello con motivo de que el Tribunal Pleno determinó que los asuntos que se encontraban asignados a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales –ahora en retiro– se returnaran entre el resto de sus integrantes.
11. Radicación en la Segunda Sala. Previo dictamen del Ministro ponente, por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el asunto fuera enviado a la Segunda Sala, la que se avocó al conocimiento del asunto mediante proveído de veintiséis de febrero siguiente.
I. COMPETENCIA
12. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad en términos de lo establecido en los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 10, fracción I;(3) 11, fracción VIII(4); y 21, fracción IX,(5) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro(6), en relación los Puntos Segundo, fracción II(7) y Tercero,(8) del Acuerdo General Plenario 1/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante Instrumento Normativo publicado en el referido medio de comunicación oficial el catorce de abril de dos mil veintitrés.
13. Lo anterior, en virtud de que el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantean que las disposiciones contenidas en leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro contravienen la Constitución Federal, en el entendido de que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno porque no es dable llevar a cabo un estudio de fondo del asunto.
II. PRECISIÓN DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS
14. El Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestionan la regularidad constitucional de normas previstas en leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro. Las disposiciones impugnadas –que por claridad se distinguen por temática– son las que enseguida se enlistan:
A. Reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información
1. Artículo 66, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Chazumba, Distrito de Huajuapan.
2. Artículo 19, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Nacaltepec, Distrito de Cuicatlán.
3. Artículo 50, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla.(9)
4. Artículo 38, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Tepeuxila, Distrito de Cuicatlán.
5. Artículo 46, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Distrito de Cuicatlán.
6. Artículo 61, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco Telixtlahuaca, Distrito de Etla.
7. Artículo 65, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Sola de Vega, Distrito de Sola de Vega.
8. Artículo 28, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San José Lachiguirí, Distrito de Miahuatlán.
9. Artículo 59, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Distrito Centro.
10. Artículo 48, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo Tijaltepec, Distrito de Tlaxiaco.
11. Artículo 43, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Taviche, Distrito de Ocotlán.
12. Artículo 46, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Colorado, Distrito de Jamiltepec.
13. Artículo 41, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel del Puerto, Distrito de Pochutla.
B. Establecimiento de infracciones que causan inseguridad jurídica
1. Artículo 85, fracciones XIV y XV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla.
2. Artículo 92, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santos Reyes Nopala, Distrito de Juquila.
3. Artículo 99, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Sola de Vega, Distrito de Sola de Vega.
4. Artículo 34, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel del Río, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez.
5. Artículo 54, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San José Lachiguirí, Distrito de Miahuatlán.
6. Artículo 82, fracciones VI y VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Mártir, Distrito de Ocotlán.
7. Artículo 106, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlalixtac de Cabrera, Distrito Centro.
8. Artículo 48, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Distrito Mixe.
9. Artículo 80, fracciones I, II, V, XI, XIV, XVII, XIX y XXIV, en la porción normativa "obscena y/o", de la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel del Puerto, Distrito de Pochutla.
10. Artículo 48, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Distrito Mixe.
11. Artículos 155, fracción VIII, y 156, fracción I, inciso g), de la Ley de Ingresos del Municipio de Asunción Nochixtlán, Distrito de Nochixtlán.
12. Artículo 80, fracción II, inciso d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Nazareno Etla, Distrito de Etla.
13. Artículo 197, fracción I, inciso t), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla.
14. Artículo 95, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco Telixtlahuaca, Distrito de Etla.
15. Artículo 197, numeral 1, inciso dd), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla.
16. Artículo 154, fracción VII, inciso aa), y 155, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Asunción Nochixtlán, Distrito de Nochixtlán.
C. Establecimiento de una infracción que limita la libertad personal
1. Artículo 48, fracción II, Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Distrito Mixe.
D. Cobro por el servicio de alumbrado público
1. Artículo 29 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Dinicuiti, Distrito de Huajuapan.
E. Multa por realizar eventos sociales sin permiso
1. Artículo 64, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Concepción Buenavista, Coixtlahuaca. F. Multa por realizar reuniones que pongan en riesgo la salud de la población
1. Artículo 197, numeral 1, inciso bb), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Pochutla, Distrito de Pochutla.
III. OPORTUNIDAD
15. Conforme a lo previsto en el artículo 60, párrafo primero,(10) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Ley Reglamentaria), el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente. Esto, en el entendido de que si el último día del plazo es inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
16. En el caso, la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente.
17. En efecto, las disposiciones impugnadas están contenidas en diversos decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el sábado treinta de marzo de dos mil veinticuatro. De esta forma, el plazo para promover este medio de control constitucional transcurrió del domingo treinta y uno de marzo al lunes veintinueve de abril de ese año, mientras que los escritos iniciales fueron recibidos el último día de ese plazo en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
IV. LEGITIMACIÓN
A. Legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
18. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover este medio de control constitucional en contra de leyes de las entidades federativas –entre otras normas generales– que desde su perspectiva vulneren derechos humanos.
19. Por su parte, el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria,(11) aplicable en términos del artículo 59 de dicho ordenamiento,(12) prevé que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
20. En el caso, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, quien acreditó tener el carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(13), y plantea que las disposiciones impugnadas vulneran los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal; 2 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
21. Además, en términos de lo previsto en los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(14) y 18 de su Reglamento Interno,(15) corresponde a la Presidenta de dicha Comisión su representación legal, así como la promoción de las acciones de inconstitucionalidad.
22. De ahí que la acción de inconstitucionalidad 93/2024, fue promovida por un órgano legitimado, por conducto de la funcionaria encargada de su representación.
B. Legitimación del Poder Ejecutivo Federal
23. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la persona titular de la Consejería Jurídica del Gobierno, está legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o de las entidades federativas, como es el caso de las leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca que ahora se impugnan.
24. El escrito inicial fue suscrito por María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal,(16) a quien en términos de lo dispuesto en el precepto constitucional antes citado, así como en los artículos 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(17) y 10, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,(18) corresponde representar a la persona titular de la Presidencia de la República en las acciones de inconstitucionalidad.
25. De acuerdo con lo anterior, la acción de inconstitucionalidad 94/2024, también fue promovida por parte legitimada.
V. SOBRESEIMIENTO
26. Esta Segunda Sala considera que debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad porque ha sobrevenido su improcedencia por la cesación de los efectos de las normas impugnadas.
27. El artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria(19) dispone:
Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...).
28. De la disposición transcrita se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o el acto impugnado, esto es, cuando hayan dejado de surtir efectos jurídicos. Tratándose de acciones de inconstitucionalidad, esta causa de improcedencia se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.
29. Ahora bien, a diferencia del resto de las normas, cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación, las normas contenidas en las leyes de ingresos y de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.
30. Este principio es aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal.(20)
31. En el caso, las disposiciones impugnadas se encuentran contenidas en leyes de ingresos que tienen por objeto regular la obtención, administración, custodia y aplicación de los ingresos de la hacienda pública municipal para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.
32. De esta forma, resulta evidente para esta Segunda Sala que los efectos de las normas impugnadas, al ser aplicables para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, cesaron cuando concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de ese año.
33. Para arribar a esta conclusión resulta conveniente señalar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado que de la interpretación sistemática del artículo74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las leyes de ingresos se encuentran afectas a un contenido normativo específico, pues las disposiciones ahí establecidas deben ser: a) tributaristas, esto es, que legislen sobre las contribuciones que deba recaudar el erario federal; b) proporcionales y correlativas a lo previsto en el presupuesto de egresos; y c) sujetas a un ámbito temporal de vigencia que, por regla general y a diferencia de otros ordenamientos, es anual.(21)
34. Con base en lo anterior, es dable afirmar que las disposiciones impugnadas se encuentran regidas por el principio de anualidad, conforme al cual, las normas concebidas bajo esta característica regirán únicamente por un cierto tiempo previamente establecido.
35. Dicha temporalidad, si bien constituye un carácter distintivo frente al resto de las disposiciones legales, encuentra su principal razón en mantener un control hacendario por parte del Poder Legislativo, en tanto que la aprobación presupuestaria otorgada por éste se constriñe a un período determinado.
36. Si bien no pasa inadvertido para esta Sala que excepcionalmente puede extenderse la vigencia de dichos ordenamientos, lo cierto es que ello, sólo puede acontecer mediante una autorización expresa por parte del Poder Legislativo, lo cual no acontece en la especie, pues ni de las disposiciones transitorias de las leyes de ingresos municipales en comento ni de la Constitución Política del Estado de Oaxaca se advierte una anuencia que permita prorrogar la vigencia de las leyes de ingresos municipales emitidas para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.
37. Máxime que en el caso de los municipios de Guadalupe Etla, Distrito de Etla(22) y Santiago Nacaltepec, Distrito de Cuicatlán, ya fueron publicadas sus leyes de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco. Por su parte, tratándose de los municipios de San Pablo Tijaltepec, Distrito de Tlaxiaco;(23) San Pedro Taviche, Distrito de Ocotlán;(24) San Miguel del Río, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez;(25) San Juan Colorado, Distrito de Jamiltepec,(26) las leyes de ingresos municipales respectivas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco fueron emitidas por el Congreso del Estado de Oaxaca mediante los decretos 77, 82, 95 y 120, respectivamente. Si bien dichos decretos legislativos se encuentran pendientes de publicación en el Periódico Oficial de la entidad, del contenido de sus disposiciones transitorias se advierte que tienen por objeto establecer los ingresos que percibirá la hacienda pública municipal durante el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
38. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria, debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo previsto en su artículo 20, fracción II.(27) Lo anterior, porque la determinación que en el fondo se adoptara no podría tener efectos retroactivos al no tratarse de normas de naturaleza penal, en términos del artículo 45 de la propia Ley Reglamentaria.(28) Al respecto, resulta aplicable la tesis P./ J. 9/2004, de rubro:(29) de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS".(30)
39. Esta Segunda Sala sostuvo similares consideraciones en la acción de inconstitucionalidad 35/2022,(31) así como en la diversa 96/2023 y su acumulada 98/2023,(32) en las que, al igual que en el presente asunto, se determinó sobreseer en el medio de control constitucional pro
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201006-8ce57cfc/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER (IV.2o.A. J/7 (10a.))
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