I. SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES, CERTIFICACIONES Y BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS PÚBLICOS NO GUARDAN UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA ELLO Y, POR ENDE, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 52, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC; 33, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; Y 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAÁ, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, TODOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). II. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE SANCIONA LOS "INSULTOS A LA AUTORIDAD EN USO DE SUS FUNCIONES", GENERA INCERTIDUMBRE PARA LOS GOBERNADOS, PUES LA CALIFICACIÓN QUE HAGA LA AUTORIDAD NO RESPONDERÁ A CRITERIOS OBJETIVOS, SINO QUE RESPONDEN A UN ÁMBITO ESTRICTAMENTE PERSONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA, ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). III. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS NORMAS QUE SANCIONAN A LOS CIUDADANOS CON MULTA POR "ESCANDALIZAR", POR HACER "ESCÁNDALO EN VÍA PÚBLICA", POR "GRITOS" O POR "INSULTOS A LA AUTORIDAD EN USO DE SUS FUNCIONES", SON INCONSTITUCIONALES, PUES PRODUCEN INSEGURIDAD JURÍDICA EN LA MEDIDA EN QUE OTORGAN UN AMPLIO MARGEN DE APRECIACIÓN AL OPERADOR JURÍDICO PARA DETERMINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SUPUESTO NORMATIVO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 64, FRACCIÓN IX, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O ESCANDALIZAR", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, DISTRITO DE COIXTLAHUACA; 44, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; Y 81, FRACCIÓN I, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "ESCÁNDALO EN LA VÍA PÚBLICA" Y "GRITOS", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN, TODOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS Y EXHORTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 52, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, 33, FRACCIÓN III, Y 44, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAÁ, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, 64, FRACCIÓN IX, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O ESCANDALIZAR", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, DISTRITO DE COIXTLAHUACA, 81, FRACCIÓN I, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "ESCÁNDALO EN LA VÍA PÚBLICA" Y "GRITOS", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN, Y 69, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025. MINISTRA PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la invalidez de preceptos contenidos en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicadas en el Periódico Oficial local el uno de marzo de dos mil veinticinco.
Los problemas jurídicos que se plantean son los siguientes:
1. ¿Las normas que prevén cobros por certificación de copias, búsqueda de documentos y expedición de copias de documentos, no relacionadas con el derecho de acceso a la información, vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal?
2. ¿Las normas que sancionan en el ámbito administrativo los escándalos en vía pública, gritos e insultos a la autoridad, violan el derecho a la seguridad y certeza jurídica?
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 42/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante “CNDH”), en contra de preceptos contenidos en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicadas en el Periódico Oficial local el uno de marzo de dos mil veinticinco.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio depositado a través del buzón judicial el treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco y recibido el uno de abril siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la CNDH por conducto de su Presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
“III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.
a) Cobros desproporcionados por servicios de reproducción de documentos:
1. Artículo 52, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Astata, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025.
2. Artículo 33, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Yaneri, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025.
3. Artículo 41, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tidaá, Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025.
b) Infracciones que causan inseguridad jurídica:
1. Artículo 64, fracción IX, en la porción normativa ‘o escandalizar’, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Nativitas, Distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025.
2. Artículo 44, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Yaneri, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025.
3. Artículo 81, fracción I, en las porciones normativas ‘Escándalo en la vía pública’ y ‘gritos’, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025.
4. Artículo 69, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Guelavía, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025.
Mencionados ordenamientos fueron publicados mediante los diversos decretos en el Periódico Oficial de esa entidad el día 1 de marzo de 2025.”
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La CNDH considera que las normas que combate son contrarias a los artículos 14, 16, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• PRIMERO. Los artículos impugnados contenidos en Leyes de Ingresos de los Municipios de Santiago Astata, San Pedro Yaneri y San Pedro Tidaá, del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2025, prevén tarifas desproporcionales e injustificadas por la búsqueda y reproducción de copias y certificaciones de documentos (no relacionadas con el derecho de acceso a la información pública), debido a que no atienden al costo que le representó al Estado la prestación de dichos servicios; además, algunas no son claras para los sujetos a los que se dirige. Por lo tanto, vulneran el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de proporcionalidad tributaria y legalidad, reconocidos en la Constitución Federal.
La búsqueda de información es una actividad concreta en la cual la persona servidora pública encuentra un documento existente en el archivo de su dependencia, por lo que no es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda de documentos, pues la actividad para realizar dicha acción no implica necesariamente un gasto por la utilización de materiales u otros insumos que involucren un gasto para la dependencia que justifique el monto establecido por el Congreso local, además de que no puede existir un lucro o ganancia por la referida búsqueda.
Por otro lado, las cuotas impugnadas por la reproducción de información en copias simples y certificadas vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, debido a que las tarifas no guardan relación directa con los gastos erogados por los Municipios involucrados para la prestación de tales servicios.
Al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas la 20/2019, ese Alto Tribunal ha sostenido que conforme al artículo 134 constitucional, los recursos económicos de los que disponen los órganos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de ahí que no deben emplearse de manera abusiva, ni para destino diverso al programado, además el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado.
Bajo esa línea argumentativa, las normas impugnadas resultan desproporcionadas, pues no guardan una relación razonable con el costo de los materiales utilizados para la expedición de copias ni con el costo que implica certificar un documento. Además, generan incertidumbre jurídica a los destinatarios de las normas porque no se especifican si la cuota es por cada hoja o por la expedición del documento o expediente completo en copias simples o certificadas que obre en los archivos municipales, situación que permite la aplicación discrecional de la autoridad correspondiente, lo que coloca en situación de desventaja a las personas que solicitan esos servicios, pues no tendrán certeza sobre el costo a enterar.
Particularmente, en el caso del Municipio de Santiago Astata, se transgrede el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, porque el precepto no prevé expresamente si la cuota está cuantificada en pesos o unidades de medida actualizada, lo que impide que los contribuyentes tengan certeza plena de cuál es la cifra o valor específico que deberían cubrir por el servicio que reciban.
• SEGUNDO. Los artículos impugnados contenidos en cuatro Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2025, que establecen infracciones por realizar escándalo en la vía pública e insultar a autoridades, no cumplen con el principio de taxatividad, por lo que dejan en un estado de incertidumbre jurídica a las y los gobernados.
A. Infracciones por escándalos y gritos en espacios públicos
Los preceptos impugnados de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Santa María Nativitas, San Pedro Yaneri y Santo Domingo Zanatepec, lejos de brindar seguridad jurídica a las personas, constituyen una restricción indirecta carente de sustento constitucional, pues permite que la autoridad pueda determinar discrecionalmente cuándo una persona lleva a cabo actos o expresiones que constituye un “escándalo” o “gritos”, que la haga acreedora a la imposición de una sanción.
Es decir, permiten que se sancione a personas por conductas que no son posibles definir de forma objetiva, uniforme y certera, porque permiten que para su determinación la autoridad sea la que califique las conductas, basándose en componentes éticos, morales, religiosos, de condición social, preferencia sexual, o una idea preconcebida sobre lo que es el “orden”, entre otros, es decir, aspectos subjetivos sobre los cuales se valorará si se actualiza o no las hipótesis de sanción previstas.
B. Insultos a las autoridades
La Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Guelavía sanciona conductas, palabras e incluso expresiones que pudieran considerarse como insultos para cualquier autoridad, la cual busca prevenir, y en su caso, sancionar a nivel administrativo, aquellas expresiones que atenten contra el decoro de las autoridades, lo cual corresponde al aspecto subjetivo o ético del derecho al honor, esto es, el sentimiento íntimo de la persona que se exterioriza por la afirmación que hace de su propia dignidad.
El vocablo empleado por la legislatura oaxaqueña es demasiado amplio y ambiguo que impide conocer con claridad cuáles serán los supuestos que efectivamente se sancionarán, pues el hecho de que el Congreso local haya descrito como infracción la comisión de insultos a cualquier autoridad implica un sinnúmero de supuestos que podrían actualizar la conducta; no obstante, la calificación de si constituye o no una conducta ilícita corresponde única y exclusivamente a las personas que la reciben.
Además, debe resaltarse que ese Alto Tribunal ya ha declarado la invalidez de normas idénticas a la ahora controvertida, como lo fue en la acción de inconstitucionalidad 81/2023.
En esa línea argumentativa, ese Tribunal Constitucional, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 70/2019, 62/2023, 76/2023 y sus acumuladas 80/2023 y 83/2023, 104/2023 y su acumulada 105/2023, 106/2023, 131/2023, 135/2023, entre otras, ha determinado que la redacción de aquellos preceptos que sancionan el proferir insultos o agresiones verbales resultan en un amplio margen de apreciación para las autoridades para determinar de manera discrecional, qué tipo de ofensa, injuria o falta de respeto encuadraría en dicho supuesto jurídico para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción.
4. Radicación y turno del asunto. Mediante proveído de dos de abril de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 42/2025, y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
5. Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite la demanda relativa por acuerdo de diez de abril de dos mil veinticinco, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial local en el que conste su publicación; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción, formularan el pedimento que les corresponde.
6. Informe del Poder Legislativo de Estado de Oaxaca. Mediante oficio recibido el veintidós de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(2) Benjamín Viveros Montalvo, en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Oaxaca, rindió el informe solicitado, en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:
• Los actos legislativos que culminaron con la expedición de las leyes de ingresos están debidamente fundados y motivados, ya que el Congreso local actuó dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Federal y local le confieren, resultando ser autoridad competente para legislar sobre los ramos que sean competencia del Estado.
• Las normas impugnadas no son contrarias al principio de seguridad jurídica, ni al principio de proporcionalidad, toda vez que se establecen cuotas por derechos por prestación de servicios públicos, cuyo objeto es la recaudación que realiza el Municipio por la expedición de certificaciones, constancias, legalizaciones y demás certificaciones que estén dentro del ámbito de competencia del Municipio.
• El hecho de que las disposiciones normativas no se encuentren definidas de manera expresa, ello no es suficiente para declarar su inconstitucionalidad, pues si bien es cierto, que la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar ambigüedad y confusión, de un análisis de la Constitución Federal, no se advierte como requisito que el legislador ordinario tenga que definir los vocablos utilizados, por lo que le hecho de que no se establezcan conceptos específicos, no toma de inconstitucional una norma.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Mediante oficio recibido el veintitrés de mayo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(3) Geovany Vásquez Sagrero, en su carácter de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en representación de dicho Poder, compareció a rendir el informe solicitado, en el que expone, esencialmente, lo siguiente:
Causal de improcedencia
• Se advierte la improcedencia de la acción por la inexistencia de violaciones a la Constitución Federal, ya que la imposición del pago de derechos o multas, derivan de la potestad que inviste al Estado para cubrir el gasto público y sancionar actos derivados del incumplimiento de deberes u obligaciones jurídicas, sin que esto transgreda el derecho a la seguridad jurídica, igualdad o principios de legalidad, taxatividad, proporcionalidad y equidad tributaria, por lo que, atento a ello, lo procedente es sobreseer la acción.
En cuanto al fondo
• Las porciones normativas impugnadas no vulneran el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, puesto que el Congreso del Estado de Oaxaca ejerció sus facultades constitucionales y legales para establecer contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto de los Municipios.
La parte accionante no establece concretamente como es que las leyes de ingresos municipales impugnadas transgreden los citados preceptos normativos, máxime que ignora la totalidad de erogaciones que realiza el Municipio, como el gasto de tinta, papel, electricidad, gasto corriente, insumos de papelería, personal humano, lo anterior de manera enunciativa, más no limitativa.
Asimismo, de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como cada Estado para sí y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos.
De igual manera, no se vulnera el derecho humano de acceso a la información pública, pues se entiende como tal la consulta a la información que se encuentra en poder de la autoridad y que ésta no imponga un costo por la simple consulta y, en el caso, los cobros que se prevén derivan de la reproducción de constancias de información, sin que puedan considerarse desproporcionados, pues atiende a los gastos por recursos humanos y materiales.
• Las normas impugnadas que imponen multas por escándalos en vía pública e insultos a la autoridad en uso de sus funciones no vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad, establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
El promovente no realiza un adecuado análisis de las palabras y/o conductas que le causan molestia, toda vez que en su escrito se limita a justificar sus razonamientos sólo respecto de lo establecido en el texto legal, sin ampliar su panorama sobre la finalidad de dicha norma y sin realizar el estudio de los derechos y principios que busca proteger dentro del orden público; asimismo, debió realizar un análisis respecto del lugar, tiempo y modo en el que se aplican las normas, ya que si solo se estudian esos extractos de la ley quedaría en un bagaje.
De las normas que le causan molestia a la accionante no es posible observar algún grado excesivo de imprecisión o confusión, pues en ellas es clara la conducta y la sanción que será impuesta.
Las normas plasmadas prevén proteger lo establecido en el artículo 6o. de la Constitución Federal el cual establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la mora, la vida privada o derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. En ese sentido, si alguna persona realiza algún acto o conducta que afecte estos derechos estaría vulnerando la integridad, la dignidad y el honor de las personas o autoridades, generando una alteración al orden público, mismo que el Estado debe garantizar.
Es una obligación de los ciudadanos el respeto a ese bien común general que les permite vivir en el ejercicio de sus libertades y derechos en los que se fundamenta también la actuación del Estado, de modo que a la vez, es obligación de la ciudadanía cumplir con ello para que permanezca o se desarrolle, por lo tanto, es garantía y justificación del propio Estado el poder limitar las acciones individuales que vulneren o contraríen ese estado de equilibrio o de paz social en que los diversos intereses individuales confluyen.
Se estima que contrario a lo afirmado por la accionante en relación con que las porciones normativas tildadas de inconstitucionales no contemplan algún grado de discrecionalidad en favor de la autoridad municipal, pues los supuestos son claros cuando se establece “Faltas a la autoridad” e “Insultar autoridades municipales y en general”.
En consecuencia, de las palabras utilizadas por el legislador no es posible observar algún grado excesivo de confusión e imprecisión sobre los actos que serán motivo de la imposición de alguna sanción, es así que lo mencionado por la oferente resulta infundado, toda vez que no analiza las distintas circunstancias y el entorno en el que se aplican las distintas leyes, sino que solo se centra en lo que emana de la ley, dejando de lado realizar el análisis pertinente.
No existe algún grado de discrecionalidad como alega la accionante, pues estamos ante faltas administrativas en la que se pondera el bien público y el derecho al honor de las personas entre acciones, expresiones, agravios o palabras que atenten contra su dignidad.
8. Acuerdos que tienen por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdos de veintidós y veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes solicitados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, respectivamente; y, finalmente en el último proveído, fijó un plazo de cinco días hábiles para que las partes formularan alegatos.
9. Pedimento de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Las referidas dependencias no formularon manifestación alguna o pedimento concreto.
10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de uno de julio de dos mil veinticinco la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente. I. COMPETENCIA
11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) 1o., de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de esa Norma Fundamental(5) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la SCJN, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales,(7) toda vez que la CNDH, promueve su demanda contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
12. La CNDH promueve su demanda para combatir diversas disposiciones contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicadas en el Periódico Oficial local el uno de marzo de dos mil veinticinco, cuyas impugnaciones divide en dos temas concretos:
13. A) Cobros por servicios de certificación de copias, búsqueda de documentos y expedición de copias de documentos, no relacionados con el derecho de acceso a la información.
1. Artículo 52, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Astata, Distrito de Tehuantepec.
2. Artículo 33, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Yaneri, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez.
3. Artículo 41, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tidaá, Distrito de Nochixtlán.
14. B) Conductas sancionables en el ámbito administrativo, cuya regulación presuntamente es indeterminada. (Escándalos en vía pública, gritos e insultos a la autoridad)
1. Artículo 64, fracción IX, en la porción normativa “o escandalizar”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Nativitas, Distrito de Coixtlahuaca.
2. Artículo 44, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Yaneri, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez.
3. Artículo 81, fracción I, en las porciones normativas “Escándalo en la vía pública” y “gritos”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Distrito de Juchitán.
4. Artículo 69, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Guelavía, Distrito de Tlacolula.
III. OPORTUNIDAD
15. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
16. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el sábado uno de marzo de dos mil veinticinco, por lo que el plazo de treinta días naturales transcurrió del domingo dos al lunes treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.
17. El cómputo se muestra en el siguiente calendario:
Ver calendario
18. En ese sentido, si la demanda promovida por la CNDH se depositó en el buzón judicial el treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco y fue recibida al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(9) se concluye que su presentación resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
19. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) la CNDH es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional; por otra parte, el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(11) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
20. En el caso, la demanda la suscribe María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la CNDH, quien exhibió copia certificada del acuerdo de su designación por el Senado de la República de doce de noviembre de dos mil veinticuatro;(12) y acorde con las fracciones I y XI del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(13) dicha funcionaria ejerce la representación legal y cuenta con la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad.
21. Por tanto, si en el caso la Comisión accionante promovió la presente acción de inconstitucionalidad en contra de preceptos contenidos en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal de 2025, e insiste que esas normas resultan violatorias a derechos humanos, en concreto al derecho de seguridad jurídica, así como al principio de proporcionalidad en las contribuciones; es de concluirse que cuenta con legitimación para impugnarlos.
V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
22. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca hace valer en su informe la improcedencia de esta acción por inexistencia de violaciones a la Constitución Federal, lo que actualiza la causal prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria que rige a las acciones de inconstitucionalidad.
23. Lo anterior debe desestimarse, pues de la revisión de la demanda inicial se advierte que la CNDH hace valer violación a los artículos 14, 16, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad de las contribuciones, lo cual, en todo caso, debe ser materia del estudio de fondo de la sentencia, acorde con la jurisprudencia P./J. 36/2004,(14) de este Tribunal Pleno, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.”
VI. ESTUDIO DE FONDO
24. El análisis de los conceptos de invalidez formulados por la CNDH se realizará, por cuestión de método, conforme a los siguientes apartados:
Ver apartados
VI.1. Cobros por servicios de expedición de copias, certificación y búsqueda de documentos en archivos municipales, no relacionados con el derecho de acceso a la información.
25. En su primer concepto de invalidez, la CNDH impugna los artículos: 1) 52, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Astata, Distrito de Tehuantepec; 2) 33, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Yaneri, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez; y 3) 41, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tidaá, Distrito de Nochixtlán, todos del Estado de Oaxaca, para 2025, en los cuales alega que se prevén cobros injustificados y desproporcionales por la búsqueda y reproducción de copias y certificaciones de documentos, debido a que no atienden al costo que le representó al Estado la prestación de dichos servicios, y aduce la violación al principio de proporcionalidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo de los materiales utilizados para la expedición de copias ni con el costo que implica certificar un documento.
26. Asimismo, aduce que generan incertidumbre jurídica a los destinatarios de las normas porque no se especifican si la cuota es por cada hoja o por la expedición del documento o expediente completo en copias simples o certificadas que obre en los archivos municipales, situación que permite la aplicación discrecional de la autoridad correspondiente, lo que coloca en situación de desventaja a las personas que solicitan esos servicios, pues no tendrán certeza sobre el costo a enterar.
27. Las normas impugnadas por la accionante establecen lo siguiente:
Ver normas impugnadas 1
28. De lo visto, se desprende que las normas impugnadas establecen cobros por servicios de expedición de copias simples, certificaciones y búsqueda de documentos existentes en archivos de oficinas municipales, cuyas tarifas son de $20.00 (veinte pesos 00/100 M.N.), $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) y $25.00 (veinticinco pesos 00/100 M.N.), respectivamente.
29. Al respecto, es necesario precisar que es criterio del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que las disposiciones que no están vinculadas a los procedimientos de acceso a la información pública no deben analizarse a la luz del principio de gratuidad en materia de acceso a la información, sino en función al principio de proporcionalidad tributaria.(15)
30. En el caso, de la lectura de las normas impugnadas se advierte con claridad que los cobros previstos no se encuentran vinculadas con el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que de manera consistente el legislador local los clasificó como derechos por servicios, lo que se corrobora por su ubicación dentro del Título Quinto. De los Derechos, Capítulo II. Derechos por la Prestación de Servicios, en las respectivas leyes de ingresos municipales analizadas. De tal manera que, ante la certidumbre señalada, lo procedente es analizar las normas a la luz de los principios tributarios y no bajo la óptica del principio de gratuidad en materia de acceso a la información.
31. Establecido lo anterior, resulta fundado lo que alega la accionante.
32. Este Tribunal Pleno ya ha analizado normas de contenido similar a las impugnadas al resolver las acciones de inconstitucionalidad 93/2020, 105/2020, 185/2021, 186/2021, 1/2022(16) y 5/2022,(17) 44/2022 y sus acumuladas 45/2022 y 48/2022,(18) 37/2022 y su acumulada 40/2022,(19) 42/2022,(20) y, de manera reciente, las diversas 104/2023 y su acumulada 105/2023,(21) 135/2023(22) y 68/2024 y su acumulada 69/2024.(23)
33. En dichos prece
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33785-369f65f9/i-servicios-de-expedicion-de-copias-simples-certificaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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