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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNEREN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD PERMITE EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADAS. V. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. CUANDO NO SE ESTABLEZCA CON ABSOLUTA CERTEZA SI LAS NORMAS IMPUGNADAS GRAVAN O NO ASPECTOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LO PROCEDENTE ES ANALIZARLAS A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS Y NO BAJO LA ÓPTICA DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE DERECHO A LA INFORMACIÓN. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EXIME DEL COBRO DEL DERECHO POR LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. VII. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. VIII. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD PERMITE EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADAS. XI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CUOTAS POR LA REPRODUCCIÓN Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DERIVADAS DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL REQUIERE DE UNA MOTIVACIÓN REFORZADA POR PARTE DEL LEGISLADOR EN LA QUE EXPLIQUE O RAZONE EL COSTO DE LOS MATERIALES DE REPRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTO O, EN SU CASO, DE SU CERTIFICACIÓN, ASÍ COMO LA METODOLOGÍA QUE UTILIZÓ PARA LLEGAR A ELLO. XII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PARA EL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LAS TARIFAS O CUOTAS ESTABLECIDAS, NO CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INVESTIGAR SI SON ACORDES A LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN. XIII. DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL COBRO POR "VERSIONES PÚBLICAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR PÁGINA", POR LA EXPEDICIÓN DE "COPIAS SIMPLES, CADA PÁGINA", Y "COPIAS CERTIFICADAS QUE SE EXPIDAN DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL ARCHIVO. POR CADA UNA DE ELLAS", SON INCONSTITUCIONALES, YA QUE EL LEGISLADOR NO RAZONÓ NI EXPLICÓ EL PORQUÉ Y LA MANERA EN QUE FIJÓ LAS CUOTAS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN VII, NUMERAL 4), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 37, FRACCIÓN X, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL LLANO, Y 57, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AMBOS DE LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024]. XIV. SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS POR DICHOS SERVICIOS ES DISTINTA A LA DE LOS IMPUESTOS Y, POR ENDE, PARA QUE SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS, ES NECESARIO TENER EN CUENTA, ENTRE OTROS ASPECTOS, EL COSTO QUE PARA EL ESTADO IMPLICA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. XV. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LAS CUOTAS ESTABLECIDAS POR ESTE SERVICIO SON DESPROPORCIONALES CUANDO NO GUARDAN UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NI CON EL COSTO QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS, 9, FRACCIÓN VII, NUMERALES 1), 2) Y 3), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 95, FRACCIONES IV, V Y VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 35, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 39/2024. · Registro digital (IUS): 33145
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-04-11
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Abril de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.126.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 39/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 15 DE OCTUBRE DE 2024. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.

Los problemas jurídicos que se plantean son los siguientes:

1. ¿Las normas impugnadas que prevén cobros por expedición de copias simples y certificadas, derivados de solicitudes de acceso a la información, violan el derecho de acceso a la información pública reconocido en el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal?;

2. ¿Las normas impugnadas que prevén cobros por servicios de búsqueda de información y expedición de copias simples, certificadas y certificaciones de documentos, no relacionadas con el derecho de acceso a la información, vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal?; y

3. ¿Las normas impugnadas que establecen cobros por el servicio de alumbrado público, violan el principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal?

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de octubre de dos mil veinticuatro emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 39/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de preceptos contenidos en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, así como en Leyes de Ingresos de diversos Municipios de dicha entidad federativa, para el ejercicio fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial local el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio presentado a través del buzón judicial el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro y recibido el veintinueve siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:

"V. Normas cuya invalidez se demandan:

Ver normas 1

2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal considera que las normas que combate son contrarias a los artículos 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:

• PRIMERO. Las normas impugnadas que establecen cobros por concepto de búsqueda de información y copias certificadas vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción III y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

A) Principio de gratuidad en materia de acceso a la información.

Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 44/2022 y sus acumuladas 45/2022 y 48/2022; 37/2022 y su acumulada 40/2022; así como 107/2023, ese Alto Tribunal determinó que el principio de gratuidad se introdujo al texto constitucional con motivo de la reforma de dos mil siete, de la cual se advierte que el poder reformador de la Constitución Federal precisó que dicho principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, sin que se incluyan los eventuales costos que derivan de la modalidad en los que se entregue la información.

La tarifa que establece el legislador local en las disposiciones impugnadas es inconstitucional, pues restringe de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que no pueden imponerse mayores requisitos de los previstos en la Constitución Federal y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

B) Principio de proporcionalidad tributaria.

Los preceptos impugnados violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente los Municipios.

Las normas combatidas establecen un pago que va de los $20.00 pesos, hasta los $542.85 pesos, con motivo de copias simples, certificaciones y búsqueda relacionada con la información que poseen los Municipios en sus archivos, lo cual se trata de un cobro excesivo, porque la cuota no encuentra justificación, en la medida en que de ninguna forma puede considerarse que ese sea el costo de los materiales utilizados para la búsqueda de la información solicitada o la reproducción fotostática o certificada.

Las normas impugnadas condicionan de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y lo desincentiva, al establecer una tarifa por búsqueda sin estar relacionada con la modalidad de reproducción o, en su caso, entrega de la información solicitada.

Las cuotas deben guardar una congruencia razonable con el costo que tiene el servicio para el Estado, sin que tenga posibilidad de lucrar con la tarifa que se pretende establecer.

De manera específica, el artículo 42, fracciones I y IV, del Municipio de San José de Gracia, Estado de Aguascalientes, establece el cobro de certificados o constancias sobre documentos, datos y anotaciones por legajo de 1 a 10 hojas ($60.00) y copias certificadas que se expidan en los documentos existentes en los archivos por legajo de 1 hasta 10 hojas ($60.00), respectivamente, con lo cual vulnera el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, en relación con el diverso 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues el legislador local no justificó los elementos que sirvieron de base para determinar la tarifa por la expedición de copias certificadas, por lo que no es posible determinar si las cuotas corresponden al costo real de los materiales empleados para su reproducción.

• SEGUNDO. Las normas impugnadas que establecen cobros de derecho por alumbrado público vulneran el principio de seguridad jurídica, así como de proporcionalidad en las contribuciones tutelados por los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 101/2020, 21/2020, 27/2021 y su acumulada 30/2021, y la diversa 107/2023, determinó que, para la cuantificación de las cuotas en el caso de los derechos por servicios, deben identificarse por el tipo de servicio público de que se trate y por el costo que le representa al Estado prestar ese servicio, lo cual en la especie no acontece, ya que el legislador omitió establecer cuánto le cuesta al Municipio proporcionar el servicio de alumbrado público para distribuir el costo de manera proporcional entre los usuarios del servicio.

El principio de proporcionalidad en materia de "derechos" implica que la determinación de las cuotas correspondientes por ese concepto debe tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

Aun cuando el Congreso Local haya desglosado los conceptos que representan los costos del servicio de alumbrado público, éstos no contienen las cantidades que gastaron en cada concepto, por lo que no es posible determinar una tarifa si no se cuenta con los costos que erogó el Municipio para suministrar el referido servicio, de ahí que devenga su inconstitucionalidad, ya que establecieron tarifas fijas para el cobro de servicio, sin especificar cuánto se gastaron por la instalación y mantenimiento de las luminarias.

Las normas impugnadas establecen un cobro que va de los $206.55 pesos, hasta los $1,496.00 pesos con motivo del pago de derechos por el servicio de alumbrado público, lo que representa un cobro excesivo, dado que la cuota determinada no encuentra justificación, pues de ninguna forma se puede comprobar que ese sea el costo real que representa el servicio, ya que no se cuenta con las cantidades que erogó el Municipio para arribar a la tarifa establecida por el legislador.

4. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de treinta de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 39/2024, y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

5. Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite la demanda relativa por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Aguascalientes para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial local en el que conste su publicación; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción, formulara el pedimento que le corresponde.

6. Informe del Poder Legislativo de Estado de Aguascalientes. Mediante oficio recibido el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(2) Gladys Adriana Ramírez Aguilar, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, rindió el informe solicitado, en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:

• En lo que respecta a la iniciativa presentada por el Ejecutivo local, el planteamiento está encaminado a fomentar finanzas públicas sanas, mediante políticas tributarias efectivas, así como la consolidación de la política tributaria que permita al Estado mitigar la dependencia de las participaciones federales, promoviendo el fortalecimiento a las fuentes de ingresos propios, así como el combate a la evasión y la elusión fiscal. Para lo anterior se plantean alternativas que propiciarán el fortalecimiento en la generación de recursos locales, a través de una recaudación justa y equitativa.

• Por otro lado, en cuanto las leyes de ingresos de los Municipios impugnadas, los promoventes de las iniciativas en cuestión concuerdan en sus argumentos, que las leyes de ingresos son el medio idóneo para que los gobiernos logren financiar el gasto y, de esta forma, puedan cumplir con las obligaciones que en materia de prestación de servicios públicos han contraído con la ciudadanía, la cual reclama cada vez más y mejores servicios en todas las áreas de desarrollo, es por ello que el Estado se encuentra legitimado para detraer recursos de parte de los particulares para las finanzas públicas y principalmente para sufragar los gastos públicos, esto en base a lo que dispone la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal.

• En ese contexto, una buena administración financiera es fundamental para que el Municipio pueda lograr sus objetivos, por lo que la satisfacción de las necesidades públicas de este requiere que los Ayuntamientos recauden, gestionen y apliquen, conforme a la legislación correspondiente, recursos públicos.

• Tal como se puede apreciar los Municipios tienen la facultad de administrar libremente su hacienda pública y para ello es que requieren estructurar de manera adecuada sus gastos e ingresos, por tal motivo las respectivas leyes de ingresos municipales, con el propósito de generar un adecuado destino de los recursos que percibe el Estado y así estar en posibilidad de sufragar los servicios que la población requiere y administrar de manera adecuada los recursos para ello, de manera eficaz y equitativa, tal como lo dispone el párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Federal.

• Es por lo expuesto, que los Municipios deben determinar los ingresos que habrán de percibir por concepto de pagos de contribuciones, derechos, aprovechamientos y cualquier otro concepto por el que se perciban ingresos, incluso de acuerdo con lo establecido en la fracción II del artículo 27 de la Constitución del Estado de Aguascalientes.

• En tal sentido, si la Constitución Local prevé que el Congreso estatal pueda determinar las contribuciones indispensables para sufragar el gasto, es notoriamente procedente que tales entidades puedan proyectar y emitir los ingresos que durante el próximo ejercicio fiscal habrán de percibir, para efectos de destinarlos a las distintas políticas públicas y económicas que den cumplimiento al plan de desarrollo estatal.

• Por lo anterior, se puede apreciar que, en efecto es una obligación para los mexicanos contribuir al gasto público, sin embargo el Estado debe establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan dar cumplimiento a tal disposición, por ejemplo, el párrafo primero de la fracción I del artículo 26, "establece la obligación de inscribirse en el catastro de la municipalidad", para de esta forma, contribuir con el pago del impuesto a la propiedad raíz, con el cual están gravados los bienes inmuebles, es decir, existe un vínculo entre lo que dispone ese numeral con la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna, esto para que los ciudadanos puedan estar en posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones tributarias que la propia Constitución Federal prevé, lo cual va de la mano con el hecho de que el Estado, pueda sufragar el gasto público y así proporcionar los servicios que requiere la población.

• Cabe agregar que la imposición de contribuciones tiene dos finalidades fundamentales, la primera, solventar el gasto público, y la segunda, distribuir los recursos obtenidos en los distintos organismos del Estado, para así sufragar los servicios que la ciudadanía requiere, atento a lo que dispone la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal.

• Lo anterior dio origen a los Dictámenes emitidos por la Comisión de Vigilancia, mismos que una vez sometidos a votación nominal, fueron aprobados por los legisladores locales presentes, instruyendo el diputado presidente a los diputados secretarios la expedición del Decreto respectivo.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. Mediante oficio depositado en la oficina de correos de la localidad el veinticinco de abril de dos mil veinticuatro y recibido el diez de mayo siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(3) Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de Consejero Jurídico y representante legal del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, compareció a rendir el informe solicitado, en el que expone, esencialmente, lo siguiente:

• Con relación a los actos impugnados al Poder Ejecutivo local, es decir la promulgación y publicación de las leyes impugnadas, ello se realizó en acatamiento a la Constitución del Estado de Aguascalientes en sus artículos 32, 35 y 46, fracción I.

• Si atendemos a la naturaleza jurídica de la conducta prescrita en la fracción I del artículo 46 referido, se obtiene como conclusión que la Constitución local solo faculta al Gobernador para que, una vez aprobada una ley por parte del Poder Legislativo, sea el Ejecutivo quien la mande publicar, es decir la promulgación de una ley es una actividad del Ejecutivo que se encuentra subordinada a la actividad del Congreso.

• El solo hecho de la promulgación, considerado en sí mismo, no violenta preceptos constitucionales que refiere el promovente, sino por el contrario, la promulgación y publicación de los Decretos impugnados, es una obligación del Ejecutivo que se hace en cumplimiento al sistema jurídico federal y local.

• Las leyes de ingresos impugnadas consideraron en su diseño y ejercicio las prioridades, estrategias y acciones que se fijaron en los planes de desarrollo correspondientes, puesto que los ingresos que perciben los gobiernos se derivan preponderantemente de los recursos que generan los actos y actividades económicas de las personas, estos se perciben por la vía de la tributación, que se encuentran debidamente fundamentados y no son violatorios de los principios invocados por la promovente.

• Respecto a los cobros por la expedición de constancias de búsqueda de información, los preceptos impugnados no son contrarios al principio de gratuidad consagrado en la Ley Fundamental, puesto que el cobro está basado en lo que le genera al Estado la expedición de los documentos en los que se hace constar la información solicitada, porque si bien la información relativa al quehacer del Estado es pública de oficio, su búsqueda a través de medios físicos genera un costo que puede ser cobrado.

• El cobro establecido se encuentra justificado puesto que se genera la entrega física de la información, no su acceso, razón por la cual, cualquier persona podrá acceder a la información pública de oficio de manera libre, cubriendo el numerario que genera su entrega física, lo que no puede interpretarse como un obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni violatorio del principio de gratuidad.

• Además, la búsqueda de información y expedición de copias genera el uso y desgaste de herramientas y consumibles, por lo que, a efecto de garantizar la operatividad y funcionamiento adecuado dentro del orden de gobierno correspondiente, es necesario el cobro de los derechos respectivos; sin embargo, siendo el Poder Legislativo local el órgano deliberativo donde se discute y aprueba el contenido de las normas, es dicho poder a quien le corresponde defender la validez de las normas impugnadas.

8. Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes solicitados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, respectivamente; no obstante, a la citada autoridad legislativa le requirió para que exhibiera copia certificada de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo, Estado de Aguascalientes; y, finalmente, fijó un plazo de cinco días hábiles para que las partes formularan alegatos.

9. Pedimento de la Fiscalía General de la República. La referida dependencia no formuló manifestación alguna o pedimento concreto.

10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de nueve de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(6) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero siguiente, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril del mismo año, toda vez que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejera Jurídica, promueve su respectiva demanda contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

12. La Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal promueve su demanda para combatir diversas disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, así como en Leyes de Ingresos de diversos Municipios de dicha entidad federativa, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial local el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, cuyas impugnaciones dividen en dos temas concretos: 1) cobros por búsqueda de información y expedición de copias certificadas; y 2) cobros por servicio de alumbrado público municipal. 13. Atento a ello, las normas que específicamente combate la accionante son las siguientes:

14. A) Cobros por búsqueda de información y expedición de copias simples y certificadas.

1. Artículo 9, fracción VII, numerales 1), 2), 3) y 4), de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes.

2. Artículo 95, fracciones IV, V y VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes.

3. Artículo 35, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Asientos.

4. Artículo 35, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Calvillo.

5. Artículo 37, fracción X, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano.

6. Artículo 56, numeral 8, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María.

7. Artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga.

8. Artículo 24, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Rincón de Romos.

9. Artículo 127, numeral 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo.

10. Artículo 42, fracciones I, III, IV, V y VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San José de Gracia.

11. Artículo 39, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepezalá.

15. B) Cobros por servicio de alumbrado público municipal.

1. Artículo 96 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes.

2. Artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío.

3. Artículo 52 de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María.

4. Artículo 78 de la Ley de Ingresos del Municipio de Rincón de Romos.

16. Ahora, es de precisarse que, si bien el Poder Ejecutivo Federal accionante al precisar las normas impugnadas hace referencia al artículo 57, numeral 8, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Estado de Aguascalientes, para 2024, debe tenerse por efectivamente impugnado el artículo 56, numeral 8, de esa ley, pues es el precepto que regula el cobro relativo a "búsqueda de documentos con emisión de copias (de 1 a 10 hojas)" y que corresponde a la transcripción que hace la propia accionante en la página 7 de su demanda; máxime que el artículo 57 de la Ley de Ingresos Municipal referida no contempla un numeral 8, como sí lo hace el diverso artículo 56. En esa medida, es de concluirse que la intención del Poder Ejecutivo Federal es impugnar el artículo 56, numeral 8, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Estado de Aguascalientes, para 2024.

17. No obstante, este Pleno considera que también debe tenerse como impugnado el diverso artículo 57 de la Ley de Ingresos referida, pues su contenido refiere a cobros relativos a procedimientos de acceso a la información pública, que son precisamente objeto del primer concepto de invalidez que la accionante formula en su demanda.

III. OPORTUNIDAD

18. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

19. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días naturales transcurrió del sábado treinta de diciembre de dos mil veintitrés al domingo veintiocho de enero de dos mil veinticuatro.

20. El cómputo se muestra en el siguiente calendario:

Ver calendario

21. En ese sentido, si la demanda promovida por la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal se presentó a través del buzón judicial el viernes veintiséis de enero de dos mil veinticuatro,(8) se concluye que su presentación resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

22. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejera Jurídica, es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional; por otra parte, el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(10) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.

23. En el caso, el Poder Ejecutivo Federal comparece a través de María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica, quien acreditó su personalidad en términos de la copia certificada del acuerdo presidencial de dos de septiembre de dos mil veintiuno relativo a su nombramiento; por tanto, debe reconocerse su legitimación en esta instancia constitucional.

24. Por tanto, si en el caso se promovió la presente acción de inconstitucionalidad en contra de preceptos contenidos en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, así como de diversos Municipios de dicha entidad federativa, para el Ejercicio Fiscal de 2024, es de concluirse que cuenta con legitimación para impugnarlos.

V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

25. En el caso, si bien el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes al rendir su informe no hace valer expresamente una causal de improcedencia, en su escrito alega que su participación en el proceso de creación de las normas combatidas se limitó a su promulgación y publicación, en cumplimiento a sus facultades constitucionales y legales, razón por la cual sostiene que la impugnación resulta infundada respecto a esos actos.

26. Dicho argumento debe desestimarse acorde con la jurisprudencia P./J. 38/2010(11) de este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."

27. Al no existir otro motivo de improcedencia alegado por las partes ni advertirse alguno de oficio, se procede a realizar el estudio de fondo del presente asunto.

VI. ESTUDIO DE FONDO

28. Como quedó establecido en el apartado II. Precisión de las normas impugnadas, la accionante divide su impugnación en dos temas concretos: a) Cobros por búsqueda de información y expedición de copias simples y certificadas; y b) Cobros por servicio de alumbrado público municipal.

29. En cuanto al primer tema, es necesario precisar que es criterio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las disposiciones que no están vinculadas a los procedimientos de acceso a la información pública no deben analizarse a la luz del principio de gratuidad en materia de acceso a la información, sino en función al principio de proporcionalidad tributaria.(12)

30. En el caso, de la lectura de las disposiciones impugnadas se advierte que los artículos 9, fracción VI, numeral 4, de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para 2024; 37, fracción X, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano y 57, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, ambos de la citada entidad federativa, para 2024, se encuentran directamente vinculados con el derecho de acceso a la información; esto, en tanto que el resto de las disposiciones que prevén el cobro por servicios de búsqueda de información y expedición de copias simples y certificadas no establecen expresamente si lo gravado se encuentra vinculado directamente a ese derecho.

31. En efecto, el artículo 9, fracción VI, numeral 4, de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para 2024, establece una tarifa de $20.00 pesos derivado de copias y planos en "Versiones públicas de los sujetos obligados, por página", lo que se relaciona con las obligaciones en materia de transparencia.

32. Asimismo, de la lectura integral de la Ley de Ingresos del Municipio de El Llano, Estado de Aguascalientes, para 2024, se advierte que la única sección destinada a regular los cobros derivados del "CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES", lo es expresamente el referido artículo 37, fracción X, incisos a) y b), siendo que el resto de los cobros que se prevén se refieren a servicios de "CERTIFICACIÓN Y LEGALIZACIÓN", ubicados, precisamente, en su Capítulo VIII.

33. Aunado a ello, el artículo 57, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Estado de Aguascalientes, para 2024, se ubica expresamente en la Sección VI, denominada "Por costos de reproducción y envío en materia de solicitudes de transparencia".

34. De tal manera que, frente a la presunción de que el legislador local expresamente reguló aquéllos cobros relacionados con el ejercicio del derecho al acceso a la información en el citado precepto, lo procedente es analizar esa norma a la luz del principio de gratuidad que rige el derecho relativo; en tanto que el resto de las normas impugnadas que regulan cobros por expedición de copias simples, certificadas y certificaciones deben ser estudiadas bajo los principios tributarios y no bajo la óptica del principio de gratuidad referido.

35. Atento a ello, el análisis de los conceptos de invalidez formulados por la accionante se realizará, por cuestión de método, conforme a los siguientes apartados:

Ver apartados

VI.1. Cobros por reproducción de información, derivados de solicitudes de acceso a la información.

36. En una parte de su primer concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo Federal argumenta, de manera general, que las normas impugnadas contravienen el principio de gratuidad que rige en el derecho a la informa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33145-a6aeb2a6/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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