I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETOS NÚMEROS LXVII/RFLIM/0185/2022 I P.E. Y LXVII/RFLIM/0188/2022 I P.E., AMBOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE ENERO DE 2022, RESPECTO AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL APARTADO II.13 DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEOQUI, ASÍ COMO RESPECTO DE LAS TARIFAS QUE SE PRECISAN DEL APARTADO II.6 DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELOS, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). VII. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. VIII. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. IX. CONTRIBUCIONES. SU CONCEPTO JURÍDICO APLICABLE A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO LOS DEFINE COMO INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, NORMALMENTE PECUNIARIOS, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERALES, OBTENIDOS POR ENTES DE IGUAL NATURALEZA Y CUYA OBLIGACIÓN SURGE DE LA LEY QUE GRAVA UN HECHO INDICATIVO DE CAPACIDAD ECONÓMICA. X. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. XI. CONTRIBUCIONES. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATRIBUYE AL LEGISLADOR LOCAL EN LA MATERIA NO LO AUTORIZA PARA DESNATURALIZARLAS. XII. HECHO IMPONIBLE. DIFERENCIAS DE SU CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS "DERECHOS" Y LOS IMPUESTOS. XIII. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. XIV. CONTRIBUCIONES. LA EXIGENCIA DE CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE IMPONIBLE ES UNA CUESTIÓN DE LÓGICA INTERNA DE LAS CONTRIBUCIONES, ADEMÁS DE SER UN REQUISITO DE PROPORCIONALIDAD. XV. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. XVI. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL CÁLCULO DEL MONTO PARA SU PAGO CONSIDERANDO EL DESTINO DEL INMUEBLE DEL QUE ES PROPIETARIO O POSEEDOR EL BENEFICIARIO HABITACIONAL Y/O DOMÉSTICO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS, ASÍ COMO INDUSTRIAL, VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y DE EQUIDAD TRIBUTARIAS (INVALIDEZ DEL APARTADO II.12 DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL; DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ; DEL APARTADO II.12 DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ; DEL APARTADO II.13 DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEOQUI; Y DEL APARTADO II.6 DE LA TARIFA ANEXA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELOS, TODAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). XVII. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. XVIII. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO. PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CUOTAS PARA EL CASO DE LOS DERECHOS, DEBE IDENTIFICARSE EL TIPO DE SERVICIO DEL QUE SE TRATA, ASÍ COMO EL COSTO QUE SU PRESTACIÓN REPRESENTA PARA EL ESTADO (INVALIDEZ DEL APARTADO II.12 DE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió la presente acción de inconstitucionalidad contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua en la que impugnó diversas disposiciones normativas contenidas en las leyes de ingresos municipales de dicha entidad para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 11/2022, promovida por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en la que se impugnan diversas disposiciones normativas contenidas en distintas leyes de ingresos municipales del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por escrito recibido el veintiséis de enero de dos mil veintidós en el buzón de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el veintisiete del propio mes y año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra el apartado II.12 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo del Parral; el artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez; el apartado II.12 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de López; el apartado III de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Maguarichi; el apartado II.13 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Meoqui; el apartado II.6 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos; el apartado III.19 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán; el apartado I, número 4, letra B, numeral 15, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Ascensión; el Grupo 7, subapartado 7.2, inciso c), numeral 1, incisos d) y e), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc; el apartado II.2.4, numeral 9, incisos A), B), C), D), E) y F), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias; el artículo 65 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez; el apartado III.17, numeral 15, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán; el apartado I, número 4, letra B, numeral 18, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Ascensión; el apartado II.5, subapartado II.5.3, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Bachíniva; el apartado IV, inciso b), numerales 1.4, inciso n) y 1.5, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Casas Grandes; el apartado XVI, numeral 12, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua; el apartado IV, numeral 4.20.1, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Janos; el apartado II.8, numeral 8.9, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de López; el apartado II.16, numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Meoqui; el inciso F), del apartado VI, de las "Faltas e infracciones al bando de policía y buen gobierno y reglamentos municipales" de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de López; el inciso X) del artículo 6 de las infracciones al bando de policía y buen gobierno de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Saucillo; y el apartado 4, numeral 4.2, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Ignacio Zaragoza; todas del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, publicadas el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del citado Estado.
2. Precisó como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Chihuahua.
3. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante considera que se violan los artículos 1o., 6o., 9o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 16, 22 y 24, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aduce, en esencia, lo siguiente:
• Primero. Contribución por la prestación del servicio de alumbrado público.
El apartado II.12 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo del Parral; el artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez; el apartado II.12 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de López; el apartado III de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Maguarichi; el apartado II.13 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Meoqui; así como el apartado II.6 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, son contrarios al derecho a la seguridad jurídica, así como a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad en las contribuciones, previstos en los numerales 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Lo anterior, porque los contribuyentes deberán pagar cuotas distintas según el tipo de uso del predio registrado ante la Comisión suministradora de energía eléctrica: residencial o habitacional, comercial o industrial y no con base en los gastos que le genera al Municipio la prestación de ese servicio.
Refiere que la Ley de Ingresos del Municipio de Maguarichi prevé que el monto a pagar por el servicio de alumbrado público será con base en el 5 % (cinco por ciento) del consumo del fluido eléctrico, lo cual corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.
Para concluir lo anterior, el argumento lo estructura con un primer apartado, en el que expone las características de las contribuciones en el Estado Mexicano. Posteriormente, esboza el desarrollo jurisprudencial del derecho de seguridad jurídica y de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias. Finalmente, esgrime las razones por las que considera que las normas impugnadas resultan inconstitucionales.
A. Naturaleza y características de las contribuciones
La Comisión accionante aduce que la Constitución Federal regula en su artículo 31, fracción IV, los principios que deben regir las contribuciones, a efecto de garantizar límites al poder público frente a los derechos del gobernado. Dicha disposición consagra los principios constitucionales de índole fiscal consistente en generalidad contributiva, reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad, las cuales, además de ser derechos fundamentales inherentes a los gobernados reconocidos por el Texto Constitucional, enuncian características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución.
Así, las contribuciones o tributos se entienden como un ingreso de derecho público destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza –Federación, Ciudad de México, Estados y Municipios–, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes.
Puntualiza que las contribuciones previstas en el Texto Constitucional pueden ser de distinta naturaleza, atendiendo a su configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales que, por un lado, permiten mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula, a saber: sujeto, hecho imponible, base imponible, tasa o tarifa y época de pago.
Los componentes referidos son una constante estructural de los tributos, su contenido es variable y se presentan de manera distinta y dependiendo del tipo de contribución que se analice se determina la naturaleza propia de cada una.
En las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible se refiere a una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, o bien, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público. En contraste, en el caso de los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que, sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo.
Es así como el hecho imponible de las contribuciones reviste un carácter especial entre los componentes que integran el tributo, toda vez que no sólo constituye un presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que, además, sirve como elemento de identificación del tributo, pues en una situación de normalidad evidencia e identifica la categoría de la contribución a la que pertenece.
De manera que, el hecho imponible otorga efectos jurídicos a la actualización de determinada hipótesis, debido a que la situación, hecho, acto o actividad constituye un reflejo de la capacidad contributiva del sujeto que actualiza la mencionada hipótesis y no una consecuencia jurídica derivada de la voluntad del legislador de manera arbitraria.
Así, concluye que el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligación tributaria, de manera que se respete la garantía de proporcionalidad de las contribuciones en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible.
Asimismo, la exigencia de congruencia entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de los tributos, pues de lo contrario existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente se regula.
B. Derecho de seguridad jurídica y principio de legalidad
El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se encuentran reconocidos en la Constitución Federal, los cuales constituyen prerrogativas fundamentales, por virtud de las cuales toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal.
El espectro de protección de los principios de legalidad y seguridad jurídica, al constituir un límite para el actuar de todo el Estado Mexicano, no se acota exclusivamente a la aplicación de las normas y a las autoridades encargadas de llevar a cabo dicho empleo normativo.
El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se hacen extensivos al legislador, como creador de las normas, quien se encuentra obligado a establecer normas claras y precisas que no den pauta a una aplicación de la ley arbitraria y, además, a que los gobernados tengan plena certeza a quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su incumplimiento.
Es así, porque la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías encaminadas a asegurar que no se vulneren los derechos fundamentales de la persona. Una forma de garantizar esta protección es que el actuar de la autoridad se acote en una ley, de acuerdo con lo establecido por la Constitución.
C. Principio de legalidad tributaria
El principio de legalidad tributaria se encuentra contenido en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el cual se traduce en la existencia de que sea el legislador quien determine los elementos esenciales de la contribución y no las autoridades administrativas, esto es, deben contenerse en un ordenamiento con rango de ley formal y materialmente, para garantizar la seguridad jurídica de las personas en su calidad de contribuyentes.
El referido precepto consagra los principios constitucionales tributarios de generalidad contributiva, reserva de ley o legalidad tributaria, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad, los cuales además de ser derechos fundamentales inherentes a los gobernados y reconocidos por el Texto Constitucional, enuncian las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Constitución Federal.
D. Principios de justicia tributaria
El principio de proporcionalidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, entraña una garantía de las personas en virtud de la cual el legislador, al diseñar el objeto de las contribuciones, debe respetar un umbral libre o aminorado de tributación, observando los parámetros constitucionales para la imposición de contribuciones y lo correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas.
De esta manera, refiere que sólo las autoridades constitucionalmente habilitadas pueden imponer los tributos, y las personas no deben ser llamadas a contribuir si se ve amenazada su capacidad para salvaguardar sus necesidades elementales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria en las contribuciones rige de manera distinta cuando se trata de derechos o de impuestos, puesto que estos últimos tienen una naturaleza distinta a los primeros, por lo que es necesario establecer un concepto adecuado de proporcionalidad y equidad que les sea aplicable.
En materia fiscal, se entiende por "derechos" a aquellas contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los Poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten. Así, el principio de proporcionalidad en materia de "derechos" implica que la determinación de las cuotas correspondientes por ese concepto ha de tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.
De suerte que, al tratarse de "derechos", debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se originan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.
Por otra parte, el principio de equidad en materia tributaria exige que los contribuyentes que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a su vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación.
Es así como el principio de equidad en la imposición establece que las personas, en tanto estén sujetas a cualquier contribución y se encuentren en iguales condiciones relevantes para efectos tributarios, han de recibir el mismo trato en lo que se refiere al tributo respectivo.
Acorde con los criterios del Máximo Tribunal, para analizar los principios de proporcionalidad y equidad de una disposición normativa que establece un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, que permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en la que la cuota no puede contener elementos ajenos al servicio prestado, porque daría lugar a que un mismo servicio se contribuya en cantidades diversas.
E. Inconstitucionalidad de las normas impugnadas
A juicio de la Comisión Nacional, la inconstitucionalidad denunciada en este medio de control reviste dos cuestiones diferentes.
En principio, se indica que se argumentará respecto de la inconstitucionalidad de las leyes de ingresos de los Municipio de Hidalgo del Parral, Juárez, López, Meoqui y Morelos por establecer tarifas o cuotas diferentes a cargo de los contribuyentes por tomar como base el tipo de suelo registrado en la Comisión suministradora de energía eléctrica. Posteriormente, se evidenciará la inconstitucionalidad de la forma en que el legislador local determinó cómo se pagará el servicio de alumbrado público en el Municipio de Maguarichi con una cuota hasta del 5 % del consumo de energía eléctrica.
i. Inconstitucionalidad del cobro por el servicio de alumbrado público previsto en las Leyes de Ingresos Municipales de Hidalgo del Parral, Juárez, López, Meoqui y Morelos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós
Del contenido de las normas controvertidas se desprende que determinan que el pago de alumbrado público es exigible a los sujetos pasivos que aprovechan ese servicio, por lo que para determinar el monto, el legislador local estableció que para su cálculo dependerá del tipo de suelo registrado ante la Comisión suministradora de energía eléctrica, considerando tres tarifas distintas: 1) residencial o habitacional; 2) comercial; y, 3) industrial.
El legislador local consideró el cobro por ese derecho tomando como elemento esencial el tipo de suelo de los predios y pierde de vista que el objeto del servicio de que se trata no es beneficiar a una persona en particular, sino a toda la población y transeúntes en el territorio municipal correspondiente.
Los preceptos impugnados establecen una contribución por la prestación de un servicio público para las y los habitantes de los Municipios referidos, cuyo objeto o hecho imponible lo constituye el servicio de alumbrado público; sin embargo, su base gravable la determina dependiendo del tipo de suelo registrado, lo que transgrede el principio de proporcionalidad tributaria.
Trae a colación lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 28/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra diversos artículos de la Ley Número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve.
Aduce que en ese asunto el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de normas de contenido similar a las ahora impugnadas, porque prevén un cobro por el derecho de alumbrado público y se observó que el legislador no sólo gravó el consumo de energía eléctrica siendo incompetente para ello, sino también que el cobro de ese derecho se fijó teniendo en cuenta el tamaño, ubicación y destino del predio que se consideró beneficiado, lo cual no atendía a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos ni al costo del servicio, por lo que no se cumplió con los principios de justicia tributaria.
También al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2020, promovida contra diversos preceptos de leyes de ingresos de varios Municipios de Tamaulipas, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, refiere que se concluyó que las normas que preveían fórmulas para el cobro del derecho de alumbrado público que consideraban los metros de frente a la vía pública de los predios, resultaban violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, así como el de seguridad jurídica porque los elementos que proporcionó el legislador no atendían al costo que representa al Estado la prestación del servicio, ni cobra el mismo monto a todas las personas que reciben el mismo servicio en razón de un parámetro razonable. El Alto Tribunal ha reiterado que son inconstitucionales las normas cuya tarifa corresponde al derecho por la prestación del servicio de alumbrado público que se fije a partir de circunstancias que no atienden al valor que representa al Municipio dar ese servicio sino, en todo caso, con la capacidad económica del contribuyente que se refleja en función del destino o del tipo de predio y otro tipo de elemento.
En el caso, el legislador local consideró como elemento determinante para el establecimiento de la cuota del derecho respectivo el tipo de predio registrado: residencial o habitacional, comercial o industrial, lo que se traduce en la desproporcionalidad de la tarifa, puesto que no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio.
Situación que refiere es incongruente con la naturaleza misma del servicio de alumbrado público, el cual busca beneficiar a toda la comunidad en su conjunto y no a personas particulares.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que para que los derechos por servicios respeten los principios tributarios de proporcionalidad y equidad es necesario que la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de dicho tributo tenga en cuenta el costo que para el Estado representa prestar el servicio de que se trate y, además, que las cuotas que se prevean sean fijas e iguales para todos los que reciben servicios análogos.
Para que las disposiciones normativas impugnadas sean respetuosas del principio constitucional de proporcionalidad tributaria, el legislador local debió tomar en cuenta el costo que le representa al Estado prestar el servicio de alumbrado público para determinar la base gravable, la cual debe ser en todo momento congruente con el monto erogado por ese concepto, por lo tanto, la cuota no puede contener elementos ajenos al costo del servicio prestado, porque daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya en un monto diverso.
Por tanto, las normas controvertidas establecen la obligación de pagar el servicio de alumbrado público a través de una tasa que se fija tomando en consideración elementos ajenos al costo real que le representó a los Municipios de Hidalgo del Parral, Juárez, López, Meoqui y Morelos, es inconcuso que resultan contrarias a los principios de proporcionalidad y equidad en las contribuciones.
Las contribuciones establecidas en las disposiciones controvertidas vulneran el principio de justicia tributaria, porque la autoridad legislativa impuso una base gravable atendiendo al tipo o destino del bien inmueble registrado y no así el costo que le causa a los Municipios la prestación de tal servicio, además de que impone tarifas diferenciadas a los sujetos pasivos pese a que beneficia a toda la colectividad por igual.
ii. Inconstitucionalidad del cobro por el servicio de alumbrado público previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Maguarichi para el ejercicio fiscal dos mil veintidós
En el caso el monto a pagar por los contribuyentes será con una cuota hasta del 5 % del importe del consumo de energía pagado a la Comisión Federal de Electricidad.
El legislador local al configurar la contribución en análisis, en realidad estableció un gravamen sobre el consumo de energía eléctrica, pues el monto a pagar en el Municipio de Maguarichi dependerá del consumo de energía por parte de los contribuyentes y no respecto el gasto que le causa al Municipio proporcionar el servicio de alumbrado público.
Es decir, el pago por el servicio de alumbrado público en el Municipio de Maguarichi dependerá del consumo de energía que lleven a cabo los contribuyentes, así su base imponible es un importe con base en la variable del consumo total de energía eléctrica, lo cual no guarda congruencia con la forma constitucional para determinar el monto a pagar por ese servicio, pues por mandato constitucional y refiere que sostenido en reiteradas ocasiones por la Suprema Corte, el monto a pagar por ese servicio debe tener como base el costo que para la autoridad implica por brindar ese servicio y no en relación con el consumo de energía eléctrica de los usuarios.
Sostiene que los precios que se cobrarán por los servicios de alumbrado público deben cumplir con los principios constitucionales tributarios, particularmente el de legalidad tributaria, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las personas en su carácter de contribuyentes.
El Tribunal Pleno de este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2019, determinó que el legislador local no cuenta con facultad constitucional para regular contribuciones en materia de energía eléctrica, pues si bien es competencia de los Municipios el cobro del servicio de alumbrado público, lo cierto es que de ninguna manera se autoriza que las Legislaturas Locales establezcan impuestos sobre energía eléctrica.
De manera que la forma en que el legislador local reguló en la Ley de Ingresos del Municipio de Maguarichi cómo se recaudará el pago por el servicio de alumbrado público, resulta inconstitucional, toda vez que con independencia de la denominación que estableció –pago por el servicio de alumbrado público– lo cierto es que al establecer que el pago será conforme al consumo de energía en realidad gravó ese consumo por parte de los contribuyentes, para lo cual se encuentra inhabilitado constitucionalmente en términos del numeral 73 de la Constitución Federal.
Reitera que en la acción de inconstitucionalidad 27/2021 y su acumulada 30/2021, promovida por este organismo autónomo, se declaró la invalidez de preceptos que regulan impuestos sobre el consumo de energía eléctrica, lo cual constituye una atribución que sólo corresponde a la Federación, como acontece en el caso. En ese fallo, se vinculó hacia el futuro al Congreso de Chihuahua, para que se abstuviera de establecer derechos por alumbrado público en los términos invalidados.
• Segundo. Cobro por la reproducción de la información solicitada
El apartado III.19 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquiles Serdán; el apartado I, número 4, letra B, numeral 15, de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Ascensión; el Grupo 7, subapartado 7.2, inciso c), numeral 1, incisos d) y e), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc; el apartado II.2.4, numeral 9, incisos A), B), C), D), E) y F), de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias; y el artículo 65 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, todas del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, prevén cobros injustificados por la reproducción de información pública en copias simples, impresiones, copias certificadas y reproducción en medios magnéticos, discos compactos o en USB.
Por tanto, vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige y de proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como se explica a continuación:
A. Marco constitucional y convencional del derecho de acceso a la información
El Alto Tribunal constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6o. constitucional comprende: 1) el derecho de informar (difundir); 2) el derecho de acceso a la información (buscar); y, 3) el derecho de ser informado (recibir).
Así, este derecho garantiza que todas las personas puedan solicitar información al Estado de los archivos, registro y documentos públicos, siempre que sea solicitada por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Al respecto, exige que el Estado no obstaculice ni impida la búsqueda y, por otra parte, requiere que establezcan los medios e instrumentos idóneos a través de los cuales las personas puedan solicitar dicha información.
Destaca que tanto esa Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han sido enfáticas en establecer la doble vertiente del derecho de acceso a la información, como garantía individual y como derecho colectivo o garantía social.
Ahora, el principio de gratuidad contemplado en el artículo 6o. constitucional, implica que su ejercicio debe realizarse sin entregar a cambio contraprestación alguna, salvo el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción, cuando, en su caso, sea procedente, justificado y proporcional.
En las discusiones que dieron origen a la reforma y adiciones al artículo 6o. constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinte de julio de dos mil siete, se advierte que el Constituyente Permanente determinó consagrar la gratuidad en el derecho de acceso a la información en su fracción III como una garantía indispensable para el ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que significa que el hecho de proporcionar información a los particulares no les generará costo alguno.
El Máximo Tribunal del país ha resuelto que lo que sí puede cobrarse al solicitante de la información son los costos de los materiales utilizados en la reproducción, el costo de envío y la certificación de documentos. Para ello debe analizarse si dichas cuotas se fijaron de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.
B. Cobros injustificados por la reproducción de la información solicitada
Las disposiciones impugnadas en este apartado prevén cobros injustificados por la reproducción de información pública a través de disco compacto, copia fotostática simple o copia certificada.
Las normas impugnadas establecen diversos montos a pagar por la expedición de información con motivo de acceso a la información pública; sin embargo, esos montos no se encuentran justificados en razón de los materiales que se utilizan para su expedición.
Lo anterior, pues de un contraste entre lo dispuesto en la Constitución Federal en relación con los principios que rigen el derecho de acceso a la información y lo que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31451-622429d0/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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