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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 90, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON EL 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). VIII. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. IX. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. X. CONTRIBUCIONES. SU CONCEPTO JURÍDICO APLICABLE A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO LOS DEFINE COMO INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, NORMALMENTE PECUNIARIOS, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERALES, OBTENIDOS POR ENTES DE IGUAL NATURALEZA Y CUYA OBLIGACIÓN SURGE DE LA LEY QUE GRAVA UN HECHO INDICATIVO DE CAPACIDAD ECONÓMICA. XI. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. XII. HECHO IMPONIBLE. DIFERENCIAS DE SU CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS "DERECHOS" Y LOS IMPUESTOS. XIII. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. XIV. CONTRIBUCIONES. LA EXIGENCIA DE CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE IMPONIBLE ES UNA CUESTIÓN DE LÓGICA INTERNA DE LAS CONTRIBUCIONES, ADEMÁS DE SER UN REQUISITO DE PROPORCIONALIDAD. XV. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. XVI. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MORELOS. ELEMENTOS QUE LOS CONFIGURAN. XVII. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA CUANTIFICACIÓN DE SU BASE GRAVABLE A PARTIR DEL PRODUCTO QUE RESULTE DEL BENEFICIO DE METROS LUZ QUE TIENE CADA PREDIO, EL DESTINO DEL MISMO Y SI ÉSTE NO TIENE CONTRATO CON LA EMPRESA QUE SUMINISTRA LA ENERGÍA ELÉCTRICA RESULTA DESPROPORCIONAL E INEQUITATIVO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 14, NUMERAL 4.3.5.2, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA; 10 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA; 12 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETECALA; 11 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATEPEC Y 21, FRACCIÓN 4301010000 I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, TODAS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). XVIII. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO. PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS, DEBE IDENTIFICARSE EL TIPO DE SERVICIO DEL QUE SE TRATA, ASÍ COMO EL COSTO QUE SU PRESTACIÓN REPRESENTA PARA EL ESTADO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 14, NUMERAL 4.3.5.2, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA; 10 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA; 12 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETECALA; 11 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPI

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 66/2022 Y SUS ACUMULADAS 69/2022 Y 71/2022. · Registro digital (IUS): 31486
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-02
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo I, Pág.568.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 66/2022 Y SUS ACUMULADAS 69/2022 Y 71/2022. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

Los problemas jurídicos que se plantean son los siguientes: 1. ¿Las normas impugnadas que prevén cobros por el servicio de alumbrado público municipal, violan el principio de proporcionalidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que su base gravable se determina, entre otros elementos, por la ubicación de los predios respecto de la distancia que guardan en relación con la fuente de alumbrado público?; 2. ¿Las normas impugnadas que establecen cobros por la reproducción de información pública en copias simples, certificadas, así como medios magnéticos y holográficos, violan el derecho de acceso a la información pública reconocido en el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal?; 3. ¿Las normas que prevén cobros por servicios de búsqueda de información y expedición de certificaciones y copias certificadas de documentos, vulneran, respectivamente, los principios de gratuidad en el acceso a la información pública y el de proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 6o. y 31, fracción IV, de la Constitución Federal?; y, 4. ¿Las normas impugnadas que sancionan conductas en el ámbito administrativo, violan el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal?

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Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de octubre de dos mil veintidós emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 66/2022 y sus acumuladas 69/2022 y 71/2022, promovidas, la primera, por la consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en representación de dicho Poder, y las dos últimas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de diversos preceptos contenidos en las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2022, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el seis de abril de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS ACUMULADAS.

A. Acción de inconstitucionalidad 66/2022, promovida por el Poder Ejecutivo Federal.

1. A.1. Presentación de la demanda. Por oficio presentado a través del buzón judicial el tres de mayo de dos mil veintidós y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) María Estela Ríos González, en su carácter de consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en representación de dicho Poder, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de diversos preceptos contenidos en las Leyes de Ingresos de los Municipios de Cuautla, Mazatepec, Temixco y Tlayacapan, todos del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2022, publicadas en el Periódico Oficial del gobierno de dicha entidad federativa el seis de abril de dos mil veintidós.

2. A.2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal considera que las normas que combate violan los artículos 6o. apartado A, fracción III y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad en las contribuciones.

3. A.3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal hace valer, en síntesis, lo siguiente:

• Las porciones normativas contenidas en las leyes de ingresos impugnadas, en lo correspondiente a "Búsqueda de documentos en el archivo municipal", "Búsqueda de documentos" y/o "Búsquedas en el Registro Civil", vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción III y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

A) Principio de gratuidad en materia de acceso a la información.

El artículo 6o. de la Constitución Federal prevé el principio de gratuidad en materia de acceso a la información, al disponer que el derecho a la información deberá ser garantizado por el Estado, por tanto, para su acceso, la Federación y las entidades federativas deberán guiarse por el principio de gratuidad para garantizar que toda persona tenga acceso gratuito a la información pública, así como a sus datos personales o su rectificación.

El principio de gratuidad constituye una garantía para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el cual está expresamente previsto en el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. constitucional, al establecer que el ejercicio de este derecho es gratuito y únicamente se requerirá el pago que corresponda a la modalidad de reproducción y entrega solicitadas, sin que se permita el cobro por la búsqueda o la disponibilidad momentánea de la información.

Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus precedentes ha analizado el derecho de acceso a la información, sus dimensiones y vertientes, estableciendo, en lo que interesa, que al emitirse la referida ley general, el legislador enfatizó que el principio de gratuidad constituye una máxima fundamental para alcanzar el ejercicio del derecho de acceso a la información y que, entre sus objetivos, está evitar la discriminación, pues pretende que todas las personas, sin importar su condición económica, puedan acceder a ella.

La Constitución Federal establece la obligación categórica de garantizar la gratuidad en el acceso a la información, de manera que no puede establecerse cobro alguno por la búsqueda que realice el sujeto obligado, pues únicamente puede ser objeto de pago y, por ende, de cobro, lo relativo a las modalidades de reproducción y entrega solicitadas.

En el caso, las normas impugnadas establecen un pago de derechos por concepto de búsqueda de información pública que se lleva a cabo en los archivos de los Municipios de Cuautla, Mazatepec, Temixco y Tlayacapan, todos del Estado de Morelos, lo que contraviene el artículo 6o. de la Constitución Federal, en específico, el principio de gratuidad, al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de entrega de los datos solicitados.

Lo anterior representa, además, un elemento discriminatorio para el ejercicio del derecho de acceso a la información, al negar su búsqueda a quien no cuente con recursos para cubrir las tarifas establecidas por la simple localización de los datos.

B) Principio de proporcionalidad tributaria.

Este principio constituye un derecho fundamental contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, a través del cual se busca garantizar la capacidad contributiva del causante sin desconocer la necesidad de aportar al sostenimiento de los gastos públicos, en cumplimiento a la obligación establecida en dicho precepto.

El principio de proporcionalidad tributaria entraña una garantía de las personas en virtud del cual el legislador, al diseñar el objeto de las contribuciones, debe respetar un umbral libre o aminorado de tributación, observando los parámetros constitucionales para la imposición de contribuciones y lo correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas.

Ese Alto Tribunal ha sostenido que el principio de proporcionalidad en las contribuciones rige de manera distinta cuando se trata de derechos o de impuestos, puesto que los últimos tienen una naturaleza distinta a los primeros, por lo que es necesario establecer un concepto adecuado de proporcionalidad y equidad que les sea aplicable.

En el caso, las normas impugnadas violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente los entes municipales del Estado de referencia.

En efecto, las porciones combatidas establecen un pago de derechos con motivo del servicio de búsqueda de información pública que se lleva a cabo en los archivos del registro civil y municipales de Cuautla, Mazatepec, Temixco y Tlayacapan, todos del Estado de Morelos, lo cual constituye un cobro excesivo y desproporcionado, aunado a que no están justificados ni guardan relación con el costo de los materiales empleados para localizar la información solicitada.

Así, se condiciona en forma injustificada el derecho de acceso a la información pública y lo desincentivan, al establecer una tarifa por búsqueda sin estar relacionada con la modalidad de reproducción o, en su caso, entrega de la información solicitada.

Sólo puede cobrarse al solicitante los costos de los materiales utilizados en la reproducción, el costo de envío y el servicio de certificación de documentos. Para ello, debe analizarse que las cuotas se hayan fijado de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, de lo contrario, la tarifa violenta el principio de proporcionalidad tributaria.

En efecto, los costos o tarifas establecidas por el legislador no pueden constituir barreras desproporcionadas al derecho de acceso a la información, pues si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o mecanismo necesario para su reproducción, ésta debe ser entregada sin costo alguno.

Las normas impugnadas fijan cuotas que van de 0.75 UMA hasta 15 UMA por búsqueda de documentos, pero el legislador no justificó los elementos que sirvieron de base para determinar la tarifa; es decir, la manera en la que se cuantificó el costo por el pago de tales derechos, ni los elementos tomados en cuenta para ello, por lo que no es posible determinar si las mismas corresponden o no al costo de los materiales que los diversos Municipios tienen permitido cobrar por el acceso a la información.

No obstante, a diferencia de otros servicios prestados por el Estado, tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información, rige el principio de gratuidad, conforme al cual sólo puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, del envío, o en su caso, su certificación.

El legislador local no estableció razón alguna para justificar la diferencia entre las tarifas establecidas en las normas impugnadas y el valor comercial de los insumos necesarios para proporcionar la información. Así, en las leyes impugnadas no se justificó el cobro por la búsqueda de información con una base objetiva y razonable, sino que se determinó en forma arbitraria.

4. A.4. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal con el número 66/2022, y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que fungiera como instructora del procedimiento.

B. Acción de inconstitucionalidad 69/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

5. B.1. Presentación de la demanda. Por oficio presentado a través del buzón judicial el nueve de mayo de dos mil veintidós y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de preceptos contenidos en las Leyes de Ingresos de los Municipios de Cuernavaca, Cuautla y Tetecala, todos del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2022, publicadas en el Periódico Oficial del gobierno de dicha entidad federativa el seis de abril de dos mil veintidós.

6. B.2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante señala que los preceptos impugnados son contrarios a los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por violación al derecho de seguridad jurídica, así como a los diversos principios de legalidad, proporcionalidad y equidad en las contribuciones.

7. B.3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace valer, en esencia, lo siguiente:

Único. Los artículos impugnados establecen el derecho por el servicio de alumbrado público, tomando como elemento determinante para el cálculo de la tarifa la ubicación del predio en relación con la distancia que guardan con la fuente de alumbrado público, lo que significa que, para fijar la cuota respectiva, el legislador tomó en cuenta elementos ajenos al costo real del servicio prestado, además de que impone montos diferenciados entre cada sujeto obligado a su pago, lo que viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

A. Naturaleza de los derechos por servicios.

Atendiendo a la naturaleza de los derechos como contribuciones, el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen del servicio público, o bien, el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, lo cual se diferencia de los impuestos, pues en éstos el hecho imponible está constituido por hechos o actos que, sin tener una relación directa con la actividad del ente público, ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo.

El Pleno de ese Alto Tribunal ha sostenido que los derechos por servicios son contribuciones establecidas por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, por tanto, subsiste la correlación entre el costo del servicio que se presta y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. En otras palabras, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio.

Así, cuando el legislador establece un derecho de esta índole debe tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.

B. Principios de justicia tributaria aplicables a derechos por servicios.

El principio de proporcionalidad constituye un auténtico derecho fundamental contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal el cual entraña una garantía de las personas por virtud de la cual, el legislador, al diseñar el objeto de las contribuciones, debe respetar un umbral libre o aminorado de tributación, observando parámetros constitucionales para la imposición de contribuciones y lo correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas.

Dicha máxima constitucional busca resguardar la capacidad contributiva del causante y se ha concebido como aquel que garantiza que los contribuyentes aporten a los gastos públicos de la Federación, entidades federativas o Municipios en función de su respectiva capacidad económica.

Ese Alto Tribunal ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria rige de manera distinta cuando se trata de derechos o de impuestos. En efecto, al tratarse de derechos debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio.

Por otra parte, el principio de equidad tributaria exige que los contribuyentes que se encuentren en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en la misma situación.

C. Inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

Las normas combatidas que establecen cobro por el servicio de alumbrado público, cuya base gravable se determina, entre otros elementos, por la ubicación de los predios respecto a la distancia que guardan en relación con la fuente de alumbrado público (beneficio dado en metros de luz), vulnera el principio de proporcionalidad tributaria.

Como se desprende de las normas impugnadas, el legislador local configuró un sistema normativo detallado para el cobro del servicio de alumbrado público. Si bien buscó ser muy exhaustivo en la determinación de las prescripciones normativas y que no todos los apartados que contienen los preceptos adolecen de vicios de invalidez, la integridad del sistema resulta inconstitucional, porque uno de los elementos para el cálculo consiste en aplicar el beneficio de cada sujeto pasivo dado en metro de luz.

En efecto, los artículos reclamados determinan que el pago del derecho de alumbrado público es exigible a los sujetos pasivos que aprovechen el servicio, por lo que para determinar la cuota de la contribución estableció tres variables, según: I) tengan iluminación pública frente a su inmueble; II) no tengan iluminación pública frente a su inmueble; o III) el inmueble está en condominio, a las cuales se aplicará, a su vez, una fórmula específica, que incluye otros factores que el legislador estimó relevante considerar; sin embargo, todos coinciden en tomar como elemento indispensable para su cuantificación el grado de "beneficio" de las personas en metros de luz.

El legislador morelense consideró como componente determinante para la tarifa de la contribución un aparente beneficio en función de los metros de luz de los predios de los sujetos pasivos en relación con la vía pública o luminaria. Ello significa que la Legislatura Local previó el cobro por este derecho con base en un parámetro de mayor o menor beneficio por la simple ubicación de los predios, perdiendo de vista que el objeto del servicio de mérito no es beneficiar a una persona en particular, sino a toda la población en el territorio municipal correspondiente.

En la acción de inconstitucionalidad 28/2019, ese Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de preceptos de contenido similar a las ahora impugnadas que preveían el cobro por el derecho de alumbrado público. En dicho precedente, además de que el legislador gravó el consumo de energía eléctrica siendo incompetente para ello, también fijo el cobro de este derecho teniendo en cuenta el tamaño, ubicación y destino del predio que se consideró beneficiado, lo cual no atendía a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos ni al costo del servicio, violando los principios de justicia tributaria.

En esa misma línea, al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2020, ese Tribunal Constitucional concluyó que las normas que preveían fórmulas para el cobro del derecho de alumbrado público que consideraban los metros de frente a la vía pública de los predios, resultaba violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, y de seguridad jurídica, porque los elementos que aportó el legislador no atendían al costo que representa para el Estado la prestación del servicio, ni cobra el mismo monto a todas las personas que lo reciben en función de un parámetro razonable.

En el caso y dada la similitud con los precedentes citados, ya que el legislador de Morelos consideró como elemento concluyente para el establecimiento de la cuota del derecho la ubicación del predio, esto es, los metros de luz que tiene de distancia en relación con la vía pública, ello se traduce en la desproporcionalidad de la tarifa. Si bien es cierto que el legislador incluyó en la base de la contribución el costo total erogado por el servicio de alumbrado público, también lo es que la individualización en cuanto al monto de ese derecho se diferenciará entre cada contribuyente dependiendo de los metros de distancia que tenga un predio con la fuente de alumbrado público, ocasionando un pago inequitativo y diferenciado para cada uno de los sujetos obligados a su pago.

En conclusión, la contribución establecida en las normas impugnadas efectivamente vulnera los principios de justicia tributaria, puesto que la autoridad legislativa impuso una base gravable atendiendo a la ubicación de los predios de los sujetos pasivos y no así al costo que le causa a los Municipios la prestación de tal servicio, además de que impone tarifas diferenciadas pese a que se busca beneficiar a toda la colectividad.

8. B.4. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el número 69/2022, ordenó su acumulación con la diversa 66/2022, al existir identidad respecto al Decreto impugnado y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.

C. Acción de inconstitucionalidad 71/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

9. C.1. Presentación de la demanda. Por oficio presentado a través del buzón judicial el nueve de mayo de dos mil veintidós y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de preceptos contenidos en las Leyes de Ingresos de los Municipios de Mazatepec, Temixco, Tepoztlán, Tlaltizapán de Zapata y Tlayacapan, todos del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2022, publicadas en el Periódico Oficial del gobierno de dicha entidad federativa el seis de abril de dos mil veintidós.

10. C.2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante indica que las normas que combate violan los artículos 1o., 6o., 7o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 9 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por violación al derecho de acceso a la información pública, el derecho de seguridad jurídica, la libertad de expresión, así como a los principios de proporcionalidad y equidad en las contribuciones.

11. C.3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace valer, en esencia, lo siguiente:

• Primero. Las normas impugnadas de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Mazatepec y Temixco, ambas del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2022, establecen el sistema contributivo del derecho por el servicio de alumbrado público, el cual toma como elemento determinante para el cálculo de la tarifa la ubicación de los predios en relación con la distancia que guarda la fuente de alumbrado público.

A. Naturaleza de los derechos por servicios.

Atendiendo a la naturaleza de los derechos como contribuciones, el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen del servicio público, o bien, el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, lo cual se diferencia de los impuestos, pues en éstos el hecho imponible está constituido por hechos o actos que, sin tener una relación directa con la actividad del ente público, ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo.

El Pleno de ese Alto Tribunal ha sostenido que los derechos por servicios son contribuciones establecidas por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, por tanto, subsiste la correlación entre el costo del servicio que se presta y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. En otras palabras, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio.

Así, cuando el legislador establece un derecho de esta índole debe tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.

B. Principios de justicia tributaria aplicables a derechos por servicios.

El principio de proporcionalidad constituye un auténtico derecho fundamental contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal el cual entraña una garantía de las personas por virtud de la cual, el legislador, al diseñar el objeto de las contribuciones, debe respetar un umbral libre o aminorado de tributación, observando parámetros constitucionales para la imposición de contribuciones y lo correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas.

Dicha máxima constitucional busca resguardar la capacidad contributiva del causante y se ha concebido como aquel que garantiza que los contribuyentes aporten a los gastos públicos de la Federación, entidades federativas o Municipios en función de su respectiva capacidad económica.

Ese Alto Tribunal ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria rige de manera distinta cuando se trata de derechos o de impuestos. En efecto, al tratarse de derechos debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio.

Por otra parte, el principio de equidad tributaria exige que los contribuyentes que se encuentren en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en la misma situación.

C. Inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

Las normas combatidas que establecen cobro por el servicio de alumbrado público cuya base gravable se determina, entre otros elementos, por la ubicación de los predios respecto a la distancia que guardan en relación con la fuente de alumbrado público (beneficio dado en metros de luz), vulnera el principio de proporcionalidad tributaria.

Como se desprende de las normas impugnadas, el legislador local configuró un sistema normativo detallado para el cobro del servicio de alumbrado público. Si bien buscó ser muy exhaustivo en la determinación de las prescripciones normativas y que no todos los apartados que contienen los artículos adolecen de vicios de invalidez, la integridad del sistema resulta inconstitucional, porque uno de los elementos para el cálculo consiste en aplicar el beneficio de cada sujeto pasivo dado en metro de luz.

En efecto, los artículos reclamados determinan que el pago del derecho de alumbrado público es exigible a los sujetos pasivos que aprovechen el servicio, por lo que para determinar la cuota de la contribución estableció tres variables, según: I) tengan iluminación pública frente a su inmueble; II) no tengan iluminación pública frente a su inmueble; o III) el inmueble está en condominio, a las cuales se aplicará, a su vez, una fórmula específica, que incluye otros factores que el legislador estimó relevante considerar; sin embargo, todos coinciden en tomar como elemento indispensable para su cuantificación el grado de "beneficio" de las personas en metro de luz.

El legislador morelense consideró como componente determinante para la tarifa de la contribución un aparente beneficio en función de los metros de luz de los predios de los sujetos pasivos en relación con la vía pública o luminaria. Ello significa que la Legislatura Local previó el cobro por este derecho con base en un parámetro de mayor o menor beneficio por la simple ubicación de los predios, perdiendo de vista que el objeto del servicio de mérito no es beneficiar a una persona en particular, sino a toda la población en el territorio municipal correspondiente.

En la acción de inconstitucionalidad 28/2019, ese Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de preceptos de contenido similar a las ahora impugnadas que preveían el cobro por el derecho de alumbrado público. En dicho precedente, además de que el legislador gravó el consumo de energía eléctrica siendo incompetente para ello, también fijó el cobro de este derecho teniendo en cuenta el tamaño, ubicación y destino del predio que se consideró beneficiado, lo cual no atendía a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos ni al costo del servicio, violando los principios de justicia tributaria.

En esa misma línea, al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2020, ese Tribunal Constitucional concluyó que las normas que preveían fórmulas para el cobro del derecho de alumbrado público que consideraban los metros de frente a la vía pública de los predios, resultaba violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, y de seguridad jurídica, porque los elementos que aportó el legislador no atendían al costo que representa para el Estado la prestación del servicio, ni cobra el mismo monto a todas las personas que lo reciben en función de un parámetro razonable.

En el caso y dada la similitud con los precedentes citados, ya que el legislador de Morelos consideró como e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31486-d0be39e3/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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