I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. CUANDO NO SE ESTABLEZCA CON ABSOLUTA CERTEZA SI LAS NORMAS IMPUGNADAS GRAVAN O NO ASPECTOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA Y NO BAJO LA ÓPTICA DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. VII. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. VIII. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. IX. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. X. SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN LAS CUOTAS POR ESTE SERVICIO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL NO GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NI CON EL COSTO QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO, DISTRITO DEL CENTRO; 23, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, DISTRITO DE TEPOSCOLULA; 38, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, DISTRITO DEL CENTRO; 23, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, DISTRITO DE JUCHITÁN; 61, FRACCIONES I Y IX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, DISTRITO DE TLAXIACO; 51, FRACCIONES I Y VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD, DISTRITO DE JUCHITÁN; 47, FRACCIONES V Y VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN; 47, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE REFORMA DE PINEDA, DISTRITO DE JUCHITÁN; 56, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, DISTRITO DE TEPOSCOLULA; 54, FRACCIONES XI, XII Y XIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, DISTRITO DEL CENTRO; 46, FRACCIONES I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y COPIAS CERTIFICADAS", Y III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, DISTRITO DE COIXTLAHUACA; 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC, DISTRITO MIXE; 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN; 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM, DISTRITO DE CHOÁPAM; 46, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, DISTRITO DE POCHUTLA; 63, FRACCIONES I Y VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN, DISTRITO DE TUXTEPEC; 60, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, DISTRITO DE TLACOLULA; 35, PRIMER SUPUESTO DE LA TABLA, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, DISTRITO DE JUXTLAHUACA; Y 20, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUALTEPEC, DISTRITO DE SILACAYOÁPAM, TODOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). XI. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. EL COBRO POR LAS COPIAS
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 135/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE DICIEMBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.
Los problemas jurídicos que se plantean son los siguientes:
1. ¿Las normas que prevén cobros por servicios de búsqueda de información y expedición de copias simples, certificadas y certificaciones de documentos vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones reconocido en los artículos 6 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal?
2. ¿Las normas que prevén multas por mendigar habitualmente y dormir en lugares públicos violan la prohibición de no discriminación contenida en el artículo 1 de la Constitución Federal?
3. ¿La norma que prevé multa por jugar en espacios públicos viola el derecho al sano esparcimiento de la niñez, así como el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, tutelados en el artículo 4 de la Constitución Federal?
4. ¿La norma que prevé multa por usar disfraces viola el derecho a la seguridad jurídica reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal?
5. ¿Las normas que sancionan conductas en el ámbito administrativo, cuya regulación presuntamente resulta indeterminada, violan el derecho a la seguridad y certeza jurídica? (Gestos, palabras o frases obscenas, lascivas, indecorosas, altisonantes o denigrantes, así como faltas de respeto, insultos o agravios verbales a la autoridad o a cualquier miembro de la sociedad, y atentar contra la moral y las buenas costumbres).
INDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 135/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversos preceptos contenidos en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinte de mayo de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. PRIMERO. Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio presentado a través del buzón judicial el diecinueve de junio de dos mil veintitrés y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ("CNDH"), por conducto de su Presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.
"a) Cobros excesivos y desproporcionados por reproducción de información no relacionados con acceso a la información:
"1. Artículo 47, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ánimas Trujano, Distrito del Centro, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"2. Artículo 23, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de la Trinidad Vista Hermosa, Distrito de Teposcolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"3. Artículo 38, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tomaltepec, Distrito del Centro, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"4. Artículo 23, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel Chimalapa, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"5. Artículo 61, fracciones I y IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"6. Artículo 51, fracciones I y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Barrio de la Soledad, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"7. Artículo 47, fracciones V y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"8. Artículo 47, fracciones II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Reforma de Pineda, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"9. Artículo 56, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Monte Verde, Distrito de Teposcolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"10. Artículo 54, fracciones XI, XII y XIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Raymundo Jalpan, Distrito del Centro, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"11. Artículo 46, fracciones I en la porción normativa ‘y copias certificadas’ y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"12. Artículo 27, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Asunción Cacalotepec. Distrito Mixe, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"13. Artículo 35, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, Distrito de Huajuapan, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"14. Artículo 47, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Choápam, Distrito de Choápam, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"15. Artículo 46, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Pluma Hidalgo, Distrito de Pochutla, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"16. Artículo 63, fracciones I y VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"17. Artículo 60, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Teitipac, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"18. Artículo 35, primer supuesto de la tabla, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel Tlacotepec, Distrito de Juxtlahuaca, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"19. Artículo 20, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Ihualtepec, Distrito de Silacayoápam, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"b) Establecimiento de faltas imprecisas:
"1. Artículo 45, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de la Trinidad Vista Hermosa, Distrito de Teposcolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"2. Artículo 55, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel Tilquiápam, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"3. Artículo 100, inciso d), fracción XXI, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Huayápam, Distrito del Centro, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"4. Artículo 42, fracciones III, en la porción normativa ‘y verbal’ y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel Chimalapa, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"5. Artículo 81, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Barrio de la Soledad, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"6. Artículo 94, fracciones III, incisos a) y b), y IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Monte Verde, Distrito de Teposcolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"7. Artículo 79, fracciones III y IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Mateo Río Hondo, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"8. Artículo 52, fracción IV, en la porción normativa ‘con palabras altisonantes, denigrantes o’, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Xitla, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"9. Artículo 43, fracción II, en la porción normativa ‘insultos y’, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Yaneri, Benemérito, Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"10. Artículo 108, fracción XI, en la porción normativa ‘o falta de respeto’, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"11. Artículo 99, fracción IV, en la porción normativa ‘Insultos y’, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Teitipac, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"d) (sic) Multas discriminatorias:
"1. Artículo 100, inciso d), fracciones XXXI y XXXII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Huayápam, Distrito del Centro, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"2. Artículo 112, fracción I, inciso b), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Raymundo Jalpan, Distrito del Centro, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"e) (sic) Multas por jugar en espacios públicos no destinados para ello:
"1. Artículo 100, inciso d), fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Huayápam, Distrito del Centro, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"f) (sic) Multas por disfraces:
"1. Artículo 100, inciso d), fracción XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Huayápam, Distrito del Centro, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023.
"Dichos ordenamientos fueron publicados el 20 de mayo de 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca."
2. SEGUNDO. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante considera que las normas que combate son contrarias a los artículos 1, 4, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 11, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 15, 17, 24 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y 3, 4 y 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al estimar que resultan violatorios al derecho de seguridad jurídica, igualdad y prohibición de discriminación, libre desarrollo de la personalidad, derecho al juego y esparcimiento, los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad en las contribuciones, así como la taxatividad aplicable a la materia administrativa sancionadora y el interés superior de la niñez.
3. TERCERO. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• PRIMERO. Los artículos controvertidos de diecinueve Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023, precisados en el apartado III, inciso a), de la demanda, prevén cobros injustificados y desproporcionados por la búsqueda y expedición de documentos en copias simples y certificadas, porque las tarifas no atienden al costo que le representa al Estado la prestación del servicio, lo que vulnera los principios de justicia tributaria reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Las disposiciones combatidas establecen, en términos generales, los siguientes cobros: Copias de documentos existentes en archivos de las oficinas municipales, cuyos montos oscilan entre $3.00 a $5.00 pesos, precisándose que serán por cada hoja, excepto en los Municipios de Santo Domingo Tomaltepec, Asunción Cacalotepec, San Pedro y San Pablo Tequixtepec y Santiago Choápam. Por certificación de documentos se prevén cobros en general de entre $11.00 a $150.00 pesos. En el caso de los Municipios de Santo Domingo Zanatepec y San Raymundo Jalpan se prevé la tarifa por un cuadernillo, sin especificar el número de fojas, en ambos casos tendrá un costo de $150.00 pesos. En los casos de los Municipios de Reforma de Pineda, San Raymundo Jalpan, San Juan Bautista Coixtlahuaca y San Lucas Ojitlán la tarifa será por cada hoja. Por búsqueda de información, para los Municipios de San Juan Bautista Coixtlahuaca y El Barrio de Soledad, se deberá satisfacer las cantidades de $50.00 y $150.00 pesos, respectivamente. Por copias simples se deben pagar cuotas que van de los $4.00 a $5.00 pesos, en los Municipios de San Raymundo Jalpan y de Pluma Hidalgo.
Los preceptos impugnados vulneran, en primer lugar, el principio de proporcionalidad tributaria, pues las tarifas no guardan relación directa con los gastos que le representan al Municipio involucrado la prestación de los servicios que describen; además, no resultan razonables que los montos cambien según el número de hojas, el tipo de solicitante, o bien, porque contienen varias imprecisiones que dan pauta a una aplicación discrecional.
No es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda de documentos, pues la actividad para realizar dicha acción no implica necesariamente un gasto para el Municipio que justifique el monto establecido por el legislador local, además de que no puede existir un lucro o ganancia por la simple búsqueda.
En cuanto a la entrega de copias simples y certificadas, no se advierte razonabilidad alguna entre las cuotas establecidas con el costo real de los materiales usados para tal fin, como las hojas y la tinta.
Los cobros de certificaciones también son desproporcionales, teniendo en cuenta que la relación entablada no es de derecho privado, sino de derecho público, de modo que no puede existir una ganancia para el ente municipal, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
Algunas normas tampoco son congruentes con el principio de equidad tributaria, porque no hay un motivo razonable que permita al legislador establecer costos diferentes por el número de hojas, a pesar de que se trata de un mismo servicio.
Particularmente, en los casos de Santo Domingo Zanatepec y San Raymundo Jalpan, las normas prevén tarifas por un "cuadernillo", sin determinar el número específico de hojas que implica ese supuesto.
En la mayoría de las normas impugnadas no se específica si la cuota es por cada hoja o por legajo o expediente, lo que da lugar a arbitrariedades en el cobro.
Lo anterior deja a discrecionalidad de la autoridad su determinación y puede permitir que se cobre siempre la misma y única cantidad establecida, con independencia del número de hojas que contenga el expediente.
En el caso de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca, para 2023, el Congreso local estableció que previo a la expedición de las copias y certificaciones, las personas interesadas deberán solicitar los recibos de pago por concepto de predial y de agua potable del presente ejercicio fiscal, exigencia que se considera carece de base constitucional y justificación, pues no existe una relación entre tal exigencia y la prestación del servicio de reproducción de documentos existentes en archivos municipales.
En las sentencias dictadas por ese Máximo Tribunal en las acciones de inconstitucionalidad 51/2021, 75/2021 y 77/2021 se vinculó al Congreso de Oaxaca para que en el futuro se abstenga a emitir normas que presenten los mismos vicios. Dicho criterio fue reiterado en las diversas acciones 40/2022, 42/2022, 44/2022 y sus acumuladas 45/2022 y 48/2022, así como 67/2022 y su acumulada 70/2022.
• SEGUNDO. Las disposiciones normativas en combate referidas en el inciso b) del apartado III de la demanda, prevén infracciones por proferir injurias, insultos con palabras altisonantes, procaces, lascivas; actitudes, gestos o señas obscenas, hacia cualquier persona, así como por insultar o faltar a la autoridad. La descripción normativa de las conductas antijurídicas es ambigua e imprecisa, de modo que vulnera los derechos de seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, aplicable en materia administrativa sancionadora, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
Las normas controvertidas establecen como faltas administrativas, esencialmente, injuriar, faltar el respeto o insultar a las personas ciudadanas y a las autoridades municipales, configuración normativa que implica que lo antijurídico indudablemente conlleva a un amplio margen de valoración subjetiva por parte del operador, pues los supuestos previstos en los preceptos impugnados no son suficientemente claros para brindar certeza jurídica a los destinatarios en relación con los comportamientos reprochables.
De las normas impugnadas se desprende que, esencialmente, el legislador oaxaqueño sanciona los siguientes supuestos a saber: 1) Faltas, insultos, faltas de respeto y/o agresiones verbales a la autoridad municipal; 2) Proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos en instalaciones de la administración pública; 3) Por agresiones verbales en general y aquellas dirigidas a transeúntes; y 4) Se impondrá sanción a los padres y/o tutores de menores de edad por: a) el uso indebido de dispositivos electrónicos (celulares, Tablet, computadoras), por parte de menores de edad en espacios públicos; b) Por deambular en espacios públicos o calles sin presencia de su tutor.
Las normas cuestionadas son contrarias al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, porque conceden una amplia valoración subjetiva para determinar los casos en los que el mero hecho de proferir o expresar en cualquier forma palabras injuriosas, obscenas, insultantes o altisonantes de cualquier persona hacia otra, una autoridad o incluso en infracciones de la administración pública, serán acreedoras de sanciones pecuniarias, lo que lejos de brindar seguridad jurídica genera incertidumbre a los gobernados.
Se enfatiza que la porción normativa "o ejecutar actos irrespetuosos" es sumamente amplia y ambigua, dado que ineludiblemente requieren de una valoración subjetiva, siendo la autoridad municipal competente quien determine cuáles actos serán considerados como irrespetuosos para cualquier persona.
Además, las normas controvertidas impactan de forma desproporcional en el ejercicio de la libertad de expresión, pues sancionan a cancioneros cuando profieran o expresen injurias, insultos, obscenidades o faltas de respeto mediante palabras, actitudes, gestos o señas, lo cual queda al ámbito estrictamente personal.
Al respecto, cabe mencionar que las citadas expresiones constituyen una forma de manifestación de cada individuo, que el Estado no puede obligar se alineen a un lenguaje que sea sintáctico, gramatical u ortográficamente correcto o educado, pues la decisión de usar determinado lenguaje o expresión pertenece a la autonomía de cada persona.
Además, ese Alto Tribunal ha reconocido que, si bien la Constitución Federal no ampara un derecho al insulto, lo cierto es que tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, indecorosas o excéntricas, aún y cuando vengan acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas.
Ahora bien, respecto del supuesto previsto en el artículo 94, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Monte Verde, Teposcolula, Oaxaca, para 2023, relativo a la imposición de multa a padres y/o tutores de menores de edad, los supuestos previstos constituyen hipótesis que no expresan claramente cuándo se estará empleando de "forma indebida" un dispositivo electrónico en espacios públicos, aunado a que tampoco es posible conocer cuándo se estará "deambulando", lo que genera incertidumbre a los destinatarios.
Por otra parte, se afecta el interés superior de la niñez, porque se sanciona a padres y/o tutores, cuando los menores o adolescentes deambulen en espacios públicos sin presencia de su tutor.
Si bien es cierto que las personas adultas tienen el deber de cuidado con los menores y adolescentes, sobre todo en lugares públicos dado a los posibles riesgos que podrían suscitarse, también lo es que no es justificable ni proporcional la medida adoptada, pues impacta de forma desproporcionada al derecho de niñas, niños y adolescentes de apropiarse de lugares públicos como integrantes de la sociedad, toda vez que sujeta su movilidad al acompañamiento de adultos y/o tutores.
Lo anterior, con independencia de que el Estado de Oaxaca tiene la obligación de garantizar seguridad a las personas en espacios públicos, sobre todo de menores y adolescentes, sin que necesariamente se encuentren supervisados por sus padres o tutores.
Con base en lo anterior, el artículo 94, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino Monte Verde, Teposcolula, Oaxaca, para 2023, además de prever supuestos excesivamente amplios y ambiguos que violan el derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, también vulnera el interés superior de la niñez. • TERCERO. Las normas impugnadas de las Leyes de Ingresos de los Municipios de San Andrés Huayápam y San Raymundo Jalpan, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2023, prevén multas que devienen en prácticas discriminatorias, al sancionar a las personas que, por sus condiciones particulares, "mendiguen habitualmente" o por "pernoctar" en espacios públicos, lo que vulnera el derecho humano a la igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal.
El Congreso local instauró sanciones pecuniarias de $896.00 pesos en el Municipio de San Andrés Huayápam, y de 11 hasta 12 UMA en el Municipio de San Raymundo Jalpan, por concepto de faltas administrativas por "mendigar habitualmente" y "pernoctar" en espacios públicos.
En la configuración normativa de los preceptos controvertidos, se advierte que se encuentran integrados por el vocablo "mendigar", el cual significa pedir limosna de puerta en puerta, así como solicita el favor de alguien con importunidad y hasta con humillación, por su parte, la voz "limosna" connota cosa, especialmente dinero, que se da a otro por caridad.
Ese Alto Tribunal ha puntualizado que existe discriminación indirecta cuando el conjunto de prácticas reproducidas por las instituciones y avaladas por el orden social, provoca que las personas enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, y diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, debido a su pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática, históricamente determinada.
Las normas cuestionadas producen un efecto de discriminación indirecta en perjuicio de las personas que, por sus condiciones particulares, al encontrarse en estado de desventaja o en situación de calle, tienen la necesidad de solicitar la caridad habitualmente o dormir en espacios públicos municipales.
La legislatura local pasó por alto que los factores que colocan en una especial situación de desventaja y vulnerabilidad a las personas que solicitan apoyo económico y/o duermen en espacios públicos son macroestructurales, que implican circunstancias económicas, políticas, culturales, incluso relacionadas con el desempleo y la pobreza. También soslayó que las personas que solicitan caridad o duermen en la vía pública es justamente en estos lugares donde transitan, desarrollan y habitan, circunstancia que los lleva a enfrentar continuamente una pobreza extrema y diferentes tipos de violencia.
Finalmente, se destaca que el artículo 112, fracción I, inciso b), numeral 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Raymundo Jalpan genera incertidumbre jurídica porque no es posible determinar de manera clara y precisa cuáles conductas podrían ser calificadas como "una forma de engaño".
• CUARTO. El artículo 100, inciso d), fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Huayápam, Centro, Oaxaca, para 2023, prevé una multa a quienes efectúen juegos o prácticas de deportes en la vía pública que causen molestias a los vecinos o que interrumpan el tránsito vehicular de todo tipo, precepto que tiene un impacto particular en el ejercicio pleno del derecho fundamental al juego, esparcimiento y a las actividades recreativas de los menores y adolescentes, por lo que es contrario al interés superior de las niñas, niños y adolescentes que garantiza el artículo 4o. de la Constitución Federal.
La disposición inhibe la realización de actividades lúdicas y recreativas de menores de edad y adolescentes en la vía pública cercana a sus domicilios, soslayando que se trata de conductas socialmente aprobadas, por lo que incluso es de considerarse que se trastoca el derecho a la cultura lato sensu, o en sentido amplio.
Es indiscutible que, en su mayoría, son los menores y adolescentes quienes realizan juegos en la vía pública, por tanto, la medida adoptada por el Congreso de Oaxaca es desproporcionada e injustificada, trastocando la satisfacción plena del derecho fundamental al juego, esparcimiento y a las actividades recreativas de niñas, niños y adolescentes, y en clara contravención a su interés.
La norma impugnada prevé la imposición de una multa de $2,688.60 pesos por "efectuar juegos o prácticas de deportes en la vía pública que causen molestia a los vecinos o que interrumpan el tránsito vehicular de todo tipo", lo que vulnera el derecho fundamental al esparcimiento, al juego y a actividades recreativas, así como el interés superior de la niñez.
El precepto combatido no señala un sujeto particular, sin embargo, dada su configuración y alcances, los menores y adolescentes son los principales sujetos del precepto, porque si bien éstos no son quienes efectúa juegos en la vía pública exclusivamente, lo cierto es que constituyen el mayor porcentaje de personas que realizan esa conducta.
Para que la conducta sea sujeta de sanción económica es fundamental que se realice en determinados lugares, en ese sentido y conforme a la Ley de Movilidad oaxaqueña, serán consideradas vías públicas: las calles, calzadas, avenidas, ciclovías, carreteras, caminos y autopistas, así como las vialidades primarias y andadores de movilidad con prioridad al transporte público y, en general: a) los predios destinados a los fines públicos del tránsito peatonal, vehicular y al transporte colectivo; y b) los caminos públicos de jurisdicción estatal, destinados temporal o permanentemente al tránsito de personas, bienes y vehículos, incluyendo el área del derecho de vía de éstos, así como las vialidades de uso común de las unidades habitacionales, cuando su ubicación geográfica permitan el libre tránsito peatonal, ciclista, vehicular o de transporte colectivo y sea necesario para la unión entre dos o más puntos de intersección con zonas urbanas.
En términos del diverso 4, fracción LXVI, de la Ley de Movilidad local se desprende que son vía pública todo espacio de dominio público y de uso común destinado al tránsito de persona, bienes y vehículos. Esto quiere decir que incluye vías primarias, secundarias y terciarias.
Se considera necesario retomar cuáles son las vías terciarias, las cuales son aquellas que dan acceso a los predios y zonas habitacionales, sus cruces se semaforizan sólo en intersecciones con vías secundarias.
La regulación controvertida es desproporcional e injustificada, porque si bien el Congreso local pudo haber adoptado la medida con el fin de garantizar la integridad de niñas, niños y adolescentes, para que realicen actividades lúdicas en espacios que no sean la vía pública, ya que éstas representan un riesgo a su integridad; también lo es que incluye todas las vías públicas, incluso aquellos predios destinados a los fines públicos del tránsito peatonal.
No obstante, el Congreso local tomó una postura que restringe el uso de los espacios públicos por los menores y adolescentes, ya que la medida sancione el juego cuando ocasione molestias a los transeúntes.
La expresión "causen molestia a los vecinos" tiene implícita una transgresión al derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, ya que no otorga certeza de cuándo un juego ocasionará molestias a las personas, por el contrario, dichos vocablos francamente se erigen como exigencias intolerantes al nivel de ruido, e incluso se presta a solicitar se practiquen "juegos aceptables" con el fin de no incomodar a las personas.
No se estima que la medida sea la más idónea y necesaria para efectivamente salvaguardar la integridad de los menores y adolescentes, en pro de su interés superior, porque bien pudo el Congreso local adoptar la creación de espacios recreativos seguros y al alcance de todos los menores y adolescentes en el Municipio en cuestión, con el fin de reducir los riesgos para dicho sector de la población.
Es decir, corresponde al Estado de Oaxaca como a sus Municipios, propiciar las condiciones de seguridad necesarias para que las niñas, niños y adolescentes se encuentren en condiciones de ejercer su derecho fundamental al esparcimiento, juego y actividades recreativas, y no, por el contrario, imponer multas con el fin de que no se utilicen las vías públicas para ello.
• QUINTO. El artículo 100, inciso d), fracción XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Huayápam, Centro, Oaxaca, para 2023, prevé una multa por usar disfraces sin razón justificada, que propicien la alteración del orden público o atenten contra la seguridad a las personas, lo cual afecta el libre desarrollo de la personalidad (sic) de cada individuo para autodeterminarse y escoger libremente qué indumentaria emplea en su cotidianidad, en concordancia con sus propias convicciones.
Además, la expresión "sin razón justificada" no otorga certeza jurídica, porque no existe forma de saber con exactitud cuáles podrían ser esas razones justificadas o válidas para que las personas puedan portar disfraces.
El Congreso local instauró una injerencia al ámbito personalísimo de las personas que carece de justificación, porque pretende controlar cuándo pueden utilizar disfraces sin que sean acreedores a una multa.
El uso de "disfraces" constituye una manifestación o expresión de la individualidad de cada persona, sea que derive del gusto de portarlo, atendiendo además a sus convicciones o ideales, por lo que queda al fuero interno de cada individuo. Así, la norma reclamada constituye una injerencia arbitraria del Estado para controlar cuándo y por qué las personas pueden usar disfraces.
La expresión "propiciar la alteración del orden público o atente contra la seguridad de las personas" tampoco otorga certidumbre jurídica respecto a cuándo el uso de un disfraz puede generar esos efectos, pues dichas exigencias conllevan a una valoración personalísima de la expresión o manifestación de cada individuo, de modo que ello dependerá de una valoración ampliamente subjetiva y discrecional de quienes observen el disfraz.
4. CUARTO. Registro del expediente y turno
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32504-7c4b51cc/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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