I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). VI. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. VII. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. VIII. CONTRIBUCIONES. SU CONCEPTO JURÍDICO APLICABLE A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO LOS DEFINE COMO INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, NORMALMENTE PECUNIARIOS, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERALES, OBTENIDOS POR ENTES DE IGUAL NATURALEZA Y CUYA OBLIGACIÓN SURGE DE LA LEY QUE GRAVA UN HECHO INDICATIVO DE CAPACIDAD ECONÓMICA. IX. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. X. CONTRIBUCIONES. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATRIBUYE AL LEGISLADOR LOCAL EN LA MATERIA NO LO AUTORIZA PARA DESNATURALIZAR AQUÉLLAS. XI. HECHO IMPONIBLE. DIFERENCIAS DE SU CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS "DERECHOS" Y LOS IMPUESTOS. XII. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. XIII. CONTRIBUCIONES. LA EXIGENCIA DE CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE IMPONIBLE ES UNA CUESTIÓN DE LÓGICA INTERNA DE LAS CONTRIBUCIONES, ADEMÁS DE SER UN REQUISITO DE PROPORCIONALIDAD. XIV. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. XV. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN ESTA CONTRIBUCIÓN. XVI. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS AJENOS AL COSTO QUE REPRESENTA PARA EL MUNICIPIO LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, A FIN DE DETERMINAR LA BASE DE DICHO TRIBUTO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y DE EQUIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA; 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI; 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD; 58 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN Y 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). XVII. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA CUANTIFICACIÓN DE SU BASE GRAVABLE A PARTIR DEL PRODUCTO QUE RESULTE DEL BENEFICIO DE METROS LUZ QUE TIENE CADA PREDIO, EL DESTINO DEL MISMO Y SI ÉSTE NO TIENE CONTRATO CON LA EMPRESA QUE SUMINISTRA LA ENERGÍA ELÉCTRICA RESULTA DESPROPORCIONAL E INEQUITATIVA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA; 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI; 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD; 58 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN Y 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). XVIII. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO. PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CUOTAS PARA EL CASO DE LOS DERECHOS, DEBEN IDENTIFICARSE EL TIPO DE SERVICIO DEL QUE SE TRATA, ASÍ COMO EL COSTO QUE REPRESENTA PARA EL ESTADO PRESTAR ESE SER
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversos artículos de leyes de ingresos municipales del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintidós que establecen cuotas para la prestación del servicio de alumbrado público, por suministro de agua potable, por el derecho al acceso a la información pública y por búsqueda y reproducción de información no relacionada con este último derecho.
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Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión del trece de octubre de dos mil veintidós, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 5/2022, promovida por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y el Poder Ejecutivo del citado Estado y diversas disposiciones normativas contenidas en las leyes de ingresos municipales del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
2. Demanda inicial y normas impugnadas. Por escrito recibido el veintiuno de enero de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el veinticuatro de enero siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla; 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetla de la Solidaridad; 58 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan y 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Ayometla, por cobros por servicios de alumbrado público; de los numerales 50 en su porción normativa "Las cuotas por servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, serán establecidas conforme a las tarifas que determine la Comisión, siendo ratificadas o reformadas en sesión de Cabildo", de la Ley de Ingresos del Municipio de Atltzayanca; 50, únicamente en su primer párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla; 47, únicamente en su primer párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala; 58 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, por cobros por servicios que presta la Comisión de Agua y Alcantarillado, así como por el suministro de agua potable; los preceptos 29, fracciones I, inciso b) y II, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetla de la Solidaridad; 53, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco; de los dispositivos 46, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, por cobros por la reproducción de la información pública solicitada; 40, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla; 53, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; 37, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala; 29, fracciones I, inciso a) y II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetla de la Solidaridad; 39, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetlatlahuca; 34, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xicohtzinco; 38, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan; 39, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata; 52, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco; 45, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Apolonia Teacalco; 37, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Ayometla; y 31, fracciones I y VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, por cobros por servicios de reproducción no relacionados con el derecho de acceso a la información pública; todas del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintidós y publicadas el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del citado Estado.
3. Señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Tlaxcala.
4. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante estima violados los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
5. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos adujo, en esencia, lo siguiente:
• Primero. Contribución por la prestación del servicio de alumbrado público
a) La Comisión promovente aduce que los artículos 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla; 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetla de la Solidaridad; 58 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan y 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Ayometla, todas las legislaciones del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, establecen las tarifas mediante las cuales se causarán y pagarán los derechos por el servicio de alumbrado público, tomando en consideración la ubicación de los predios de los propietarios o poseedores que sean sujetos activos en relación con su distancia con la fuente de alumbrado público.
b) Agrega que lo anterior significa que el legislador local, para fijar la cuota respectiva, consideró elementos ajenos al costo real de ese servicio, lo cual vulnera el principio de proporcionalidad en las contribuciones, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, así como el principio de justicia tributaria al prever que el cobro por el servicio de alumbrado público será atendiendo al "beneficio" o cercanía de los predios con la fuente de iluminación pública.
c) Asimismo, estima que la base gravable la determina el mayor o menor beneficio que obtengan las personas contribuyentes en razón de los metros de frente respecto a la fuente de alumbrado público, lo que transgrede el principio de proporcionalidad tributaria.
d) Además, indica que las normas controvertidas establecen la obligación de pagar el servicio de alumbrado público a través de una tasa que se fija tomando en consideración elementos ajenos al costo real que le representó a los Municipios tlaxcaltecas en cuestión, por lo que resultan contrarias a los principios de proporcionalidad y equidad en las contribuciones.
• Segundo. Cobro por servicios que presta la Comisión de Agua y Alcantarillado, así como por el suministro de agua potable
a) Los numerales 50 en su porción normativa "Las cuotas por servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, serán establecidas conforme a las tarifas que determine la Comisión, siendo ratificadas o reformadas en sesión de Cabildo", de la Ley de Ingresos del Municipio de Atltzayanca; 50, únicamente en su primer párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla; 47, únicamente en su primer párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala y 58 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, todas las legislaciones del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, transgreden el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, de reserva de ley y legalidad tributaria.
b) Lo anterior, porque regulan dos supuestos diferentes, pues en las leyes de ingresos municipales de Atltzayanca, Huamantla y de Santa Cruz Tlaxcala, el legislador local estableció que las tarifas que se deben considerar para el cobro de los servicios que prestan las Comisiones de Agua Potable y Alcantarillado en esos Municipios, serán determinadas por: a) la propia comisión o, b) su Consejo de Administración.
c) Mientras que para el Municipio de Santa Apolonia Teacalco las tarifas que se aplicarán para el suministro de agua potable serán fijadas por parte de los comités ciudadanos que la misma población determine.
d) Dichas disposiciones son incompatibles con el parámetro de regularidad constitucional, porque delegan la facultad de determinar los elementos esenciales del derecho correspondiente en una autoridad administrativa y ciudadana, lo que propicia la arbitrariedad y la incertidumbre respecto de las cuotas que las personas deben pagar.
e) Se colige que si bien se regula el pago por servicios diferentes en las disposiciones impugnadas, lo cierto es que contienen el mismo vicio de inconstitucionalidad consistente en que el legislador local habilitó a autoridades administrativas y a comités ciudadanos para determinar y aprobar la tarifa de las mencionadas contribuciones.
f) El legislador local estableció en las disposiciones impugnadas que serán autoridades administrativas municipales y comités ciudadanos quienes determinarán las tarifas por el cobro de los servicios que prestan las comisiones de agua potable y alcantarillado, así como por el suministro de agua potable, siendo que dicha atribución es propia del Poder Legislativo Local en virtud del principio de legalidad en materia tributaria.
g) De esa forma, las disposiciones impugnadas contravienen el derecho humano de seguridad jurídica, así como los principios de reserva de ley y de legalidad tributaria, toda vez que ello implica que se deja al arbitrio de un órgano administrativo el establecimiento de la tarifa de las contraprestaciones que deban cubrirse por los servicios relacionados con el suministro de agua potable y alcantarillado, en perjuicio de la seguridad jurídica de los contribuyentes.
• Tercero. Cobro por la reproducción de la información solicitada
a) Los numerales 29, fracciones I, inciso b) y II, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetla de la Solidaridad; 53, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco y 46, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, todas las legislaciones del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, prevén cobros injustificados por la búsqueda y reproducción de información pública en copias simples y copias certificadas.
b) Por tanto, vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
c) En ese tenor, recae en el legislador local la carga de demostrar que el cobro establecido en las disposiciones impugnadas, por proporcionar información en diversos medios, atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitadas, puesto que en el ejercicio del derecho de acceso a la información es un imperativo general la gratuidad en la entrega de información.
d) De tal suerte que si no existe razonamiento que justifique el cobro por la reproducción de información con una base objetiva, ello sólo puede significar que la cuota establecida se determinó de forma arbitraria sin contemplar el costo real de los materiales empleados en la reproducción de la información en copias simples y certificadas, por lo que las normas combatidas violan el principio de gratuidad en el acceso a la información contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal.
e) Puntualiza que las normas impugnadas impactan desproporcionadamente al gremio periodístico al cobrar la búsqueda de documentos y, por ende, ello tiene un efecto inhibidor en el ejercicio de una profesión lícita.
f) Destaca que este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 20/2019, decretó la invalidez de normas que establecían cobros desproporcionales e injustificados de diversas leyes de ingresos municipales tlaxcaltecas, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y, además, vinculó al Congreso del Estado para que en lo futuro se abstuviera de establecer derechos por la reproducción de documentos por solicitudes de información en términos de lo resuelto en ese fallo.
• Cuarto. Cobro por la búsqueda y expedición de documentos en copias simples y copias certificadas, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública
a) Los artículos 40, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla; 53, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; 37, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala; 29, fracciones I, inciso a), y II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetla de la Solidaridad; 39, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetlatlahuca; 34, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xicohtzinco; 38, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan; 39, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata; 52, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de la Magdalena Tlaltelulco; 45, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Apolonia Teacalco; 37, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Ayometla; 31, fracciones I y VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, todas las legislaciones del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que prevén cobros injustificados y desproporcionados por la búsqueda y expedición de documentos en copias simples y copias certificadas no relacionadas con el derecho de acceso a la información pública.
b) Lo anterior, ya que prevén tarifas que no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información, por tanto, vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
c) Reitera que los preceptos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones, pues las tarifas no guardan relación directa con los gastos que le presentan a los Ayuntamientos involucrados la prestación de esos servicios.
d) Las disposiciones controvertidas se enmarcan en la categoría de derechos por servicios, por tanto, para la determinación de las cuotas por concepto de derechos de servicios ha de tenerse en cuenta el costo que le cause al Estado la ejecución del servicio en cuestión, por lo cual, la cuota que establezca deberá ser fija e igual para todas las personas que reciban servicios de la misma índole.
e) Las cuotas, en caso de que la entrega de información tuviera algún costo, dada la forma de reproducción y entrega solicitadas, deberían ser acordes con el costo del servicio prestado e iguales para los solicitantes, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo que quiere decir que el Estado no debe lucrar con las cuotas, sino que las mismas deben fijarse de acuerdo a una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, sin que pueda cobrarse la búsqueda de información o su reproducción cuando el interesado proporcione los medios respectivos.
• Cuestiones relativas a los efectos
Finalmente, se indica que de ser tildadas de inconstitucionales las normas impugnadas, se extiendan los efectos a todas aquellas que estén relacionadas; asimismo, que se vincule al Congreso Local a que en lo futuro se abstenga de expedir normas con el mismo vicio alegado.
6. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de presidencia de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 5/2022 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente.
7. Admisión y trámite. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a las autoridades que emitieron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
8. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Mediante escrito recibido el dos de marzo de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Ángel Caballero Yonca, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, compareció en representación del Poder Legislativo de la entidad a rendir el informe correspondiente. En el cual expresa lo siguiente:
En cuanto a la procedencia de la acción
• Refiere que se actualiza la causal de improcedencia consistente en la falta de legitimación por parte de la titular del órgano protector de los derechos humanos a nivel nacional, para impugnar los decretos en cuestión.
• Ello, porque las disposiciones impugnadas contienen normas de carácter contributivo y de acceso a la información pública, mismas que escapan de la facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para llevar a cabo su impugnación.
• Sostiene, en primer lugar, que dicha legitimación está acotada a las vulneraciones a derechos humanos de las personas; sin embargo, la Comisión accionante no es el órgano legitimado para el caso que nos ocupa, pues aun cuando el numeral 105, fracción II, de la Constitución Federal reconoce a ciertos órganos como legitimados para presentar una acción de inconstitucionalidad, también lo es que modula dicha atribución en atención a la materia u otras condiciones, siendo el Ejecutivo Federal y no la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien por ministerio de ley constitucional se le otorga la atribución para impugnar cualquier tipo de norma general por todo tipo de violaciones a la Constitución Federal.
• En segundo lugar, aduce que tratándose de materia de transparencia y acceso a la información pública, el órgano legitimado para plantear una acción de inconstitucionalidad es, en todo caso, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o su equivalente en el Estado de Tlaxcala.
• Por lo que el planteamiento de la vulneración a los derechos humanos de seguridad jurídica, proporcionalidad de las contribuciones y demás principios constitucionales, así como la violación al derecho de acceso a la información pública, resulta insuficiente para acreditar la afectación requerida por el Texto Constitucional.
• Es decir, a pesar de que la Comisión accionante adujo que las normas reclamadas violan los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en la demanda no se explicó por qué se vulnerarían materialmente los derechos de acceso a la información y seguridad jurídica, así como los principios de gratuidad en el acceso a la información, legalidad, legalidad tributaria, proporcionalidad y equidad en las contribuciones y de reserva de ley, ya que no se demuestra de modo alguno que las normas sean excesivas en el cobro de los derechos ahí previstos, pues a contrario sensu, dicha interpretación conllevaría posibilitar la impugnación de la totalidad del sistema tributario y vaciaría de contenido la regla de la legitimación impuesta a ese organismo constitucional autónomo.
• De manera que al no contar con legitimación, la Comisión accionante se actualiza en lo previsto por el numeral 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, en relación con el propio artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, lo que permitiría decretar el sobreseimiento del medio de control constitucional intentado. En cuanto al fondo
• Primero. Resultan inatendibles e inoperantes los conceptos de invalidez propuestos, en relación a la falta de competencia y violación al principio de legalidad tributaria, puesto que es obligación de los ciudadanos contribuir de manera equitativa y proporcional al gasto público del Estado, a través de contribuciones que se encuentren establecidas en la ley, las cuales deben ser pagadas por las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho, prevista por la misma, de ahí que la norma impugnada contiene una contribución de las denominadas derechos y no un impuesto.
De conformidad con el numeral 115, fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), de la Constitución Federal, la hacienda pública de los Municipios se compone, entre otras cosas, de los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos que tengan a su cargo, y el servicio público de alumbrado pueden gravarlo a efecto de realizar cobros y recaudaciones para seguir prestando dicho servicio, siempre y cuando se encuentre establecido como derecho y no como impuesto.
La base gravable se determina a partir del costo real que genera la prestación del servicio de alumbrado público, lo que además requirió la creación de una unidad de medida que reflejara de manera proporcional y equitativa el costo del servicio dentro de las facultades del Municipio, por lo que se denominó metro luz al costo que resulta de dividir la suma de los gastos de la tabla que refiere entre el total de usuarios del servicio, siendo éste el costo de la iluminación y los gastos para su mantenimiento de la superficie que existe de frente al predio calculado desde la mitad de la vialidad por un metro lineal, así la carga de tal superficie se comparte entre vecinos de la misma vialidad, mas haciendo la distinción de aquellas vialidades en donde no existe alumbrado público, pues su ausencia reduce el costo de mantenimiento y de energía eléctrica del Municipio para la prestación del servicio a los ciudadanos en aquellos lugares donde no existe alumbrado público pero que si hay predios habitados o no.
El cobro del derecho de alumbrado público no sólo tiene relación directa con el servicio que se presta, sino que el legislador distingue entre los ciudadanos cuyo beneficio es directo con una tarifa proporcional, tanto como para aquellos que careciendo del servicio, tengan la posibilidad de descontar la ausencia del mismo de sus obligaciones de contribuir al gasto del alumbrado público municipal.
La normatividad impugnada por la Comisión accionante regula un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público que lleva a cabo el Municipio, cuya cuantificación se efectúa como la describe en su informe. Lo que significa que de acuerdo con la propia norma y acorde con el Texto Constitucional, que la base del tributo se encuentra relacionado con un hecho imponible que responde a una actividad del ente público, que es la prestación de dicho servicio. El cálculo que se utiliza para determinar la tarifa por el servicio de alumbrado público deriva de la prestación de un servicio por parte de los Municipios que refiere, y que otorga en lugares de dominio público, de carácter municipal y de su uso general a toda la población, con el fin de que prevalezca la seguridad pública, así como el tránsito seguro de las personas y vehículos, de las luminarias y sus accesorios.
Los preceptos impugnados toman como base para el cálculo del derecho de iluminación, el costo del servicio de alumbrado público y no el consumo de energía eléctrica generado por el Municipio; de ahí que la carga tributaria que se impone constituye una contraprestación por el servicio a que se refieren los preceptos combatidos; es decir, se trata de un derecho y no de un impuesto.
Lo que cobra mayor certeza atendiendo a lo expuesto en los dictámenes con proyecto de las Leyes de Ingresos de Municipios que indica, suscritos por la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala (se transcribe).
Refiere que la citada Comisión de Finanzas advirtió previo a la publicación de las leyes, que resultaba inconstitucional tomar como base para el pago del servicio de alumbrado público el consumo de energía eléctrica; de ahí que prescindiera de dicho esquema de cobro, situación que se corrobora de la literalidad de los artículos materia del presente juicio, los cuales se indica que en ningún momento toman en consideración tal elemento para el cálculo de su base gravable, ni forma parte de los elementos de la contribución; de ahí que si resulta la competencia del Congreso del Estado de Tlaxcala gravar la prestación; máxime, que el derecho por el servicio de alumbrado público es una especie de contribución que tiene su origen en la recepción por parte de los particulares de una actividad del Estado, en este caso del Municipio, por la cual se genera una relación entre sus habitantes obligados al pago y la administración de aquél, que justifica la remuneración por ese concepto.
De forma que al instaurarse un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público que realiza el Municipio y no de un tributo que corresponda a la exclusiva competencia de la Federación, no se transgrede el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal.
Insiste en que los preceptos combatidos no gravan la prestación del servicio de acuerdo al consumo generado por cada uno de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. No debe pasar inadvertido que las tarifas previstas en la normativa impugnada se fijaron en función del consumo de energía eléctrica.
El Congreso Local respetó lo dispuesto en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque el hecho gravable (objeto) del derecho de alumbrado público regulado en los preceptos combatidos consiste en la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes de los Municipios en cuestión, en las vías públicas, edificios públicos y áreas públicas; mientras que la base gravable radica en la contraprestación por el aprovechamiento u obtención del beneficio que brinda la prestación del servicio público y que comprende todos los gastos que le genera al Municipio la prestación del servicio y está dividido entre el total de sujetos pasivos que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Lo que revela que el tributo cuya constitucionalidad se reclama, no grava el consumo de energía eléctrica, sino la prestación del servicio de alumbrado público.
Así, el hecho de que los preceptos impugnados prevean tarifas para distintos sujetos, las cuales aumentan o disminuyen en función del consumo de kilovatio hora, es para establecer tarifas progresivas, pues reitera, el legislador local utilizó el referido elemento –kilovatio hora– para establecer tarifas más altas para consumidores mayores y tarifas más bajas para consumidores menores, pero no para definir cuál sería el objeto (prestación del servicio de alumbrado público) y la base gravable (el costo que le genera al Municipio brindar ese servicio), los cuales sí guardan estrecha relación con la prestación de un servicio público, a saber: el alumbrado público.
Que no se soslaya la jurisprudencia de rubro: "ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.", en la que se aborda el tema que concierne.
En esa jurisprudencia el Alto Tribunal determinó que las leyes o códigos locales que establecen como referencia para el cobro de derechos de alumbrado público, el consumo de energía eléctrica, son inconstitucionales porque invaden la esfera de atribuciones de la Federación, porque ello implica que se establece un gravamen sobre dicho consumo y no el cobro de derechos de alumbrado público previsto en la legislación local.
Sin embargo, tal situación en la especie no acontece, pues el derecho de alumbrado público previsto en las normas impugnadas, no contemplan como base para su cálculo el consumo de energía eléctrica, sino el costo que le genera al Municipio brindar el servicio de alumbrado público, de ahí que dicha jurisprudencia no cobra aplicación al caso.
• Segundo. Por lo que se refiere a las disposiciones impugnadas en el segundo concepto de invalidez que se indica facultan al Ayuntamiento para fijar las tarifas de los derechos que deben pagar las personas por el servicio de agua potable y alcantarillado está previsto de manera expresa en el artículo 115, fracción II, constitucional, el cual garantiza la autonomía municipal para la emisión de los reglamentos en las materias que formen parte de su jurisdicción y competencia.
Así, resulta necesaria la implementación de instrumentos jurídicos que regulen la prestación de los servicios, de manera que el Municipio, como sujeto obligado a su provisión, cuenta con las facultades y atribuciones para expedir las normas reglamentarias que establezcan los tipos y formas para su prestación. Esa facultad encuentra sustento en el numeral 115, fracción II, de la Constitución Federal.
Refiere que los gobiernos municipales, como base de la división territorial de los Estados, en uso de las facultades y atribuciones que les otorga la Constitución Federal, tienen la facultad originaria para aprobar y expedir, de acuerdo a los procedimientos que rigen en cada entidad federativa, los reglamentos en materia de prestación de servicios públicos municipales. Por tanto, al tener los Municipios la obligación de prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, es claro que también les corresponde la creación del reg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31436-8877c4f4/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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