I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE DICHO PODER (ARTÍCULOS 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES. VI. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. VII. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS AJENOS AL COSTO QUE REPRESENTA PARA EL MUNICIPIO LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, A FIN DE DETERMINAR LAS TARIFAS RESPECTIVAS, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 1, INCISOS H), I) Y CC), Y 52 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS]. VIII. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS AJENOS AL COSTO QUE REPRESENTA PARA EL MUNICIPIO LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, COMO LO ES EL BENEFICIO EN METROS LUZ QUE RECIBE UN INMUEBLE, A FIN DE DETERMINAR LAS TARIFAS RESPECTIVAS, GENERA UN TRATO DESIGUAL ENTRE LOS CONTRIBUYENTES [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 1, INCISOS H), I) Y CC), Y 52 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS]. IX. DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. LAS AUTORIDADES MUNICIPALES NO TIENEN FACULTADES PARA DETERMINAR LA BASE GRAVABLE NI LA TARIFA RESPECTIVA POR LA PRESTACIÓN DE ESOS SERVICIOS, POR LO QUE LOS TRIBUTOS RESPECTIVOS VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). X. DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. LAS NORMAS QUE PERMITEN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DETERMINAR LA TASA O TARIFA QUE DEBEN PAGAR LOS CONTRIBUYENTES, VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). XI. DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. LA NORMA QUE NO PREVEA LA POSIBILIDAD DE CONOCER CON CERTEZA LA TARIFA RESPECTIVA O UN GRAVAMEN DE CUOTA FIJA, GENERA INCERTIDUMBRE Y CONFUSIÓN A SUS DESTINATARIOS Y, POR ENDE, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). XII. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. XIII. SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. EL COBRO POR LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS PÚBLICOS MUNICIPALES VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR BÚSQUEDA Y COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL 1 UMA, POR LAS PRIMERAS DIEZ FOJAS Y 0.21 UMA POR CADA FOJA ADICIONAL", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). XIV. SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. LAS CUOTAS SIN BASE OBJETIVA Y RAZONABLE POR REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN COPIAS SIMPLES, QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES, AL NO ATENDER A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR BÚSQUEDA Y COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL 1
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2023 Y SU ACUMULADA 64/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversas disposiciones de la Ley de Ingreso del Municipio de Tlaxcala, del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2023, que establecen cuotas por el servicio de alumbrado público, por el suministro de agua potables y por la búsqueda y reproducción en copias simples de documentos no relacionados con el derecho de acceso, pues estima que vulneran los principio de proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria, así como seguridad jurídica.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de octubre del dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 63/2023 y su acumulada 64/2023, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 63/2023. La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 1, incisos h), i) y cc), y 52, tabla C, concepto “monto de la contribución”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicada en el Periódico Oficial de la entidad federativa mencionada el tres de enero del año en cita.
2. Escrito inicial de la Acción de Inconstitucionalidad 64/2023. La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 28, fracción I, en la porción normativa “Por búsqueda y copia simple de documentos en el archivo municipal 1 UMA, por las primeras diez fojas y 0.21 UMA por cada foja adicional”, 52 y 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicada el tres de enero de la misma anualidad en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
3. Radicación, turno del asunto y acumulación de asuntos. Mediante sendos proveídos de diez de febrero del dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar las demandas en las acciones de inconstitucionalidad 63/2023 y 64/2023, respectivamente; y por razón de turno por acumulación, designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento, toda vez que existe identidad respecto del decreto impugnado en ambos asuntos.
4. Admisión. Mediante proveído de trece de marzo del dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad 63/2023 y su acumulada 64/2023 y, entre otras cuestiones, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República para los efectos legales conducentes, no así a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal porque el Poder Ejecutivo Federal tiene el carácter de promovente en el primero de los expedientes citados.
5. Informes. En acuerdo del doce de junio del dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y por ofrecidas las documentales ahí relacionadas, con lo que corrió traslado a los promoventes, así como a la Fiscalía General de la República, para que formularan alegatos dentro del plazo otorgado para tal efecto.
6. Alegatos y cierre de instrucción. En proveído de ocho de agosto del dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo por formulados los alegatos de las partes y, en ese acto, cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
7. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero del dos mil veintitrés, toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de diversas disposiciones de la ley de ingresos de un municipio del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.
II. OPORTUNIDAD
8. La presentación de las acciones de inconstitucionalidad fue oportuna, ya que fueron promovías dentro del plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el decreto que contiene la norma de ingresos controvertida fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Estado de Tlaxcala el martes tres de enero del dos mil veintitrés; de modo que dicho lapso transcurrió del miércoles cuatro de ese mes al jueves dos de febrero de ese año, mientras que las demandas fueron presentadas el uno y dos de febrero del dos mil veintitrés, respectivamente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte.
III. LEGITIMACIÓN
9. Los medios de impugnación fueron promovidos por parte legitimada, ya que una de las acciones de inconstitucionalidad es presentada por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, en términos del precepto 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia.(2)
10. Cabe precisar que María Estela Ríos González, quien signó la demanda, acreditó ejercer el cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal con la copia certificada de su nombramiento y con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Federal(3) y 43, fracción X,(4) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional.
11. Por su parte, la otra de las acciones de inconstitucionalidad es intentada por la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien ejerce la representación legal de ese órgano autónomo y cuenta con la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad.
12. Además, María del Rosario Piedra Ibarra, quien signó el escrito inicial, acreditó tener el carácter de Presidenta de la citada comisión con la copia certificada que exhibió de tal designación expedida por el Senado de la República, cuya vigencia comprende del dieciséis de noviembre del dos mil diecinueve al quince de noviembre del dos mil veinticuatro.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
13. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que son analizadas las que formularon las partes, así como aquellas que, en su caso, este Alto Tribunal advierta de oficio.
14. De la lectura de los informes, se advierte que los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala hacen valer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos carece de legitimación para impugnar normas de carácter tributario, pues sólo está legitimada para impugnar normas relacionadas con el desarrollo de sus atribuciones, pero no las relacionadas con una violación de otra índole, como es la materia tributaria.
15. Se desestima dicha causa de improcedencia.
16. Para sustentar lo anterior se estima necesario tener presente que al resolver las acciones de inconstitucionalidad 15/2021(5) y 97/2021,(6) este Tribunal Pleno ha sostenido el criterio de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para impugnar normas de carácter tributario, teniendo en cuenta que el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional establece únicamente como condición de procedencia de la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la denuncia de inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea parte, sin establecer otra condición, por lo que, como se adelantó, dicha Comisión sí está legitimada para impugnar normas de carácter tributario, mientras se alegue violación a un derecho humano, como en el caso acontece.
17. Esta aseveración se fortalece con el criterio P./J. 31/2011 intitulado “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN ORGANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN LA DEMANDA RESPECTIVA PUEDEN PLANTEARSE VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y, POR ENDE, LA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DE UNA LEY POR CONTRAVENIR LO ESTABLECIDO EN UN TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2011)”.(7)
18. Por otra parte, el Congreso del Estado de Tlaxcala plantea la causa de improcedencia referente a la falta de legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para promover la acción de inconstitucionalidad por violación al derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6 constitucional, al considerar que el ente legitimado es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en términos del artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal.
19. Se estima que tal causa de improcedencia debe desestimarse.
20. En efecto, pues si bien el órgano constitucional autónomo reconocido en el artículo 6° constitucional es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el que tiene facultad para cuestionar la constitucionalidad de normas relacionadas con transparencia, acceso a la información y protección de datos, lo cierto es que, como se advirtió, si en éstas se encuentran involucrados derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales, nada impide a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitar la tutela de esos derechos a través de la acción de inconstitucionalidad.
21. Finalmente, el Poder Ejecutivo local señala que sus atribuciones e intervención en el proceso legislativo de la norma impugnada es constitucional porque no se transgredió el Pacto Federal ni alguna disposición de la Carta Magna.
22. Si bien tal argumento no es propiamente una causa de improcedencia debe desestimarse, pues lo cierto es que el Ejecutivo local, al tener injerencia en el proceso legislativo de la norma impugnada para otorgarle plena validez y eficacia, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma, por lo que debe responder por la validez de sus actos.
23. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”,(8) en la que la Suprema Corte concluyó que la circunstancia de que el Poder Ejecutivo tenga injerencia en el proceso de creación de las normas generales para otorgarles plena validez y eficacia hace que se encuentre invariablemente implicado en la emisión del Decreto impugnado, por lo que debe responder por sus actos.
24. Precisado lo anterior, sin que alguna de las partes haya hecho valer otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso a los analizados ni advertirse de oficio alguna por este Alto Tribunal, lo que procede es realizar el estudio de fondo.
V. ESTUDIO DE FONDO
25. Para el análisis de los conceptos de invalidez planteados, el estudio se dividirá en tres apartados: a) Cobro por la prestación del servicio público de alumbrado público; b) cobro por servicios de suministro de agua potable y c) cobro por la búsqueda y expedición de documentos en copias simples no relacionados con el derecho de acceso a la información pública.
A. Cobro por la prestación del servicio de alumbrado público
26. De la lectura de las demandas se advierte que la pretensión del Poder Ejecutivo Federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es evidenciar que los artículos 1, incisos h), i) y cc), y 52 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala, del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, vulnera los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos por el precepto 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
27. Exponen que la disposición legal combatida no resulta respetuosa de tales principios aun cuando el legislador haya establecido, como parte de las variables de la determinación de la cuota, los costos totales previstos para otorgar el servicio, pues lo cierto es que para el cálculo individualizado se toma en cuenta la ubicación del predio en relación con la luminaria, esto es, el grado de “beneficio” metros luz que fue definido por el Congreso local en cincuenta y cuatro niveles.
28. Aducen que el diseño normativo en la ley impugnada se aleja del parámetro de regularidad constitucional, pues es criterio de la Suprema Corte que para la cuantificación de las cuotas, en el caso de los derechos por servicios, debe identificarse el tipo de servicio público que se trate y el costo que le representa al Estado prestar ese servicio, por ende, no puede considerarse para tales efectos aspectos ajenos a éstos, como lo sería la situación particular del contribuyente o cualquier elemento distinto al costo.
29. A efecto de resolver los argumentos propuestos, se estima oportuno traer a colación el contenido del precepto 115, fracciones III, inciso b, y IV, inciso c, de la Constitución Federal:
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
(...)
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
(...)
b) Alumbrado público.
(...)
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
(...)
IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
(...)
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
(...)
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
(...)
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;
(...).
30. Del precepto transcrito se advierte que los municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el de alumbrado público, del que tendrán derecho a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo a través de la figura denominada “derechos” para el financiamiento del servicio público.
31. Conforme al principio de reserva de ley, dichos derechos sólo pueden regularse a través de leyes, que en este caso serían locales, esto es, sólo pueden tener como fuente normativa la ley.
32. Así, corresponde a las legislaturas de los estados fijar las contribuciones que perciban los municipios por concepto de los servicios que deben prestar (entre los que se encuentra el de alumbrado público).
33. Ahora bien, a efecto de determinar la naturaleza de la contribución que prevén los artículos impugnados, esto es, si se trata de un derecho como aduce el Congreso del Estado de Tlaxcala, se estima oportuno realizar las siguientes precisiones.
34. El precepto 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, los Estados y los Municipios. Dicho precepto, en la parte conducente, prevé:
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
(...)
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
35. La Constitución Federal precisa los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad, los cuales, además de constituir derechos fundamentales, enuncian las características que permiten construir un concepto jurídico de contribución: a) Tienen su fuente en el poder de imperio del Estado; b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios; c) Sólo pueden crearse mediante ley; d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios; es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica y e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad.
36. De acuerdo con estas características, puede deducirse que la contribución es un ingreso de derecho público destinado al financiamiento de los gastos generales obtenido por un ente de igual naturaleza (Federación, Estados o Municipios), titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes.
37. Precisado el concepto constitucional de contribución, se estima oportuno destacar que éste se conforma de distintas especies que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula.
38. Los elementos esenciales de la contribución reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo son el sujeto, el hecho imponible, la base imponible, la tasa o tarifa y la época de pago.
39. En relación con lo expresado, es necesario indicar que, aun cuando el artículo 5(9) del Código Fiscal de la Federación señala como elementos del tributo al sujeto, al objeto, a la base y a la tasa o tarifa, debe entenderse que el término ‘objeto’ se refiere a un aspecto más complejo de los elementos del tributo, denominado hecho imponible, y, en específico, a su aspecto objetivo, es decir, a la riqueza manifestada a través de la realización del supuesto previsto en ley. 40. Aun cuando tales componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, pues se presentan de forma distinta según el tipo de contribución que se estudie, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo.
41. Además, de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para las entidades federativas, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esa libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que debe respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies.
42. Ahora bien, la ley de ingresos impugnada es de un municipio del Estado de Tlaxcala, por lo que se estima oportuno traer a colación los artículos 9, 10, 11 y 12 del Código Financiero para dicha entidad federativa y sus municipios, que prevén la clasificación de las contribuciones para la entidad federativa, distinguiendo tres especies del género contribución: los impuestos, los derechos y las contribuciones especiales, como se advierte:
Artículo 9. Las contribuciones establecidas en este código se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones especiales.
Artículo 10. Los impuestos, son contribuciones con carácter general y obligatorio, que se establecen a cargo de personas físicas y morales, que se encuentren en las situaciones previstas en este Código.
Artículo 11. Son derechos, las contraprestaciones establecidas en las disposiciones legales respectivas, por el uso de bienes de dominio público o por los servicios que prestan el Estado o los municipios, en sus funciones de derecho público.
Artículo 12. Son contribuciones especiales, las prestaciones y contraprestaciones legalmente obligatorias que se establecen a cargo de:
I. Quienes independientemente de la utilidad general o colectiva, obtengan beneficios económicos diferenciales o particulares derivados de la planificación o la realización de obras públicas o por el establecimiento o ampliación de servicios públicos, y
II. Quienes dañen o deterioren bienes de dominio público y privado del Estado o los municipios, que se determinarán de acuerdo a la cuantificación de los daños causados y con independencia de las demás responsabilidades en que se incurra.
43. Derivado de lo anterior, a diferencia de los impuestos, que son contribuciones sobre las que, mediante ley, el Estado impone una carga a los gobernados por los hechos o circunstancias que generen sus actividades, los derechos necesariamente implican un hacer del Estado a cambio del pago que para ello debe efectuar el particular a fin de obtener el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público (como es el alumbrado público) o por la prestación de un servicio administrativo.
44. En otras palabras, en el caso de derechos, el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado y la base o tasa se fijará en razón del valor o costo que este último determine, por el aprovechamiento de los bienes de dominio público o el servicio que prestará el Estado.
45. Derivado de los razonamientos expuestos, con algunas diferencias inherentes a la naturaleza de cada contribución, lo cierto es que todas ellas deben someterse a los principios de legalidad tributaria y contar con los elementos mínimos para su existencia, pues de lo contrario no serán consideradas dentro del marco de constitucionalidad y, por ende, deberán ser eliminadas del sistema jurídico al que pertenezcan.
46. Así, tratándose de derechos, es necesario que el hecho imponible del monto que se busca recaudar observe el principio de proporcionalidad tributaria; es decir, que exista razonabilidad entre el valor por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público o el servicio prestado por el Estado, lo que constituye al elemento tributario conocido como base imponible.
47. Ahora bien, la exigencia de correlación entre hecho imponible y base, además de ser un requisito de proporcionalidad, es también una cuestión de lógica interna de las contribuciones. De lo contrario, existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que efectivamente se regula, lo que inclusive puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa, pues ésta puede carecer de facultades constitucionales para gravar determinado hecho o acto.
48. Por otra parte, la distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base lógicamente conduce a una imprecisión respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendió gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto; sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, en el que debe tomarse en cuenta que la base es el parámetro para determinar el monto que deberá cubrir el sujeto pasivo, pues es la medida que representa a la que se aplica la tasa o tarifa y que revela el aspecto objetivo del hecho imponible gravado por el legislador.
49. En este orden de ideas, la relevancia de los elementos de la contribución, en particular, la base y tarifa del hecho imponible, consiste en que a través de ellos se demuestra si el hecho imponible de la contribución que pretende recaudarse está o no relacionada con su objeto, pues de no ser así, el tipo de contribución se vería distorsionado.
50. Precisado lo anterior, se estima necesario citar las disposiciones legales impugnadas:
Artículo 1. En concordancia con el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se establece la estructura y contenido de conformidad con los dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la información Presupuestal, Contable y Financiera, para el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, de conformidad con la norma para armonizar la presentación de la información adicional a esta Ley, de acuerdo a los siguientes conceptos:
(...)
Los ingresos que no se encuentren regulados en la presente Ley, podrán ser recaudados por el Ayuntamiento, con base a los ordenamientos y disposiciones en la materia legal vigente.
Cuando en esta Ley se haga referencia a:
(...)
h) CML. COMÚN: Es el costo unitario por metro luz obtenido de la suma de los gastos por el mantenimiento de infraestructura y de los elementos de iluminación, además de los energéticos de los sitios generales y vialidades secundarias y terciarias o rurales del Municipio que no se encuentren contemplados en CML públicos, dividido entre el número de luminarias que presten este servicio, el resultado se divide entre la constante de veinticinco metros de distancia interpostal de luminarias de forma estándar.
i) CML. PÚBLICOS: Es el costo unitario por metro luz obtenido de la suma de los gastos por mantenimiento de infraestructura y de los elementos de consumo de energía eléctrica de las áreas de los sitios públicos de acceso general a toda la población, como son parques públicos, boulevares, iluminación de edificios públicos, semáforos, canchas deportivas, iluminaciones festivas, iluminaciones especiales, sustitución de cables subterráneos o aéreos, iluminación de monumentos, energía de las fuentes, dividido entre el número de luminarias correspondiente a este servicio, el resultado se divide entre la constante de veinticinco metros, que corresponde al promedio de distancia interpostal de luminarias de forma estándar.
(...)
MDSIAP: Es el monto de la contribución determinado en moneda nacional, y/o en UMA del derecho de alumbrado público evaluado de forma mensual, en todo el territorio municipal y de acuerdo con el beneficio de cada sujeto pasivo.
(...).
Artículo 52. Se entiende por Derecho de Alumbrado Público (“DAP”) los derechos complejos por servicios que se pagan con el carácter de recuperación de los costos que le representa al Municipio el otorgamiento del uso, en mayor o menor intensidad y cantidad de metros luz, del servicio del alumbrado público a los usuarios contribuyentes del servicio, con la finalidad de proporcionar iluminación artificial de las vías públicas, edificios y áreas públicas, durante doce horas continuas de duración de la noche y los 365 días del año, para brindar bienestar social y que así prevalezca la seguridad pública y el tránsito seguro de las personas y vehículos.
Relación de gastos para la prestación del servicio de alumbrado público que lleva a cabo el Municipio para el ejercicio fiscal 2023 y su cálculo de 3 variables que integran la fórmula de aplicación MDSIAP se describen:
Este municipio tiene en cuenta, los costos por la prestación del servicio de alumbrado público, y se puede ver en la Tabla A la relación de estos, en la Tabla B, sus respectivos cálculos de las 3 variables que integran la fórmula (CML PUBLICOS, CML COMUN, Y C.U)(10) y por último en la Tabla C la conversión a UMAS.
El destino es la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades colectivas o sociales o de servicios públicos, se hace la observación que las contribuciones a los gastos públicos constituyen una obligación de carácter público y siendo que para este ejercicio fiscal 2023, asciende a la cantidad de $31, 470,000.00 (Treinta y un millones cuatrocientos setenta mil pesos 00/100 M.N), como se desglosa en la tabla “A”. Se considera un total de 46,000 (Cuarenta y seis mil) usuarios contribuyentes.
Origen de las tablas de cálculo, A, B, y C.
Tabla A: Datos estadísticos necesarios, para la determinación de los costos al mes y que multipli
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33652-63c3a7a8/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ALUMBRADO PÚBLICO. EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO EL DERECHO RELATIVO, SE ACREDITA CON EL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE CONSTITUYE (XXI.4o.14 A)
- DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO PREVISTOS EN LEYES DE HACIENDA MUNICIPAL. COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE ACTOS CONTRA SU COBRO. (I.1o.A.171 A)
- ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. LOS COBROS DE DERECHOS POR ESE SERVICIO QUE TOMAN COMO BASE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA O APLICAN TASAS CALCULADAS SOBRE ÉSTE, CONSTITUYEN UN IMPUE (P./J. 99/2026 (12a.))
- ALUMBRADO PÚBLICO. ES INDEBIDO REALIZAR, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2013, EL COBRO DEL DERECHO RELATIVO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO (XXVII.3o.13 A (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis