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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN ORGANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN LA DEMANDA RESPECTIVA PUEDEN PLANTEARSE VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y, POR ENDE, LA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DE UNA LEY POR CONTRAVENIR LO ESTABLECIDO EN UN TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CUANDO SE ALEGUE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES NO EXCLUYE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER AQUÉLLA POR UNA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022). IX. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. X. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. XI. CONTRIBUCIONES. SU CONCEPTO JURÍDICO APLICABLE A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO LOS DEFINE COMO INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, NORMALMENTE PECUNIARIOS, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERALES, OBTENIDOS POR ENTES DE IGUAL NATURALEZA Y CUYA OBLIGACIÓN SURGE DE LA LEY QUE GRAVA UN HECHO INDICATIVO DE CAPACIDAD ECONÓMICA. XII. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. XIII. CONTRIBUCIONES. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATRIBUYE AL LEGISLADOR LOCAL EN LA MATERIA NO LO AUTORIZA PARA DESNATURALIZAR AQUÉLLAS. XIV. CONTRIBUCIONES. SU CLASIFICACIÓN A NIVEL FEDERAL CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. XV. HECHO IMPONIBLE. DIFERENCIAS DE SU CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS "DERECHOS" Y LOS IMPUESTOS. XVI. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. XVII. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. XVIII. CONTRIBUCIONES. LA EXIGENCIA DE CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE IMPONIBLE ES UNA CUESTIÓN DE LÓGICA INTERNA DE LAS CONTRIBUCIONES, ADEMÁS DE SER UN REQUISITO DE PROPORCIONALIDAD. XIX. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. XX. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. ELEMENTOS QUE LOS CONFIGURAN. XXI. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA CUANTIFICACIÓN DE SU BASE GRAVABLE A PARTIR DEL PRODUCTO QUE RESULTE DEL BENEFICIO DE METROS DE LUZ QUE TIENE CADA PREDIO, EL DESTINO DEL MISMO Y SI ÉSTE NO TIENE CONTRATO CON LA EMPRESA QUE SUMINISTRA LA ENERGÍA ELÉCTRICA RESULTA DESPROPORCIONAL E INEQUITATIVO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XALOZTOC, 69 DE LA LEY DE INGRESOS DEL

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2022. · Registro digital (IUS): 31485
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-02
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo I, Pág.367.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MIROSLAVA DE FÁTIMA ALCAYDE ESCALANTE.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La CNDH impugna diversos artículos de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022, que establecen cuotas para la prestación del servicio de alumbrado público, por suministro de agua potable, por el derecho al acceso a la información pública y por búsqueda y reproducción de información no relacionada con el acceso a la información.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 1/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los artículos 36, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo; 37, fracción I, y 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal; 44, fracciones I y IX, y 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan; 64, fracciones I, incisos a) y f) en la porción normativa "por la búsqueda de información en los registros" y II, 66 (excepto párrafo tercero) y 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan; 48, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuaxomulco; 38, fracción I, y 39 de la Ley de Ingresos del Municipio de Hueyotlipan; 33, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; 34, fracciones I, incisos a) y b), y II, inciso b), y 46, párrafo primero, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco; 42, fracción I, 43, fracción I, incisos a) y b), 53 y 54 (excepto párrafo segundo) de la Ley de Ingresos del Municipio de Xaloztoc, todos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, publicados en el Periódico Oficial de la entidad el trece de diciembre de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el doce de enero de dos mil veintidós,(1) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las disposiciones siguientes:

"a) Cobros por servicio de alumbrado público:

"1. Artículo 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xaloztoc, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"2. Artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"3. Artículo 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"4. Artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"b) Cobros por servicios por suministro de agua potable:

"1. Artículo 54 –excepto su párrafo segundo– (sic) de la Ley de Ingresos del Municipio de Xaloztoc, para el ejercicio fiscal 2022.

"2. Artículo 46, primer párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"3. Artículo 66 –excepto su párrafo tercero– de (sic) la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"c) Cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por acceso a la información:

"1. Artículo 43, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Xaloztoc, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"2. Artículo 34, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"3. Artículo 64, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"4. Artículo 39 de la Ley de Ingresos del Municipio de Hueyotlipan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"5. Artículo 44, fracción IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"d) Cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información:

"1. Artículos 42 (sic), fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xaloztoc, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"2. Artículo 33, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"3. Artículo 34, fracciones I y II, ambas en el inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"4. Artículo 64, fracción I, incisos a) y f), en la porción normativa ‘por la búsqueda de información en los registros’, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"5. Artículo 38, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Hueyotlipan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"6. Artículos (sic) 37, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"7. Artículo 36, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"8. Artículo 44, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"9. Artículo 48, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuaxomulco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2022.

"Dichos ordenamientos fueron publicados el 13 de diciembre de 2021 en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala."

2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

3. Conceptos de invalidez. La Comisión accionante combate las normas impugnadas, en síntesis, con base en los siguientes argumentos:

i. Primero. Los preceptos impugnados, señalados en el inciso a) del apartado III de la demanda, contenidos en las Leyes de Ingresos de los Municipios Xaloztoc, Chiautempan, Apetatitlán de Antonio Carvajal y Calpulalpan establecen tarifas mediante las cuales se causarán y pagarán los derechos por el servicio de alumbrado público, tomando en consideración la ubicación de los predios de los propietarios o poseedores que sean sujetos activos en relación con su distancia con la fuente de alumbrado público.

ii. Lo anterior significa que, para calcular la cuota respectiva, el legislador tomó en consideración elementos ajenos al costo real de ese servicio, lo que transgrede el principio de proporcionalidad de las contribuciones previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

iii. Las normas controvertidas determinan que el pago del alumbrado público es exigible a los sujetos pasivos que aprovechen ese servicio, por lo que establecieron tres fórmulas para fijar la cuota de la contribución, las cuales, además de considerar el costo del servicio y el número de usuarios registrados en la empresa suministradora de energía, toman como elemento indispensable para su cuantificación el grado de "beneficio" de las personas en metro luz.

iv. En otras palabras, el legislador local consideró como componente determinante de la tarifa de la contribución un aparente beneficio en función de los metros luz de las casas de los sujetos pasivos en relación con la vía pública o luminaria.

v. Ello significa que se previó el cobro por ese derecho con base en un parámetro de mayor o menor beneficio por la ubicación de los predios, pasando por alto que el objeto del servicio de mérito no es beneficiar a una persona en particular, sino a toda la población y transeúntes en el territorio municipal correspondiente; por lo cual, se transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, ya que no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio.

vi. En otros precedentes, tales como las acciones de inconstitucionalidad 18/2012, 101/2020, 17/2021, 19/2021, 26/2021 y 28/2021, la Suprema Corte de Justicia ha reiterado que para la cuantificación de las cuotas en el caso de los derechos por servicio –como el de alumbrado público– debe identificarse, por una parte, el tipo de servicio público de que se trate y, por la otra, el costo que le presenta al Estado prestar ese servicio, ya que no pueden considerarse para tales efectos aspectos ajenos a estos, como sería la situación particular del contribuyente o cualquier elemento distinto al costo; de lo contrario, estimó, se vulnerarían los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

vii. Por tanto, para que los derechos por servicios respeten los principios tributarios de proporcionalidad y equidad es necesario que la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de dicho tributo tenga en cuenta el costo que para el Estado representa prestar el servicio de que se trate y, además, que las cuotas que se prevean sean fijas e iguales para todos los que reciben servicios análogos.

viii. Segundo. Los preceptos normativos impugnados señalados en el inciso b) del apartado III de la demanda, correspondientes a los Municipios de Xaloztoc, Tepeyanco y Chiautempan facultan a autoridades administrativas para fijar las tarifas de los derechos que deben pagar las personas por el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, lo que transgrede el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, reserva de ley y legalidad tributaria, lo que propicia la arbitrariedad y la incertidumbre respecto de las cuotas que las personas deben pagar.

ix. El legislador local facultó indebidamente a las comisiones encargadas de la administración de los sistemas de agua potable municipales correspondientes, para determinar las tarifas por la prestación de los servicios apuntados e, incluso, les atribuyó a los Ayuntamientos señalados en el párrafo que antecede, la potestad para aprobar, en última instancia, el monto o cuota que deberá pagarse por tales derechos, atribuciones que son propias e indelegables del Poder Legislativo Local.

x. Esto es así, dado que el derecho por el suministro de agua potable y alcantarillado y otros servicios prestados por las comisiones administradoras son una especie de contribución, cuyo monto puede ser cobrado por los Ayuntamientos respectivos por brindar ese servicio público que tienen a su cargo los Municipios, de conformidad con el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, actividad por la cual pueden obtener recursos correspondientes, tal como lo apunta la fracción IV, inciso c), del citado precepto constitucional.

xi. Las disposiciones combatidas son inconstitucionales porque no contienen todos los elementos esenciales de los derechos que cobrarán los Municipios antes referidos por la prestación del servicio de suministro de agua y alcantarillado, y por el mantenimiento o compostura de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado, en virtud de que delegan de manera indebida la facultad de establecer las tarifas o cuotas respectivas en tales conceptos a órganos distintos al legislativo.

xii. En otros términos, no existe en las disposiciones impugnadas al menos un parámetro para la determinación de la tarifa a pagar, con lo que se deja a los contribuyentes en la incertidumbre sobre el costo real que deberán cubrir por la prestación del servicio de mérito, pues será una autoridad administrativa quien lo determinará cuando defina, apruebe o refrende las propuestas de los organismos municipales en la materia.

xiii. Lo anterior se corrobora a la luz de lo previsto en el artículo 122 de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, que dispone que los organismos operadores elaborarán el proyecto de tarifas correspondientes a la estación de los servicios previstos en dicha ley y lo someterán a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación.

xiv. De esta forma, las disposiciones impugnadas transgreden el principio de reserva de ley y de legalidad tributaria, toda vez que ello implica que se deje al arbitrio de un órgano administrativo el establecimiento de la tarifa de las contraprestaciones que deban cubrirse por los servicios relacionados con el suministro de agua potable y alcantarillado, en desmedro de la seguridad jurídica de los contribuyentes.

xv. Se transgrede el derecho a la seguridad jurídica en materia tributaria en perjuicio de las personas contribuyentes, ya que no permite que el propio ordenamiento legal sea un instrumento o mecanismo de defensa frente a la arbitrariedad de las autoridades administrativas, debido a que las personas usuarias de dicho servicio no tendrán la certeza de a qué atenerse respecto de los cobros que, en el momento de la causación, realicen las autoridades municipales.

xvi. Tercero. Las normas impugnadas señaladas en el inciso c) del apartado III de la demanda, contenidas en las Leyes de Ingresos de los Municipios de Xaloztoc, Tepeyanco, Chiautempan, Hueyotlipan y Calpulalpan, prevén cobros injustificados por la búsqueda y reproducción de información pública en copias simples, copias certificadas y medios magnéticos.

xvii. Por tanto, vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

xviii. A diferencia de otros servicios prestados por el Estado, tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información impera el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso, y el de su certificación; cualquier cobro debe justificarse por el legislador a efecto de demostrar que no está gravando la información.

xix. Entonces, la previsión de erogaciones en materia de transparencia únicamente puede responder a resarcir económicamente los gastos materiales o de envío de la información que lleguen a utilizarse; en tales términos, el legislador local al prever costos por la reproducción de información que no se encuentren justificados, vulnera ese derecho humano.

xx. En tal virtud, los materiales que adquieran los Municipios para la reproducción de información derivada del derecho de acceso a la información pública deben hacerse a las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre otras. Además, la obtención de las mejores condiciones tiene como fin que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho mencionado, como lo dispone el artículo 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

xxi. Estima aplicable el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad 25/2021, en el que, al advertir que las tarifas quedaron establecidas a razón de cada hoja, ello contraviene la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues del artículo 141 se extrae que la información se debe entregar de manera gratuita cuando no exceda de veinte hojas simples; sin embargo, contrario a ese parámetro las leyes de ingresos que nos ocupan establecen la cuota a razón de cada hoja y otro monto para cuando el número de hojas exceda, incluso después de cinco.

xxii. Particularmente, en cuanto a la tarifa prevista en la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco, el legislador local previó un cobro por la búsqueda de información, circunstancia que contraviene el marco constitucional, ya que en términos de la Norma Fundamental únicamente se permite que se requiera el pago que corresponda a la modalidad de reproducción o entrega solicitada, sin posibilidad de establecer cobro alguno por la búsqueda que al efecto tenga que llevar a cabo el sujeto obligado.

xxiii. Tampoco son razonables las tarifas previstas en los preceptos controvertidos de las leyes de ingresos de los Municipios de Xaloztoc y Hueyotlipan, ya que prevén cobros diferenciados por la expedición de copias simples en atención al tamaño de la hoja, es decir, si se trata de carta u oficio, las cuales carecen de justificación objetiva.

xxiv. Asimismo, las tarifas previstas en la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan realizan una distinción respecto a las hojas adicionales cuando se trata de copias simples, la cual, en sí misma, ya es desproporcional porque no existe justificación para que el legislador establezca un costo por las primeras cinco hojas y otro por cada foja adicional a esa cantidad, pues se utilizan exactamente los mismos materiales en los dos casos.

xxv. En el Municipio de Chiautempan por la entrega de archivos en medios electrónicos se establece un cobro de 0.12 UMA, equivalente a $11.546, lo que también contraviene el parámetro de regularidad constitucional en materia de acceso a la información pública, ya que el legislador local no realizó una motivación reforzada de los costos y tampoco quedó establecida en la norma la posibilidad de que la persona solicitante pudiera proporcionarlos, lo que cobra relevancia pues en ese supuesto el acceso a la información será gratuito.

xxvi. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que, al tratarse de la aplicación del principio de gratuidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, se requiere de una motivación reforzada por parte del legislador, en la que explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que utilizó para llegar a los mismos, como se advierte de la acción de inconstitucionalidad 15/2019.

xxvii. Sin embargo, en las leyes combatidas no se justificó ni se hizo referencia a los elementos que sirvieron de base al legislador local para determinar dichas cuotas, esto es, el precio del papel, de la tinta para las impresiones o del costo de los dispositivos magnéticos de almacenamiento, entre otros. Además de que la revisión de los dictámenes correspondientes tampoco se encontró razonamiento alguno tendente a acreditar las razones que sirvieron para determinar las cuotas a pagar por la entrega de información solicitada por los habitantes de los Municipios a que se ha hecho referencia.

xxviii. Por tanto, procede declarar la invalidez de las normas impugnadas, ya que no se justifican los cobros para la reproducción de la información pública mediante copias simples, impresiones, la expedición en copia certificada de los documentos solicitados o entrega de éstos en medios magnéticos, pues no se ajustan al parámetro de regularidad constitucional que rige en la materia, como se desprende de las acciones de inconstitucionalidad 25/2021 y 27/2019.

xxix. Adicional a lo anterior, las normas impugnadas tienen un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico. Ello, porque al realizar cobros por la entrega de información unos sujetos destinatarios de las normas pudieran ser periodistas, quienes tienen como función social buscar información sobre temas de interés público a efecto de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas acaban teniendo no solo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico. xxx. Cuarto. Los preceptos impugnados señalados en el inciso d) del apartado III de la demanda, contenidos en las leyes de ingresos de los Municipios de Xaloztoc, San Lorenzo Axocomanitla, Tepeyanco, Chiautempan, Hueyotlipan, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Calpulalpan y Cuaxomulco, todos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, prevén cobros injustificados y desproporcionados por la búsqueda y entrega de documentos en copias simples y copias certificadas no relacionados con el derecho de acceso a la información pública, pues las tarifas que prevén no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información, por lo que vulneran el principio de proporcionalidad de las contribuciones, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

xxxi. Las disposiciones cuestionadas convergen en que gravan la simple búsqueda de documentos solicitados; asimismo, prevén tarifas por copias simples que oscilan entre $1.154 pesos hasta $192.44 pesos; mientras que, en la expedición de copias certificadas, la cuota, en general, es de $96.22 pesos y $17.319 pesos por cada hoja adicional.

xxxii. Algunas de las tarifas previstas en las normas combatidas son diferenciadas de acuerdo al número de fojas, por ejemplo, las primeras las primeras cinco o diez, y luego un costo por cada foja adicional (San Lorenzo Axocomanitla y Calpulalpan), mismo caso que ocurre con las copias certificadas.

xxxiii. En ese contexto, los preceptos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad tributaria que rige las contribuciones, pues las tarifas no guardan relación directa con los gastos que le presentan a los Ayuntamientos involucrados a la prestación de esos servicios.

xxxiv. Se resalta que los preceptos cuestionados se encuentran insertos en los derechos por servicios, en consecuencia, el legislador tlaxcalteca tiene la obligación de observar el principio de proporcionalidad tributaria mediante el establecimiento de montos que representen exactamente las erogaciones que les ocasionan dichos servicios a los Municipios de referencia.

xxxv. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos precedentes (acciones de inconstitucionalidad 93/2020, 105/2020, 51/2021, 33/2021, 77/2021, entre otras) que las tarifas relativas a la búsqueda y reproducción en copias simples y certificaciones de los documentos solicitados que no deriva del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública, y que no son acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados ni guardan una relación razonable con los costos de los materiales utilizados, ni con el que implica certificar un documento, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarios.

xxxvi. No es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda de documentos, pues la actividad necesaria para realizar dicha acción no implica necesariamente un gasto por la utilización de materiales u otros insumos que impliquen un gasto para el Municipio que justifique el monto establecido por el legislador local, además de que no puede existir un lucro o ganancia por la referida búsqueda, como se advierte de la acción de inconstitucionalidad 15/2019.

xxxvii. Por su parte, cobrar las cantidades previstas por el legislador por la entrega de información en copias simples, sin que se advierta razonabilidad entre el costo de los materiales usados, tales como hojas y tinta, también se considera como desproporcionado, pues no responde al gasto que efectuó el Municipio para brindar el servicio, ni tampoco resulta objetivamente justificable que la tarifa cambie según el número de fojas o que se establezca un cobro adicional por la entrega de éstas según se rebase cierto tope.

xxxviii. En cuanto al cobro de certificaciones, también resultan desproporcionados los montos previstos en algunas de las leyes de ingresos tlaxcaltecas controvertidas, pues si bien es cierto el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación, sino que también implica la certificación respetiva del funcionario público autorizado, se da lugar a la relación entablada entre las partes que no es ni puede ser de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia para éste, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.

xxxix. Igualmente, el Máximo Tribunal del país ha sostenido que, a diferencia de lo que ocurre con el derecho privado, la correspondencia entre el servicio proporcionado por el Estado y la cuota aplicable por el acto de certificar, no debe perseguir lucro alguno, pues se trata de una relación de derecho público, de modo que para que la cuota aplicable sea proporcional debe guardar relación razonable con lo que cuesta para el Estado la prestación de dicho servicio, en este caso, de certificación o constancia de documentos.

4. Registro del expediente y turno del asunto. Por acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 1/2022, y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf como instructora del procedimiento.

5. Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial Estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

6. Acuerdos que tienen por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdos de cuatro de marzo y dieciocho de abril de dos mil veintidós, respectivamente, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el quince de febrero de dos mil veintidós,(2) el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala rindió informe, en el que expresó, en esencia, lo siguiente:

i. En primer lugar, sostiene que los decretos 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 y 62, se publicaron el trece de diciembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en atención a lo dispuesto por los artículos 39, 40, 41 y 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, 54, fracciones I, II y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y 9, fracción II, y 10, inciso A, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

ii. En ese sentido, se observaron y agotaron todas y cada una de las etapas legislativas que señala la normatividad aplicable, tales como la presentación, el turno a la comisión correspondiente para su dictaminación, la presentación del dictamen ante el Pleno de esa Soberanía y su aprobación de lo general y en lo particular, culminando con su publicación en el Periódico Oficial de la referida entidad. Por lo que esa soberanía, en el ámbito de sus atribuciones, votó, discutió y aprobó los decretos señalados para que tengan vigencia durante el ejercicio fiscal dos mil veintidós y, por ello, son constitucionales.

iii. En segundo término, aduce que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad en contra de los referidos decretos que contienen normas de carácter contributivo y de acceso a la información pública, pues éstos escapan de su facultad para impugnarlos.

iv. En efecto, refiere que la falta de legitimación aducida se debe, por un lado, a que su legitimación está acotada a las vulneraciones de derechos humanos de las personas y, en tratándose de personas morales, éstas pueden acudir a la justicia Federal y ejercitar el medio de control pertinente por sí mismas, pues gozan de derechos humanos única y exclusivamente para sus propios fines, es decir, la Comisión accionante no está legitimada para el caso que nos ocupa, ya que aun cuando la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal reconoce a ciertos órganos como legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad, lo cierto es que modula dicha atribución en atención a la materia y a otras condiciones, siendo el Ejecutivo Federal a quien se le otorga la atribución para impugnar cualquier tipo de norma general por todo tipo de violaciones a la Constitución.

v. Por otro lado, tratándose de materia de transparencia y acceso a la información pública, el órgano legitimado para plantear la acción de inconstitucionalidad es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o su equivalente en el Estado de Tlaxcala. Lo anterior debe llevar a la conclusión de que el planteamiento sobre la vulneración de los derechos humanos de seguridad jurídica y proporcionalidad de las contribuciones y demás principios constitucionales, así como la vulneración al derecho de acceso a la información, resulta insuficiente para acreditar la afectación requerida por el Texto Constitucional.

vi. Es decir, a pesar de que se adujo que las normas reclamadas violan los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales, en la demanda no se explicó por qué se vulnerarían materialmente los derechos de acceso a la in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31485-6e0b7afa/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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