I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. V. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. VI. CONTRIBUCIONES. SU CONCEPTO JURÍDICO APLICABLE A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO LAS DEFINE COMO INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, NORMALMENTE PECUNIARIOS, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERALES, OBTENIDOS POR ENTES DE IGUAL NATURALEZA Y CUYA OBLIGACIÓN SURGE DE LA LEY QUE GRAVA UN HECHO INDICATIVO DE CAPACIDAD ECONÓMICA. VII. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. VIII. CONTRIBUCIONES. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATRIBUYE AL LEGISLADOR LOCAL EN LA MATERIA NO LO AUTORIZA PARA DESNATURALIZAR AQUÉLLAS. IX. HECHO IMPONIBLE. DIFERENCIAS DE SU CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS "DERECHOS" Y LOS IMPUESTOS. X. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. XI. CONTRIBUCIONES. LA EXIGENCIA DE CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE IMPONIBLE ES UNA CUESTIÓN DE LÓGICA INTERNA DE LAS CONTRIBUCIONES, ADEMÁS DE SER UN REQUISITO DE PROPORCIONALIDAD. XII. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. XIII. IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA IMPOSICIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL DEBER DE PAGAR "DERECHOS" POR ALUMBRADO PÚBLICO CON BASE EN UN PORCENTAJE SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TORNA ESTA CONTRIBUCIÓN MATERIALMENTE EN AQUEL IMPUESTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 19 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC, DISTRITO MIXE; 54 Y 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, DISTRITO DE ZAACHILA; 39 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, DISTRITO DE JAMILTEPEC; 27 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; 43 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA, DISTRITO DE JAMILTEPEC; 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, DISTRITO DEL CENTRO; 47 Y 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHAHUITES, DISTRITO DE JUCHITÁN; 44 Y 45 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN; 15 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, DISTRITO DE JUCHITÁN; 37 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANÉ, DISTRITO DE ZIMATLÁN; 37 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; 25 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN; 52 Y 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO, DISTRITO DE JUCHITÁN; 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO, DISTRITO DE ETLA; 47 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, DISTRITO DE TLAXIACO; 22 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO, DISTRITO DE ETLA; 13 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ, DISTRITO DE TLAXIACO; 60 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, DISTRITO DE HUAJUAPAN; 16 Y 17 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS, DISTRITO DE VILLA ALTA; 47 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS, DISTRITO DE OCOTLÁN; 95 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, DISTRITO DEL CENTRO; 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUIOTEPEC, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; 34 Y 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, DISTRITO DE TEOTITLÁN;
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: MONSERRAT CID CABELLO Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 42/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra diversos artículos de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, publicadas el doce de febrero de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. El catorce de marzo de dos mil veintidós, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó acción de inconstitucionalidad, y señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Oaxaca.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante expuso los siguientes conceptos de invalidez:
i. Primer concepto de invalidez. Después de exponer el parámetro de regularidad, la Comisión señala que los artículos impugnados establecen que la tarifa a pagar por el servicio de alumbrado público se calcula aplicando un porcentaje al consumo privado de energía eléctrica de los sujetos pasivos, lo que significa que en realidad se trata de un impuesto al fluido eléctrico.
ii. Primero, advierte que algunas de las leyes de ingresos impugnadas prevén que para la configuración del derecho por la prestación del servicio de alumbrado público deberá estarse a lo previsto en el capítulo I del título tercero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, el cual establece que es base del derecho, el importe del consumo que los propietarios o poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica, aplicando las tasas previstas en las Leyes de Ingresos Municipales respectivas y, sólo para el caso de que éstas no se publiquen, la tasa aplicable será el 8 % para las tarifas 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03 y 07, y 4 % para las tarifas OM, HM, HS y HT.
iii. Por otro lado, diversas leyes de ingresos impugnadas prevén que la base del derecho será el importe que cubran a la CFE por el servicio de energía eléctrica, y que en las tasas se fijará un porcentaje respecto del tipo de tarifa aplicable 01, 1A, 1B, 1C, 02, 03, y otro para las tarifas OM, HM, HS y HT.
iv. De lo que se desprende que el legislador local estableció la forma en la que se recaudará el cobro del derecho por el servicio de alumbrado público, ya sea remitiendo a la Ley de Hacienda Municipal, o bien, previendo textualmente la forma en que se recaudará y causará ese derecho en el cuerpo de los ordenamientos cuestionados. Así, resulta indudable que en las leyes que remiten a la Ley de Hacienda Municipal, los artículos impugnados se dotan de contenido a partir de lo que aquélla dispone.
v. En ese sentido, es posible identificar que las normas combatidas coinciden en establecer como base para determinar el monto a pagar por el servicio, el consumo de energía eléctrica a cargo de los propietarios o poseedores de predios.
vi. Por lo anterior, es claro que por la manera en que algunas de las leyes impugnadas y la Ley de Hacienda Municipal establecen la base gravable del derecho, es indudable que se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho diverso, esto es, un acto, situación o actividad denotativos de la capacidad contributiva ajenos a la actividad municipal.
vii. En tal virtud, si las normas denominan "derecho" a la cuota de pago de 4 % y 8 % sobre el total del consumo de energía eléctrica señalado en los recibos que, por la prestación de tal servicio expida la CFE, es inconcuso que materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, lo que solamente corresponde a la Federación en términos del artículo 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), de la Constitución Federal.
viii. Adicionalmente, se toma en consideración elementos ajenos al costo real del servicio y permite que el monto a pagar no sea igual para todos los sujetos obligados, sino que variará dependiendo de la tasa aplicable correspondiente al tipo de tarifa por el servicio que les suministre la CFE. Ello, pues se determina la cuota dependiendo del porcentaje que se aplique, de acuerdo con el tipo de tarifa eléctrica que corresponda al tipo de contrato que tenga el ciudadano con la CFE, aunado a que no hay razón para que unos paguen más que otros, pues se trata de un servicio que beneficia a todos por igual.
ix. Por tanto, la regulación es inconstitucional, ya que el Congreso Local no se encuentra habilitado para imponer ese gravamen, pues la Norma Fundamental solo permite que el Congreso de la Unión establezca un impuesto por consumo de energía eléctrica, y porque no cumple con los principios de justicia tributaria aplicables a derechos por servicios. En consecuencia, se vulnera el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad en las contribuciones.
x. Segundo concepto de invalidez. Los artículos impugnados prevén cobros injustificados y desproporcionados por la búsqueda de información en los archivos municipales, así como por la expedición de copias simples y certificadas. Así, las tarifas no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado, por lo que vulneran el principio de proporcionalidad tributaria.
xi. Los artículos establecen que el monto a pagar por la expedición de copias certificadas oscila entre los $8.00 hasta los $500.00 pesos; por la búsqueda de información en los archivos de los Municipios, los montos oscilan entre los $15.00 a los $200.00 pesos; y por la expedición de copias de los documentos existentes en los archivos de las oficinas municipales, las cuotas van desde $1.00 hasta los $150.00 pesos.
xii. Se enfatiza que los preceptos cuestionados se encuentran insertos en los derechos por servicios, lo que significa que el legislador local tiene la obligación de observar el principio de proporcionalidad tributaria mediante el establecimiento de montos que representen exactamente las erogaciones que les ocasionan dichos servicios a los Municipios oaxaqueños, cuyas leyes de ingresos se combaten.
xiii. Tratándose de la búsqueda de documentos, se requiere de menores recursos que la certificación de documentos o la expedición de copias simples, pues es suficiente con que el funcionario encargado realice dicha búsqueda sin generar costos adicionales para el Estado. Respecto a la entrega de información en copias, no se advierte razonabilidad entre el costo de los materiales usados, tales como hojas y tinta. En cuanto a las certificaciones, si bien es cierto que el servicio no se limita en reproducir el documento original, sino que también implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado, la relación entablada entre las partes no es ni puede ser de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
xiv. Finalmente, de manera adicional, en la Ley de Ingresos del Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, se realiza una distinción respecto a las hojas adicionales cuando se trata de certificaciones o copias simples, por lo que además de ser desproporcional, no hay justificación para establecer un costo por las primeras veinte o veinticinco fojas y otro por cada foja adicional, pues se utilizan exactamente los mismos materiales en los dos casos.
3. Admisión y trámite. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el Ministro presidente formó y registró el expediente de esta acción de inconstitucionalidad en el momento oportuno y ordenó su turno al Ministro instructor, quien admitió el presente medio de control y realizó los requerimientos y trámites ordenados por ley, mediante acuerdo de veintinueve de marzo siguiente.
4. Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. El Poder Local argumentó, en síntesis, lo siguiente:
i. Señala que con la emisión de las Leyes de Ingresos impugnadas no vulneró ninguna disposición de la Constitución Federal, ni de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
ii. Advierte que tampoco violó el derecho a la seguridad jurídica, ni los principios de legalidad, legalidad tributaria, proporcionalidad y equidad en las contribuciones, así como ningún derecho humano. Ello, pues los artículos de las leyes de ingresos que se impugnan se ciñen a los parámetros constitucionales de proporcionalidad tributaria.
iii. Indica que los conceptos de invalidez son inaplicables, si se toma en cuenta que los artículos impugnados no contravienen los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, ya que únicamente prevén la tarifa por concepto de alumbrado público y el pago de derechos por servicios prestados por el Municipio. De esta manera, el pago de derechos referido se encuentra razonablemente justificado, como se advierte de la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto por el que se crean las Leyes de Ingresos Municipales impugnadas, emitidos por la Comisión Permanente de Hacienda, específicamente en su considerando segundo, respectivamente.
iv. De dicho considerando se destaca que las iniciativas presentadas por los Ayuntamientos de los Municipios reunían los requisitos esenciales de los tributos, quedando protegida la hacienda pública municipal y el interés público. Asimismo, se establecen tasas, cuotas y tarifas equiparables a las del ejercicio anterior, lo que genera que no sean lesivas para el contribuyente, pues sólo se adecuaron a las circunstancias inflacionarias, por lo que la carga es proporcional, equitativa y acorde a las circunstancias económicas. Con ello se cumplen los principios tributarios del artículo 31, fracción IV, constitucional. Además, los tributos que se establecen son claros, precisos y acordes al medio económico en que tributa el contribuyente, los Municipios se cercioraron de que cada gravamen fuera idóneo y acorde a los ingresos del contribuyente, a su capacidad de pago, y a los beneficios que recibe del Gobierno Municipal.
v. Finalmente señala que las disposiciones impugnadas cumplen con los principios de proporcionalidad y legalidad tributaria, pues establecen los elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, lo cual genera certidumbre a los contribuyentes, pues conocen con certeza la forma y términos en que están obligados a contribuir para el gasto público.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. El Poder Local argumentó, en síntesis, lo siguiente:
i. Que es cierto el acto que se le atribuye, en razón de que cumplió con el mandato constitucional al promulgar y publicar los Decretos impugnados.
6. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Esta representación no formuló pedimento en este asunto.
7. Alegatos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló alegatos mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
8. Cierre de la instrucción. El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, habiéndose llevado a cabo el trámite legal correspondiente y al advertir que había concluido el plazo para formular alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible vulneración a diversos derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, como son, la seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributarios.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
10. Del escrito de demanda se advierte que la Comisión accionante impugna lo siguiente:
10.1 Artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Zacatepec, Distrito Mixe;
10.2 Artículos 54, 55 y 63, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Zaachila, Distrito de Zaachila;
10.3 Artículos 39 y 42, fracciones I y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Colorado, Distrito de Jamiltepec;
10.4 Artículo 27 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Evangelista Analco, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez;
10.5 Artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mártires de Tacubaya, Distrito de Jamiltepec;
10.6 Artículos 30 y 32, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tomaltepec, Distrito del Centro;
10.7 Artículos 47, 48 y 58, fracciones I y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chahuites, Distrito de Juchitán;
10.8 Artículos 44, 45 y 50, fracción XXIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tapanatepec, Distrito de Juchitán;
10.9 Artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán;
10.10 Artículos 37 y 41, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Quiané, Distrito de Zimatlán;
10.11 Artículos 37 y 44, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez;
10.12 Artículos 25 y 28, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Miltepec, Distrito de Huajuapan;
10.13 Artículos 52, 53 y 61, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Unión Hidalgo, Distrito de Juchitán;
10.14 Artículo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan del Estado, Distrito de Etla;
10.15 Artículos 47 y 51, fracciones I y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Chalcatongo de Hidalgo, Distrito de Tlaxiaco;
10.16 Artículos 22 y 26, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Tenango, Distrito de Etla;
10.17 Artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Nuyoó, Distrito de Tlaxiaco;
10.18 Artículo 60 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Camotlán, Distrito de Huajuapan;
10.19 Artículos 16 y 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco Cajonos, Distrito de Villa Alta;
10.20 Artículos 47 y 55, fracciones I y V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocotlán de Morelos, Distrito de Ocotlán;
10.21 Artículos 95 y 108, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro;
10.22 Artículos 30 y 33, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Quiotepec, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez;
10.23 Artículos 34, 35 y 40, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María la Asunción, Distrito de Teotitlán;
10.24 Artículos 18 y 25, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Victoria, Distrito de Silacayoápam;
10.25 Artículos 21 y 24, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Mateo Cajonos, Distrito de Villa Alta;
10.26 Artículos 28, 29 y 34, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Mateo Tlapiltepec, Distrito de Coixtlahuaca;
10.27 Artículo 18 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Cieneguilla, Distrito de Silacayoápam;
10.28 Artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Lachatao, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez;
10.29 Artículos 48 y 57, fracciones I, II y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo Huixtepec, Distrito de Zimatlán;
10.30 Artículos 73 y 74 de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Etla, Distrito de Etla;
10.31 Artículos 87, 88 y 97, fracciones VIII, IX, X, XI, XIII y XIV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Distrito de Huajuapan;
10.32 Artículos 54, 55 y 67, fracciones I y VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Suchilquitongo, Distrito de Etla;
10.33 Artículos 47 y 51, fracciones I y III, inciso d), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco Telixtlahuaca, Distrito de Etla;
10.34 Artículos 85, 86 y 100, fracciones I y XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zimatlán de Álvarez, Distrito de Zimatlán;
10.35 Artículos 40, 41 y 46, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Felipe Usila, Distrito de Tuxtepec;
10.36 Artículos 41, 42 y 51, fracciones I y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Juquila, Distrito de Juquila;
10.37 Artículo 53, fracciones I y V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Ayuquililla, Distrito de Huajuapan;
10.38 Artículo 12, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Simón Zahuatlán, Distrito de Huajuapan;
10.39 Artículo 28, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Ozolotepec, Distrito de Miahuatlán;
10.40 Artículo 23, fracción II, de la ley de Ingresos del Municipio de Cosoltepec, Distrito de Huajuapan;
10.41 Artículo 42, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosolapa, Distrito de Tuxtepec;
10.42 Artículo 29, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonio Tepetlapa, Distrito de Jamiltepec;
10.43 Artículo 23, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Atatlahuaca, Distrito de Etla;
10.44 Artículo 34, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Zahuatlán, Distrito de Nochixtlán; y,
10.45 Artículo 19, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Nduayaco, Distrito de Teposcolula; todas del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, publicadas el doce de febrero de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
III. OPORTUNIDAD
11. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
12. Las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el doce de febrero de dos mil veintidós. Por tanto, el plazo de impugnación transcurrió del domingo trece de febrero al lunes catorce de marzo de dos mil veintidós. Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se interpuso ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de marzo del citado año, no cabe duda de que es oportuna su promoción.
IV. LEGITIMACIÓN
13. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional,(4) la promovente cuenta con legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad porque plantea la posible contradicción entre leyes expedidas por la Legislatura Estatal que estima transgreden distintos derechos humanos consagrados en la Constitución Federal, pues considera que se vulneran la seguridad jurídica, la legalidad, y la proporcionalidad y equidad tributarios.
14. El escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 42/2022 está firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante acuerdo de designación correspondiente emitido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 15. La representación legal de la presidenta de la referida Comisión está prevista en el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en el numeral 18 del reglamento interno de la misma Comisión.(5)
16. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto, y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este medio de control constitucional.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
17. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno tampoco advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
18. VI.1. Consideraciones previas. De la lectura de la demanda de acción de inconstitucionalidad se advierte que la Comisión impugna diversos artículos en temas diferentes, por lo que el estudio del presente asunto se dividirá en dos temas:
• Cobros por servicio de alumbrado público; y,
• Cobros por la búsqueda de información, expedición de copias simples y certificadas.
VI.2. Cobros por servicio de alumbrado público
19. La Comisión accionante aduce, en esencia, que los artículos impugnados establecen que la tarifa por el servicio de alumbrado público se calcula aplicando un porcentaje al consumo privado de energía eléctrica de los sujetos pasivos, lo que significa que en realidad se trata de un impuesto al fluido eléctrico.
20. Agrega que, por lo anterior, los artículos resultan inconstitucionales, ya que el Congreso Local no está habilitado para imponer ese gravamen, pues la Norma Fundamental sólo permite que el Congreso de la Unión establezca un impuesto por consumo de energía eléctrica. En consecuencia, se vulneran el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad en las contribuciones.
21. Los argumentos son fundados. Este Tribunal Pleno ya ha analizado disposiciones que regulan cuotas por la prestación del servicio de alumbrado público municipal, que resultan contrarias al principio de legalidad por gravar el consumo de energía eléctrica que constituye una competencia exclusiva de la Federación. Incluso, de manera reciente, se han analizado disposiciones similares a las aquí controvertidas de Municipios del Estado de Oaxaca, en las acciones de inconstitucionalidad 51/2021,(6) 75/2021(7) y 77/2021.(8)
22. Al respecto, se ha analizado el contenido de los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a) y 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución Federal,(9) de los que se desprende que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica y que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el de alumbrado público.
23. Asimismo, se establece que los Municipios tienen derecho a recibir –entre otros– los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura contributiva "derechos" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las Legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno.
24. Así, corresponde a las Legislaturas de los Estados fijar las contribuciones que perciban los Municipios por concepto de los servicios que deben prestar (entre los que se encuentra el de alumbrado público) para que éstos puedan realizar el cobro de los derechos con motivo de la prestación de dicho servicio.
25. Conforme a lo anterior, para determinar si los artículos impugnados por la accionante son inconstitucionales, es necesario establecer la naturaleza de la contribución que prevén; es decir, si se trata de las previstas en el referido artículo 73 de la Constitución Federal o si, por el contrario, se trata del establecimiento de un derecho.
26. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal(10) regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto a nivel federal como en los Estados, la Ciudad de México y los Municipios.
27. Este precepto establece los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad, los cuales, además de constituir derechos fundamentales, enuncian las características que permiten construir un concepto jurídico de tributo o contribución, los cuales se señalan a continuación:
A. Tienen su fuente en el poder de imperio del Estado.
B. Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios.
C. Sólo se pueden crear mediante ley.
D. Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica.
E. Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad.
28. De acuerdo con estas características, la contribución es un ingreso de derecho público destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza (Federación, Estados o Municipios), titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes.
29. Una vez fijado el concepto constitucional de contribución o tributo, debe precisarse que éste se conforma de distintas especies que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado, permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula.
30. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo son los siguientes:
A. Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria.
B. Hecho imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria.
Constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición en cuanto a que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley; se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado.
C. Base imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación líquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa.
D. Tasa o tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efecto de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal.
E. Época de pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y, por tanto, debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria.
31. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, pues se presentan de manera distinta según el tipo de contribución que se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo.
32. Asimismo, de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como cada Estado para sí y para sus Municipios, tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que debe respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies.
33. Sentado lo anterior, debe mencionarse que el artículo 20 del Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca, establece la clasificación de las contribuciones distinguiendo tres especies del género contribución, a saber: los impuestos, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales son definidos de la siguiente manera:
"Artículo 20. Para efectos de las disposiciones fiscales, son contribuciones los impuestos, las contribuciones de mejoras y los derechos, las que se definen como:
"I. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de las personas físicas, morales o unidades económicas, que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma distintas de las señaladas en las siguientes fracciones;
"II. Contribuciones de mejoras: Son las contribuciones establecidas en ley con carácter obligatorio a cargo de las personas físicas, morales o unidades económicas, que reciban un beneficio directo derivado de la ejecución de obras públicas; y,
"III. Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas físicas, morales o unidades económicas, que reciban servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio. También son derechos las contribuciones generadas al recibir servicios públicos a cargo del Municipio cuando sean prestados por organismos paramunicipales o descentralizados.
"Los recargos, las sanciones, los gast
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31270-e27f5109/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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