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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULOS 90 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 4o. DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. DERECHOS POR SERVICIOS. LAS CUOTAS APLICABLES DEBEN SER ACORDES O PROPORCIONALES AL COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y SER IGUAL PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. VII. DERECHOS POR SERVICIOS. SU NATURALEZA ES DISTINTA A LA DE LOS IMPUESTOS, DE MANERA QUE PARA QUE SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD ES NECESARIO TENER EN CUENTA EL COSTO QUE IMPLICA PARA EL ESTADO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y, A PARTIR DE AHÍ, PUEDE DETERMINARSE SI LA NORMA QUE PREVÉ DETERMINADO DERECHO OTORGA O NO UN TRATO IGUAL A LOS SUJETOS QUE SE ENCUENTREN EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS Y SI ES PROPORCIONAL O ACORDE AL COSTO QUE CONLLEVA ESE SERVICIO. VIII. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. IX. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. X. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. LA SOLICITUD Y EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES IMPLICA PARA LA AUTORIDAD LA OBLIGACIÓN CONCRETA DE EXPEDIRLAS Y CERTIFICARLAS, DE MODO QUE DICHO SERVICIO ES UN ACTO INSTANTÁNEO PORQUE SE AGOTA EN EL MISMO ACTO EN QUE SE EFECTÚA SIN PROLONGARSE EN EL TIEMPO. XI. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. EL COBRO POR LAS COPIAS SOLICITADAS NO DEBE SER COMO EN EL DERECHO PRIVADO, PUES NO PUEDE EXISTIR UN LUCRO O UNA GANANCIA PARA EL FUNCIONARIO, SINO QUE EL MONTO DEBE GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO. XII. DERECHOS POR SERVICIOS. SE VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA GARANTIZADO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES, AL NO DETERMINARSE SI DICHO SERVICIO ES POR UN DOCUMENTO COMPLETO O POR CADA PÁGINA O CARA, LO QUE PUDIERA DAR LUGAR A ARBITRARIEDADES EN EL COBRO RESPECTIVO, YA QUE SE DEJA A LA DISCRECIONALIDAD DE LA AUTORIDAD SU DETERMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO.) XIII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POSEE COMO OBJETIVO GARANTIZAR A LA COLECTIVIDAD EN GENERAL, EL DESARROLLO CORRECTO Y NORMAL DE LAS FUNCIONES REGULADAS POR LAS LEYES ADMINISTRATIVAS. XIV. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA GUARDA UNA SIMILITUD FUNDAMENTAL CON LAS PENAS, TODA VEZ QUE AMBAS TIENEN LUGAR COMO REACCIÓN FRENTE A LO ANTIJURÍDICO; EN UNO Y OTRO SUPUESTOS LA CONDUCTA HUMANA ES ORDENADA Y PROHIBIDA. XV. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL CRECIMIENTO EN LA UTILIZACIÓN DEL PODER DE LA POLICÍA PUEDE TORNARSE ARBITRARIO SI NO SE CONTROLA A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN; POR TANTO, ES LABOR DE LA SUPREMA CORTE CREAR UNA ESFERA GARANTISTA QUE PROTEJA, DE MANERA EFECTIVA, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. XVI. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. XVII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. SE ESTABLECE COMO UN LÍMITE A LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR EN MATERIA PENAL; DERIVANDO DE ÉSTE, COMO UNA VERTIENTE, EL SUBPRINCIPIO DE TAXATIVIDAD QUE PROHÍBE LA IMPOSICIÓN DE DELITOS Y PE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 128/2024 Y SU ACUMULADA 130/2024. · Registro digital (IUS): 33496
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-15
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.379.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 128/2024 Y SU ACUMULADA 130/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y JUAN MANUEL ANGULO LEYVA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas impugnadas: Disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el veinticinco de mayo de dos mil veinticuatro.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 128/2024 y su acumulada 130/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024.

ANTECEDENTES Y TRAMITE

1. El veinticinco de mayo de dos mil veinticuatro se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca diversos decretos mediante los cuales se expidieron las leyes de ingresos de los municipios de La Trinidad Vista Hermosa, Distrito de Teposcolula, San Andrés Huayápam, Centro, San Felipe Jalapa de Díaz, Distrito de Tuxtepec, Santa María Huazolotitlán, Distrito de Jamiltepec, Santiago Matatlán, Distrito de Tlacolula, Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024.(1)

2. El doce y veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respectivamente, presentaron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las siguientes disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024, emitidas y promulgadas por los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca:

Ver disposiciones

3. El Poder Ejecutivo Federal señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 9, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1, 4, 9, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 2, 3, 15 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 16, 21 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 4, 5, 8, 12, 14, 17 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

5. Asimismo, en sus conceptos de invalidez los promoventes plantearon que las disposiciones anteriores vulneran los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad tributaria y taxatividad en materia administrativa sancionadora, así como el derecho a la igualdad y no discriminación, identidad y libertad de reunión. Además, argumentaron lo siguiente:

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL

• Primer concepto de invalidez. Los artículos que establecen el cobro de multas por causar escándalo en la vía pública, molestias, expresiones con palabras obscenas e insultos a la autoridad son imprecisas, por lo que violan los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, tutelados por los artículos 14 y 16 constitucionales.

• El órgano legislativo local no realizó la descripción precisa de las conductas consideradas ilícitas a partir de elementos unívocos y ciertos para que la autoridad que aplica las multas, así como los destinatarios de la misma, conozcan sus alcances y consecuencias, por lo que, al ser imprecisas, deben declararse inconstitucionales.

• Segundo concepto de invalidez. Los artículos que establecen el cobro de multa por organizar bailes y celebrar fiestas o convivios vulneran el derecho a la libertad de reunión, previsto en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que la autoridad municipal no puede condicionar el derecho de reunión por tratarse de actividades que la propia Constitución Federal garantiza a los ciudadanos sin pago alguno.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

• Primer concepto de invalidez. El artículo 38, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huazolotitlán, Distrito de Jamiltepec, prevé un cobro injustificado y desproporcionado por la expedición de documentos en copias simples, no relacionados con acceso a la información pública, debido a que no atiende a los costos que verdaderamente le representó al Estado la prestación de esos servicios. Además, no es claro a los sujetos a los que se dirige. Por lo tanto, vulnera el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de proporcionalidad tributaria y legalidad.

• Segundo concepto de invalidez. Los artículos precisados en el inciso b) establecen infracciones por realizar escándalo en la vía o espacios públicos, faltas de respeto o insultos a cualquier autoridad, expresarse con palabras altisonantes y señas obscenas en lugares públicos, participar en juegos de cualquier índole en la vía pública, siempre que afecten el libre tránsito de las personas y vehículos o que molesten a las personas, que resultan demasiado amplias y ambiguas, lo que da pauta a que la autoridad administrativa determine, arbitrariamente, cuándo se actualiza el supuesto, por lo que genera incertidumbre jurídica.

• Por otra parte, el supuesto relativo a la formación de grupos, que estén causando molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios, no permite conocer plenamente cuándo podría significar una molestia la formación de grupos, sobre todo, teniendo en cuenta que deriva del ejercicio legítimo de la libertad de reunión de las personas.

• Asimismo, no se tiene certeza del tipo de juegos que producen molestias a los vecinos o interrumpen el tránsito vehicular de todo tipo, no distingue si la afectación al tránsito o a la vialidad será momentánea por cierta temporalidad o de modo permanente, y no se precisa el tipo de vía pública que podrá ser afectada.

• Tercer concepto de invalidez. El precepto 89, fracción I, inciso s), de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Matatlán, Distrito de Tlacolula, establece una sanción pecuniaria a la persona encargada de la guarda o custodia de un enfermo mental cuando lo deje trasladarse, libremente, en un lugar público de esa municipalidad. Si bien es cierto la disposición tiene una apariencia neutra, también lo es que constituye una regulación discriminatoria en contra de las personas con discapacidad mental, que impide el reconocimiento de su dignidad humana, personalidad y capacidad jurídica.

• Dicha regulación se encuentra permeada de prejuicios relacionados con las personas con discapacidad mental, que permite se siga perpetuando una visión de que dicho sector de la población representa un riesgo para sí y para el resto de la sociedad, por lo que deben de ser "cuidadas" por el mero hecho de ostentar tal condición, lo cual resulta discriminatorio en perjuicio de ese colectivo, obstaculizando una igualdad sustantiva.

• Además, el Congreso emplea el término "enfermo mental" para referirse a las personas que viven con alguna discapacidad mental y/o intelectual; diseño lingüístico que hoy día es abiertamente discriminatorio, excluyente y que segrega al mencionado sector de la población y que, a su vez, es contrario al andamiaje constitucional en materia de derechos humanos.

• Por lo que la norma cuestionada no solo trastoca el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas que viven con discapacidad mental o intelectual, sino también el reconocimiento de su personalidad jurídica como plenos titulares de derechos fundamentales, pues, dada la configuración normativa del precepto impugnado, se desconoce que dicho colectivo cuenta con capacidad jurídica para conducirse dentro de la sociedad, lo cual es contrario a lo dispuesto por los artículos 1º de la Constitucional Federal y 1 y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que deriva el igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley y la obligación del Estado para adoptar las medidas pertinentes para que puedan ejercer plenamente su capacidad jurídica

• Cuarto concepto de invalidez. El diverso 89, fracción I, inciso v), de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Matatlán, Distrito de Tlacolula, prevé una multa por la celebración de fiestas o convivios en propiedad privada que carezcan del permiso de la autoridad municipal, la cual resulta inconstitucional, pues condiciona el ejercicio del derecho de reunión de los habitantes a la autorización respectiva.

• Ello, porque obliga a las personas a solicitar un permiso ante la autoridad para poder reunirse con motivos de índole social en propiedad privada sin que se utilicen las vías comunes u otros bienes de uso público, que justificaría de algún modo la cuota, lo que confirma la inconstitucionalidad de la contribución, toda vez que ello permite suponer que el cobro y la anuencia municipales se realizarán por el simple hecho de llevar a cabo cualquier fiesta o convivio en espacios particulares, cuestiones que pertenecen, exclusivamente, a la esfera privada de las personas, como la materialización de una libertad constitucionalmente reconocida.

6. El diecisiete y veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentadas las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ordenó formar los expedientes y los registró con los números 128/2024 y 130/2024, respectivamente, y los turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

7. El diez de julio de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad y le dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes.

8. El seis y ocho de agosto de dos mil veinticuatro, el Congreso del Estado de Oaxaca y el Poder Ejecutivo local rindieron sus respectivos informes, en donde adujeron la validez formal de las normas por haber sido aprobadas por el Congreso local y emitidas por el Poder Ejecutivo local, y adujeron su validez material en los términos siguientes:

Congreso del estado de Oaxaca

• El hecho de que las normas impugnadas del primer concepto de invalidez de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y segundo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se encuentren definidos de manera expresa no vulnera el derecho de seguridad jurídica, en su vertiente de taxatividad. De un análisis de la Constitución Política del país, no se advierte, como requisito para el legislador ordinario, el que cada uno de los ordenamientos secundarios defina los vocablos o locuciones utilizados, pues es parte del ejercicio de la función administrativa del que lleve la ejecución, en apego al control de las garantías de fundamentación y motivación, el desarrollo y precisión del objeto y alcance del mismo, sin que ello genere incertidumbre jurídica.

• Con relación al segundo concepto de invalidez de la Consejería Jurídica, se tiene que los artículos que establecen un cobro de multa por organizar bailes y celebrar fiestas o convivios se encuentran relacionados a reuniones de tipo político, por lo que no están prohibiendo las reuniones, ya que las autoridades municipales consideran los permisos para llevarlas a cabo como una forma de mantener el orden y la seguridad jurídica de los demás habitantes; por ello, tampoco vulnera el principio de igualdad, prohibición ni discriminación, es decir, que persigue un fin legítimo y resulta necesaria para proteger la seguridad pública y el orden público, inclusive, la salud, entendiéndose que la libertad de reunión no es un derecho absoluto y puede ser restringido mediante la exigencia de responsabilidades ulteriores en aquellos casos en que se afecten los derechos de terceros.

• Respecto del primer concepto de invalidez de la comisión actora, se tiene que la disposición citada no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país, en virtud de que las tarifas establecidas no son excesivas, sino que están acorde con la capacidad contributiva de los ciudadanos de cada uno de los municipios.

Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca:

• Con relación al primer concepto de invalidez de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, relativo a multas por causar escándalo en la vía pública, molestias, expresarse con palabras obscenas e insultar a la autoridad, se tiene que la actora no realiza un adecuado análisis de las palabras y/o conductas que le causan molestia, toda vez que, en su escrito, se limita a justificar sus razonamientos solo respecto de lo establecido en el texto legal sin ampliar su panorama sobre la finalidad de dicha norma y sin realizar el estudio de los derechos y principios que busca proteger dentro del orden público. Asimismo, debió realizar un análisis respecto del lugar, tiempo o modo en el que se aplican las normas, ya que, si solo se estudian esos extractos de la ley, quedaría en un bagaje, por lo que no es posible observar algún grado excesivo de imprecisión o confusión, pues en ellas es clara la conducta y la sanción que será impuesta.

• Respecto del segundo concepto de invalidez de la consejería referida, relativo al cobro de multa por organizar bailes y celebrar fiestas o convivios, se tiene que el Órgano Legislador previó la importancia con la cual los habitantes de los municipios den avisos a sus autoridades con la finalidad de establecer los parámetros necesarios para el correcto ejercicio del derecho, puesto que el permiso solicitado da como resultado la acreditación del derecho de reunión de manera pacífica.

• En lo correspondiente al primer concepto de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativo a los cobros desproporcionados por reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información, se tiene que se demuestra el sentido lógico entre el hecho imponible y la base, ya que, de las leyes materia del presente medio de control, se desprende el correcto razonamiento lógico-jurídico. Además, la actora se concreta en señalar violaciones a derechos humanos y fundamentales, mas no en establecer, concretamente, cómo es que las leyes de ingresos de los municipios, controvertidas en el presente, transgreden los citados preceptos normativos, pues no hace surgir una causa concreta de la desproporción atribuida, ya que ignora el gasto de tinta, papel, electricidad, gasto corriente, insumos de papelería y personal humano; lo anterior, de manera enunciativa, mas no limitativa.

• Tampoco se vulnera el derecho humano de acceso a la información pública, pues se entiende, como tal, la consulta a la información que se encuentra en poder de la autoridad y que esta no imponga un costo por la simple consulta y, en el caso, los cobros que se prevén derivan de la reproducción de constancias de información, sin que puedan considerarse desproporcionados, pues atiende a los gastos por recursos humanos y materiales. La sola mención de que se violentaron derechos constitucionales no es suficiente para formular un agravio, ya que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido.

• En lo que respecta al segundo concepto de invalidez de la comisión actora, relativo a las infracciones que causan inseguridad jurídica, se tiene que fue omisa en realizar un adecuado análisis de las palabras y/o conductas que le causan molestia, toda vez que, en su escrito, se limita a justificar sus razonamientos solo respecto de lo establecido en el texto legal sin ampliar su panorama sobre la finalidad de dicha norma y sin realizar el estudio de los derechos y principios que busca proteger dentro del orden público.

• Con relación al tercer concepto de invalidez de la comisión actora, relativo a las infracciones discriminatorias contra de personas con discapacidad mental, relativo a "expender bebidas alcohólicas a menores de edad, personas con deficiencias mentales, o que vistan uniformes de las Fuerzas Armadas, de Policía o Tránsito (sic)", se tiene que se garantiza su derecho a la salud, pues el legislador ofreció la más amplia tutela para este grupo de protección reforzada para evitar que estos sufran algún tipo de abuso, engaño o fraude por parte de los expendedores, así como cuidar en todo momento la integridad de la persona discapacitada en una cuestión que no merma su dignidad humana ni genera en la persona algún tipo de discriminación, máxime que la hipótesis jurídica se le haría efectiva a aquella persona expendedora de las bebidas alcohólicas y no así, propiamente, a la persona que la padece.

• Respecto del cuarto concepto de invalidez de la comisión actora, relativo al establecimiento de infracciones que limitan la libertad de reunión, se tiene que las autoridades de los tres poderes de gobierno deben asentar mecanismos para proteger los derechos de cada uno de sus habitantes; por ende, resulta procedente la solicitud de permiso, que tiene como finalidad informar a las autoridades que, por conducto de estas, puedan resguardar el orden público. En virtud de ello, al cometerse las infracciones en el mundo fáctico, las consecuencias jurídicas son las sanciones de naturaleza administrativa.

9. El veintiocho y treinta de agosto y el tres de septiembre de dos mil veinticuatro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca presentaron sus alegatos, respectivamente.

10. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, se cerró la instrucción del asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política del país,(2) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(3) y el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General número 1/2023.(4)

II. PRECISIÓN DE LAS DISPOSICIONES RECLAMADAS

12. Del escrito inicial de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tienen como impugnadas las disposiciones siguientes:

Ver artículos impugnados

III. OPORTUNIDAD

13. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) el plazo para promover la acción de inconstitucional es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que una norma general se publique en el medio oficial correspondiente, con la excepción de materia electoral. Asimismo, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

14. En el caso, los decretos impugnados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se publicaron el veinticinco de mayo de la presente anualidad en el citado Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. 15. Por tal motivo, el plazo para presentar su acción de inconstitucionalidad trascurrió del veintiséis de mayo al veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro.

16. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el doce y veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, respectivamente, por lo que resulta claro que se promovieron de forma oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

17. Los promoventes se encuentran legitimados para promover el presente medio de control de constitucionalidad, en términos de los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política del país,(6) en cuya demanda el Poder Ejecutivo Federal señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 9, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1, 4, 9, 14, 16, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 2, 3, 15 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 16, 21 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 4, 5, 8, 12, 14, 17 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

18. Por otro lado, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(7)

19. En el caso, la acción del Poder Ejecutivo Federal está signada por María Estela Ríos Gonzáles, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento, expedido por este último el dos de septiembre de dos mil veintiuno.

20. En términos de lo dispuesto en los artículos 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(8) y 10, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,(9) le corresponde representar al Presidente de la República en las acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o de las entidades federativas.

21. Por parte de la la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la acción de inconstitucionalidad está signada por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de su Presidenta mediante la copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la República por el período que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

22. Dicha servidora pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracciones I y IX, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(10) así como 18 de su reglamento interno,(11) ostenta la representación del organismo y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad.

23. En consecuencia, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están legitimadas para promover la presente acción de inconstitucionalidad, y quienes suscriben los escritos respectivos son en quienes recae la representación legal.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

24. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca señala que la acción de inconstitucionalidad debe sobreseerse porque no existe violación de los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, establecidos en la Constitución Política del País, con fundamento en la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 65, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia.

25. Asimismo, el Congreso local cuestionó la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la acción de inconstitucionalidad, en virtud de que no contravienen ninguna disposición de la Constitución Federal.

26. Es infundada la causa de improcedencia planteada porque el análisis de la constitucionalidad de las normas es justo la materia del estudio de fondo del asunto, pues es necesario analizar los artículos impugnados a la luz del parámetro de regularidad aplicable para determinar su validez o invalidez.

27. Es aplicable, al respecto, la jurisprudencia de rubro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.(12)

28. Al desestimarse la causa de improcedencia hecha valer y al no advertirse alguna de oficio, se procede a examinar los conceptos de invalidez.

VI. ESTUDIO DE FONDO

29. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que, en las normas impugnadas, se establecen tarifas por los servicios de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información que vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, así como el derecho de seguridad jurídica, debido a que no atiende a los costos que, verdaderamente, le representó al Estado la prestación de esos servicios.

30. Asimismo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la comisión actora sostienen que se imponen multas por causar escándalo, molestias, expresiones con palabras obscenas e insultos a la autoridad, que vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, ya que dichas infracciones son ambiguas, abiertas e imprecisas.

31. En similares términos, los accionantes sostiene que las normas impugnadas establecen el cobro de multas por organizar fiestas, bailes o convivios, que vulneran el derecho a la libertad de reunión, al condicionar su ejercicio a la autorización correspondiente.

32. Por último, la comisión accionante refiere que el cobro de una sanción pecuniaria a la persona encargada de la guarda o custodia de un enfermo mental constituye una regulación discriminatoria en contra de las personas con discapacidad mental e impide el reconocimiento de su dignidad humana, personalidad y capacidad jurídica.

33. Atento a esos planteamientos y con la finalidad de tener un panorama íntegro del problema que entraña el presente medio de control constitucional, este Tribunal Pleno analiza dichos supuestos en apartados distintos:

TEMA I. Reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información

34. En el primer concepto de invalidez, la comisión accionante impugna el artículo 38, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huazolotitlán, Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024.

35. El contenido de la norma impugnada en estos conceptos de invalidez de la accionante es el siguiente:

Ver norma impugnada

36. Al respecto, la comisión señala que la norma impugnada prevé un cobro por la expedición de copias simples, no relacionadas con el derecho de acceso a la información pública, que no atiende a los costos reales del servicio prestado, por lo que se vulneran los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país. Además, no es claro a los sujetos a los que se dirige, por lo que vulnera el derecho de seguridad jurídica.

37. Previo a analizar los argumentos del accionante, es necesario precisar que es criterio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las disposiciones que no están vinculadas a los procedimientos de acceso a la información pública no deben analizarse a la luz del principio de gratuidad en materia de acceso a la información, sino en función al principio de proporcionalidad tributaria.(13)

38. En el caso, la norma impugnada no precisa si lo gravado se relaciona con dicho derecho. Tampoco de la lectura integral de la ley de ingresos impugnada se advierte que existan otras normas que establezcan, con absoluta certeza, que lo gravado se relaciona con el derecho de acceso a la información, por lo que la disposición impugnada se analizará a la luz de los principios de justicia tributaria.

39. Los alcances de los principios de justicia tributaria, derivados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte, entre otras, en las acciones de inconstitucionalidad 93/2020,(14) 75/2021,(15) 22/2022(16) y, de manera reciente, en las acciones de inconstitucionalidad 19/2023,(17) 54/2023,(18) 55/2023(19) y recientemente en la 50/2023.(20)

40. En estos precedentes, este Tribunal Pleno ha sostenido que, para considerar constitucionales las normas que prevén derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser igual para todos los que reciban el mismo servicio.

41. Lo anterior, porque la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que, para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la prestación del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.

42. Dicho criterio se encuentra reflejado en las jurisprudencias de rubro DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS(21) y DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBL

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33496-8fb468a6/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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