I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. VII. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. VIII. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS DISPOSICIONES QUE NO ESTÁN VINCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SINO EN FUNCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. IX. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. EL COBRO POR LAS COPIAS SOLICITADAS NO DEBE SER COMO EN EL DERECHO PRIVADO, PUES NO PUEDE EXISTIR UN LUCRO O UNA GANANCIA PARA EL ESTADO, SINO QUE EL MONTO DEBE GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ABEJONES, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; 19, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC, DISTRITO DE ZIMATLÁN; 36, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLÁN, DISTRITO DE OCOTLÁN; 53, FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUÁREZ, DISTRITO DE HUAJUAPAN; 31, FRACCIONES IV, V Y VII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, DISTRITO DE ZIMATLÁN; 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, DISTRITO DE TLAXIACO; 44, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, DISTRITO DE TUXTEPEC; 36, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, DISTRITO DE CUICATLÁN; 33, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA, DISTRITO DE EJUTLA; 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, DISTRITO DE TEHUANTEPEC; 53, FRACCIONES XI Y XII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC; 75, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, DISTRITO CENTRO; 44, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "COPIAS", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; 64, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, DISTRITO DE TEHUANTEPEC; 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, DISTRITO DE TLACOLULA; 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN; 53, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, DISTRITO DE HUAJUAPAN; 36, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN; Y 36, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS, DISTRITO DE SILACAYOÁPAM, TODAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO). X. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. LAS CUOTAS SIN BASE OBJETIVA Y DESPROPORCIONADAS POR SU PRESTACIÓN, AL NO ATENDER A LOS COSTOS QUE AQUÉLLOS IMPLICAN, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA DE LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ABEJONES, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; 19, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC, DISTRITO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 109/2024 Y SU ACUMULADA 111/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Promoventes: Poder Ejecutivo Federal y Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Normas impugnadas: Se impugnan diversos artículos de distintas leyes de ingresos municipales, todos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial del gobierno de la referida entidad, el veinte de abril de dos mil veinticuatro.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 109/2024 y su acumulada 111/2024, promovidas por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra diversas porciones normativas, contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas el veinte de abril de dos mil veinticuatro.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1 Presentación de las demandas. El diecisiete y veinte de mayo de dos mil veinticuatro, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos(1) y la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(2) respectivamente, promovieron acciones de inconstitucionalidad impugnando diversas disposiciones de carácter general, señalando como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
2 La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal estimó vulnerados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó actualizadas violaciones a los artículos 1, 4, 9, 14, 16 y 31, fracción IV, del Texto Fundamental, así como diversos preceptos convencionales.
3 Radicación y acumulación. Por auto de veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro,(3) la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo Federal, a la que le correspondió el número 109/2024.
4 En diverso acuerdo de esa misma fecha,(4) la Presidenta registró la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el número de expediente 111/2024.
5 Al existir identidad de decretos legislativos impugnados en ambos asuntos, ordenó la acumulación de los expedientes y, por razón de turno, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en ambos procedimientos.
6 Admisión. En proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro,(5) el ministro instructor admitió las acciones relativas, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República para los efectos legales conducentes.
7 Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Por acuerdo de dos de julio de dos mil veinticuatro(6) se tuvo al Poder Ejecutivo de dicha entidad, rindiendo su informe y expresó, en esencia, lo siguiente:
• Con base en las facultades tributarias que ostenta el Poder Legislativo así como los principios que limitan dichas facultades, se estima que en la especie la interpretación concedida por las accionantes es errónea y, en consecuencia, el concepto de invalidez resulta infundado toda vez que la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca ejerció sus facultades constitucional y legalmente otorgadas para establecer los impuestos necesarios y cubrir el presupuesto de egresos, por lo que no contraviene ningún precepto constitucional.
Asimismo, señala que las accionantes se basan en apreciaciones subjetivas, pues para poder hablar de un exceso en el pago de los derechos es necesaria la existencia de parámetros de valores en dinero o algún otro que sirva de comparación para sostener que los cobros son desproporcionados.
Señala que, de conformidad con la autonomía concedida por la Constitución Federal a los municipios, éstos tienen la libertad para realizar su propia configuración de las categorías, de las contribuciones o tributos.
• En relación con las multas que se imponen por la comisión de diversas infracciones administrativas, atendiendo a los alcances del principio de taxatividad, expresa que las accionantes se limitan a realizar razonamientos en torno a la literalidad de los preceptos, pasando por alto la necesidad de hacer un análisis respecto del lugar, tiempo y modo en el que se aplican las normas.
Máxime que las normas examinadas se encuentran dentro de los límites establecidos por el artículo 6 de la Constitución Federal, en tanto pretende evitar ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros.
• Por último, precisa como causal de improcedencia la supuesta inexistencia de violaciones a la Constitución Federal.
8 Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil veinticuatro,(7) se tuvo por presentado el informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. En el cual, para controvertir los conceptos de invalidez señala:
• El hecho de que en las disposiciones combatidas no se encuentren definidos de manera expresa cada uno de los términos, no torna inconstitucionales las normas impugnadas, pues ello es parte de la función administrativa que realizará quien ejecute las normas.
• Agrega, que el principio de vinculación al gasto público implica que todas las erogaciones sean destinadas tanto a la prestación de servicios públicos como al desarrollo de la función pública del Estado, por ende, es su obligación que las contribuciones únicamente se dirijan a satisfacer los gastos públicos.
Con base en lo anterior, estima que la expedición de las normas combatidas se ciñe a los principios constitucionales, entre ellos, el de contribuir al gasto público.
• Además, precisa que es interés supremo de la sociedad el que existan finanzas públicas en los Municipios del Estado, también se protege, cuidando que estén perfectamente definidos los impuestos, derechos y aprovechamientos.
• Que las medidas calificadas de discriminatorias por las accionantes no lo son, en tanto se establecen en razón del interés general, pues existe la finalidad de proteger bienes jurídicos de distinta naturaleza como es la integridad física de las personas.
9 Alegatos. Por escrito recibido el veintidós de agosto de dos mil veinticuatro,(8) la delegada del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos formuló los alegatos que estimó pertinentes.
10 Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro(9) se declaró cerrada la instrucción.
I. COMPETENCIA
11 Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(11) toda vez que se solicita la declaración de invalidez de diversas leyes de ingresos municipales, por considerar que éstas prevén cantidades y supuestos que contravienen los principios constitucionales.
II. OPORTUNIDAD
12 De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y el cómputo inicia a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial, en el entendido de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
13 En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el sábado veinte de abril de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad trascurrió del domingo veintiuno de abril al lunes veinte de mayo de dos mil veinticuatro.
14 Luego, si los escritos de demanda del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se presentaron el diecisiete y veinte de mayo de dos mil veinticuatro ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, así como en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia la Nación -respectivamente-, es claro que su interposición resulta oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
15 La acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal fue instada por parte legítima, conforme al artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, pues fue suscrita por María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, carácter que acreditó con copia certificada del nombramiento respectivo.
16 Dicha funcionaria ostenta la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 90(13) y 102, apartado A, de la Constitución Federal(14) y 4, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,(15) por ende, debe estimarse que la acción de inconstitucionalidad fue presentada por persona legitimada.
17 Asimismo, el medio de defensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también fue promovido por parte legitimada, toda vez que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(16) dicha Comisión está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.
18 Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, de la Ley Reglamentaria de la materia,(17) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
19 En el caso, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia de la comunicación emitida por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo dos mil diecinueve a dos mil veinticuatro.(18)
20 Dicha funcionaria ostenta la representación de la mencionada Comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(19) y 18 de su Reglamento Interno;(20) y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(21)
21 Además, en el caso se plantea que diversos preceptos de múltiples leyes de ingresos del Estado de Oaxaca, los cuales establecen contribuciones, resultan violatorios de los derechos de libertad de reunión, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, procede reconocerse la legitimación activa en este asunto.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
22 El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 65, párrafo primero, de ésta, argumentando que no existe violación de los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otras palabras, estima que la presente acción es improcedente porque el alegato de las accionantes se ciñe a citar violaciones a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, así como el principio de taxatividad y al derecho humano de igualdad y no discriminación, sin que se advierta violación alguna por parte del Congreso del Estado ni del Poder Ejecutivo local.
23 Dicho argumento debe desestimarse en tanto involucra el estudio de fondo del asunto, como se desarrollará en el siguiente apartado. En consecuencia, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2004, de rubro y texto: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE".(22)
24 Luego, al no haberse hecho valer alguna otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso al analizado, ni advertirse de oficio alguna por este Alto Tribunal, se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados.
V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
25 De la lectura integral de las demandas y de lo determinado en el apartado anterior, se desprende que la litis se circunscribe a determinados preceptos de múltiples leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca, a saber:
De la demanda promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A. Cobros desproporcionados por reproducción de información, no relacionada con el derecho de acceso a la información.
1. Fracciones I y II, del artículo 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Abejones, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez.
2. Fracción I, del artículo 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guelatao de Juárez, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez.
3. Fracción II, del artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Mixtepec, Distrito de Zimatlán.
4. Fracción I, del artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Ocotlán, Distrito de Ocotlán.
5. Fracción II, del artículo 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mariscala de Juárez, Distrito de Huajuapan.
6. Fracciones IV, V, VII, del artículo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino El Alto, Distrito de Zimatlán.
7. Fracción I, del artículo 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonio Sinicahua, Distrito de Tlaxiaco.
8. Fracción I, del artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Felipe Usila, Distrito de Tuxtepec.
9. Fracción I, del artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco Chapulapa, Distrito de Cuicatlán.
10. Fracción I, del artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Lachigalla, Distrito de Ejutla.
11. Fracción VIII, del artículo 65 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec.
12. Fracción II, del artículo 56 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Martín de los Cansecos, Distrito de Ejutla.
13. Fracción I, del artículo 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Mateo del Mar, Distrito de Tehuantepec.
14. Fracción I, del artículo 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Mateo Tlapiltepec, Distrito de Coixtlahuaca.
15. Fracciones I, VII, XI y XII, del artículo 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Huilotepec, Distrito de Tehuantepec.
16. Fracción I, del artículo 75 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito Centro.
17. Fracción I, del artículo 66 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María del Tule, Distrito Centro.
18. Fracción IV, del artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Jacatepec, Distrito de Tuxtepec.
19. Fracción I, del artículo 64 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Jalapa del Marqués, Distrito de Tehuantepec.
20. Fracción I, del artículo 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Zoquitlán, Distrito de Tlacolula.
21. Fracción I, del artículo 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Niltepec, Distrito de Juchitán.
22. Fracciones I y II, del artículo 37 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Tapextla, Distrito de Jamiltepec.
23. Fracción I, del artículo 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tonalá, Distrito de Huajuapan.
24. Fracción I, del artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yutanduchi de Guerrero, Distrito de Nochixtlán.
25. Fracción I, del artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotitlán Lagunas, Distrito de Silacayoápam.
B. Establecimientos de infracciones que causan inseguridad jurídica.
1. Fracción IV, del artículo 80 de la Ley de Ingresos Municipio de el Barrio de la Soledad, Distrito de Juchitán.
2. Fracción II, inciso d), del artículo 79 de la Ley de Ingresos del Municipio de Monjas, Distrito de Miahuatlán.
3. Porciones normativas "Insultos a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones", "300.00" y “por evento”, del artículo 83 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Dionisio del Mar, Distrito de Juchitán.
4. Fracción I, incisos a), en la porción normativa “provocar escándalo o”, d) y e) del artículo 90 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, Distrito de Tlacolula.
5. Fracción XXVII, en la porción normativa “o falta de respeto”, del artículo 112 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec.
6. Fracción VI, del artículo 61 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Mateo Tlapiltepec, Distrito de Coixtlahuaca.
7. Fracción III, del artículo 66 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Miguel Achiutla, Distrito de Tlaxiaco.
8. Fracciones I y XXIII, inciso x), del artículo 199 y fracción II, inciso f) en la porción normativa " V070 Por proferir insultos a la autoridad de tránsito y vialidad" “6”, “80”, Art. 96 inciso f) "código V070”, del artículo 200 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito Centro.
9. Fracción I, incisos D), numerales 11 y 16, E), numeral 1, y F), numeral 2, del artículo 170 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito Centro.
10. Fracción XI, del artículo 75 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Zoquitlán, Distrito de Tlacolula.
11. Fracción I, del artículo 56 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotitlán Lagunas, Distrito de Silacayoápam.
C. Infracciones discriminatorias en perjuicio de las personas que viven con discapacidad.
1. Fracción IX, inciso e), en la porción normativa “personas con deficiencias mentales o” del artículo 108 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo Huixtepec, Distrito de Zimatlán.
2. Fracciones XXVIII, inciso b), en la porción normativa “con deficiencias mentales” y XXIX, inciso a), en la porción normativa “con deficiencias mentales”, del artículo 199 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito Centro.
3. Fracción I, inciso F), numeral 3, del artículo 170 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito Centro.
De la demanda promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
D. Cobro de multas por insultar a la autoridad.
1. Fracción IV, del artículo 80 de la Ley de Ingresos del Municipio de el Barrio de la Soledad, Distrito de Juchitán. 2. Fracción III, numeral 15, del artículo 90 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, Distrito de Tlacolula.
3. Fracción XXVII, del artículo 112 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec.
E. Cobro por multa por causar escándalo.
1. Fracción I, incisos a) y e), del artículo 90 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, Distrito de Tlacolula.
2. Fracción I, del artículo 199 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito Centro.
3. Fracción I, inciso E), numeral 1, del artículo 170 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito Centro.
F. Cobro de multas por alterar el orden.
1. Fracción XII, del artículo 112 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec.
2. Fracción I, inciso E), numeral 3, del artículo 170 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito Centro.
G. Cobro de multas por proferir palabras altisonantes y que atenten contra la moral y las buenas costumbres.
1. Fracción I, inciso d), del artículo 90 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, Distrito de Tlacolula.
2. Fracción XXIII, inciso x), del artículo 199 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito Centro.
H. Cobro de multa por deambular en vía pública.
1. Fracción XIV, del artículo 112 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Ojitlán, Distrito de Tuxtepec.
I. Cobro de multa de tránsito aun cuando exista acuerdo mutuo.
1. Fracción XIX, del artículo 106 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo Huixtepec, Distrito de Zimatlán.
VI. ESTUDIO DE FONDO
26 A continuación, se procede al estudio de los temas antes destacados.
TEMA I. Cobros desproporcionados por reproducción de información, no relacionada con el derecho de acceso a la información.
27 La Comisión accionante impugna normas, que establecen el cobro de derechos por los servicios que presten los distintos municipios del estado de Oaxaca por la expedición de copias simples y certificadas, así como la digitalización de documentos, de las que aducen vulneran el principio de proporcionalidad porque las tarifas no representan realmente el costo de la prestación de dichos servicios.
28 El contenido de estas normas combatidas es el siguiente:
Ver normas combatidas
29 Previo a analizar los argumentos de las promoventes es necesario precisar que es criterio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, contrario a lo expuesto en el apartado anterior y toda vez que las disposiciones ahora examinadas no están vinculadas a los procedimientos de acceso a la información pública, éstas no se analizarán a la luz del principio de gratuidad en materia de acceso a la información, sino en función al principio de proporcionalidad tributaria.(23)
30 Ello, en tanto que la lectura de las disposiciones impugnadas no permite afirmar con absoluta certeza que los conceptos gravados se encuentran vinculados directamente con el derecho de acceso a la información.
31 Sentado lo anterior, conviene señalar que los alcances de los principios de justicia tributaria, derivados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte, entre otras, en las acciones de inconstitucionalidad 93/2020;(24) 105/2020;(25) 33/2021;(26) 75/2021;(27) 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022,(28) y 44/2022 y sus acumuladas 45/2022 y 48/2022,(29) de manera reciente en las acciones de inconstitucionalidad 19/2023; 54/2023; 55/2023;(30) 18/2023 y su acumulada 25/2023; 34/2023 y sus acumuladas 36/2023 y 49/2023;(31) y 50/2023,(32) más recientemente al resolver la acción de inconstitucionalidad 106/2023.(33)
32 En aquellos precedentes, este Tribunal Pleno ha sostenido que para considerar constitucionales las normas que prevén derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser igual para todos los que reciban el mismo servicio.
33 Lo anterior, porque, como se ha señalado, la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributaria es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la prestación del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.
34 Dicho criterio se encuentra reflejado en las jurisprudencias de rubro: “DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS”(34) y “DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA”.(35)
35 Al respecto, en las acciones referidas, se destacó que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, de modo que dicho servicio es un acto instantáneo porque se agota en el mismo momento en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.
36 Además, que, a diferencia de las copias simples, que son meras reproducciones de documentos que para su obtención se colocan en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado; las copias certificadas involucran la fe pública del funcionario que las expide, la cual es conferida expresamente por la ley como parte de sus atribuciones.
37 En efecto, se destacó que la fe pública es la garantía que otorga el funcionario respectivo al determinar que el acto de reproducción se otorgó conforme a derecho y que lo contenido en él es cierto, proporcionando así seguridad y certeza jurídica al interesado; y, a partir de lo anterior, se concluyó que el servicio que presta el Estado en ese supuesto se traduce en la expedición de las copias que se soliciten y el correspondiente cotejo con el original que certifica el funcionario público en ejercicio de las facultades que le confiere una disposición jurídica.
38 También se resaltó que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, la correspondencia entre el servicio proporcionado por el Estado y la cuota aplicable por el acto de certificar no debe perseguir lucro alguno, pues se trata de una relación de derecho público, de modo que para que la cuota aplicable sea proporcional debe guardar relación razonable con lo que cuesta para el Estado la prestación de dicho servicio, en este caso, de certificación de documentos.
39 De dichos precedentes derivó la jurisprudencia de rubro: “DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)”,(36) así como la tesis de rubro: “DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA”.(37)
40 Con fundamento en lo expuesto, en el caso, este Tribunal Pleno colige que no resulta razonable que por la expedición de copias certificadas se cobre entre $5.00 (cinco pesos 00/100 moneda nacional) y $30.00 (treinta pesos 00/100 moneda nacional).
41 A partir de lo anterior, resulta dable concluir que las cuotas previstas en los artículos indicados resultan desproporcionales pues no guardan una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio ni con el costo que implica certificar un documento.
42 Es cierto que en el supuesto analizado el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación o constancia, sino que implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado; sin embargo, la relación entablada entre las partes no es de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia para el Estado, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
43 Con base en estas consideraciones, tampoco resulta dable considerar que existe una relación razonable en relación con el cobro de copias simples cuyo costo va de $1.50 (un peso 50/100 moneda nacional) a $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional).
44 A idéntica conclusión se arriba en relación con las disposiciones que prevén una tarifa por el escaneo de documentos de entre $2.00 (dos pesos 00/100 moneda nacional) y $2.50 (dos pesos 50/100 moneda nacional) por hoja, pues las tarifas establecidas por este supuesto carecen de justificación alguna por parte del legislador.
45 Por lo expuesto, resulta dable declarar la invalidez de los artículos 48, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Abejones, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez; 19, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Mixtepec, Distrito de Zimatlán; 36, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Ocotlán, Distrito de Ocotlán; 53, fracción II, del artículo de la Ley de Ingresos del Municipio de Mariscala de Juárez, Distrito de Huajuapan; 31, fracciones IV, V y VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonino El Alto, Distrito de Zimatlán; 35, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Antonio Sinicahua, Distrito de Tlaxiaco; 44, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Felipe Usila, Distrito de Tuxtepec; 36, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco Chapulapa, Distrito de Cuicatlán; 33, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Lachigalla, Distrito de Ejutla; 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Mateo del Mar, Distrito d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33365-10d5cd82/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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