ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS COBROS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE ESE DERECHO REQUIEREN UNA MOTIVACIÓN REFORZADA DEL LEGISLADOR PARA SER ACORDES CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LAS NORMAS QUE PREVÉN COBROS POR LA DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS APORTADOS POR EL SOLICITANTE, VIOLAN EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. LA NORMA QUE ESTABLECE UN COBRO MAYOR POR LA CALIDAD DE ESTUDIANTE VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS. I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES. II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR, DE MANERA OBJETIVA Y RAZONABLE, QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADAS, ES DECIR, SE REQUIERE DE UNA MOTIVACIÓN REFORZADA. III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN CUOTAS POR LA REPRODUCCIÓN DE "INFORMACIÓN DIGITALIZADA QUE SE ENTREGUE EN DISPOSITIVO MAGNÉTICO, POR HOJA DIGITALIZADA", ASÍ COMO DE "INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN DISCO CD O DVD", VIOLAN EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, YA QUE NO PUEDE ESTABLECERSE COBRO ALGUNO POR LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 31, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA; 30, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUANIQUEO; 32, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUETAMO; 32, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JACONA; 30, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELOS; Y 30, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). IV. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLEZCA LA CUOTA POR DICHO SERVICIO SIN GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, ES DESPROPORCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JACONA, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS Y EXHORTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 31, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA; 30, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUANIQUEO; 32, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUETAMO; 30, FRACCIÓN II, Y 32, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JACONA; 30, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELOS; Y 30, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante “CNDH”) solicita la invalidez de preceptos contenidos en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicadas en el Periódico Oficial local los días diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.
Problemas jurídicos que se plantean:
1. ¿Las normas que establecen cobros por información digitalizada que se entregue en dispositivo magnético, por hoja digitalizada, o en CD o DVD, relacionados con el derecho de acceso a la información, violan el principio de gratuidad que rige el derecho relativo reconocido en el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal?; y
2. ¿La norma impugnada que prevé cobros por la expedición de certificados o copias de documentos, no relacionadas con el derecho de acceso a la información, vulnera el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal?
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 5/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante “CNDH”), en contra de preceptos contenidos en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicadas en el Periódico Oficial local el diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio depositado a través del buzón judicial el quince de enero de dos mil veinticinco y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la CNDH, por conducto de su Presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
“III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.
A. Cobros injustificados por acceso a la información:
1. Artículo 31, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Epitacio Huerta, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025.
2. Artículo 30, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huaniqueo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025.
3. Artículo 32, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huetamo, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025.
4. Artículo 32, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jacona, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025.
5. Artículo 30, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025.
6. Artículo 30, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Susupuato, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025.
B. Cobro diferenciado por expedición de certificados o copias de documentos:
1. Artículo 30, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jacona, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025.
Dichos ordenamientos fueron publicados el 17 y 18 de diciembre de 2024 en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo.”
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La CNDH considera que las normas que combate son contrarias a los artículos 1o, 6, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• PRIMERO. Los preceptos impugnados que establecen cuotas injustificadas y excesivas por la reproducción de información pública en CD o DVD, así como por la digitalización de documentos vulneran el principio de gratuidad que rige en el derecho de acceso a la información, reconocido en el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal.
Tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información, impera el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso y el de su certificación, por ende, cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no se está grabando la información.
En tales términos, el Congreso michoacano al prever costos por la digitalización de la información o su reproducción en determinados medios de almacenamiento, vulneró ese derecho humano, porque las cuotas no se fijaron de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales empleados y de sus costos.
Con relación a la digitalización de documentos, es inconstitucional pues lo que en realidad se cobra es el servicio que presta la autoridad de registrar datos en forma digital, lo cual contraviene el principio de gratuidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Ello se debe a que la información no se está materializando en ningún instrumento o medio de almacenamiento, como podría ocurrir con la expedición de copias simples o impresiones, en las que tiene sentido hablar de un cobro por hoja. En esa tesitura, se advierte que, en realidad, lo que se está cobrando no es el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso y el de su certificación, sino la actividad de digitalizar documentos.
Dicha conclusión se confirma con el contenido normativo del párrafo tercero de cada una de las normas controvertidas, pues expresamente el Congreso michoacano previó que cuando la persona solicitante “proporcione cualquier dispositivo magnético, sólo pagará el costo de los derechos de la información digitalizada”. Tal previsión es contraria al artículo 6 constitucional, pues como lo ha interpretado ese Alto Tribunal, en los supuestos en que los solicitantes proporcionen el dispositivo magnético, electrónico o mecanismo necesario para reproducir la información, la entrega de ésta debe hacerse sin costo alguno.
En sentido similar, las normas impugnadas prevén en su último párrafo que “En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse previamente a la prestación del servicio, en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal y en las Instituciones Financieras autorizadas para tal efecto”, lo que también se aleja del parámetro de regularidad constitucional en materia del derecho de acceso a la información pública, pues permite interpretar que habrá casos en los que para que la persona solicitante pueda conseguir la información requerida, deberá cubrir un monto previo; en otras palabras, deberá pagar para poder obtener la información que solicitó en ejercicio de su derecho humano de acceso a la información, lo que resulta inconstitucional.
Por su parte, respecto a la entrega de información digitalizada en CD o DVD, el legislador estableció en unos Municipios $22.00 pesos; mientras que en Epitacio Huerta $23.00, lo que resulta contrario al principio de gratuidad en el acceso a la información, porque resultan desproporcionadas y excesivas, pues los medios respectivos no tienen ese valor en el mercado. Esto es así, máxime que el legislador no razonó ni explicó la metodología que empleó para establecer dicha cantidad, de donde se desprende que las cuotas fueron fijadas arbitrariamente. De la revisión del dictamen correspondiente tampoco se encontró razonamiento alguno tendente a acreditar las razones que sirvieron para determinar la cuota a pagar.
Adicionalmente, de la lectura de los preceptos, es dable sostener que se autoriza a la autoridad competente a imponer los dos montos establecidos en las fracciones combatidas de manera simultánea, pues si una persona, en ejercicio de su derecho de acceso a la información, solicita determinada información que le será entregada en CD o DVD, no solo deberá pagar la cuota por el material de reproducción, sino también el monto equivalente por cada hoja digitalizada, lo que implica que no solo se estaría enterando por la entrega de la información, sino también por la información ahí almacenada, lo que es inconstitucional.
• SEGUNDO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jacona, Michoacán, para 2025, que establece que los estudiantes deberán pagar $15.00 pesos por cada página, cuando soliciten la expedición de certificados o copias de documentos con fines educativos, es contraria a los principios de proporcionalidad y equidad en las contribuciones, pues prevé cobros distintos por un mismo servicio dependiendo si la persona solicitante es estudiante o no, además de que se constituye como un cobro excesivo y desproporcionado, pues no es acorde con el costo del servicio prestado; es decir, no guarda una relación razonable con el costo de los materiales utilizados para ese fin.
En principio, la norma impugnada no es precisa respecto de qué certificados ameritarán un cobro, ni si las copias de documentos son simples o certificadas, lo que significa que no otorga total certeza a las personas destinatarias de aquellas que les permita conocer con claridad cuándo deberán pagar por el servicio que necesiten.
Ahora bien, el monto de $15.00 pesos por certificados o copias deviene desproporcionado y excesivo, pues la cantidad no guarda relación directa con los gastos que representa la prestación de ese servicio al Municipio actor, además de que el Congreso local no estableció razones ni datos objetivos que permitan conocer que efectivamente de la suma del costo erogado por la prestación de ese servicio es de $15.00 pesos por cada página.
Para evidenciar lo anterior, conviene referir que el legislador local previó en la fracción I del artículo 30 en análisis, un monto distinto por el mismo servicio de expedición de certificados o copias certificadas (por cada página), que deberán enterar las personas solicitantes que no sean estudiantes, pues en este caso, la tarifa es solo de $4.00 pesos mexicanos.
Como se observa, el cobro por la expedición de certificados o copias de documentos es distinto atendiendo a la persona solicitante, pues la fracción I refiere a cualquier persona y la fracción II sólo a estudiantes, y con base ello lo varía el costo del servicio. Así, es claro que el artículo combatido admite que se paguen cuotas diversas por un mismo servicio.
Lo anterior refleja, primero, que la cuota impugnada no atiende realmente a los materiales utilizados por el Estado para la prestación del servicio, lo que viola la proporcionalidad tributaria y, segundo, se transgrede la equidad, porque se pagarán cuotas diferentes en razón de la calidad o particular del sujeto, ser estudiante o no, además, con el establecimiento de montos distintos por ese hecho se da un trato diferenciado injustificado en perjuicio de los primeros, pues pagarán más por un mismo servicio con relación al resto de las personas.
4. Radicación y turno del asunto. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 5/2025, y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
5. Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite la demanda relativa por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial local en el que conste su publicación; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción, formularan el pedimento que les corresponde.
6. Informe del Poder Legislativo de Estado de Michoacán de Ocampo. Mediante oficio depositado en el buzón judicial el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco y recibido al mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(2) Juan Antonio Magaña de la Mora, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, rindió el informe solicitado, en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:
• Respecto al primer concepto de invalidez, relacionado con las presuntas cuotas injustificadas y excesivas por reproducción de información pública en CD o DVD, así como por la digitalización de documentos, es de mencionarse que conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, es obligación de los mexicanos contribuir con el gasto público y, con base en ello, en el diverso 115, fracción IV, de ese Ordenamiento Fundamental, se dispone, entre otros, que los Municipios administrarán libremente su hacienda, misma que se integrará de rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas locales establezcan a su favor.
En el caso, la invalidez resulta improcedente, dado que las leyes que se recurren no son contrarias al funcionamiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
Al regularse el pago de derechos por la búsqueda de información pública, ésta no tiene implicaciones que trascienden al ejercicio del derecho de acceso a la información en sus dimensiones, sin que, con ello, se entienda o pretenda concebir la existencia de una posibilidad que constituyan un obstáculo para su ejercicio. Debido a que, el derecho a la información garantiza los aspectos de razonabilidad y proporcionalidad. Con lo señalado, los principios de legalidad y seguridad jurídica se encuentran atendidos y salvaguardados, debido a que el proceso legislativo se ha desarrollado en apego a las normas que así lo determinan.
Con lo descrito, podemos decir que las normas combatidas, al determinar el pago de un derecho por la digitalización y reproducción de información en diversos medios; ello, encuadra en el principio de gratuidad en materia de acceso a la información pública, al definir las respectivas cuotas justificadas a través de las bases objetivas, costos que consideran los materiales correspondientes.
• En cuanto al segundo concepto de invalidez, dirigido a combatir la norma que establece una cuota de $15.00 pesos por página, cuando estudiantes soliciten la expedición de certificados o copias de documentos con fines educativos, carece de sustento la impugnación.
En la norma que se recurre, se advierte, la disposición en estudio establece una tarifa a pagar por la cantidad de $15.00 pesos (por cada página) por los servicios de expedición de: 1) certificados o 2) copias de documentos, cuando quien lo solicite sea una persona estudiante. Por ello, la parte de la ley municipal que se recurre determina particularidades, así los documentos son simples o certificadas; implicando con ello, previsiones en la petición del derecho, entendido ello como contribución, motivándose la exactitud en la solicitud, pues la certeza a las personas destinatarias de aquella que les permita conocer con claridad cuándo deberán pagar por el servicio que necesiten. Por ello, la Ley impugnada no contraviene el principio de proporcionalidad en las contribuciones al atender al costo de los materiales utilizados para la prestación del servicio y, tampoco, vulnera el principio de equidad tributaria en tanto prevé dos tarifas distintas sobre un mismo servicio. Además, no contraviene el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo. Mediante oficio depositado en la oficina de correos de la localidad el cuatro de marzo de dos mil veinticinco y recibido el trece de marzo siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(3) Manuel Alexandro Cortés Ramírez, en su carácter de Director de Asuntos Constitucionales y legales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Michoacán, compareció a rendir el informe solicitado, en el que expone, esencialmente, lo siguiente:
Causal de improcedencia.
• Se actualiza la causal consistente en la falta de legitimación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que, por un lado, las disposiciones impugnadas contienen normas de carácter contributivo, y por otro, se impugnan normas relacionadas con el derecho de acceso a la información que escapan de su facultad constitucional, ya que en términos del artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal, el órgano constitucional autónomo reconocido en el artículo 6o. constitucional, esto es, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es el ente legitimado para cuestionar normas relacionadas con transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
En cuanto al fondo.
• El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán cumplió con lo que mandata la Constitución local, específicamente en el artículo 60, fracción I, así como en el diverso 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública local, dispositivos en los que se establece la obligación del Gobernador de promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Poder Legislativo, es decir, el Congreso del Estado; no así en su emisión y/o expedición y/o aprobación y/o procedimiento legislativo, toda vez que éstos son actos propios de la autoridad legislativa y no propios a mi representado, de donde resulta infundada la impugnación de esos actos.
• Son infundados los conceptos de invalidez primero y segundo, relacionados con normas que establecen cobros por la reproducción de información pública en disco CD o DVD, así como por la digitalización de documentos, y la norma que establece que los estudiantes pagarán $15.00 pesos por cada página, cuando soliciten la expedición de certificados o copias de documentos con fines educativos.
Los conceptos de invalidez van dirigidos a señalar violaciones a los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad en las contribuciones, razonabilidad y acceso a la información.
El Municipio no es una empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares.
Finalmente, debe considerarse que el proceso económico de inflación anual que afecta los precios de la mayoría de los productos y servicios, esto es, cuando el precio general de los productos sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios, es decir, disminuye el poder adquisitivo, lo que afectará los costos que el Municipio le genere prestar los servicios contenidos en las
normas impugnadas. Se debe considerar el costo total que representa al Municipio la prestación del servicio, en el cual deben incluirse el pago de oficinas, personal, equipos y otros gastos relacionados con los trámites para realizar dicho servicio por parte del Municipio, es decir todos los gastos directos e indirectos del servicio.
Para individualizar el costo del servicio, en virtud de que no existe la obligación impuesta por ley de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto expresado en cantidades numéricas que le genera al Municipio la prestación de un servicio en concreto, y toda vez que en términos de lo sostenido por ese Alto Tribunal, es necesario que exista una razonabilidad en el costo del servicio y la cuota que se cobra; por tanto, la única forma posible de medir el costo para individualizarlo será con un análisis cualitativo, conforme la intensidad de uso del servicio, mediante parámetros de razonabilidad relacionados con el tipo de servicio y las actividades que desarrolla el ente municipal para prestarlo y conservarlo funcional.
El cobro está basado en el costo que le genera al Municipio la expedición o búsqueda de los documentos en donde se hace constar la información pública a la que tiene derecho de acceder las personas; esto es así, porque si bien la información relativa al quehacer del Estado en sus tres órdenes de gobierno es pública de oficio, también lo es que la entrega a través de medios físicos de la información o de la búsqueda que se derive de la solicitud, sí genera un costo que puede ser cobrado.
La búsqueda de información genera el uso y desgaste de las herramientas y consumibles del Municipio, por lo que, tratándose del pago por acceso a la información, información digitalizada entregada en dispositivo magnético por hoja e información digitalizadas en CD o DVD, tampoco puede considerarse que contravienen el principio de gratuidad de la información.
8. Acuerdos que tienen por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdos de cuatro y dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes solicitados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, respectivamente; y, finalmente en el último proveído citado fijó plazo de cinco días hábiles para que las partes formularan alegatos.
9. Pedimento de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Las referidas dependencias no formularon manifestación alguna o pedimento concreto.
10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de quince de abril de dos mil veinticinco, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) 1o., de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de esa Norma Fundamental,(5) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(6) así como en el Punto Segundo, fracción II,(7) del Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que la CNDH promueve su demanda contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
12. La CNDH promueve su demanda para combatir diversas disposiciones contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2025, publicadas en el Periódico Oficial local el diecisiete y dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro, cuyas impugnaciones divide en dos temas concretos:
13. A) Cobros por información digitalizada que se entregue en dispositivo magnético, por hoja digitalizada, o en CD o DVD, relacionados con el derecho de acceso a la información.
1) Artículo 31, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Epitacio Huerta.
2) Artículo 30, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huaniqueo.
3) Artículo 32, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huetamo.
4) Artículo 32, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jacona.
5) Artículo 30, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos.
6) Artículo 30, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Susupuato.
14. B) Cobros por la expedición de certificados o copias de documentos, no relacionadas con el derecho de acceso a la información.
1) Artículo 30, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jacona.
III. OPORTUNIDAD
15. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
16. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán los días diecisiete(9) y dieciocho(10) de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo de treinta días naturales transcurrió, en el primer caso, del miércoles dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro al jueves dieciséis de enero de dos mil veinticinco y, en el segundo, del jueves diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro al viernes diecisiete de enero de dos mil veinticinco.
17. El cómputo se muestra en el siguiente calendario:
Ver calendario
18. En ese sentido, si la demanda promovida por la CNDH se depositó en el buzón judicial el miércoles quince de enero de dos mil veinticinco y fue recibida al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(11) se concluye que su presentación resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
19. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) la CNDH es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional; por otra parte, el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(13) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
20. En el caso, la demanda la suscribe María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la CNDH, quien exhibió copia certificada del acuerdo de su designación por el Senado de la República de doce de noviembre de dos mil veinticuatro.(14) Asimismo, acorde con las fracciones I y XI del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(15) dicha funcionaria ejerce la representación legal de ese órgano autónomo y cuenta con la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad.
21. Por tanto, si en el caso la Comisión accionante promovió la presente acción de inconstitucionalidad en contra de preceptos contenidos en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal de 2025, e insiste que esas normas resultan violatorias a derechos humanos, en concreto al derecho de acceso a la información pública, así como al principio de gratuidad y proporcionalidad en las contribuciones; es de concluirse que cuenta con legitimación para impugnarlos.
22. Finalmente, es de resaltarse que este Tribunal Pleno ha sostenido el criterio de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para impugnar normas de carácter tributario, teniendo en cuenta que el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional establece únicamente como condición de procedencia de la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la denuncia de inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea parte, sin que establezca otra condición, por lo que, como se adelantó, dicha Comisión sí está legitimada para impugnar normas de carácter tributario, mientras se alegue la violación a un derecho humano, como en el caso acontece.(16)
V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
V.1. El Poder Ejecutivo local sólo se limitó a la promulgación y publicación de las normas impugnadas, en cumplimiento a sus facultades constitucionales y legales.
23. Si bien no lo formula como causal de improcedencia, el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo al rendir su informe alega que su participación en el proceso de creación de las normas combatidas se limitó a su promulgación y publicación, en cumplimiento a sus facultades constitucionales y legales, razón por la cual sostiene que la impugnación resulta infundada respecto a esos actos.
24. Dicho argumento debe desestimarse, dado que, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales impugnadas para otorgarles plena validez y eficacia, se encuentra invariablemente implicado en su emisión, por lo que debe responder por la constitucionalidad de sus actos, acorde con la jurisprudencia P./J. 38/2010(17) de este Tribunal Pleno.
V.2. La CNDH carece de legitimación para solicitar la invalidez de normas que tienen carácter tributario.
25. El Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, al rendir su informe, alega que la acción es improcedente, porque, a su parecer, la CNDH carece de legitimación para solicitar la invalidez de normas de carácter tributario, pues a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34014-7c656ab4/acceso-a-la-informacion-publica-los-cobros-derivados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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Tesis y jurisprudencia relacionadas
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- PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. LOS COBROS DE DERECHOS POR SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS U OFICINAS MUNICIPALES VULNERAN ESE PRINCIPIO. (P./J. 92/2026 (12a.))
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