I. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO RELACIONADOS CON EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL COBRO POR LA REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN DISCO CD Y DVD, Y POR DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, VULNERAN EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, YA QUE GRAVAN LA ACTIVIDAD DE DIGITALIZAR LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL MEDIO DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE ENTREGA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 31, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE ANGANGUEO, CHINICUILA Y CHURINTZIO, 31, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INGRESOS DE CHARO, 33, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUITZEO Y 65, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MÚGICA, TODAS DEL ESTADO DE MICHO ACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO). II. SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE SU COBRO SIN GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CON EL COSTO QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO, ES DESPROPORCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ANGANGUEO, 31, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHARO, 31, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA, 31, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO, 33, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUITZEO, 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO, 65, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MÚGICA, Y 29, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ANGANGUEO, 31, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHARO, 31, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA, 31, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO, 33, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUITZEO, 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ERONGARÍCUARO, 65, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MÚGICA, Y 29, FRACCIONES III Y IV, Y PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 20 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIO: JUAN MANUEL ANGULO LEYVA.
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ÍNDICE TEMÁTICO
Normas impugnadas: disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, publicadas en el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veinte de octubre dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 6/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
ANTECEDENTES Y TRAMITE
1. Publicación de leyes de ingresos municipales de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2025. El dieciséis de diciembre dos mil veinticuatro se publicaron en el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán diversos decretos mediante los cuales se expidieron las leyes de ingresos de los municipios de Angangueo, Charo, Chinicuila, Churintzio, Cuitzeo, Múgica, San Lucas y Erongarícuaro, todos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.(1)
2. Promoción de la acción de inconstitucionalidad. El quince enero de enero de dos mil veinticinco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las siguientes normas, emitidas y promulgadas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán:
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3. Preceptos constitucionales violados. La Comisión actora señaló como preceptos constitucionales violados los artículos, 1°, 6 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
4. Conceptos de invalidez. Asimismo, en sus dos conceptos de invalidez planteó que las disposiciones anteriores vulneran el derecho de acceso a la información y los principios de gratuidad y proporcionalidad tributaria. Además, argumentó que:
Primer concepto de invalidez. Los artículos señalados en su inciso a), apartado III de su demanda prevén cuotas injustificadas y excesivas por la reproducción de información pública en disco CD y DVD y por digitalización de documentos, por lo que vulneran el derecho de acceso a la información así como el principio de gratuidad, reconocidos en los artículos 6, apartado A, fracción III , de la Constitución Política del país, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Del análisis de las normas impugnadas se tiene que gravan la actividad de digitalizar la información, así como el medio de almacenamiento mediante el cual se entrega la información (que no se justifica atendiendo a una base objetiva y razonable), por lo que contravienen el principio de gratuidad.
Asimismo, los preceptos controvertidos tienen un impacto desproporcional en el gremio periodístico quienes tienen como función social buscar información sobre temas de interés público.
Segundo Concepto de Invalidez. El artículo 29, fraccion I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Erongarícuaro que establece el cobro por la expedición de copias certificadas no atiende a los costos reales del servicio prestado, por lo que resulta contrario al principio de proporcionalidad reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Asimismo, la norma genera incertidumbre jurídica porque no especifica a que tipo de certificado refiere, situación que permite la discrecionalidad de la autoridad que la aplicara.
5. Radicación y turno. El veinte de enero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad, ordenó formar el expediente que registró con el número 6/2025, y la turnó a la entonces Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
6. Admisión. El cuatro de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y le dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes.
7. Informes. El tres y el trece de marzo de dos mil veinticinco, respectivamente, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán rindieron sus informes.
8. Al respecto, el Congreso del Estado de Michoacán señaló lo siguiente:
• Sobre el primer concepto de invalidez. Los derechos humanos de seguridad social ni los artículos 14 y 16 de la Constitución Política del país se ven vulnerados al cobrarse los derechos por la reproducción de información vinculada con el derecho de acceso a la información porque se ajustan a lo previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que obliga a todos los mexicanos a contribuir en los gastos públicos de la Federación de la Ciudad de México, de los Estados y de los Municipios en que residan.
• Además, las propuestas de los municipios en las iniciativas de las leyes de ingresos para este ejercicio fiscal son acordes con el Sistema Nacional de Coordinación fiscal y con otras disposiciones; son congruentes con la política económica nacional y con las estimaciones de las participaciones y transferencias federales proyectadas por el gobierno federal.
• Las contraprestaciones corresponden a los precios calculados por las autoridades municipales, esto es, a los costos que presta el Estado en su competencia.
• El regular el pago de derechos por la búsqueda de información pública no tiene implicaciones que trasciendan al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y por ello, la constitucionalidad de las normas debe valorarse a partir de la proporcionalidad y razonabilidad. De esta forma, se garantiza el derecho de acceso a la información para todas las personas así como la entrega a través de los medios e instrumentos idóneos.
• Sobre el segundo concepto de invalidez. Al igual que en el caso anterior, las normas son constitucionales porque se ajustan a la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política del país.
• Las normas impugnadas no violan el principio de proporcionalidad de los tributos porque se ajustan a la legislación aplicable a los tributos; señalan con precisión los elementos de las contribuciones y dan certeza a los ciudadanos sobre el contenido de sus obligaciones y derechos.
9. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, señaló lo siguiente:
• El principio de proporcionalidad exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Municipio su prestación, aunque esa relación no implique que el costo corresponda exactamente al valor de los materiales. También debe considerarse la inflación anual que afecta los precios de la mayoría de los productos y servicios.
• De ahí que los conceptos de invalidez sean infundados. Para determinar los costos que representan a los municipios brindar el servicio, debe incluirse el pago de oficinas, personal, equipos y otros gastos relacionados con los trámites, esto es, todos los gastos directos o indirectos relacionados con el servicio público.
• Por ello, para juzgar la razonabilidad de las cuotas establecidas en los artículos impugnados se debe ponderar que se trata de servicios públicos complejos y que corresponde a la actora demostrar su falta de proporcionalidad.
• Por otro lado, las cuotas tampoco violan el principio de equidad tributaria porque todos los sujetos pasivos de las contribuciones reciben un tratamiento idéntico.
10. Alegatos. El dos y el catorce de abril de dos mil veinticinco, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formularon sus alegatos.
11. Cierre de instrucción. Por acuerdo de catorce de abril de dos mil veinticinco se cerró la instrucción del asunto y se envió el expediente a la entonces Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.
12. Returno. El primero de septiembre de dos mil veinticinco tomaron protesta las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el presente asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.
I. COMPETENCIA
13. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país,(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(3)
II. PRECISIÓN DE LAS DISPOSICIONES RECLAMADAS
14. Del escrito inicial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se advierten inconsistencias respecto de los artículos citados y los efectivamente combatidos, por lo que se tienen por impugnados los artículos transcritos en los incisos a) y b) de su escrito de demanda, —identificados en el párrafo segundo de la presente resolución— de las siguientes ocho leyes de ingresos municipales del Estado de Michoacán: Angangueo, Charo, Chincuila, Churintzio, Cuitzeo, Erongarícuaro, Múgica y San Lucas, todos para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
15. Adicionalmente, si bien en el apartado de normas generales impugnadas solo precisa con relación al artículo 29 fracción I, de la ley de ingresos del municipio de Erongarícuaro que la actora impugna la porción normativa “o copias certificadas por cada página”, de la lectura integral de la demanda se desprende que impugna la totalidad de la fracción I del referido artículo.(4)
III. OPORTUNIDAD
16. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) el plazo para promover la acción de inconstitucional es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que una norma general se publique en el medio oficial correspondiente, con la excepción de que, salvo en materia electoral, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
17. En el caso los decretos impugnados se publicaron el lunes dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Gobierno de Michoacán. Por tal motivo, el plazo para demandar trascurrió del martes diecisiete de diciembre al miércoles quince de enero de dos mil veinticinco.
18. La acción de inconstitucionalidad se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el último día de ese plazo, esto es, el quince de enero de dos mil veinticinco, por lo que resulta claro que se promovió de forma oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
19. La promovente se encuentra legitimada para promover el presente medio de control de constitucionalidad en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país,(6) en cuya demanda señaló como violados los derechos humanos contenidos en los artículos, 1°, 6 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
20. El Poder Ejecutivo del Estado manifestó en su informe que la Comisión actora no tiene legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad porque el ente al que corresponde la protección del derecho previsto en el artículo 6º constitucional es al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
21. La causa de improcedencia manifestada es infundada porque los incisos g) y h) de la fracción II del artículo 105 constitucional no son excluyentes, sino complementarios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para impugnar cualquier norma que considere que puede ser violatoria de todos los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano, incluido el previsto en el artículo 6º de la Constitución Política del país. El establecimiento del inciso h) permite al órgano constitucional especializado en la garantía y protección de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a promover acciones de inconstitucionalidad para impugnar normas en esa materia, pero esta habilitación no excluye la de otros órganos.
22. Por otro lado, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(7)
23. En el caso, la acción está signada por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil veinticuatro, expedido por el Presidente y la Secretaria de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del Senado de la República.
24. Dicha servidora pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(8) así como 18 de su reglamento interno,(9) ostenta la representación del organismo y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad.
25. En consecuencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad y quien suscribe el escrito respectivo, es en quien recae la representación legal de dicho organismo.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
26. Al haberse desestimado la única causa de improcedencia planteada en este asunto en el apartado de legitimación y al no advertirse alguna de oficio, se procede a examinar los conceptos de invalidez.
VI. ESTUDIO DE FONDO
27. La accionante en síntesis sostiene que los artículos señalados en el inciso a) de su demanda establecen tarifas injustificadas y excesivas por los servicios de reproducción de información relacionados con el derecho de acceso a la información pública que vulneran el derecho de acceso a la información así como el principio de gratuidad. Además que los preceptos controvertidos tienen un impacto desproporcional en el gremio periodístico quienes tienen como función social buscar información sobre temas de interés público.
28. Mientras que las disposiciones precisadas en el inciso b) de su demanda establecen tarifas por los servicios de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información pública, que vulneran el principio de proporcionalidad, ya que no atiende a los costos reales del servicio prestado. Además, que generan incertidumbre jurídica, porque no especifican que tipo de certificado refiere lo que permite la discrecionalidad de la autoridad que la aplicara.
29. Atento a esos planteamientos y con la finalidad de tener un panorama íntegro del problema que entraña el presente medio de control constitucional, esta Suprema Corte analiza dichos supuestos en apartados distintos:
TEMA I. Reproducción de información que se relaciona con el derecho de acceso a la información.
30. En el primer concepto de invalidez, la Comisión accionante impugna los artículos 31, fracciones III y IV, y párrafo tercero, de las leyes de ingresos municipales de Angangueo, Chinicuila y Churintzio, 31, fracciones III y IV y párrafo segundo, de Charo, 33, fracciones III y IV y párrafo tercero, de Cuitzeo, 65, fracciones III y IV y párrafo tercero, de Múgica y 29, fracciones III y IV y párrafo tercero, de San Lucas, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2025, cuyo contenido es el siguiente:
Ver contenido 1
31. La promovente sostiene que estas normas, que establecen el cobro de derechos por los servicios que presten los distintitos municipios del Estado de Michoacán de Ocampo por la reproducción de información pública en disco CD y DVD y por digitalización de documentos, vulneran el derecho de acceso a la información así como el principio de gratuidad, ya que gravan la actividad de digitalizar la información, así como el medio de almacenamiento mediante el cual se entrega la información (que no se justifica atendiendo a una base objetiva y razonable). Asimismo, que los preceptos controvertidos tienen un impacto desproporcional en el gremio periodístico quienes tienen como función social buscar información sobre temas de interés público.
32. Previo a analizar los argumentos de la promovente es necesario precisar que es criterio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las disposiciones que no están vinculadas a los procedimientos de acceso a la información pública no deben analizarse a la luz del principio de gratuidad en materia de acceso a la información, sino en función al principio de proporcionalidad tributaria.(10)
33. En el caso de la lectura de las disposiciones impugnadas se advierte que establecen con certeza que lo gravado se encuentra vinculado directamente con el derecho de acceso a la información.
34. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, entre otras, las acciones de inconstitucionalidad 5/2017,(11) 13/2018 y su acumulada 25/2018,(12) 15/2019(13) y 105/2020,(14) 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022(15) 50/203,(16) 40/2024 y su acumulada 48/2024(17) y recientemente 5/2025(18) y 15/2025(19) analizó el contenido del artículo 6, fracción III, de la Constitución Política del país,(20) y determinó que el derecho de acceso a la información, y en específico el de gratuidad, constituye un principio fundamental para alcanzar el derecho de acceso a la información, cuyo objetivo es evitar discriminación, pues su finalidad es que todas las personas, sin importar su condición económica, tengan acceso gratuito a la información pública.
35. Así, este Tribunal Pleno ha determinado que los únicos cobros que podrían efectuarse son aquéllos necesarios para recuperar los costos de reproducción, envío y certificación de la información.
36. El referido principio de gratuidad quedó también plasmado en el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,(21) en el que se estableció que sólo puede requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, impidiéndose, por tanto, el cobro por la búsqueda de información, porque ésta no se materializa en algún elemento.
37. En el mismo sentido, el artículo 143 de la ley en cita dispone que, en caso de existir costos para obtener la información, éstos no podrán ser superiores al costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, al costo de envío y al pago de la certificación de los documentos, cuando proceda, y que la información será entregada sin costo cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples.(22)
38. Es decir, tanto la Constitución Política del país como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública son claras al establecer la gratuidad del acceso a la información, constituyendo así una obligación categórica de todas las autoridades el garantizarla. 39. Conforme a lo anterior, se ha establecido que las cuotas, en caso de que la entrega de la información tuviera algún costo, dada la forma de reproducción y entrega solicitadas, habrán de ser acordes con el costo del servicio prestado e iguales para los solicitantes, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo que quiere decir que el Estado no debe lucrar con las cuotas, sino que aquéllas deben fijarse de acuerdo a una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, sin que pueda cobrarse la búsqueda de información o su reproducción cuando el interesado proporcione los medios respectivos.
40. Así, recae en el legislador la carga de demostrar que el cobro que establece por la entrega de información en determinado medio atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, puesto que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, es un imperativo general la gratuidad en la entrega de la misma.
41. Aunado a lo anterior, se ha establecido que aun en el evento de que este Tribunal Pleno pudiera buscar o allegarse de información para determinar si las tarifas o cuotas aplicables se apegan o no al parámetro de regularidad constitucional antes comentado, lo objetivamente cierto es que no le corresponde realizar ni los cálculos respectivos ni tampoco fijar valores a fin de analizar su Constitucionalidad; precisamente, porque conforme al texto Constitucional y legal aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública corresponde al legislador realizar la motivación reforzada en los términos antes apuntados.
42. También se ha señalado que los costos no pueden constituir barreras desproporcionadas de acceso a la información. De esta manera, si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información debe entregarse sin costo.
43. Además, se precisó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé que en la determinación de las cuotas se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información; asimismo, dispone que las cuotas se establecen en la Ley Federal de Derechos, y salvo que dicha ley no le sea aplicable a los sujetos obligados, las cuotas no deberán ser mayores a las dispuestas en ésta.
44. En el caso concreto, las leyes impugnadas establecieron por la digitalización de información una cuota entre $1.00 (un peso 0/100 moneda nacional) y $22 (veinte dos pesos 0/100 moneda nacional) en las leyes de ingresos de los siguientes municipios:
• Angangueo, que en su artículo 31, fracción III, fijó una tarifa de $1.00 (un peso 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada que se entregue en dispositivo magnético (por cada hoja digitalizada) y en su fracción IV fijó una tarifa de $22.00 (veintidós pesos 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada en disco formato CD o DVD.
• Charo, que en su artículo que en su artículo 31, fracción III, fijó una tarifa de $1.00 (un peso 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada que se entregue en dispositivo magnético (por cada hoja digitalizada) y en su fracción IV fijó una tarifa de $22.00 (veintidós pesos 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada en disco formato CD o DVD.
• Chinicuila, que en su artículo 31, fracción III, fijó una tarifa de $1.00 (un peso 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada que se entregue en dispositivo magnético (por cada hoja digitalizada) y en su fracción IV fijó una tarifa de $22.00 (veintidós pesos 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada en disco formato CD o DVD.
• Churintzio, que en su artículo 31, fracción III, fijó una tarifa de $1.00 (un peso 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada que se entregue en dispositivo magnético (por cada hoja digitalizada) y en su fracción IV fijó una tarifa de $22.00 (veintidós pesos 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada en disco formato CD o DVD.
• Cuitzeo, que en su artículo 33, fracción III, fijó una tarifa de $1.00 (un peso 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada que se entregue en dispositivo magnético (por cada hoja digitalizada) y en su fracción IV fijó una tarifa de $22.00 (veintidós pesos 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada en disco formato CD o DVD.
• Múgica, que en su artículo 65, fracción III, fijó una tarifa de $1.00 (un peso 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada que se entregue en dispositivo magnético (por cada hoja digitalizada) y en su fracción IV fijó una tarifa de $22.00 (veintidós pesos 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada en disco formato CD o DVD.
• San Lucas, que en su artículo 29, fracción III, fijó una tarifa de $1.00 (un peso 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada que se entregue en dispositivo magnético (por cada hoja digitalizada) y en su fracción IV fijó una tarifa de $22.00 (veintidós pesos 00/100 moneda nacional) por proporcionar información digitalizada en disco formato CD o DVD.
45. Asimismo, en las referidas normas se estableció que cuando el solicitante proporcione cualquier dispositivo magnético, soló pagará el costo de los derechos de la información digitalizada.
46. Todas las tarifas anteriores como consecuencia del ejercicio de derecho de acceso a la información, proporcionada por la autoridad competente, en los términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo.
47. De la revisión integral de las normas impugnadas, se advierte que el Congreso cobra la simple digitalización de documentos, asimismo no justifica el cobro por la reproducción de información protegida por el artículo 6º constitucional a partir del costo real de los materiales requeridos para la reproducción de la información, lo cual transgrede el principio de gratuidad del acceso a la información pública.
48. Así, resulta evidente la inconstitucionalidad de las normas impugnadas por la accionante en este apartado.
49. En efecto, si bien, este Tribunal Pleno ha aceptado que, en el proceso creativo, el legislador no debe exponer, necesariamente, todas las razones con base en las que actúa, en este tipo de casos es necesario establecer elementos objetivos y razonables que atiendan al valor real de los insumos que utiliza el Estado.
50. Asimismo, se advierte también, que se actualiza la vulneración al principio de seguridad jurídica garantizado en los artículos 14 y 16 constitucionales, respecto de las fracciones IV impugnadas al no determinarse si la información digitalizada en disco CD o DVD es por servicio, por un documento completo o por cada página o cara, lo que pudiera dar lugar a arbitrariedades en el cobro respectivo, ya que se deja a la discrecionalidad de la autoridad su determinación.
51. Sumado a lo anterior, de conformidad con lo establecido en las leyes generales de transparencia y acceso a la información pública(23) y de archivos,(24) la información proporcionada por los sujetos obligados debe observar el principio de datos abiertos. Es decir, no solo debe proporcionarse la información pública de manera digital sino que todos los sujetos obligados deben proporcionarla en un formato compatible con distintos tipos de software y accesible a personas con cualquier tipo de discapacidad. Esto permite a su vez contribuir a la generación de mayor investigación y más información.
52. En consecuencia, al resultar fundado el primer concepto de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se declara la invalidez de los artículos, contenidos en las leyes de ingresos municipales del estado de Michoacán: el 29, fracción III, IV y párrafo tercero del Municipio de San Lucas, 31, fracción III, IV y párrafo tercero de los Municipios de Angangueo, Chinicuila y Churintzio, 31, fracciones III y IV y párrafo segundo de Charo, 33, fracción III, IV y párrafo tercero del Municipio de Cuitzeo y 65, fracción III, IV y párrafo tercero del Municipio de Múgica y todos para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
TEMA II. Reproducción de información que no se relaciona con el derecho de acceso a la información.
53. En el segundo concepto de invalidez, la comisión accionante impugna el artículo 29, fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Erongarícuaro, del Estado de Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 2025, cuyo contenido es el siguiente:
Ver contenido 2
54. promovente sostiene que esta norma, que establecen el cobro de derechos por la expedición de copias certificadas o certificados no atiende a los costos reales del servicio prestado, por lo que resulta contrario al principio de proporcionalidad. Asimismo, que genera incertidumbre jurídica porque no especifica a que tipo de certificado refiere, lo que permite la discrecionalidad de la autoridad que la aplicara.
55. En este sentido de la lectura integral de la ley impugnada se advierte que ésta no contiene una sección que prevea, expresamente aquellos servicios prestados en materia de transparencia y acceso a la información.
56. De tal manera que, lo procedente es analizarla a la luz de los principios tributarios y no bajo la óptica del principio de gratuidad en materia de acceso a la información.
57. Al respecto, los alcances de los principios de justicia tributaria, derivados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte, entre otras, en las acciones de inconstitucionalidad 93/2020,(25) 75/2021(26) 44/2022 y sus acumuladas 45/2022 y 48/2022,(27) 50/2023,(28) 90/2024(29) y de manera reciente en la 5/2025.(30)
58. En estos precedentes, esta Suprema Corte ha sostenido que para considerar constitucionales las normas que prevén derechos, las cuotas aplicables de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33985-7ab15551/i-servicios-de-busqueda-de-informacion-digitalizacion-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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