Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS (ARTÍCULOS 31, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO, 29, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, 31, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIÓN III, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COALCOMÁN, 31, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, Y 33, PÁRRAFOS PRIMERO, FRACCIONES III Y IV, TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, TODOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/2025. · Registro digital (IUS): 34134
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-07-03
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Julio de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.382.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/2025. 28 DE ENERO DE 2026. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: HUMBERTO JARDÓN PÉREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al veintiocho de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 8/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de su Presidenta, en contra de diversas disposiciones de cinco leyes de ingresos municipales del estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2025, expedidas mediante diversos decretos publicados los días veinticuatro y veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de la entidad.

ANTECEDENTES

2. Presentación de la demanda. El veintitrés de enero de dos mil veinticinco, la Presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la declaración de invalidez de:

III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron:

"1. Artículo 31, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Angamacutiro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025.

2. Artículo 29, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Briseñas, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025.

3. Artículo 31, párrafos primero, fracción III, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Coalcomán, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025.

4. Artículo 31, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huiramba, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025.

5. Artículo 33, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025. Dichos ordenamientos fueron publicados los días 24 y 25 de diciembre de 2024 en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo."

3. Disposiciones que fueron emitidas mediante los Decretos 99, 101 y 119, publicados el día veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, así como los Decretos 58 y 59, publicados el día veinticinco de diciembre del mismo año en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo.

4. En su escrito inicial, la parte accionante hizo valer sustancialmente los siguientes conceptos de invalidez:

ÚNICO. Los artículos impugnados de las leyes de ingresos de los municipios de Angamacutiro, Briseñas, Coalcomán, Huiramba y Jiménez, todos del estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2025, establecen cuotas injustificadas y excesivas por la obtención de información, por su reproducción en disco CD o DVD, así como por la sola digitalización de documentos.

Se considera que dichas normas vulneran el derecho al acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. Radicación y turno. Mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil veinticinco, la Presidencia de esta SCJN tuvo por recibido el escrito inicial, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 8/2025 y turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para instruir el procedimiento correspondiente.

6. Admisión y trámite. El veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra instructora admitió a trámite la presente acción de inconstitucionalidad, ordenó darle vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo para que dentro del plazo de quince días hábiles rindieran los informes correspondientes, y requirió al segundo de estos para que remitiera copia certificada del Periódico Oficial de la entidad en el que constara la publicación de los decretos controvertidos.

7. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que, respectivamente, formularan el pedimento correspondiente y manifestaran lo que a su esfera competencial conviniera.

8. Finalmente, ordenó dar vista a los municipios de Angamacutiro, Briseñas, Coalcomán, Huiramba y Jiménez, todos del estado de Michoacán de Ocampo, para que en el término de quince días hábiles informen cuál es el costo organizacional, material, humano, tecnológico y demás cuestiones relacionadas en que incurren para cumplir con las obligaciones que implica otorgar los servicios públicos sobre los que versan las normas impugnadas.

9. Promoción del municipio de Coalcomán. El veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, el licenciado Caín Salvador Sánchez Mendoza, síndico municipal del H. Ayuntamiento de Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoacán, presentó escrito en el que manifestó que, en lo que va del ejercicio fiscal 2025, no se ha realizado cobro alguno por concepto de hoja digitalizada entregada en dispositivo magnético o en disco CD o DVD, y que se realizarán las adecuaciones a los proyectos de ley de ingresos posteriores para garantizar el derecho a la información y el principio de gratuidad.

10. Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN el tres de junio de dos mil veinticinco, el Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo, representado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de esa entidad federativa, presentó el informe que le fue solicitado, en el cual, esencialmente expuso lo siguiente:

En esa tesitura, es importante que la información que se solicita y se atienda, al ser reproducida, se entienda con ello que no se cobran las firmas de los funcionarios, sino se pretende atender con mayor eficiencia lo solicitado sin cargos excesivos a los gastos municipales, pues los materiales utilizados en particular de este derecho, los costos son mínimos, los cuales al establecerse en norma justifican la certidumbre jurídica a los gobernados.

Asimismo, la proporcionalidad contenida en las leyes de ingresos reúnen los elementos establecidos dentro de este principio, sin vulnerar en consecuencia la equidad, pues como ha quedado ya señalado, los principios definidos en las contribuciones incluidas en las leyes de ingresos municipales antes mencionadas, definen los servicios públicos en su atención, y como derivado de su contenido, las cuotas, y en su caso tarifas, que los gobernados se encuentran obligados a enterar al gasto público municipal. Entendiéndose con ello que todo lo que se proporcione previamente solicitado, en esa contraprestación, aun y cuando la misma sea información pública, deberá ser procesada conforme a los parámetros de legalidad que las normas vigentes y en la materia establecen. Con base en lo anterior, se cita el artículo 1o. y 4o. de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, los que a la letra dicen: (...)

Que los conceptos de contribuciones correspondientes al ingreso público destinado son acordes a su propia naturaleza y, por ende, constitucionales, atribuidos a su definición establecida en la materia tributaria. Por ello, y con base en lo que la promovente pretende destacar, sin duda la emisión de los documentos, tanto simples como certificados, se encuentran acreditados sobre los servicios de panteones, y los definidos por la Comisión Nacional. (...)

De lo señalado, se puntualiza que los artículos impugnados de las leyes de ingresos de los municipios de Tzitzio y Villamar, ambas del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2025, precisadas en la demanda interpuesta, resulta indispensable regular las cuotas que se justifiquen, pues las mismas especifican la reproducción de información pública, al ser definida, podrán ser en disco CD o DVD, así como por digitalización de documentos. (sic) (...)

En este orden, al respecto el Código Fiscal Federal define a las contribuciones y las clasifica, por lo que, en esa misma, ubicamos a los derechos definidos como las contribuciones establecidas en ley; y al respecto el artículo 3o., fracción II, del Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, determina, entre otras, a las contribuciones, siendo en particular las cantidades que en dinero deberán enterar las personas físicas y morales a los municipios del Estado, con la finalidad de cubrir el gasto público, y a su vez las clasifica conforme a su naturaleza, se vinculan con lo determinado en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Con base en lo anterior, es importante señalar lo regulado por el Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en este orden, las personas físicas y las morales, que causen contribuciones conforme a su riqueza, están obligadas a contribuir para el gasto público del municipio, de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, el Código Municipal del Estado de Michoacán y la Ley de Ingresos Municipal del año fiscal en este particular del año 2025, normas que en su conjunto se encuentran armonizadas con la Constitución Federal y Constitución Local, las que retienen los rectores. (...)

Así, es relevante que las disposiciones municipales fiscales que establezcan las cargas a los particulares correspondan a las normas jurídicas que son de aplicación estricta, virtud de que se consideran las que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa, cuota o tarifa; por ello, una contribución se causa atendiendo al contenido de la norma jurídica, además de que será de conformidad al supuesto aplicable en particular, es decir, que la situación o el hecho que se encuentre previsto en la ley vigente, conforme durante el lapso en que ocurran.

En ese tenor, una contribución se determina sólo si se encuentra regulada en las normas jurídicas vigentes y aplicables en materia fiscal, en el momento de su causación. (...)

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 115, párrafo primero, de su texto original, el municipio libre; esta idea se da con base en la sujeción que los presidentes municipales de la época porfirista tenían respecto de los gobernadores de los estados. Aunado a lo anterior, la idea del constituyente de 1917 al acuñar el concepto fue que los municipios fueran libres, en razón de la autosuficiencia financiera que tuvieran para satisfacer plenamente su función de gobierno. No es sino hasta la reforma constitucional de 1983 en la que se establecen en la fracción III el mínimo de servicios públicos que los municipios están obligados a prestar, entre ellos, se establecen las fuentes exclusivas de ingresos municipales. (...)

Que contrario a lo señalado por la Comisión recurrente, el legislador consideró el elemento determinante del monto a pagar por la contribución, dado que, al estar registradas, su destino prestado por el municipio causará de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal, con las cuotas determinadas en las leyes de ingresos municipales que se pretenden invalidar. Consecuentemente, la contribución establecida en las normas impugnadas, que se pretende invalidar, no vulnera el principio de proporcionalidad de los tributos, en razón de que el legislador del Estado Michoacano cumplió con la obligación constitucional consistente en promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos a la seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad en las contribuciones, que consagra la Constitución Federal, como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

11. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo. Mediante escrito presentado en las Oficinas del Servicio Postal Mexicano el dos de junio de dos mil veinticinco, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN el once de junio siguiente, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, rindió el informe solicitado y realizó las siguientes manifestaciones:

En esa guisa, la búsqueda de información genera el uso y desgaste de las herramientas y consumibles del municipio, por lo que, a efecto de garantizar la operatividad y funcionamiento adecuado dentro del orden municipal es necesario el cobro referido; por su parte, tratándose del pago por información digitalizada entregada en dispositivo magnético por hoja digitalizada e información digitalizada en CD o DVD, tampoco puede considerarse que contravienen el principio de gratuidad de la información.

Por lo tanto, los gobiernos municipales, con base en la división territorial de los Estados, en uso de las facultades y atribuciones que les otorga la Constitución, tienen la facultad originaria para aprobar y expedir Leyes de Ingresos, de acuerdo con los procedimientos que rigen en cada entidad federativa, en materia de prestación de servicios públicos municipales.

SIN EMBARGO, NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ESTA REPRESENTACIÓN LEGAL ESTIMA QUE SE PRESENTA UNA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LOS ÓRGANOS ACCIONANTES PARA PROMOVER LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL, PUES SE CONSIDERA QUE EL ENTE LEGITIMADO ES EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DEL PACTO FEDERAL, ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL, QUE TIENE FACULTAD PARA CUESTIONAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS RELACIONADAS CON TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS, POR TANTO, SE ACTUALIZA LA CAUSAL CONSISTENTE EN LA FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ELLO, PORQUE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS CONTIENEN NORMAS DE CARÁCTER CONTRIBUTIVO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MISMAS QUE ESCAPAN DE LA FACULTAD DEL ENTE REFERIDO. (sic)

12. Promoción del municipio de Angamacutiro. El cuatro de junio de dos mil veinticinco, por conducto de su síndica municipal el H. Ayuntamiento de Angamacutiro de la Unión, Michoacán, presentó escrito en el que manifestó, en esencia, lo siguiente:

La Ley de Ingresos del Municipio de Angamacutiro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 2025, se ajusta a los parámetros constitucionales, es por lo anterior que se afirma que la norma impugnada es constitucional, ya que no está relacionada con la imposición de límites al derecho de acceso a la información, sino que se relaciona con las atribuciones del municipio para establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos que sea autorizado.

Es importante resaltar que los servicios de búsqueda de documentos o archivos de diversa dependencia del municipio, implica para la autoridad la concreta obligación de la intervención de un servidor público destinado para realizar dicha acción, por lo que la tarifa fijada, entre otras cosas, es acorde o proporcional al costo de los servicios prestados y ser igual para todos aquellos que reciban el mismo servicio, es decir, debe guardar una relación razonable por el costo del servicio prestado.

Por ende, no es acertada la afirmación de que es desproporcionado el pago de derechos impugnados, porque atiende a los gastos por recursos humanos y materiales por parte del municipio; además, implica una actividad laboral que reúne los elementos suficientes para que se pague lo relativo a la ubicación de la información que se solicita, ya que además, el cobro del citado derecho repercute de manera equitativa y proporcional en la población de conformidad con la función de la capacidad económica de los contribuyentes y usuarios de servicios públicos y atendiendo a las necesidades y requerimientos de gasto de cada municipio, atento al respeto y preservando los principios fundamentales de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional.

La prestación del servicio de búsqueda de archivos se trata de un servicio público cuya prestación está conferida a los municipios del país por el artículo 115, fracciones III, inciso i), y IV, inciso c), de la Constitución Federal, y que el municipio debe sufragar el gasto público que implica la prestación de ese servicio.

13. Acuerdo de trámite. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veinticinco la Ministra instructora tuvo por recibidos los escritos y anexos de quienes se ostentan, respectivamente, como síndico y síndicas de los municipios de Coalcomán de Vázquez de Pallares y Angamacutiro de la Unión, ambos del estado de Michoacán de Ocampo.

14. A su vez, la Ministra instructora tuvo por recibidos los informes remitidos por el presidente de la mesa directiva del congreso y el director de asuntos constitucionales y legales de la consejería jurídica del ejecutivo, ambos del estado de Michoacán de Ocampo, a quienes se tiene por presentados con la personalidad que ostentan.

15. Pedimentos y manifestaciones. Por su parte, la Fiscalía General de la República no formuló pedimento, ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal realizó manifestación alguna.

16. Cierre de la instrucción. El veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

17. El Pleno de la SCJN es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de los artículos 105, fracción II, inciso g,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 16, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, y 1o.(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, en virtud de que en la presente instancia la CNDH planteó la posible contradicción entre diversas disposiciones de cinco leyes de ingresos municipales del estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2025, y la CPEUM.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

18. En términos del artículo 41, fracción I,(4) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, la presente sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente acción de inconstitucionalidad.

19. De la lectura del escrito de demanda, se advierte que la CNDH impugnó diversos artículos de diversos decretos publicados los días veinticuatro y veinticinco de diciembre dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, en concreto:

a) Del Decreto No. 99, el artículo 31, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Angamacutiro, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025, que establece:

Artículo 31. Los documentos solicitados de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, se pagarán conforme a lo siguiente: (...)

III. Información digitalizada que se entregue en dispositivo Magnético, por hoja digitalizada. $1.00

IV. Información digitalizada en disco CD o DVD. $ 22.00 (...)

Cuando el solicitante proporcione cualquier dispositivo magnético, sólo pagará el costo de los derechos de la información digitalizada.

En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse previamente a la prestación del servicio, en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal y en las Instituciones Financieras autoridades para tal efecto.

b) Del Decreto No. 101, el artículo 29, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Briseñas, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025, que establece:

Artículo 29. Los documentos solicitados de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, se pagarán conforme a lo siguiente: (...)

III. Información digitalizada que se entregue en dispositivo Magnético,

por hoja digitalizada. $1.00

IV. Información digitalizada en disco CD o DVD. $ 22.00 (...)

Cuando el solicitante proporcione cualquier dispositivo magnético, sólo pagará el costo de los derechos de la información digitalizada.

En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse previamente a la prestación del servicio, en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal y en las Instituciones Financieras autoridades para tal efecto.

c) Del Decreto No. 119, el artículo 31, párrafos primero, fracción III, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Coalcomán, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025, que establece:

Artículo 31. Los documentos solicitados de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, se pagarán conforme a lo siguiente: (...)

III. Información digitalizada que se entregue en dispositivo Magnético, por hoja digitalizada. $ 1.00

(...)

Cuando el solicitante proporcione cualquier dispositivo magnético, sólo pagará el costo de los derechos de la información digitalizada.

En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse previamente a la prestación del servicio, en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal y en las Instituciones Financieras autoridades para tal efecto.

d) Del Decreto No. 58, el artículo 31, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huiramba, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025, que establece:

Artículo 31. Los documentos solicitados de acuerdo con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, se pagarán conforme a lo siguiente: (...)

III. Información digitalizada que se entregue en dispositivo Magnético, por hoja digitalizada. $ 1.00

IV. Información digitalizada en disco CD o DVD. $ 22.00 (...)

Cuando el solicitante proporcione cualquier dispositivo magnético, sólo pagará el costo de los derechos de la información digitalizada.

En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse previamente a la prestación del servicio, en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal y en las Instituciones Financieras autoridades para tal efecto.

e) Del Decreto No. 59, el artículo 33, párrafos primero, fracciones III y IV, tercero y cuarto, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año 2025, que establece:

Artículo 33. Los documentos solicitados de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, se pagarán conforme a lo siguiente:(...)

III. Información digitalizada que se entregue en dispositivo Magnético, por hoja digitalizada. $ 1.00

IV. Información digitalizada en disco CD o DVD. $ 22.00 (...)

Cuando el solicitante proporcione cualquier dispositivo magnético, sólo pagará el costo de los derechos de la información digitalizada.

En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse previamente a la prestación del servicio, en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal y en las Instituciones Financieras autoridades para tal efecto.

III. OPORTUNIDAD

20. De acuerdo con el artículo 60(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

21. En el presente caso, las normas emitidas mediante "los Decretos 99, 101 y 119" fueron publicadas el veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo cual el término para promover la demanda de acción de inconstitucionalidad transcurrió del miércoles veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro al jueves veintitrés de enero de dos mil veinticinco. Por otro lado, las normas impugnadas emitidas mediante "Decreto 58 y 59" fueron publicadas el veinticinco de diciembre de dos mil veinticuatro, por lo cual el término para promover la demanda de acción de inconstitucionalidad transcurrió del jueves veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro al viernes veinticuatro de enero de dos mil veinticinco.

Dado que el escrito de demanda fue recibido el veintitrés de enero de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, su presentación en ambos casos fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

22. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g,(6) de la CPEUM, la CNDH es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional en contra de normas expedidas por la legislatura de Michoacán de Ocampo. Al respecto, el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria(7) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que legalmente estén facultados para representarles.

23. Cabe precisar que María del Rosario Piedra Ibarra, firmante de la demanda, acreditó ejercer el cargo de Presidenta de la CNDH, mediante copia certificada del acuerdo de su designación de fecha doce de noviembre de dos mil veinticuatro, expedido por el Presidente y la Secretaria de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la República.

24. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracciones I y XI,(8) de la Ley de la CNDH, así como 18(9) de su reglamento interno, la promovente ostenta la representación del organismo y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad.

25. En consecuencia, la CNDH está legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad y quien suscribe el escrito respectivo, es en quien recae la representación legal de dicho organismo.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

26. Este Tribunal Pleno de oficio advierte que en el caso debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad porque ha sobrevenido su improcedencia por cesación de efectos de las normas impugnadas

27. De conformidad con el artículo 19, fracción V,(10) en relación con los artículos 59 y 65,(11) todos de la Ley reglamentaria, las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma general o el acto impugnado, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos.

28. En ese sentido, es posible afirmar que la causa de improcedencia prevista en el referido artículo 19, fracción V, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.

29. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la tesis jurisprudencial número P./J. 54/2001, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."(12)

30. La causal de improcedencia aludida se actualiza en la presente acción de inconstitucionalidad, pues como esta SCJN ha sostenido –a diferencia del resto de las normas, cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación– las normas contenidas en las leyes de ingresos y de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.

31. Este principio se desprende del artículo 74, fracción IV,(13) de la CPEUM, de acuerdo con el cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre. Por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el quince de septiembre de cada año.

32. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el "Paquete Económico" que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.

33. Este principio es aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo,(14) de la CPEUM.

34. En el caso concreto, se advierte que la comisión accionante impugnó diversas Leyes de Ingresos de municipios pertenecientes al estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, que establecen cuotas por la obtención de información, por su reproducción en disco CD o DVD, así como por la sola digitalización de documentos.

35. De esta forma, resulta evidente que los efectos de las normas impugnadas, al ser aplicables para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, cesaron sus efectos cuando concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.

36. Con base en lo anterior, es dable afirmar que las normas presupuestarias se encuentran sujetas al principio de anualidad, conforme al cual, las normas regirán únicamente por un cierto tiempo previamente establecido.

37. En tales cond

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34134-06cad5a1/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.