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Modo: Corpus Pro

I. DERECHOS POR LA BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE RECIBOS DE PAGO. EL LEGISLADOR QUE ESTABLECIÓ SU COBRO DEBIÓ MOTIVAR DE FORMA RAZONADA Y OBJETIVA EL COSTO QUE TOMÓ EN CUENTA Y LA METODOLOGÍA QUE UTILIZÓ PARA LLEGAR A LA CUOTA O TARIFA CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 131, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). II. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE ESTABLECE UNA MULTA PARA ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS A "PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES" NO CUMPLE CON UNA FINALIDAD IMPERIOSA DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL, PUES NO CONTIENE ALGÚN PROPÓSITO VÁLIDO E INOBSERVA QUE ÉSTAS DEBEN TENER IGUAL RECONOCIMIENTO ANTE LA LEY Y GOZAR DE LOS MISMOS DERECHOS QUE EL RESTO DE LAS PERSONAS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 163, FRACCIÓN II, INCISOS J), NUMERAL 2, Y K), NUMERAL 1, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES" Y "CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. III. LIBERTAD DE REUNIÓN. SU EJERCICIO NO PUEDE CONDICIONARSE NI RESTRINGIRSE A UNA AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL ESTADO, PUES IMPLICARÍA QUE EL DISFRUTE DE ESE DERECHO DEPENDA ENTERAMENTE DE LA DECISIÓN DE LAS AUTORIDADES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). IV. MULTAS POR CONDUCTAS, PALABRAS O ACCIONES QUE PUDIERAN CONSIDERARSE COMO INSULTOS PARA CUALQUIER AUTORIDAD MUNICIPAL. LA NORMA QUE LAS IMPONE VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES OTORGA UN AMPLIO MARGEN DE APRECIACIÓN A LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR DE MANERA DISCRECIONAL Y SUBJETIVA QUÉ TIPO DE CONDUCTA ES SANCIONABLE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). V. MULTAS POR ANUNCIOS QUE RESULTEN OFENSIVOS O PROMUEVAN CONDUCTAS ANTISOCIALES. LA NORMA QUE LAS IMPONE VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES SU REDACCIÓN DEJA UN AMPLIO MARGEN DE APRECIACIÓN A LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR, DE MANERA DISCRECIONAL, QUÉ TIPO DE OFENSA, INJURIA O FALTA DE RESPETO ENCUADRARÍA EN EL SUPUESTO PARA QUE EL PRESUNTO INFRACTOR SEA ACREEDOR A UNA SANCIÓN [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 163, FRACCIÓN II, INCISO G), NUMERAL 11, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "RESULTEN OFENSIVOS" Y "ANTISOCIALES O", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. VI. MULTAS POR NO GUARDAR RESPETO AL PÚBLICO USUARIO O A LOS VECINOS DEL LUGAR EN MATERIA DE JUEGOS MECÁNICOS. LA NORMA QUE LAS IMPONE VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES DEJA AL ARBITRIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEFINIR QUÉ SE ENTIENDE POR ESA CONDUCTA, SIN QUE EXISTA CERTEZA JURÍDICA DE QUÉ ES LO QUE EN REALIDAD ESTÁ TIPIFICANDO EL LEGISLADOR [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 163, FRACCIÓN II, INCISO N), NUMERAL 9, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. VII. MULTAS POR ESCANDALIZAR EN LA VÍA PÚBLICA Y/O ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO. LA NORMA QUE LAS IMPONE VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES LA CALIFICACIÓN QUE HAGA LA AUTORIDAD NO RESPONDERÁ A CRITERIOS OBJETIVOS, SINO A UN ÁMBITO ESTRICTAMENTE PERSONAL [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 163, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 131, FRACCIÓN I, 163, FRACCIONES II, INCISOS G), NUMERAL 11, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "RESULTEN OFENSIVOS" Y "ANTISOCIALES O", J), NUMERAL 2, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", K), NUMERAL 1, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON DEFICIENCIAS MENTALES", Y N), NUMERAL 9, Y IV, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA, Y 81, FRACCIONES X Y XI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, OAXACA, AMBAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 131, FRACCIÓN I, 163, FRACCIONES II, INCISOS G), NUMERAL 11, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "RESULTEN OFENSIVOS" Y "ANTISOCIALES O", J), NUMERAL 2, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", K), NUMERAL 1, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON DEFICIENCIAS MENTALES", Y N), NUMERAL 9, Y IV, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA, Y 81, FRACCIONES X Y XI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, OAXACA, AMBAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2025. · Registro digital (IUS): 34240
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-09-11
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Septiembre de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.108.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO IRVING ESPINOSA BETANZO. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 8 de diciembre de 2025 emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos de distintos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de 2025.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El 24 de febrero de 2025 la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad impugnando porciones normativas contenidas en la Ley de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2025, publicadas el 25 de enero de 2025.(1)

2. Conceptos de invalidez. En dicho escrito se expusieron los siguientes razonamientos.

PRIMERO. En su primer concepto de invalidez la actora señaló que el artículo 131, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2025, prevé una tarifa desproporcionada e injustificada por la búsqueda y reproducción de copias de documentos, ya que no atiende el costo que representó al Estado la prestación de dichos servicios, vulnerando el principio de justicia tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Señaló que los derechos son aquellos tributos que impone el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos, y que para fijarlos debe tenerse en cuenta el costo que implicó a éste la ejecución de dicho servicio, y que el artículo impugnado vulnera el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones, ya que el cobro por los servicios de búsqueda y expedición de copias de los recibos de pago(2) no atiende a las erogaciones que realmente le representa al ente municipal la prestación de tales servicios, lo cual era obligación del legislador local, a fin de cumplir con el principio citado.

Hizo hincapié en que el Estado no debe lucrar con las cuotas, sino que éstas se fijarán de acuerdo con una base objetiva; sin embargo, la norma controvertida genera incertidumbre porque no especifica si la cuota es por cada hoja o por la expedición de una sola copia o varias copias de distintos recibos de pago de la autoridad municipal en materia inmobiliaria, situación que permite la discrecionalidad, lo que coloca a las personas en una situación de desventaja al no tener la certeza del costo que van a enterar.

SEGUNDO. El artículo 163, fracción II, incisos j), numeral 2, y k), numeral 1, ambos de la porción normativa controvertida, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito del Centro, Oaxaca, para el ejercicio 2025, que establece sanciones a los establecimientos mercantiles con permiso para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado y abierto al copeo que las expendan a "personas con deficiencias mentales", son discriminatorias e impiden el reconocimiento de su dignidad humana, personalidad y capacidad jurídica, permitiendo se perpetue una visión de que dicho sector de la población tiene limitaciones para solicitar por sí mismos bienes y servicios.

Apartado A.

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico, por lo tanto los tratamientos discriminatorios son incompatibles con la Constitución Federal, ya que el derecho fundamental a la igualdad implica una equidad de trato ante la ley, y en los casos en que ésta distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizarse si dicha distinción descansa en un base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada.

Señala que de conformidad con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas, y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluidos el no verse sometido a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

Apartado B.

La norma controvertida prevé la imposición de una multa que oscila entre 76.93 a 81.20 unidad de medida y actualización,(3) cuando un establecimiento autorizado para la venta de bebidas alcohólicas ya sea en envase cerrado o abierto al copeo expenda bebidas alcohólicas a una "persona con deficiencia mental", lo cual es una medida discriminatoria en contra de las personas que viven con alguna discapacidad, pues les impide que tengan una vida digna, autónoma e independiente dentro de la sociedad, afectando el reconocimiento de su personalidad jurídica como titulares plenos de derechos fundamentales, ya que el diseño normativo del artículo controvertido perpetua estigmas, estereotipos y perjuicios que excluyen, segregan y desconocen la dignidad humana de las personas con discapacidad mental, al permitir que se les excluyan como consumidores.

TERCERO. El artículo 81, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Tillo, Distrito de Nochixtlán, del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2025 prevé una multa por celebrar todo tipo de actividad social en espacios públicos que carezcan de permiso de la autoridad municipal, lo cual resulta inconstitucional pues condiciona el ejercicio del derecho de reunión a la solicitud de la autorización respectiva.

Apartado A.

La libertad de reunión consiste en que toda persona pueda congregarse con otras personas en un ámbito privado o público con una finalidad lícita y pacífica, por ello no puede condicionarse ni restringirse a una autorización por parte del Estado, pues el ejercicio de ese derecho no depende de las autoridades.

La disposición normativa impugnada establece una multa que va desde los $200(4) a los $500,(5) cuando no se cuente con el debido permiso de la autoridad municipal transgrediendo la libertad de reunión, pues dicha norma obliga a las personas a condicionar el ejercicio de ese derecho a una autorización.

CUARTO. Los artículos impugnados de las Leyes de Ingresos de los municipios Oaxaqueños de Santiago Tillo, Distrito de Nochixtlán y Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito del Centro, para el ejercicio fiscal 2025, por insultar a las autoridades, por colocar anuncios que resulten ofensivos y promuevan conductas antisociales, no guardar respeto al público usuarios y vecinos de juegos mecánicos y por escandalizar en la vía pública o alterar el orden son inconstitucionales.

Apartado A.

El derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad solo pueden ser afectados por la autoridad con apego a las funciones constitucionales y legales que le estén expresamente concedidas, por lo que actuar fuera del marco que regula su actuación hace nugatorio el estado de derecho, pues su cumplimiento es un límite de la actuación de las autoridades.

Asimismo, tales derechos son extensivos al legislador como creador de las normas quien se encuentra obligado a respetarlas y establecerlas de forma clara y precisa, a fin de que su actuación no dé pauta a una ley arbitraria.

Apartado B.

El principio de legalidad constituye un importante límite externo al ejercicio del ius puniendi del Estado al exigir que todo acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho que se sanciona, por lo tanto, el legislador debe emitir normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito.

La doctrina jurisprudencial ha identificado que el principio de legalidad contiene, entre otros, el principio de tipicidad (o taxatividad), el cual se estima transgredido, ya que éste exige que los textos que contengan normas sancionadoras describan claramente las conductas que están regulando y las sanciones que se pueden aplicar a quien las realice, por ello la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa o abierta al grado de permitir la arbitrariedad.

Apartado C.

La hipótesis normativa prevista en los artículos 81, fracción X, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Tillo, Distrito de Nochixtlán; y 163 fracciones II, incisos g), numeral 11, en las porciones normativas "resulten ofensivas" y "antisociales"; n), numeral 9; y IV, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, del Estado de Oaxaca, ambos para el ejercicio fiscal 2025, no cumplen con el principio de taxatividad, al ser ambiguas y causar confusión a los gobernados, lo cual impide conocer con claridad de qué forma se actualizará el supuesto jurídico, ya que deja un amplio margen de apreciación a favor de las autoridades.

Manifiesta la actora que el artículo 81, fracción X, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Tillo,(6) sanciona las conductas, palabras o acciones que pudieran considerarse como insultos para cualquier autoridad municipal es amplío y reconoce un desmedido margen de discrecionalidad a la autoridad para calificar o validar en qué casos se estarían actualizando las conductas infractoras.

La normativa relativa a no guardar respeto al público usuario o a los vecinos del lugar, es demasiado ambigua e impide conocer con claridad cuáles serán los supuestos que efectivamente serán sancionados al implicar un sin número de supuestos que podrían actualizarse, generando incertidumbre para los gobernados pues la calificación que realice la autoridad sobre el acreditamiento de la conducta prohibida no responderá a criterios objetivos sino a un ámbito estrictamente personal.

Las infracciones por escándalo en la vía pública o por realizar expresiones o conductas irrespetuosas, ofensivas y que promuevan conductas antisociales no permiten que las personas tengan pleno conocimiento de las conductas que pueden ser objeto de sanción y son desproporcionadas, aunado a que violan los derechos de seguridad jurídica y permiten un margen de aplicación muy amplio e injustificado bajo categorías ambiguas y subjetivas, que cualquier acto o expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa.

La norma no brinda seguridad jurídica, sino que implica una restricción indirecta, carente de sustento constitucional al contener un amplio margen de aplicación discrecional a favor de la autoridad, pues permite que ésta evalúe si ciertas actitudes o comportamientos se encuadran en las hipótesis normativas quedando a su arbitrio la determinación final.

El Congreso Local sanciona económicamente a aquellos anuncios que "resulten ofensivos" o "promuevan conductas antisociales", pero para la actualización de tal supuesto se requiere de una valoración discrecional y sumamente subjetiva, dado que para que sea calificada dependerá de la evaluación individual, bajo los estándares personales de cada individuo, ya que respecto a la primera hipótesis ésta puede constituir una libertad de expresión artística o cultural que debe observarse como una forma de manifestar ideas, sin que su intención sean un fin lesivo, y la expresión de "conductas antisociales", no está explícitamente acotada a un catálogo determinado, por el contrario, conlleva a indeterminadas conductas las cuales dependerán del contexto social, las costumbres de una sociedad determinada e incluso de su legislación, factores que no son uniformes para toda la sociedad.

3. Admisión y trámite. Por acuerdo de la entonces Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio cuenta de la demanda presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asignándole número de expediente y designando como instructora del procedimiento a la entonces Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

4. Mediante acuerdo del 11 de marzo de 2025, se admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y solicitó el informe respectivo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo ambos del Estado de Oaxaca; asimismo, entre otros aspectos se dio vista del asunto al Fiscal General de la República y a la Consejera Jurídica del Gobierno Federal para que, hasta antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su representación correspondiera.

5. Informe del Poder Ejecutivo Estatal. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en su carácter de representante legal del Estado de Oaxaca,(7) rindió informe en el que expresó medularmente lo siguiente:

El Estado a través del Poder Legislativo es el órgano facultado para crear, modificar o suprimir atributos, a fin de satisfacer las necesidades sociales y promover el desarrollo económico de la entidad, y financiar a la Federación, Estados y Municipios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, por otro lado, tratándose de las contribuciones denominadas derechos el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen del servicio público.

En este contexto, el actor no señaló qué elementos concretos se deben tomar en cuenta para deducir si una contribución resulta exagerada, máxime si se ignora la totalidad de erogaciones que realiza el municipio, por lo tanto, de los agravios que señala el quejoso no se desprende una causa concreta de la desproporción tributaria, pues se ignoran los gastos realizados por el Estado.(8)

Las manifestaciones de la parte actora son infundadas ya que el Congreso del Estado de Oaxaca ejerció sus facultades constitucionales y legalmente otorgadas para cubrir el presupuesto de egresos, por lo que no contraviene precepto constitucional alguno, pues no se trata de un derecho a la información, además para considerar un exceso en el pago es necesaria la existencia de parámetros de valores en dinero o algún otro que sirva de comparación para sostener que los cobros son desproporcionados.

Es necesario considerar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución General, tanto la Federación como cada Estado para sí o para sus municipios, tienen la libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, así como gravar las tarifas.

Por otra parte, la actora solo señala que las normas son inconstitucionales sin desarrollar razonamientos lógicos-jurídicos tendientes a demostrarlo, máxime que éstas respetan los principios de equidad tributaria, igualdad y no discriminación.

Si bien, es una obligación de los ciudadanos el respeto a la manifestación de ideas que les permite vivir en ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución, pero no por ello toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatorio, además la discriminación tiene como nota distintiva que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano, lo cual no acontece.

Las normas controvertidas prevén proteger lo establecido en el artículo 6º de la Constitución General, ya que si alguna persona realiza algún acto o conducta que afecte estos derechos estaría vulnerando la integridad, dignidad y el honor de las personas, por ello se busca que se proteja el honor de la autoridad y de las personas que forman parte de la sociedad.

Contrario a lo expresado por la parte actora en las normas impugnadas no existe imprecisión excesiva o irrazonable que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica, así como tampoco se trastoca ningún derecho de la ciudadanía.

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA

Manifiesta la autoridad en su informe que la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente de conformidad con los artículos 19, fracción VIII y 65, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia, debido a que no existen las violaciones a la Constitución Federal que impugna la accionante y en consecuencia aduce que procede el sobreseimiento del asunto. Añade que la promulgación de las distintas leyes impugnadas se realizó en ejercicio de las facultades que le confieren las disposiciones aplicables, y que de las violaciones a diversos principios que aduce la accionante no se advierte violación alguna por parte del Congreso Estatal, ni del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que no resultan inconstitucionales.

6. Informe del Poder Legislativo Estatal. Mediante acuerdo de fecha 30 de junio de 2025 la Ministra instructora concluyó que no se tenía por rendido el informe del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca ya que transcurrió en exceso el plazo de quince días hábiles.

7. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon pedimento ni manifestación alguna en el presente asunto.

8. Alegatos. A través del oficio que ingresó a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado de Oaxaca formuló alegatos.

9. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y transcurrido el plazo concedido a las partes para que formularan alegatos, de los cuales solo fueron presentados por el Titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado de Oaxaca, por acuerdo del 7 de agosto de 2025, se declaró cerrada la instrucción del asunto.

10. Returno. Mediante acuerdo de fecha 4 de septiembre de 2025 y de conformidad con los artículos 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(9) 20, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(10) y SEXTO Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia,(11) se turnó el presente asunto al Ministro Irving Espinosa Betanzo, para que actúe como Instructor y formule el proyecto de resolución.(12)

I. COMPETENCIA

11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente Acción de Inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 2/2025 (12a.), de 3 de septiembre de 2025, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales; en virtud de que se plantea un conflicto entre normas de una entidad federativa con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

12. Del análisis al escrito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte que impugna normas contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2025, como se describe a continuación:

• Cobros desproporcionados y diferenciados por servicios municipales:

Artículo 131, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio fiscal 2025.

• Infracciones discriminatorias en perjuicio de las personas que viven con discapacidad:

Artículo 163, fracción II, incisos j), numeral 2, en la porción normativa "o a personas con deficiencias mentales", y k), numeral 1, en la porción normativa "con deficiencias mentales", de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025.

• Infracciones que restringen la libertad de reunión:

Artículo 81, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Tillo, Distrito de Nochixtlán, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025.

• Infracciones que causan inseguridad jurídica:

1. Artículo 81, fracción X, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Tillo, Distrito de Nochixtlán, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025.

2. Artículo 163, fracciones II, incisos g), numeral 11, en las porciones normativas "resulten ofensivos" y "antisociales", y n), numeral 9; y IV, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025.

III. OPORTUNIDAD

13. En el caso, las Leyes de Ingresos de los diversos Municipios del Estado de Oaxaca fueron publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad el 25 de enero de 2025, por lo tanto el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general fue publicada en el correspondiente medio oficial, y en caso de que el último día del referido plazo sea inhábil la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente; luego entonces, el plazo transcurrió del 26 de enero al 24 de febrero del año en curso.

14. Por lo tanto, dado que la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue presentada a través del Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de febrero de 2025, resulta inconcuso que fue oportuna su presentación.

IV. LEGITIMACIÓN

15. El artículo 105, fracción II, párrafo segundo, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) dispone en lo que interesa, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o estatales que vulneren los derechos humanos.

16. En ese sentido, se advierte que la demanda fue presentada, por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(14) acreditándolo con la copia certificada del acuerdo de designación expedido por el Senado de la República.

17. Conviene precisar que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, argumenta que las disposiciones reclamadas vulneran los derechos de seguridad jurídica, legalidad en su vertiente de taxatividad, igualdad y no discriminación, por lo que es de reiterarse el criterio sostenido por el Tribunal Pleno en el sentido de que dicho organismo se encuentra legitimado para impugnar normas de carácter tributario, como acontece en el caso.(15)

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

18. El Poder Ejecutivo Local señala que la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente de conformidad con los artículos 19, fracción VIII y 65, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, debido a que no existen las violaciones a la Constitución Federal que impugna la accionante y en consecuencia aduce que procede el sobreseimiento del asunto. Añade que la promulgación de las distintas leyes impugnadas se realizó en ejercicio de las facultades que le confieren las disposiciones aplicables, y que de las violaciones a diversos principios que aduce la accionante no se advierte alguna por parte del Congreso ni del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que no resultan inconstitucionales.

19. A consideración de este Alto Tribunal tal argumento debe desestimarse porque no constituye una causa de improcedencia de las previstas en el artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia; aunado a que el Ejecutivo, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas impugnadas para otorgarles plena validez y eficacia, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma, por lo que debe responder por la validez de sus actos.(16) Por otra parte, en cuanto al análisis de la actualización de las violaciones a derechos humanos que refiere la accionante en su demanda, ello involucra el estudio de fondo del asunto.(17)

VI. ESTUDIO DE FONDO

20. Toda vez que no se adujeron razonamientos de inconstitucionalidad en contra del procedimiento legislativo, se procede de forma directa al análisis de los conceptos de invalidez formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los preceptos impugnados.

21. Los argumentos planteados por la Comisión abordan problemáticas distintas por lo que este Tribunal Pleno realizará el análisis de las normas impugnadas en el orden siguiente: 1. Cobros desproporcionados y diferenciados por servicios municipales; 2. Sanciones por la venta de bebidas alcohólicas a "personas con deficiencias mentales"; 3. Sanciones que restringen la libertad de reunión; 4. Sanciones que causan inseguridad jurídica, las cuales se subdividen en: a) faltas de respeto a la autoridad o a cuerpos municipales; b) por contener en anuncios ideas que resulten ofensivas o antisociales; c) en juegos mecánicos por no guardar el respeto al público usuario o a los vecinos del lugar, y; d) por escandalizar en la vía pública y/o alterar el orden público.

Tema VI.1. Cobros desproporcionados y diferenciados por servicios municipales.

22. En su primer concepto de invalidez la Comisión accionante señaló que el artículo 131, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, Estado de Oaxaca, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal; ello al prever cobros que no guardan una relación razonable entre la tarifa establecida por los servicios de búsqueda y expedición de copias de recibos de pago,(18) pues no atiende a las erogaciones que realmente le representa al ente municipal la prestación de tales servicios, lo cual es una obligación del legislador local, a fin de cumplir con el principio de proporcionalidad que rige a las contribuciones.

23. Ahora bien, la norma impugnada en este apartado establece expresamente lo siguiente:

Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Distrito Centro, del Estado de Oaxaca.

Ver artículo 131

24. A consideración de este Alto Tribunal el concepto de invalidez es fundado, ya que como se advierte de la transcripción, la disposición cuestionada establece una cuota por la búsqueda y expedición de recibos de pago; sin embargo, este Tribunal Pleno ha determinado que en el caso de las normas que establecen costos por servicios que no se relacionan con el derecho a la información pública, lo procedente es analizarlas a la luz de los principios tributarios previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, cuyos alcances y aplicación ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando que para ser constitucional una norma que prevé contribuciones denominadas derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cuestiones, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser igual para todos aquellos que reciban el mismo servicio.

25. Sentado lo anterior, conviene señalar que los alcances de los principios de justicia tributaria derivados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte, entre otras, en las acciones de inconstitucionalidad 93/2020; 105/2020; 33/2021; 75/2021; 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022, y 44/2022 y sus acumuladas 45/2022 y 48/2022; 19/2023; 54/2023; 55/2023; 18/2023 y su acumulada 25/2023; 34/2023 y sus acumuladas 36/2023 y 49/2023; y 50/2023, 106/2023, de manera reciente las acciones de inconstitucionalidad 5/2025, 7/2025, 26/2025 y 24/2025.

26. En aquellos precedentes, este Tribunal Pleno ha sostenido que para considerar constitucionales las normas que prevén derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser igual para todos los que reciban el mismo servicio.

27. Lo anterior, porque, como se ha señalado, la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributaria es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la prestación del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.

28. Dicho criterio se encuentra reflejado en las jurisprudencias de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS."(19) y "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."(20)

29. Al respecto, en las acciones referidas, se destacó que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, de modo que dicho servicio es un acto instantáneo porque se agota en el mismo momento en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.

30. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, la correspondencia entre el servicio proporcionado por el Estado y la cuota aplicable por el acto de búsqueda y expedición de copias no debe perseguir lucro alguno, pues se tra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34240-32077bec/i-derechos-por-la-busqueda-y-expedicion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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