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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. II. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE PREVÉ QUE SE SANCIONARÁ CON MULTA A QUIEN VENDA BEBIDAS ALCOHÓLICAS A "PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", UTILIZA UN LENGUAJE INCOMPATIBLE CON LA ACTUAL TERMINOLOGÍA DE DERECHOS HUMANOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 118, FRACCIÓN IX, INCISO D), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025]. III. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE PREVÉ QUE SE SANCIONARÁ CON MULTA A QUIEN VENDA BEBIDAS ALCOHÓLICAS A "PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", PROHÍBE Y PENALIZA LA LIBERTAD PERSONAL Y LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 118, FRACCIÓN IX, INCISO D), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025]. IV. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE PREVÉ QUE SE SANCIONARÁ CON MULTA A QUIEN VENDA BEBIDAS ALCOHÓLICAS A "PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", NO CUMPLE CON UNA FINALIDAD IMPERIOSA, PUES CARECE DE UN PROPÓSITO VÁLIDO E INOBSERVA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEBEN TENER IGUAL RECONOCIMIENTO ANTE LA LEY Y GOZAR DE LOS MISMOS DERECHOS QUE EL RESTO DE LAS PERSONAS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 118, FRACCIÓN IX, INCISO D), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025]. V. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE PREVÉ QUE SE SANCIONARÁ CON MULTA A QUIEN VENDA BEBIDAS ALCOHÓLICAS A "PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", LIMITA EL DERECHO DE LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ASÍ COMO SU INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA E INCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS QUE EL RESTO DE LAS PERSONAS, LO QUE ADEMÁS IMPACTA EN SU DIGNIDAD HUMANA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 118, FRACCIÓN IX, INCISO D), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025]. VI. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE PREVÉ QUE SE SANCIONARÁ CON MULTA A QUIEN ESCANDALICE EN LA VÍA PÚBLICA Y LUGARES PÚBLICOS, REALICE ACTITUDES EN LA VÍA PÚBLICA QUE ATENTEN CONTRA EL ORDEN PÚBLICO Y QUE SEAN CONSIDERADAS OBSCENAS POR LA MAYORÍA DE LA COMUNIDAD, O LLEVE A CABO CUALQUIER OTRA CONDUCTA QUE CONTRAVENGA Y ALTERE LA PAZ SOCIAL, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD, AL NO DESCRIBIR CON SUFICIENTE PRECISIÓN LAS CONDUCTAS QUE PROHÍBE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, FRACCIONES VI, XI Y XVII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025). VII. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS NORMAS QUE PREVÉN QUE SE SANCIONARÁ CON MULTA A QUIEN OFENDA Y AGREDA A CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD O FALTE AL RESPETO A LA AUTORIDAD O CUERPOS POLICIACOS MUNICIPALES, VULNERAN EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD, AL NO DESCRIBIR CON SUFICIENTE PRECISIÓN LAS CONDUCTAS QUE PROHÍBEN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIONES VII Y VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, Y 46, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAXE, DISTRITO DE OCOTLÁN, AMBAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025). VIII. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE PREVÉ QUE SE SANCIONARÁ CON MULTA A LOS CIUDADANOS QUE VISITEN LA COMUNIDAD SIN REGISTRAR, VULNERA EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD, YA QUE NO PERMITE A LAS PERSONAS TENER CONOCIMIENTO SUFICIENTE Y CLARO DE LAS CONDUCTAS QUE, EN SU CASO, PODRÍAN SER OBJETO DE SANCIÓN POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAXE, DISTRITO DE OCOTLÁN, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 118, FRACCIÓN IX, INCISO D), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, DISTRITO DE TUXTEPEC, 28, FRACCIONES VI, VII, VIII, XI Y XVII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, Y 46, FRACCIONES IX Y XVI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAXE, DISTRITO DE OCOTLÁN, TODAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025]. X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 118, FRACCIÓN IX, INCISO D), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, DISTRITO DE TUXTEPEC, 28, FRACCIONES VI, VII, VIII, XI Y XVII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, DISTRITO DE TEOTITLÁN, Y 46, FRACCIONES IX Y XVI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAXE, DISTRITO DE OCOTLÁN, TODAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 49/2025. · Registro digital (IUS): 34092
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-19
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.338.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 49/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO IRVING ESPINOSA BETANZO. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al primero de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 49/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos de distintos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de 2025.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Presentación de la demanda. El 11 de abril de 2025, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad impugnando porciones normativas, contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2025, publicadas el 15 de marzo de 2025.(1)

2. Conceptos de invalidez. En dicho escrito se expusieron los siguientes razonamientos.

PRIMERO. El artículo 118, fracción IX, inciso d) en la porción normativa "o a personas con deficiencias mentales", de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2025, que impone una sanción pecuniaria a los establecimientos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas expendan dichas bebidas "a personas con deficiencias mentales", constituye una regulación discriminatoria en contra de las personas con discapacidad mental que impide el reconocimiento de su dignidad humana, personalidad y capacidad jurídica.

Esto es, la norma establece una medida discriminatoria que impide que las personas que viven con alguna discapacidad mental, tengan una vida digna, autónoma e independiente dentro de la sociedad, afectando el reconocimiento de su personalidad jurídica como titulares plenos de derechos fundamentales, aunado a que refuerza los estereotipos, estigmas y prejuicios en torno a dicho sector de la población que han predominado históricamente.

Señala que el Máximo Tribunal ha declarado la invalidez de preceptos que sancionaban a establecimientos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas que expedían (sic) dichas bebidas a personas con alguna discapacidad mental, determinando que las normas de este tipo son discriminatorias y se apartan del parámetro de regularidad constitucional, al tratarse de una disposición que realiza una distinción basada en una categoría sospechosa, corresponde hacer un escrutinio de la medida legislativa.

Al respecto señala que la norma no cumple con una finalidad imperiosa, ya que no existe justificación constitucionalmente válida para que se sancione por el simple hecho de vender algún tipo de bebida alcohólica a personas mayores de edad con discapacidad mental, al igual que a cualquier persona que no viva con discapacidad; por el contrario, la medida inobserva que toda persona con discapacidad debe tener igual reconocimiento como persona ante la ley y gozar de los mismos derechos que el resto de las personas. Por tanto, si la norma no supera la primera grada del test de igualdad resulta innecesario someterlo a las siguientes etapas.

SEGUNDO. Los preceptos impugnados de las Leyes de Ingresos de los municipios oaxaqueños de Yaxe, Distrito de Ocotlán y San Lorenzo Cuaunecuiltitla, Distrito de Teotitlán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, establecen que serán consideradas infracciones las conductas: Insultar o agredir verbalmente a cualquier persona, incluidas autoridades; Conductas o actitudes que sean consideradas obscenas o que alteren la paz social; y por visitar la comunidad sin registro.

Las conductas descritas resultan amplias y ambiguas, lo que da pauta a que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto y, por ende, la imposición de una sanción, por lo que genera incertidumbre jurídica. En efecto, las normas no cumplen con el principio de taxatividad, dejando en un estado de incertidumbre jurídica a las y los gobernados.

1. En cuanto a las infracciones por escandalizar y realizar conductas ofensivas en espacios públicos, constituyen descripciones que no permiten que las personas tengan conocimiento suficiente de las conductas que en su caso, podrían ser objeto de sanción por las autoridades, permitiendo a estas un margen de aplicación muy amplio e injustificado.

En lo que respecta a la sanción a "ciudadanos que visiten la comunidad sin registrar", tampoco se tiene certeza cuándo se considera que se "está visitando a la comunidad" o cuando no, que amerite se realice un registro, y también resulta una norma sobreinclusiva porque los sujetos a los que está destinada abarca a toda la ciudadanía, incluyendo así a los propios habitantes de la municipalidad. De igual forma carece de un fin constitucionalmente válido, ya que no se advierte con claridad cuál es el objeto de solicitar dicho registro, aunado a que no se tiene certeza sobre cuál o cuáles comunidades se refiere, por ello, la norma también resulta contraria al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, pues no se tiene plena certeza de cuáles son efectivamente sus elementos y las condiciones bajo las cuales se va a actualizar.

2. En relación con la infracción por insultos o agresiones verbales a cualquier persona y autoridades, se sancionan conductas, palabras e incluso expresiones que pudieran considerarse como causa de falta de respeto o consideración, así como insultos y agresiones verbales para cualquier autoridad o persona, constituyen hipótesis normativas demasiado amplias en tanto reconocen un desmedido margen de discrecionalidad a la autoridad correspondiente para calificar o validar en qué casos se estarían actualizando las conductas infractoras, lo cual pone en estado de incertidumbre a las y los gobernados porque no sabrán en qué casos serán sancionados administrativamente.

Ello ya que para que se determine si algún acto, palabra o gesto constituye una falta de respeto, ofensa o una agresión, es necesario que se lleve a cabo un juicio subjetivo de ese hecho, en el que se tomará en consideración tanto el propósito o intenciones del emisor, como del receptor, siendo la autoridad competente quien determinará conforme a su arbitrio y amplio margen de apreciación si la conducta debe ser sancionada o no.

3. Admisión y trámite. Por acuerdo de 14 de abril de 2025, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dio cuenta de la demanda presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asignándole el número de expediente 49/2025 y designando como instructor del procedimiento al Ministro en retiro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.(2)

4. Mediante acuerdo de 06 de mayo de 2025, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y solicitó el informe respectivo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo ambos del Estado de Oaxaca; asimismo, entre otros aspectos le dio vista del asunto al Fiscal General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, hasta antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.(3)

5. Informe del Poder Legislativo Estatal. El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, rindió informe en el que expresó medularmente lo siguiente:

La disposición que impone una sanción pecuniaria a los establecimientos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas a "personas con deficiencias mentales", no atenta contra el derecho humano a la igualdad y no discriminación, en virtud de que la sanción va dirigida a los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas a personas con deficiencia mental, tratando de proteger la salud o incluso la vida de las personas que se encuentran en dicha hipótesis, ya que tratándose del consumo de bebidas alcohólicas siempre conlleva un riesgo de salud pública y el municipio tiene la obligación de velar por el bienestar de su población vulnerable.

Por lo que hace a las normas que prevén sanciones por conductas que resultan amplias y ambiguas, impugnadas en el segundo concepto de invalidez, refiere que el hecho de que no se encuentren definidas de manera expresa, ello no es suficiente para declarar su inconstitucionalidad, pues no es requisito que el legislador ordinario tenga que definir los vocablos o locuciones utilizados, por lo que el hecho de que no se establezcan definiciones o conceptualizaciones específicas, no torna inconstitucional una norma pues es parte de la función administrativa del que lleve la ejecución, en apego a los principios de fundamentación y motivación, el desarrollo y precisión del objeto y el alcance del mismo, sin que ello genere incertidumbre jurídica.

6. Informe del Poder Ejecutivo Estatal. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, rindió informe en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa exponiendo esencialmente lo siguiente:

Estudio de Fondo

A) Infracciones discriminatorias en perjuicio de las personas que viven con discapacidad

Refiere que la norma sanciona a la persona que expende bebidas alcohólicas a personas que sufran deficiencias mentales, más no a estas últimas, siendo que el legislador ofreció amplia tutela a este grupo de protección reforzada, para evitar que sufran algún tipo de abuso, engaño o fraude por parte de los expendedores referidos. Afirma que la norma impugnada pretende cuidar en todo momento la integridad de la persona discapacitada en una cuestión que no merma su dignidad humana ni genera algún tipo de discriminación, aunado a que no es el sujeto sancionado.

Asimismo, afirma que los promoventes se basan en una cuestión subjetiva pues para poder hablar de un exceso en el pago de derechos es necesaria la existencia de parámetros de valores en dinero o en algún otro que sirva de comparación para sostener que los cobros son desproporcionados, pues se limitan a trascribir los costos.

B) Infracciones que causan inseguridad jurídica

Señala que la Comisión no realiza un adecuado análisis de palabras y/o conductas que le causen molestia pues sólo se limita a justificar sus razonamientos respecto de lo establecido en las leyes impugnadas, sin ampliar su panorama sobre la finalidad de las normas y sin realizar el estudio de derechos y principios que se busca proteger en el orden púbico; de manera que no es posible observar que las normas contengan un grado excesivo de imprecisión o confusión pues la conducta y la sanción a imponer es clara, lo cual no deja nada al arbitrio de la autoridad.

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA

La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente de conformidad con los artículos 19, fracción VIII y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia, debido a que no existen las violaciones a la Constitución Federal que impugna la accionante y en consecuencia aduce que procede el sobreseimiento del asunto. Añade que la promulgación de las distintas leyes impugnadas se realizó en ejercicio de las facultades que le confieren las disposiciones aplicables, y que de las violaciones a diversos principios que aduce la accionante no se advierte violación alguna por parte del Congreso Estatal, ni del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que no resultan inconstitucionales.

7. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon pedimento ni manifestación alguna en el presente asunto.

8. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y transcurrido el plazo concedido a las partes para que formularan alegatos, sin que se haya tenido constancia de su presentación, por acuerdo de 20 de agosto de 2025, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de resolución.(4)

9. Returno. Debido a que en sesión celebrada el 1 de septiembre de 2025 tomaron protesta las Ministras y los Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en atención a lo acordado por el Pleno de este Tribunal en la sesión privada respectiva, mediante acuerdo de 4 de septiembre de 2025, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del presente asunto al Ministro Irving Espinosa Betanzo para que actuara como ponente del mismo.

I. COMPETENCIA

10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 2/2025 (12ª) de 3 de septiembre de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de ese mismo mes y año,(5) toda vez que se plantea la posible contradicción entre normas de rango constitucional y normas de Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2025.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

11. Del análisis al escrito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte que impugna normas contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio de 2025, como se describe a continuación:

a) Infracciones discriminatorias en perjuicio de las personas que viven con discapacidad

1) Artículo 118, fracción IX, inciso d), en la porción normativa "o a personas con deficiencias mentales" de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca.

b) Infracciones que causan inseguridad jurídica

1) Artículo 46, fracciones IX y XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Yaxe, Distrito de Ocotlán, Oaxaca.

2) Artículo 28, fracciones VI, VII, VIII, XI y XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla, Distrito de Teotitlán, Oaxaca.

III. OPORTUNIDAD

12. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General,(6) (de ahora en adelante la "Ley Reglamentaria de la materia"), el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial y, en caso de que el último día del referido plazo sea inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

13. En el caso, las Leyes de Ingresos de los diversos Municipios del Estado de Oaxaca que fueron publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad el sábado 15 de marzo de 2025, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del domingo 16 de marzo al lunes 14 de abril de 2025.

14. Por lo que dado que la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue presentada a través del Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 11 de abril de 2025,(7) resulta inconcuso que fue oportuna su presentación.

IV. LEGITIMACIÓN

15. El artículo 105, fracción II, párrafo segundo, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) dispone en lo que interesa, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o estatales que consideren vulneren derechos humanos.

16. En ese sentido, se advierte que la demanda fue presentada, por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(9) acreditándolo con la copia certificada del acuerdo de designación expedido por el Senado de la República.

17. Conviene precisar que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, argumenta que las disposiciones reclamadas vulneran los derechos de seguridad jurídica, legalidad en su vertiente de taxatividad, igualdad y no discriminación, por lo que es de reiterarse el criterio sostenido por el Tribunal Pleno, en el sentido de que dicho organismo se encuentra legitimado para impugnar normas de carácter tributario, como acontece en el caso.(10)

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

18. El Poder Ejecutivo Local señala que la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente de conformidad con los artículos 19, fracción VIII y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia, debido a que no existen las violaciones a la Constitución Federal que impugna la accionante y en consecuencia aduce que procede el sobreseimiento del asunto. Añade que la promulgación de las distintas leyes impugnadas se realizó en ejercicio de las facultades que le confieren las disposiciones aplicables, y que de las violaciones a diversos principios que aduce la accionante no se advierte violación alguna por parte del Congreso Estatal, ni del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que no resultan inconstitucionales.

19. Tal argumento debe desestimarse porque no constituye una causa de improcedencia de las previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia; aunado a que el Ejecutivo, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas impugnadas para otorgarles plena validez y eficacia, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma, por lo que debe responder por la validez de sus actos.(11)

20. Por otra parte, en cuanto al análisis de la actualización de las violaciones a derechos humanos que refiere la accionante en su demanda, ello involucra el estudio de fondo del asunto.(12)

VI. ESTUDIO DE FONDO

21. Toda vez que no se adujeron razonamientos de inconstitucionalidad en contra del procedimiento legislativo, se procede de forma directa al análisis de los conceptos de invalidez formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los preceptos impugnados.

22. Los argumentos planteados por la Comisión abordan problemáticas distintas por lo que este Tribunal Pleno realizará el análisis de las normas impugnadas en el orden siguiente: 1. Sanción por la venta de bebidas alcohólicas a personas con deficiencias mentales; 2. Sanciones administrativas ambiguas, el cual se subdivide en a) escandalizar en la vía pública y lugares públicos; b) faltas de respeto a la autoridad o a cuerpos policiacos municipales y ofender y agredir a cualquier miembro de la comunidad; c) ciudadanos que visiten la comunidad sin registrar; y d) realizar en la vía pública actitudes que atenten contra el orden público y que sean consideradas por la mayoría de la comunidad como obscenas y todas aquellas conductas que contravengan y alteren la paz social.

TEMA 1. SANCIÓN POR LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES

23. En su primer concepto de invalidez, la Comisión accionante impugna el artículo 118, fracción IX, inciso d), en la porción normativa "o a personas con deficiencias mentales", de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2025, al imponerse una sanción pecuniaria a los establecimientos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas que expendan dichas bebidas a "personas con deficiencias mentales".

24. El contenido de la norma impugnada es el siguiente:

Ver artículo 118

25. El concepto de invalidez propuesto es parcialmente fundado por las siguientes razones.

26. Este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 81/2023(13) y 104/2023 y su acumulada 105/2023(14) analizó disposiciones de contenido similar y desarrolló diversas consideraciones sobre la discapacidad y su modelo social, así como sobre el principio de igualdad y no discriminación en materia de discapacidad, las cuales se retoman al resultar relevantes para la solución del presente asunto.

27. Discapacidad y modelo social. La discapacidad es definida como una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que puede ser permanente o temporal, congénita o adquirida, que tiene una persona que, al interactuar con las barreras sociales y actitudinales, le impide una inclusión plena y efectiva en igualdad de circunstancias que el resto de las personas.(15)

28. Tal concepción no siempre fue así, pues ha ido evolucionando: en principio existía el modelo de "prescindencia" en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema denominado "rehabilitador", "individual" o "médico", en el cual el fin era normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo "social", el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona.

29. En este modelo social de la discapacidad la persona es vista como un sujeto de derechos humanos y no como mero objeto de cuidado, dejando de poner énfasis en la deficiencia de la persona, pues es la sociedad la que impone barreras estructurales y actitudinales al dejar de considerar las necesidades que tenemos como diversidad humana. De ahí que se ha concluido que las discapacidades no son enfermedades.(16)

30. En este sentido, el modelo social y de derechos humanos reconoce que la discapacidad es una construcción social y que las deficiencias no deben considerarse como motivo para restringir o negar derechos humanos.(17)

31. Así, el modelo social y de derechos humanos involucra el replanteamiento de la discapacidad y sus consecuencias jurídicas e implica una interpretación en clave de derechos humanos que asuma el respeto a la diversidad como condición inherente a la dignidad humana. Por ello, al analizar los asuntos debe tenerse presente la finalidad de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y optar siempre por aquella solución jurídica que la haga operativa.(18)

32. La citada Convención reconoce desde su preámbulo la importancia de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, lo cual reafirma como un principio general en su artículo 3, inciso a).(19)

33. Dicha independencia, como forma de autonomía personal, implica que la persona con discapacidad no se vea privada de la posibilidad de elegir y controlar su modo de vida y sus actividades cotidianas.(20)

34. Para ello, la Convención(21) prevé que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídicas en todas partes y en todos los aspectos de la vida. Asimismo, contempla el establecimiento de apoyos para la facilitación del ejercicio de la capacidad jurídica, y salvaguardias, como medidas que buscan que en su ejercicio se respeten la voluntad, preferencias y derechos de las personas con discapacidad, y evitar que exista influencia indebida o conflicto de interés.

35. En ese sentido, las personas con discapacidad pueden auxiliarse de apoyos y salvaguardas en el ejercicio de su capacidad jurídica como un sistema de asistencia en la toma de sus decisiones, sin que pueda sustituirse en ningún momento su voluntad,(22) pues incluso en los casos que requieran apoyos más intensos, siempre debe atenderse a la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona y no así a su interés superior.(23)

36. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que la capacidad jurídica es indispensable para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y que su negación a las personas con discapacidad ha hecho que se vean privadas de muchos derechos fundamentales.

37. Determinó que el apoyo en la adopción de decisiones no debe utilizarse como justificación para limitar otros derechos fundamentales y que el reconocimiento de la capacidad jurídica está vinculado de manera indisoluble con el disfrute de muchos otros derechos humanos establecidos en la Convención, por lo que, el no reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona compromete notablemente su capacidad de reivindicar, ejercer y hacer cumplir esos derechos y muchos otros derechos establecidos en la Convención.(24)

38. Así, destaca el vínculo que tiene el reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídicas con el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, que se encuentra regulado en el artículo 19 de la Convención(25) y que implica que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir, así como tener acceso a apoyos y asistencia para facilitar su existencia e inclusión en la comunidad y evitar su aislamiento o separación de ésta.(26)

39. El Comité señaló que dicho artículo se basa en el principio fundamental de derechos humanos de que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derechos y todas las vidas tienen el mismo valor. Destacó que el costo de la exclusión social es elevado ya que perpetúa la dependencia y, por tanto, la injerencia en las libertades individuales, además de que engendra estigmatización, segregación y discriminación, que pueden conducir, entre otros, a la creación de estereotipos negativos que alimentan el ciclo de marginación de las personas con discapacidad.

40. El derecho amparado en el artículo 19 está muy arraigado en el derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos destaca en el artículo 29, párrafo 1, la interdependencia del desarrollo personal de un individuo y el aspecto social de formar parte de la comunidad: "Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad". El artículo 19 se sustenta tanto en los derechos civiles y políticos como en los económicos, sociales y culturales: el derecho de toda persona a circular libremente y a escoger libremente su residencia (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados (artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), y los derechos básicos a comunicarse constituyen la base del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

41. La libertad personal, un nivel de vida adecuado y la capacidad de entender y de hacer entender las propias preferencias, opciones y decisiones son condiciones indispensables a la dignidad humana y al libre desarrollo de la persona.(27)

42. De esta manera, el modelo social de la discapacidad promulga porque las personas con discapacidad tengan una vida independiente y autónoma a través del reconocimiento de su capacidad jurídica, pues es la voluntad de la persona el eje rector del ejercicio de sus derechos. Para ello, se torna necesario dejar atrás el concepto paternalista por el que se sustituía la voluntad de las personas para dar lugar a una asistencia en la toma de decisiones.

43. Por otro lado, el artículo 1° constitucional(28) contempla el principio de igualdad por el que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Asimismo, prohíbe categóricamente toda discriminación que sea motivada, entre otras, por discapacidad, estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

44. La extinta Primera Sala ha señalado que la igualdad, como principio adjetivo, se configura de distintas facetas complementarias que pueden distinguirse en: (i) la igualdad formal o de derecho y (ii) la igualdad sustantiva o de hecho.

45. La igualdad formal es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone de la igualdad ante la ley –uniformidad en la aplicación de la norma jurídica–, e igualdad en la norma jurídica –control del contenido de las normas para evitar diferencias legislativas sin justificación constitucional o desproporcionales–.

46. La violación a esta faceta da lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente; o a actos discriminatorios indirectos, cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o resultado conlleva una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación objetiva para ello.

47. Por su parte, la igualdad sustantiva busca alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos, lo que conlleva la necesidad de remover obstáculos de diversa índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Por tanto, la violación a esta faceta surge cuando existe una discriminación estructural contra un grupo social o sus integrantes y la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación.(29)

48. De esta forma, la discriminación puede generarse por tratar a personas iguales de forma distinta, o por ofrecer igual tratamiento a quienes están en situaciones diferentes; pero también puede ocurrir indirectamente cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral ubica a un grupo social específico en clara desventaja frente al resto.

49. En este sentido, los elementos de la discriminación indirecta son: 1) una norma, criterio o práct

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34092-8633231f/i-accion-de-inconstitucionalidad-debe-desestimarse-la-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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