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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. II. DISCAPACIDAD. EL ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA DEBE REALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. III. MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ESTADO DE OAXACA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SANCIONA A LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE ABIERTO, CERRADO O AL COPEO, QUE LAS EXPENDAN A PERSONAS CON "DEFICIENCIAS MENTALES", NO CONTIENE ALGÚN PROPÓSITO VÁLIDO, SINO MÁS BIEN UNA MEDIDA QUE SE TRADUCE EN UNA RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL Y CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 140, FRACCIÓN II, INCISO K), NUMERAL 2, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", ASÍ COMO INCISO L), NUMERAL 1, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO]. IV. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. V. MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ESTADO DE OAXACA. LAS PREVISTAS EN DISPOSICIONES QUE EMPLEAN EXPRESIONES AMPLIAS E INDETERMINADAS COMO "OFENSIVOS", "DIFAMATORIOS", "ANTISOCIALES", "FALTAS A LA MORAL", "NO GUARDAR RESPETO" O "ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO", VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, AL DOTAR A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE UN AMPLIO MARGEN DE APRECIACIÓN PARA DETERMINAR LAS CONDUCTAS QUE PUEDAN UBICARSE EN ESOS SUPUESTOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 140, FRACCIÓN II, INCISO G), NUMERAL 11, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "RESULTEN OFENSIVOS, DIFAMATORIOS O" Y "ANTISOCIALES O", NUMERAL 9 DEL INCISO O), E INCISO A) DE LA FRACCIÓN X, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, DISTRITO DE JUQUILA, ASÍ COMO 110, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, DISTRITO DE TLACOLULA, AMBAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO]. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 140, FRACCIÓN II, INCISO K), NUMERAL 2, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", INCISO L), NUMERAL 1, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "CON DEFICIENCIAS MENTALES" E INCISO G), NUMERAL 11, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "RESULTEN OFENSIVOS, DIFAMATORIOS O" Y "ANTISOCIALES O", NUMERAL 9 DEL INCISO O), E INCISO A) DE LA FRACCIÓN X, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, DISTRITO DE JUQUILA; ASÍ COMO 110, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, DISTRITO DE TLACOLULA, AMBAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2025. · Registro digital (IUS): 34145
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-07-10
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Julio de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.302.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO REYNA OCHOA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Promovente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Normas impugnadas: Se impugnan diversos preceptos de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Tututepec, Distrito de Juquila, y de la Ley de Ingresos del Municipio de San Bartolomé Quialana, Distrito de Tlacolula, ambas leyes del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, publicadas mediante Decretos números 496 y 501, respectivamente, en el Periódico Oficial de dicha entidad, el veintinueve de marzo de dos mil veinticinco.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 56/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Tututepec, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco y de la Ley de Ingresos del Municipio de San Bartolomé Quialana, Distrito de Tlacolula, Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, ambas leyes publicadas mediante Decretos números 496 y 501, respectivamente, en el Periódico Oficial de dicha entidad, el veintinueve de marzo de dos mil veinticinco.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1 Presentación de la demanda. El veintiocho de abril de dos mil veinticinco la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad, en la que impugnó diversas disposiciones de carácter general y señaló como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

2 Preceptos violados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó actualizadas violaciones a los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 16 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 1, 4, 5, 8, 12, 17 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

3 Conceptos de invalidez. En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló, esencialmente, los siguientes argumentos.

• PRIMERO. Se impugna el artículo 140, fracción II, incisos k), numeral 2, en la porción normativa “o a personas con deficiencias mentales” y l), numeral 1, en la porción normativa “con deficiencias mentales”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Tututepec, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, al considerar que si bien la normativa impone una sanción pecuniaria a los establecimientos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas tanto en envase cerrado como abierto o al copeo que expendan dichas bebidas a las citadas personas y ello tiene una apariencia neutra, lo cierto es que constituye una regulación discriminatoria en contra de las personas con discapacidad mental, que impide el reconocimiento de su dignidad humana, personalidad y capacidad jurídica.

Dicho precepto transgrede el derecho humano a la igualdad y no discriminación, en virtud de que su regulación se encuentra permeada de prejuicios relacionados con las personas con discapacidad mental, los cuales permiten que siga perpetuando una visión de que aquéllas tienen limitaciones para solicitar por sí mismas bienes y servicios, sin que se les vea como consumidoras, obstaculizando una igualdad sustantiva.

Así, el precepto tildado de inconstitucional contiene un lenguaje discriminatorio y contempla estereotipos, estigmas y prejuicios, pues al emplear la expresión “con deficiencias mentales” visibiliza la discriminación histórica que han padecido las personas con discapacidad mental, por lo que es contrario a los artículos 1° de la Constitución Federal, y 1 y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y omite la obligación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de adoptar medidas específicas respecto de las personas en situación de discapacidad.

Asimismo, la disposición normativa impugnada realiza una distinción basada en una categoría sospechosa, por lo que debe realizarse un escrutinio de la medida legislativa. Al respecto, no existe una justificación constitucionalmente válida para que se sancione por el simple hecho de vender algún tipo de bebida alcohólica (en envase cerrado, abierto o al copeo) a personas mayores de edad con discapacidad mental al igual que a cualquier persona que no viva con discapacidad.

En consecuencia, la normativa impugnada promueve el desconocimiento de la personalidad, capacidad jurídica y voluntad de las personas con discapacidad mental, al partir de un enfoque paternalista de la discapacidad, lo cual limita su libre determinación e impacta en su dignidad humana; de ahí que el referido precepto no supera la primera grada del test de igualdad, siendo innecesario someterlo a las siguientes etapas y, en ese sentido, procede declarar su invalidez.

• SEGUNDO. Se impugna el artículo 140, fracciones II, incisos g), numeral 11, en las porciones normativas “resulten ofensivos, difamatorios o” y “antisociales o”, o), numeral 9, y X, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Tututepec, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, así como el diverso 110, fracción XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Bartolomé Quialana, Distrito de Tlacolula, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco; porque al establecer dichos preceptos como hipótesis normativas a sancionar: los anuncios que contengan ideas, imágenes, textos o figuras que resulten ofensivos y promuevan conductas antisociales, así como no guardar respeto al público, alterar el orden público y faltas a la moral; tales conductas son demasiado amplias y ambiguas, lo cual propicia que la autoridad determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto y la imposición de la sanción, lo que genera incertidumbre jurídica.

Los preceptos citados incumplen el principio de taxatividad (aplicado en materia administrativa sancionadora), pues no dan a conocer con suficiente claridad cuándo se actualizarán los supuestos jurídicos y se deja un amplio margen de apreciación en favor de la autoridad aplicadora, quien podrá determinar de manera arbitraria si los gobernados son acreedores a las sanciones respectivas.

Por ello, la falta de precisión de las disposiciones combatidas genera un estado de incertidumbre jurídica para los gobernados, pues éstos no tienen la certeza de cuándo sus actos actualizarán o no ese tipo de infracciones, vulnerándose con ello los principios de seguridad jurídica y legalidad.

Además, los preceptos impugnados impactan en forma desproporcional en el ejercicio de la libertad de expresión, en cuanto a la hipótesis relativa a “los anuncios que contengan ideas, imágenes, textos o figuras que resulten ofensivos, discriminatorios o promuevan conductas antisociales”, ya que se sanciona económicamente a dichos anuncios que resulten “ofensivos”, “difamatorios” o “promuevan conductas antisociales”; sin embargo, se requiere de una valoración discrecional y sumamente subjetiva.

Así, en cuanto a que los anuncios resulten “ofensivos”, o “difamatorios”, estas conductas dependerán de una evaluación subjetiva, y respecto a que los anuncios “promuevan conductas antisociales”, ello conlleva a su vez, a innumerables conductas, las cuales dependerán del contexto social; de ahí que la norma resulta indeterminada y sobreinclusiva, dando pauta a la arbitrariedad, pues dichos calificativos dependerán de las personas receptoras o espectadoras de los anuncios.

Finalmente, la actora aduce que la normativa impugnada constituye una medida de autocensura, que contraviene la libertad de expresión, pues las manifestaciones reprochables involucran una exteriorización de las ideas y pensamientos de los sujetos, que inclusive podrían constituir expresiones de arte; por lo que debe declararse la invalidez de las disposiciones reclamadas.

4 Reserva de turno. Por auto de treinta de abril de dos mil veinticinco, la entonces Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número de expediente 56/2025, así como reservar el turno hasta en tanto quedara constituida la nueva integración del Alto Tribunal, a fin de continuar con el trámite respectivo.

5 Turno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, turnó el expediente a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra, para que instruyera el procedimiento correspondiente.

6 Admisión. En proveído de diez de septiembre de dos mil veinticinco, la Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad, ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que rindieran sus informes respectivos, así como dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para los efectos legales conducentes.

7 Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Por acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinticinco se tuvo al Poder Legislativo local de dicha entidad rindiendo el informe respectivo en el que expresó que los actos legislativos que culminaron con la expedición de las leyes de ingresos citadas por la parte actora estaban debidamente fundados y motivados, y que aquél actuó dentro de las atribuciones que le confieren la Constitución Federal y local, por lo que es una autoridad competente para legislar.

8 Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo por presentado el informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en el que se señaló que los Decretos números 496 y 501 publicados en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veintinueve de marzo de dos mil veinticinco, no resultaban inconstitucionales porque fueron emitidos en ejercicio de las facultades previstas en la Constitución de dicha entidad federativa, y realizó argumentos relativos a una causal de improcedencia.

9 Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinticinco se declaró cerrada la instrucción.

I. COMPETENCIA

10 Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente,(2) así como del Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 2/2025 (12a.), del Pleno de este Alto Tribunal, de tres de septiembre de dos mil veinticinco,(3) toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Tututepec, Distrito de Juquila, y de la Ley de Ingresos del Municipio de San Bartolomé Quialana, Distrito de Tlacolula, ambas del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

II. OPORTUNIDAD

11 De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y el cómputo inicia a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial, en el entendido de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

12 En el caso, los preceptos legales de las leyes impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el sábado veintinueve de marzo de dos mil veinticinco, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad trascurrió del treinta de marzo al veintiocho de abril de dos mil veinticinco.

13 Luego, si el escrito de demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se presentó el veintiocho de abril de dos mil veinticinco en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia la Nación, esto es, el último día del plazo para su vencimiento, es claro que su interposición resulta oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

14 En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.

15 En el caso, el escrito de demanda fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada del acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinticuatro, expedido por el Presidente y la Secretaria de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que consta la designación de la promovente; aunado a que dicha funcionaria promovió el presente asunto con fundamento en el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(6)

16 Asimismo, en la demanda se plantea que diversos preceptos de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Tututepec, Distrito de Juquila, y de la Ley de Ingresos del Municipio de San Bartolomé Quialana, Distrito de Tlacolula, ambas leyes del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, resultan violatorios de los principios de seguridad jurídica, igualdad y no discriminación, taxatividad (aplicable a la materia administrativa sancionadora) y legalidad; por lo que la promovente cuenta con facultades para representar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por ende, tiene legitimación activa.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

17 En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción son de estudio preferente, este Tribunal Pleno procede a examinar el planteamiento expresado sobre ese aspecto por el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

18 Al respecto, manifestó en su informe que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 65, párrafo primero, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, consistente en que no se aduce ni existe violación a los artículos 1°, 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales, ni los derechos a la seguridad jurídica e igualdad o los principios de legalidad, taxatividad, proporcionalidad y equidad tributaria y, por ello, no se advierte la inconstitucionalidad de alguna de las porciones normativas impugnadas.

19 Este Tribunal Pleno considera que debe desestimarse el motivo de improcedencia alegado por el poder demandado, toda vez que ello constituye una cuestión que no se vincula con la procedencia de la acción, sino que corresponde al estudio de fondo del asunto.

20 Sirve de apoyo lo establecido en la tesis P./J. 36/2004, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.(7)

21 Así, al no existir otro motivo de improcedencia planteado, ni advertirse alguno otro de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.

V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

22 De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(8) la Suprema Corte debe fijar de forma breve y precisa las normas generales, actos u omisiones objeto del estudio. De una lectura integral de la demanda, se advierte que deben tenerse como efectivamente impugnadas las normas generales siguientes.

TEMA I. Prohibición de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos para personas con deficiencias mentales.

• El artículo 140, fracción II, inciso k), numeral 2, en la porción normativa “o a personas con deficiencias mentales” e inciso l), numeral 1, en la porción normativa “con deficiencias mentales”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Tututepec, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

TEMA II. Establecimiento de infracciones que causan inseguridad jurídica.

• Artículo 140, fracciones II, incisos g), numeral 11, en las porciones normativas “resulten ofensivos, difamatorios o” y “antisociales o”, o), numeral 9, y X, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Tututepec, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

• Artículo 110, fracción XVIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Bartolomé Quialana, Distrito de Tlacolula, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

VI. ESTUDIO DE FONDO

23 A continuación, se procede al estudio, por separado, de los temas antes destacados.

TEMA I. Prohibición de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos para personas con deficiencias mentales.

24 La Comisión actora impugna el artículo 140, fracción II, inciso k), numeral 2, en la porción normativa “o a personas con deficiencias mentales” e inciso l), numeral 1, en la porción normativa “con deficiencias mentales”, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Tututepec, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco.

25 Lo anterior, al considerar que si bien, la normativa impone una sanción pecuniaria a los establecimientos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas tanto en envase cerrado como abierto o al copeo que expendan dichas bebidas a las citadas personas y ello tiene una apariencia neutra, lo cierto es que constituye una regulación discriminatoria en contra de las personas con discapacidad mental, que impide el reconocimiento de su dignidad humana, personalidad y capacidad jurídica.

26 El contenido de la norma impugnada es el siguiente.

Artículo 140. Las infracciones por faltas administrativas serán establecidas por la Autoridad Municipal o dependencia administrativa a que corresponda la materia objeto de la infracción y se turnarán a la Tesorería Municipal, la cual se calculará y percibirá el ingreso derivado de la infracción. Se consideran también faltas administrativas las que provengan de las infracciones establecidas en el Bando de Policía y Gobierno y de los diversos Reglamentos expedidos por el Municipio.

Ver infracciones

27 El concepto de invalidez es fundado por las razones siguientes.

28 En relación con el planteamiento de invalidez en contra de las porciones normativas, debe destacarse que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las acciones de inconstitucionalidad 98/2024 y su acumulada 101/2024,(9) así como 109/2024 y su acumulada 111/2024(10) analizó disposiciones de contenido similar y desarrolló diversas consideraciones sobre la discapacidad y su modelo social, así como el principio de igualdad y no discriminación en materia de discapacidad, las cuales se retoman al resultar relevantes para la solución del presente asunto.

Discapacidad y modelo social.

29 La discapacidad es definida como una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que puede ser permanente o temporal, congénita o adquirida, que tiene una persona que, al interactuar con las barreras sociales y actitudinales, le impide una inclusión plena y efectiva en igualdad de circunstancias que el resto de las personas.(11)

30 Tal concepción no siempre fue así, pues ha ido evolucionando: en principio existía el modelo de "prescindencia" en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema denominado "rehabilitador", "individual" o "médico", en el cual el fin era normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo "social", el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona.

31 En este modelo social de la discapacidad, la persona es vista como un sujeto de derechos humanos y no como mero objeto de cuidado, dejando de poner énfasis en la deficiencia de la persona, pues es la sociedad la que impone barreras estructurales y actitudinales al dejar de considerar las necesidades que tenemos como diversidad humana. De ahí que se ha concluido que las discapacidades no son enfermedades.(12)

32 En este sentido, el modelo social y de derechos humanos reconoce que la discapacidad es una construcción social y que las deficiencias no deben considerarse como motivo para restringir o negar derechos humanos.(13)

33 Así, el modelo social y de derechos humanos involucra el replanteamiento de la discapacidad y sus consecuencias jurídicas e implica una interpretación en clave de derechos humanos, que asuma el respeto a la diversidad como condición inherente a la dignidad humana. Por ello, al analizar los asuntos debe tenerse presente la finalidad de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y optar siempre por aquella solución jurídica que la haga operativa.(14)

34 La citada Convención reconoce desde su preámbulo la importancia de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, lo cual reafirma como un principio general en su artículo 3, inciso a).(15)

35 Dicha independencia, como forma de autonomía personal implica que la persona con discapacidad no se vea privada de la posibilidad de elegir y controlar su modo de vida y sus actividades cotidianas.(16)

36 Para ello, la Convención(17) prevé que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídicas en todas partes y en todos los aspectos de la vida. Asimismo, contempla el establecimiento de apoyos para la facilitación del ejercicio de la capacidad jurídica, y salvaguardias, como medidas que buscan que en su ejercicio se respeten la voluntad, preferencias y derechos de las personas con discapacidad, así como evitar que exista influencia indebida o conflicto de interés.

37 En ese sentido, las personas con discapacidad pueden auxiliarse de apoyos y salvaguardias en el ejercicio de su capacidad jurídica como un sistema de asistencia en la toma de sus decisiones, sin que pueda sustituirse en ningún momento su voluntad,(18) pues incluso en los casos que requieran apoyos más intensos, siempre debe atenderse a la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona y no así, a su interés superior.(19)

38 El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que la capacidad jurídica es indispensable para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que su negación a las personas con discapacidad ha hecho que se vean privadas de muchos derechos fundamentales.

39 De igual forma, determinó que el apoyo en la adopción de decisiones no debe utilizarse como justificación para limitar otros derechos fundamentales y que el reconocimiento de la capacidad jurídica está vinculado de manera indisoluble con el disfrute de muchos otros derechos humanos establecidos en la Convención, por lo que, el no reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona compromete notablemente su capacidad de reivindicar, ejercer y hacer cumplir esos derechos y muchos otros derechos establecidos en la Convención.(20)

40 Así, destaca el vínculo que tiene el reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídicas con el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, que se encuentra regulado en el artículo 19 de la Convención(21) y que implica, que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir, así como tener acceso a apoyos y asistencia para facilitar su existencia e inclusión en la comunidad y evitar su aislamiento o separación de ésta.(22)

41 El Comité señaló que dicho artículo se basa en el principio fundamental de derechos humanos de que todos los seres humanos nacen iguales, en dignidad y en derechos y todas las vidas tienen el mismo valor. Destacó que el costo de la exclusión social es elevado, ya que perpetúa la dependencia y, por tanto, la injerencia en las libertades individuales, además de que engendra estigmatización, segregación y discriminación, que pueden conducir, entre otros, a la creación de estereotipos negativos que alimentan el ciclo de marginación de las personas con discapacidad.

42 El derecho amparado en el citado artículo 19 está muy arraigado en el derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos destaca, en el artículo 29, párrafo 1, la interdependencia del desarrollo personal de un individuo y el aspecto social de formar parte de la comunidad: “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”.

43 Cabe precisar que, el mencionado artículo 19 se sustenta tanto en los derechos civiles y políticos como en los económicos, sociales y culturales: el derecho de toda persona a circular libremente y a escoger su residencia (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados (artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), y los derechos básicos a comunicarse constituyen la base del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

44 La libertad personal, un nivel de vida adecuado y la capacidad de entender y de hacer entender las propias preferencias, opciones y decisiones son condiciones indispensables a la dignidad humana y al libre desarrollo de la persona.(23)

45 De esta manera, el modelo social de la discapacidad promulga porque las personas con discapacidad tengan una vida independiente y autónoma a través del reconocimiento de su capacidad jurídica, pues es la voluntad de la persona el eje rector del ejercicio de sus derechos. Para ello, se torna necesario dejar atrás el concepto paternalista por el que se sustituía la voluntad de las personas para dar lugar a una asistencia en la toma de decisiones.

46 Por otro lado, el artículo 1° constitucional(24) contempla el principio de igualdad por el que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Asimismo, prohíbe categóricamente toda discriminación que sea motivada, entre otras, por discapacidad, estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

47 La otrora Primera Sala sostuvo que la igualdad, como principio adjetivo, se configura de distintas facetas complementarias que pueden distinguirse en: (i) la igualdad formal o de derecho y (ii) la igualdad sustantiva o de hecho.

48 La igualdad formal es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone de la igualdad ante la ley –uniformidad en la aplicación de la norma jurídica–, e igualdad en la norma jurídica –control del contenido de las normas para evitar diferencias legislativas sin justificación constitucional o desproporcionales–.

49 La violación a esta faceta da lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente; o a actos discriminatorios indirectos, cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o resultado conlleva una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación objetiva para ello.

50 Por su parte, la igualdad sustantiva busca alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos, lo que conlleva la necesidad de remover obstáculos de diversa índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Por tanto, la violación a esta faceta surge cuando existe una discriminación estructural contra un grupo social o sus integrantes y la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación.(25)

51 De esta forma, la discriminación puede generarse por tratar a personas iguales de forma distinta, o por ofrecer igual tratamiento a quienes están en situaciones diferentes; pero también puede ocurrir indirectamente cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral ubica a un grupo social específico en clara desventaja frente al resto.

52 En este sentido, los elementos de la discriminación indirecta son: 1) una norma, criterio o práctica aparentemente neutral; 2) que afecta negativamente de forma desproporcionada a un grupo social; y, 3) en comparación con otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar.(26)

53 Es importante señalar que, si bien la igualdad y no discriminación están estrechamente vinculados, lo cierto es que no son idénticos, aunque sí complementarios. En tanto que la primera implica que debe garantizarse que todas las personas sean iguales en el goce y ejercicio de sus derech

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34145-1d152e88/i-accion-de-inconstitucionalidad-si-se-hace-valer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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