I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. II. DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. LAS NORMAS QUE PREVÉN LAS CUOTAS POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS DE COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, ASÍ COMO POR LA BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE RECIBOS DE PAGO POR LOS TRÁMITES DE INMUEBLES EN MATERIA INMOBILIARIA, SIN ESTABLECER CUÁL FUE EL MÉTODO PARA CONCLUIR LOS COSTOS DEL SERVICIO Y SU RELACIÓN PROPORCIONAL CON EL MONTO ESTABLECIDO, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 132, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, Y 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, DISTRITO DE COIXTLAHUACA, AMBOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO). III. DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. LAS NORMAS QUE PREVÉN LAS CUOTAS POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS DE COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, ASÍ COMO POR LA BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE RECIBOS DE PAGO POR LOS TRÁMITES DE INMUEBLES EN MATERIA INMOBILIARIA, SIN DETERMINAR SI DICHOS SERVICIOS SON POR UN DOCUMENTO COMPLETO O POR CADA PÁGINA O CARA, VULNERAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 132, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, Y 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, DISTRITO DE COIXTLAHUACA, AMBOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO). IV. MULTAS Y SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS. LA NORMA QUE SANCIONA CON MULTA A LAS PERSONAS QUE REALICEN REUNIONES EN LA VÍA PÚBLICA SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, LIMITA Y SANCIONA INJUSTIFICADAMENTE EL DERECHO DE REUNIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO). V. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE ESTABLECE QUE SE SANCIONARÁ CON MULTA A LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS QUE VENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS A "PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", UTILIZA UN LENGUAJE INCOMPATIBLE CON EL ACTUAL MODELO DE LA DISCAPACIDAD BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IGUALDAD INCLUSIVA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN XVI, INCISO B), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO]. VI. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE ESTABLECE QUE SE SANCIONARÁ CON MULTA A LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS QUE VENDAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS A "PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", PROHÍBE Y PENALIZA, DE FORMA INDIRECTA, LA LIBERTAD PERSONAL Y LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN XVI, INCISO B), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO]. VII. MULTAS Y SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN QUE SE SANCIONARÁ CON MULTA A QUIEN REALICE ESCÁNDALO EN LA VÍA PÚBLICA, OFICINAS O DEPENDENCIAS, INSULTE A LAS AUTORIDADES, EXPRESE PALABRAS ALTISONANTES Y SEÑAS OBSCENAS EN LUGARES PÚBLICOS, AGREDA VERBALMENTE O REALICE ACTOS QUE CAUSEN OFENSA O ESCANDALICE Y CAUSE ALARMA EN CUALQUIER REUNIÓN PÚBLICA O INMUEBLE PARTICULAR QUE OFENDA A VECINOS, TRANSEÚNTES O COHABITANTES, VIOLAN EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, YA QUE PREVÉN CONCEPTOS AMBIGUOS E INDETERMINADOS QUE IMPIDEN A LAS PERSONAS TENER SEGURIDAD Y CERTEZA SOBRE LA CONDUCTA MERECEDORA DE UNA SANCIÓN [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIONES I Y VII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN; 166, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, DISTRITO DE MIAHUATLÁN; 91, SEGUNDO BLOQUE: FRACCIONES II, INCISO A), Y VI, INCISOS A) E I), EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "ESCANDALIZAR O" Y "QUE OFENDA O MOLESTE A VECINOS, TRANSEÚNTES O COHABITANTES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, TODAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO]. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE INSTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, DISTRITO DE COIXTLAHUACA, 132, FRACCIÓN IV, Y 166, FRACCIONES I, INCISO D), Y XVI, INCISO B), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, 78, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM, DISTRITO DE TLACOLULA, 79, FRACCIONES I Y VII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, Y 91, BLOQUE SEGUNDO, FRACCIONES II, INCISO A), Y VI, INCISOS A), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ESCANDALIZAR", E I), EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "ESCANDALIZAR O" Y "QUE OFENDA O MOLESTE A VECINOS, TRANSEÚNTES O COHABITANTES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, TODAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO; ASÍ COMO INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DEL ARTÍCULO 91, BLOQUE SEGUNDO, FRACCIÓN VI, INCISOS A), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN ESPACIOS PÚBLICOS, OFICINAS, DEPENDENCIAS O VÍA PÚBLICA, CAUSANDO MOLESTIA O PERTURBANDO LA TRANQUILIDAD SOCIAL", E I), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CAUSAR ALARMA EN CUALQUIER REUNIÓN PÚBLICA O INMUEBLE PARTICULAR", DE LA REFERIDA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, TODAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO]. IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, DISTRITO DE COIXTLAHUACA, 132, FRACCIÓN IV, Y 166, FRACCIONES I, INCISO D), Y XVI, INCISO B), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, 78, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM, DISTRITO DE TLACOLULA, 79, FRACCIONES I Y VII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, Y 91, BLOQUE SEGUNDO, FRACCIONES II, INCISO A), Y VI, INCISOS A), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ESCANDALIZAR", E I), EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "ESCANDALIZAR O" Y "QUE OFENDA O MOLESTE A VECINOS, TRANSEÚNTES O COHABITANTES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, TODAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO; ASÍ COMO INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DEL ARTÍCULO 91, BLOQUE SEGUNDO, FRACCIÓN VI, INCISOS A), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN ESPACIOS PÚBLICOS, OFICINAS, DEPENDENCIAS O VÍA PÚBLICA, CAUSANDO MOLESTIA O PERTURBANDO LA TRANQUILIDAD SOCIAL", E I), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CAUSAR ALARMA EN CUALQUIER REUNIÓN PÚBLICA O INMUEBLE PARTICULAR", DE LA REFERIDA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, TODAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICINCO].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 47/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ. SECRETARIO: EDUARDO MANUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
HECHOS. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reclama la invalidez de disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 47/2025, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, por contravenir los artículos 1o., 9o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los siguientes:
A N T E C E D E N T E S
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de abril de dos mil veinticinco, en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el ocho siguiente.
2. Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma.
• Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.
• Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
3. Normas generales cuya invalidez se demanda.
1) De la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Coixtlahuaca, su artículo 47, fracción I, por cobros desproporcionados y diferenciados por servicio de reproducción de documentos.
2) De la Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán:
• Artículo 132, fracción IV, por cobros desproporcionados y diferenciados por servicio de reproducción de documentos.
• Artículo 166, fracción I, inciso d), por ser parte de las infracciones que causan inseguridad jurídica.
• Artículo 166, fracción XVI, inciso b), en la porción normativa “o a personas con deficiencias mentales”, por ser una infracción discriminatoria en perjuicio de las personas que viven con discapacidad.
3) De la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Totolápam, Tlacolula, el artículo 78, fracción IV, por ser un precepto ambiguo y una infracción que restringe la libertad de reunión.
4) De la Ley de ingresos del Municipio de San Miguel Tecomatlán, Nochixtlán, el artículo 79, fracciones I y VII, por ser una infracción que causa inseguridad jurídica.
5) De la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlán de Juárez, Benemérito Distrito Ixtlán de Juárez, el artículo 91, segundo bloque de fracciones: II, inciso a), y VI, incisos a) e i), en las porciones normativas “Escandalizar o” y “que ofenda o moleste a vecinos, transeúntes o cohabitantes”, por ser infracciones que causan inseguridad jurídica.
• Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman violados. La accionante señaló como vulnerados los artículos 1o., 9o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos aplicables de la normativa internacional, en virtud de que transgreden el derecho fundamental de seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación, a la libertad de reunión y principios de taxatividad aplicable a la materia administrativa sancionadora de proporcionalidad tributaria y de legalidad.
4. Fecha de publicación de las normas impugnadas. El ocho de marzo de dos mil veinticinco, se publicaron en el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca diversos decretos mediante los cuales se expiden las leyes de ingresos de los municipios de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Distrito de Coixtlahuaca, Miahuatlán de Porfirio Diaz, Distrito de Miahuatlán, San Pedro Totolápam, Distrito de Tlacolula, San Miguel Tecomatlán, Distrito de Nochixtlán, Ixtlán de Juárez, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025.(1)
5. Preceptos constitucionales vulnerados. Artículos 1o., 9o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó cuatro conceptos de invalidez, en los que argumentó, en síntesis, lo siguiente:
• Primer concepto de invalidez. Las leyes de ingresos de los municipios oaxaqueños de San Juan Bautista Coixtlahuaca y Miahuatlán de Porfirio Díaz para el ejercicio fiscal 2025, prevén tarifas desproporcionales e injustificadas por la búsqueda y expedición de copias de documentos que obren en los archivos municipales, así como los de recibo de pago, ya que las tarifas no guardan una relación directa con los gastos que les representa a los Ayuntamientos con la prestación de los servicios descritos en las normas combatidas, y por lo tanto, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
• Segundo concepto de invalidez. La Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025 del Municipio de San Pedro Totolápam, Tlacolula, prevé una multa por la celebración de todo tipo de actividades en la vía pública que carezca de permiso de la autoridad municipal, y en consideración a su diseño normativo, resulta demasiado amplio, produciendo incertidumbre jurídica y una limitación al ejercicio de reunión de las personas.
• Tercer concepto de invalidez. La Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán, para el ejercicio fiscal 2025, se impone una sanción pecuniaria a los establecimientos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas que le expendan dichas bebidas “o a personas con deficiencias mentales”, constituye una regulación discriminatoria en contra de las personas con discapacidad mental, que impide el reconocimiento de su dignidad humana, personalidad y capacidad jurídica.
• Cuarto concepto de invalidez. La ley de ingresos de los municipios oaxaqueños de San Miguel Tecomatlán, Nochixtlán, Miahuatlán de Porfirio Diaz, Miahuatlán, y de Ixtlán de Benito Juárez, Benemérito Distrito de Ixtlán de Juárez establecen que serán consideradas infracciones las siguientes conductas: a) realizar escándalo en la vía pública, b) insultar o agredir verbalmente a cualquier persona, incluidas autoridades, y c) expresiones altisonantes y obscenas en cualquier espacio que causen molestias, lo cual da como resultado conductas demasiado amplias y ambiguas, lo que da pauta a que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto, y por ende, la imposición de una sanción, generando incertidumbre jurídica.
7. Radicación y turno. Mediante proveído de ocho de abril de dos mil veinticinco, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico con el número 47/2025, y se turnó el asunto al entonces Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para que instruyera el procedimiento correspondiente.
8. Admisión. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veinticinco, el Ministro instructor tuvo por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; asimismo, ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, para que rindieran sus informes y, respectivamente, remitieran copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada y el ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado en el que se hubieran publicado las normas controvertidas.
9. Vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En términos del artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el proveído antes referido.
10. Informe del Poder Legislativo del estado de Oaxaca. Por escrito enviado el veintiocho de mayo del año en curso a través del Servicio Postal Mexicano y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el cinco de junio de dos mil veinticinco, la persona titular de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del estado de Oaxaca, rindió su informe y expresó los razonamientos que se resumen a continuación:
Los actos legislativos están debidamente fundados y motivados, ya que el Congreso actuó dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución local y federal le confiere, resultando ser autoridad competente para legislar sobre los ramos que sean de competencia del Estado.
Primer concepto de invalidez relativo a los cobros desproporcionados y diferenciados por servicio de reproducción de documentos:
• Las disposiciones impugnadas no son contrarias al principio de proporcionalidad, toda vez que las cuotas establecidas son derechos por la prestación de servicios públicos, cuyo objeto es la recaudación que realiza el Municipio por expedición de certificaciones, constancias, legalizaciones y demás certificaciones que estén dentro del ámbito de competencia del Municipio, por lo que serán sujetos de este derecho, las personas físicas o morales que soliciten alguno de los servicios antes mencionados, estableciéndose para ello cuotas accesibles para los habitantes del municipio; así como por la búsqueda de recibos de pago, refiriéndose en materia inmobiliaria.
• La apreciación del costo real del servicio por parte de la parte actora es subjetiva, dado que, de acuerdo con la SCJN, basta con que el legislador prevea elementos mínimos para evitar la aplicación arbitraria de la norma, de tal manera que el particular tenga conocimiento de la situación jurídica que impera en un caso concreto y de la actuación de la autoridad ante ella, y no quede en estado de indefensión en cuanto a sus consecuencias.
Segundo concepto de invalidez relativo a un precepto ambiguo e infracción que restringe la libertad de reunión:
• La disposición no produce incertidumbre jurídica toda vez que cumple con el principio de seguridad jurídica, considerando que este implica de acuerdo con el artículo 16 constitucional, que todo acto de molestia debe constar por escrito, provenir de autoridad competente y estar fundado y motivado.
Lo anterior se satisface, cuando se actúa dentro de los límites de las atribuciones de la Constitución correspondiente le confiere (argumentación), y cuando las leyes que emite se refieren a las relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación), sin que esto implique que el legislador precise las razones o circunstancias especiales que tomó en consideración para expedir una ley, tal como lo ha reiterado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El principio de seguridad jurídica en materia tributaria radica en “saber a qué atenerse” respecto a la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad fiscal, teniendo como manifestaciones concretas la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso.
• Por otro lado, se niega haber vulnerado el derecho a la libertad de reunión consagrado en el artículo 9 Constitucional, en primer momento porque el mismo está más relacionado a reuniones de tipo político, asambleas, etc., y por otro lado, porque no están prohibiendo las reuniones, ya que las autoridades municipales consideran los permisos para llevarlas a cabo como una forma de mantener el orden y la seguridad jurídica de los demás habitantes por ello tampoco vulnera el principio de igualdad, prohibición, ni discriminación, es decir, que persigue un fin legítimo y resulta necesaria para proteger la seguridad jurídica y el orden público, inclusive la salud, entendiéndose que la libertad de reunión no es un derecho absoluto y puede ser restringido mediante la exigencia de responsabilidades ulteriores en aquellos casos en que se afecten los derechos de terceros, esto es así, toda vez que el legislador no buscó crear categorías diversas en razón de las condiciones a que se encuentre una persona en particular, busca regular una situación de interés general de la comunidad.
Tercer concepto de invalidez relativo a Infracciones discriminatorias en perjuicio de las personas que viven con discapacidad:
• La disposición no atenta contra el derecho humano a la igualdad y no discriminación, en virtud que la sanción pecuniaria va dirigida a los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas a personas con deficiencia mental, es decir, se trata de proteger la salud e incluso la vida de las personas que se encuentran comprendidas en esta hipótesis, toda vez que tratándose del consumo de bebidas alcohólicas siempre lleva un riesgo a la salud pública y el municipio tiene la obligación de velar por el bienestar de su población vulnerable.
Cuarto concepto de invalidez relativo a infracciones que causan inseguridad jurídica:
• El hecho de que las disposiciones normativas impugnadas no se encuentren definidas de manera expresa, ello no es suficiente para declarar su inconstitucionalidad, pues si bien es cierto, que la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o disminuir su vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción, de un análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se advierte como requisito que el legislador ordinario tenga que definir los vocablos o locuciones utilizados.
• Afirma que queda al arbitrio del aplicador o del operador jurídico la interpretación de los elementos legislativos a cada caso concreto, estimar lo contrario desnaturalizaría la ley al obligar al poder legislativo a ser previsor de todas y cada una de las hipótesis casuísticas que para cada institución pueden tener lugar en el mundo jurídico.
11. Informe del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca. Mediante oficio enviado el veintinueve de mayo de dos mil veinticinco, a través de Correos de México y recibido el seis de junio del año que concurre en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la persona titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, como representante legal del Gobernador de la referida entidad rindió su informe, en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:
En principio, precisa que dicha autoridad sí promulgó y publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca las Leyes de Ingresos de diversos municipios del estado de Oaxaca, lo cual no resulta inconstitucional, pues fue efectuado en virtud del ejercicio de sus facultades y atribuciones previstas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Primer concepto de invalidez relativo a los cobros desproporcionados y diferenciados por servicio de reproducción de documentos:
• Sostiene que respecto al argumento relacionado con la existencia de cobros desproporcionados y diferenciados por la reproducción de documentos es infundado, pues el Congreso del Estado de Oaxaca ejerció sus facultades constitucionales y legales, toda vez que, de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución General, tanto la Federación como cada Estado para sí y para sus municipios, tienen la libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, dándole los matices correspondientes a su realidad, así como gravar las tarifas.
Segundo concepto de invalidez relativo a un precepto ambiguo e infracción que restringe la libertad de reunión:
• Define el principio de la taxatividad como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
• Que el Alto Tribunal ha determinado que la pena o la porción de una norma en la que se describa una conducta, a nivel administrativo, resultará inconstitucional por vulnerar el principio de taxatividad ante su imprecisión excesiva o irrazonable, la cual provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre. Sin embargo, también ha referido que no resulta factible exigir una determinación máxima a las disposiciones normativas, sino una suficiente y no mayor a la precisión imaginable.
Tercer concepto de invalidez relativo a Infracciones discriminatorias en perjuicio de las personas que viven con discapacidad:
• El artículo 166, fracción XVI, inciso b), en la porción normativa “o a personas con deficiencias mentales” de la Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Diaz para el ejercicio fiscal 2025, no traspasa el ámbito constitucional porque la sanción se efectúa a la persona que expenda bebidas alcohólicas a personas que sufran deficiencias mentales, más no así a estas últimas.
• Que la finalidad de esta norma es garantizar su derecho a la salud concebido en el artículo 4 de la Constitución Federal, con la que el legislador ofreció la más amplia tutela para este grupo, evitando sufrir algún tipo de abuso, engaño o fraude por parte de los expendedores en referencia, evitando así alguna situación de riesgo para este sector vulnerable.
Cuarto concepto de invalidez relativo a infracciones que causan inseguridad jurídica:
• Considera que la promovente no realiza un adecuado análisis de las palabras y/o conductas que le causan molestia, toda vez que en su escrito se limita a justificar sus razonamientos sólo respecto de lo establecido en el texto legal, sin ampliar su panorama sobre la finalidad de dicha norma y sin realizar el estudio de los derechos y principios que busca proteger dentro del orden público, asimismo, debió realizar un análisis respecto del lugar, tiempo y modo en el que se aplican las normas, ya que si sólo se estudian esos extractos de la ley quedaría incompleta.
• Finalmente, plantea que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia establecida por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria del procedimiento de control constitucional, en relación con el 65, primer párrafo del ordenamiento legal en comento, consistente en que no aduce, ni existe violación de los artículos 1, 14, 16 y 31 fracción IV, establecidos en la Constitución Federal. Y que, al actualizarse lo anterior resulta viable que el Ministro Instructor determine el sobreseimiento de ésta de conformidad con el artículo 20, fracciones II y III de la Ley Reglamentaria del artículo 105, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
12. Vista para formular alegatos. Por auto de doce de junio de dos mil veinticinco, el entonces Ministro instructor tuvo por presentados al Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura del Congreso y del Consejero Jurídico del Gobierno, ambos del estado de Oaxaca, con los informes solicitados y cumpliendo con el requerimiento efectuado en el proveído de admisión, y, por último, ordenó que los autos quedaran a la vista de las partes para que formularan por escrito sus alegatos.
13. Cierre de instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de uno de julio de dos mil veinticinco, se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
14. Turno. Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, se turnó el asunto a la Ministra María Estela Ríos González, para la elaboración del proyecto respectivo, con fundamento en los artículos 24 de la Ley Reglamentaria de la materia, 20, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Sexto Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.). I. COMPETENCIA
15. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, de la Constitución General,(2) 1o. de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(4) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 2/2025 (12a)(5) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la SCJN, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
16. De la lectura del escrito inicial, se desprende que la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea la invalidez de los siguientes preceptos normativos comprendidos en diversas leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2025:
1) De la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Coixtlahuaca, su artículo 47, fracción I por cobros desproporcionados y diferenciados por servicio de reproducción de documentos.
2) De la Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán:
• Artículo 132, fracción IV, por cobros desproporcionados y diferenciados por servicio de reproducción de documentos.
• Artículo 166, fracción I, inciso d), por ser parte de las infracciones que causan inseguridad jurídica.
• Artículo 166, fracción XVI, inciso b), en la porción normativa “o a personas con deficiencias mentales”, por ser una infracción discriminatoria en perjuicio de las personas que viven con discapacidad.
3) De la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Totolápam, Tlacolula, el artículo 78, fracción IV, por ser un precepto ambiguo y una infracción que restringe la libertad de reunión.
4) De la Ley de ingresos del Municipio de San Miguel Tecomatlán, Nochixtlán, el artículo 79, fracciones I y VII, por ser una infracción que causa inseguridad jurídica.
5) De la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlán de Juárez, Benemérito Distrito Ixtlán de Juárez, el artículo 91, segundo bloque de fracciones: II, inciso a), y VI, incisos a) e i), en las porciones normativas “Escandalizar o” y “que ofenda o moleste a vecinos, transeúntes o cohabitantes”, por ser infracciones que causan inseguridad jurídica.
Lo anterior, por considerarse como contrarias a los artículos 1o., 9, 14, 16 y 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN
17. La presentación de la demanda, en términos del párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) fue oportuna ya que las normas cuya declaración de invalidez se solicitan fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el sábado ocho de marzo de dos mil veinticinco, y la acción fue presentada en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de abril de dos mil veinticinco, por lo que se concluye que su presentación se hizo dentro del plazo de treinta días naturales que refiere el precepto citado.(7)
IV. LEGITIMACIÓN
18. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la persona titular de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover la presente acción de inconstitucionalidad, lo que se acreditó mediante acuerdo de designación emitido el doce de noviembre de dos mil veinticuatro.(8)
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
19. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, de forma que se procede al análisis de las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquellas que se adviertan de oficio.
20. a) Primera causal de improcedencia. El Poder Ejecutivo estatal expuso que la promulgación de la ley impugnada se realizó en ejercicio de las facultades que le confieren las disposiciones aplicables, toda vez que la imposición de pagos o multas, derivan de la potestad que inviste al Estado para cubrir el gasto público y para sancionar actos derivado del incumplimiento.
21. Lo anterior debe desestimarse, ya que el Poder Ejecutivo se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada, además que, de conformidad con el artículo 61, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia, es requisito de la demanda señalar a los órganos que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas. Lo anterior es acorde con la jurisprudencia, P.J. 38/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(9)
22. b) Segunda causal de improcedencia. Solicita el sobreseimiento por la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el 65, primer párrafo, toda vez que no se aduce ni existe violación de los artículos 1o., 14, 16 y 31 fracción IV, establecidos en la Constitución Federal.
23. Dicha causal resulta infundada porque el análisis de la constitucionalidad de las normas es justo la materia del estudio de fondo del asunto y es necesario analizar los preceptos impugnados para determinar su validez o invalidezP6.(10)
24. Al no existir otro motivo de improcedencia planteado en la acción de inconstitucionalidad ni advertirse alguno de oficio por este Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
VI.1 Cobros por el servicio de reproducción de documentos.
25. Los artículos 47, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Distrito de Coixtlahuaca; y 132, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2025, establecen:
“Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2025:
Artículo 47. El pago de los derechos a que se refiere esta sección, debe hacerse previo a la expedición de las certificaciones y constancias y se pagará conforme a las siguientes cuotas:
Ver cuotas 1
“Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2025:
Artículo 132. Se pagará por los trámites de inmuebles el derecho en materia inmobiliaria, según los siguientes conceptos y cuotas:
Ver conceptos y cuotas
26. El artículo 16 constitucional configura el principio de legalidad y seguridad jurídica, conforme al cual nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; de tal manera que toda obligación que se imponga a las personas debe estar debidamente fundada y motivada, exigencia que también le corresponde al Poder Legislativo al expedir leyes.
27. El artículo 31, fracción IV, señala que son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público, pero es su derecho fundamental que el cobro por los servicios que presta el Estado se haga de manera proporcional y equitativa, con base en el principio de proporcionalidad tributaria que establece que el cobro de los derechos a que se refiere la norma impugnada guarde correspondencia con el costo efectivo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios similares. Así lo ha establecido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro “DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS”.(11)
28. En el artículo 47, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Coixtlahuaca, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2025, se prevé un cobro de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) por la expedición de certificaciones y constancias de copias de documentos existentes en los archivos de las oficinas municipales. Aunque a simple vista pudiera parecer que la fracción primera trata de copias simples, la ubicación de dicho artículo permite concluir que se refiere a certificaciones. Ello, porque éste se encuentra en la Sección tercera. Certificaciones, Constancias y Legalizaciones, así como que el propio artículo 45 de dicha ley, señala que la sección está enfocada a señalar los ingresos del Municipio mencionado por la expedición de certificaciones, constancias, legalizaciones.
29. Si bien en el proceso legislativo no aparece acreditada una debida motivación respecto de los montos establecidos en la norma antes referida, es posible examinar su razonabilidad con base en el método comparativo aplicado a casos semejantes, a fin de concluir si se cumple o no con lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
30. La certificación(12) implica verificar la correspondencia fiel del documento original con su reproducción, así como la intervención de una persona servidora pública facultada para ello; tiene una naturaleza jurídica distinta de la simple reproducción material. Por tanto, la certificación genera un valor jurídico adicional que justifica un cobro diferenciado, sin que con ello se vulnere el principio de proporcionalidad. Esto, porque implica diferente inversión de tiempo y recursos, de suerte que se coteja un documento con otro, lo que reviste mayor complejidad para el Estado, de tal manera que no se realiza la actividad estatal en la misma medida que al expedir una copia simple.
31. Debe tomarse en cuenta lo señalado en el artículo 5 de la Ley Federal de Derechos que, por la expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio, establece la tarifa de $27.00 (veintisiete pesos 00/100 M.N.), por el servicio. Este parámetro r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34071-151caa2e/i-accion-de-inconstitucionalidad-debe-desestimarse-la-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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