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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. DERECHOS POR SERVICIOS. LAS CUOTAS APLICABLES DEBEN SER ACORDES O PROPORCIONALES AL COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y SER IGUAL PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. V. DERECHOS POR SERVICIOS. PARA QUE SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS ES NECESARIO TENER EN CUENTA, ENTRE OTROS ASPECTOS, EL COSTO QUE PARA EL ESTADO IMPLICA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. VI. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LAS CUOTAS ESTABLECIDAS POR ESTE SERVICIO SON DESPROPORCIONALES CUANDO NO GUARDAN UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NI CON EL COSTO QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, DISTRITO DE HUAJUAPAN, 64, SUPUESTO PRIMERO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, 70, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, DISTRITO DE TEOTITLÁN, 32, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDÚA, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, 40, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, 42, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, 52, SUPUESTOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA TABLA, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI, DISTRITO DEL CENTRO, 18, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC, DISTRITO DE ZIMATLÁN, 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, DISTRITO DE HUAJUAPAN, Y 59, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, DISTRITO DE JAMILTEPEC, TODOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). VII. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES. LAS CUOTAS ESTABLECIDAS POR ESTE SERVICIO SON DESPROPORCIONALES CUANDO NO EXISTE UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, DISTRITO DE HUAJUAPAN, 64, SUPUESTO PRIMERO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, 70, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, DISTRITO DE TEOTITLÁN, 40, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, DISTRITO DE NOCHIXTLÁN, 42, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, 52 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI, DISTRITO DEL CENTRO, 18, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC, DISTRITO DE ZIMATLÁN, 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DE SANTO DOMINGO TONALÁ, DISTRITO DE HUAJUAPAN Y 59, FRACCIÓN, I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, DISTRITO DE JAMILTEPEC, TODOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. DERECHOS POR SERVICIOS. ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA (DESESTIMACIÓN DEL ARTÍCULO 52, SUPUESTOS SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI, DISTRITO DEL CENTRO, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). IX. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS ESTABLECIDAS CON MOTIVO DE INSULTOS A LA AUTORIDAD O A CUALQUIER PERSONA, VULNERAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, Y 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC, DISTRITO DE ZIMATLÁN, AMBOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS). X. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO (INVALIDEZ DEL

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2023. · Registro digital (IUS): 32578
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-07-05
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Julio de 2024, Tomo I, Volumen 1, Pág.123.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE DICIEMBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas impugnadas: Disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicadas en el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el quince de abril de dos mil veintitrés.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 106/2023 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de disposiciones contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRAMITE.

1. El quince de abril de dos mil veintitrés se publicaron en el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca diversos decretos mediante los cuales se expidieron las leyes de ingresos de los municipios de Asunción Cuyotepeji, Santa María Jalapa del Marqués, Santa Cruz Zenzontepec, Huautla de Jiménez, San Francisco de Chindúa, Santiago Huauclilla, San Pedro Quiatoni, San Agustín Yatareni, Magdalena Mixtepec, Santo Domingo Tonalá, San Juan Cacahuatepec y Santa María Jacatepec, todos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.(1)

2. El quince de mayo de dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las siguientes normas, emitidas y promulgadas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca:

a) Cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información:

1. "Artículo 47, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Asunción Cuyotepeji, Distrito de Huajuapan, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

2. "Artículo 67, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Jalapa del Marqués, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

3. "Artículo 37, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

4. "Artículo 70, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huautla de Jiménez, Distrito de Teotitlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

5. "Artículo 32, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco Chindúa, Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

6. "Artículo 40, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Huauclilla, Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

7. "Artículo 42, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Quiatoni, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

8. "Artículo 52, supuestos primero, segundo, sexto, séptimo, octavo y noveno de la tabla de la Ley de Ingresos del Municipio de San Agustín Yatareni, Distrito del Centro, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

9. "Artículo18, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Mixtepec, Distrito de Zimatlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

10. "Artículo 47, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tonalá, Distrito de Huajuapan, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

11. "Artículo 59, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Cacahuatepec, Distrito de Jamiltepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

b) Establecimiento de faltas imprecisas:

1. "Artículo 80, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Jacatepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

2. "Artículo 31, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Mixtepec, Distrito de Zimatlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2023."

3. La comisión señaló como preceptos constitucionales violados los artículos, 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

4. Asimismo, en sus dos conceptos de invalidez planteó que las disposiciones anteriores vulneran los principios de proporcionalidad y equidad en las contribuciones, así como el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad aplicable a la materia administrativa sancionadora. Además, argumentó que:

• Primer concepto de invalidez. Los artículos señalados en el inciso a) de su demanda, prevén cobros injustificados y desproporcionados por la reproducción de información que no está relacionada con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en sus distintas modalidades, porque las tarifas establecidas no atienden a los costos del servicio que le representa al Estado la reproducción y entrega de la información y que, por tanto, vulnera los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

• El costo del servicio prestado debe ser igual para los solicitantes, con cuotas que atiendan a una base objetiva y razonable sin que pueda cobrarse la búsqueda de información o, su reproducción cuando el interesado proporcione los medios respectivos.

• No se señala un motivo razonable que permita al legislador establecer costos diferentes por el número de hojas a pesar de que se trata de un mismo servicio.

• Además, con la emisión de las disposiciones impugnadas se repiten los mismos vicios de inconstitucionalidad de las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad 51/2021, 75/2021, 77/2021 40/2022, 42/2022, 44/2022 y sus acumuladas 45/2022 y 48/2022, así como 67/2022 y su acumulada 70/2022, donde se vinculó al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca para que en el futuro se abstuviera de emitir normas que presenten los mismos vicios de inconstitucionalidad.

• Segundo concepto de invalidez. La descripción normativa de las conductas antijurídicas prevista en el inciso b) de su demanda es ambigua e imprecisa y que, por tanto, vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

• Las normas impugnadas permiten la arbitrariedad de la autoridad administrativa para determinar cuándo un comportamiento configura una conducta antijurídica, pues conllevan un amplio margen de valoración subjetiva por parte de la autoridad municipal. Los supuestos no son suficientemente claros y exhaustivos para brindar certeza jurídica a las personas destinatarias en relación con los comportamientos reprochables.

• El Congreso local no cumplió con su obligación de establecer disposiciones claras y precisas que eviten una aplicación subjetiva y arbitraria de las normas, ya que dejan a las personas gobernadas en total incertidumbre sobre su contenido y la consecuencia de su incumplimiento, como consecuencia de la redacción imprecisa de las normas controvertidas, la cual conlleva un amplio margen de apreciación a favor de las autoridades de los municipios oaxaqueños involucrados para determinar, de manera discrecional, qué tipo de expresiones constituyen insultos o faltas para alguna autoridad que encuadraría en las hipótesis previstas en las disposiciones impugnadas para que la o el presunto infractor sea acreedor a una sanción.

• Las normas controvertidas impactan de forma desproporcional en el ejercicio de la libertad de expresión, ya que dichas disposiciones sancionan a cualquier ciudadano o ciudadana cuando profieran o expresen insultos o faltas de respeto, quienes lo hacen dentro de su propia forma individual, por lo que, los preceptos en combate constituyen una medida de autocensura, que contraviene la libertad fundamental de expresión, pues las manifestaciones reprochables involucran una forma de ser de cada persona.

5. El diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad, ordenó formar el expediente que registró con el número 106/2023, y la turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

6. El treinta de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y le dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes.

7. El treinta de junio y el cuatro de julio de dos mil veintitrés, el Congreso del Estado de Oaxaca y el Poder Ejecutivo local rindieron sus respectivos informes.

8. Al respecto, el Congreso del Estado de Oaxaca señaló lo siguiente:

• Las disposiciones previstas en el inciso a) de la demanda no vulneran el artículo 31, fracción IV, constitucional toda vez que contemplan una disposición que exenta el pago de estos derechos cuando por disposición legal se ordene deban expedirse.

• No son excesivas ya que son acordes con la capacidad contributiva de los ciudadanos de cada uno de los Municipios.

• No son desproporcionadas pues se establecieron con relación al salario mínimo vigente.

• Las normas fueron aprobadas por una mayoría respetando los principios en materia de transparencia y acceso a la información.

• Las disposiciones previstas en el inciso b) de la demanda son constitucionales porque no es requisito que el legislador ordinario defina cada uno de vocablos de los ordenamientos secundarios, pues es parte del ejercicio de la función administrativa el que lleve la ejecución en apego al control de las garantías de fundamentación y motivación, el desarrollo y precisión de su objeto y alcance.

• Las normas, además, atienden a la libre determinación de los pueblos, autonomía indígena y municipal, para decidir cómo organizarse y llevar su gasto público.

9. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, señaló que:

• Las disposiciones previstas en el inciso a) de la demanda no son inconstitucionales ya que los costos de reproducción, envió o certificación se sustentan en una base objetiva y razonable, además la ley prevé el cobro de los mismos.

• El Congreso ejerció sus facultades constitucionales y legales otorgadas para establecer las contribuciones necesarias, máxime que no se trata del derecho de acceso a la información.

• De acuerdo con la autonomía de las entidades y con el sistema de distribución de competencias, tanto la Federación como los estados y sus municipios tienen libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad.

• Las disposiciones previstas en el inciso b) de la demanda no vulneran el principio de taxatividad, ya que no contemplan algún grado de discrecionalidad en favor de la autoridad municipal.

• De las palabras utilizadas por el legislador no es posible observar algún grado excesivo de confusión e imprecisión sobre los actos que serán motivo de la imposición de alguna sanción.

• Tampoco violan la libertad de expresión pues se está ante faltas administrativas en las que se pondera el bien público y el derecho al honor de las personas ante acciones, expresiones, agravios o palabras que atenten contra su dignidad.

10. El seis y el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca presentaron sus alegatos, respectivamente.

11. Por acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés se cerró la instrucción del asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país,(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General número 1/2023.(4)

II. PRECISIÓN DE LAS DISPOSICIONES RECLAMADAS

13. Del escrito inicial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se advierten diversas inconsistencias en la cita de los artículos impugnados de las leyes de ingresos de los municipios de Santa María Jalapa del Marqués, Distrito de Tehuantepec, y Santa Cruz Zenzontepec, Distrito de Sola de Vega, así como de la transcripción del contenido de los preceptos impugnados de las leyes de los municipios de Santa María Jacatepec, Distrito de Tuxtepec y Magdalena Mixtepec, Distrito de Zimatlán.

14. En el apartado en el que la comisión enumera las normas generales cuya invalidez se reclama señala que impugna los artículos 67, fracción I, y 37, fracción I, de las leyes de ingresos de los municipios de Santa María Jalapa del Marqués y Santa Cruz Zenzontepec, ambos del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2023, respectivamente; no obstante, de la transcripción de los artículos inserta en la foja 12 del escrito inicial, así como del contenido de los decretos impugnados, se advierte que, los preceptos que en realidad impugna son los numerales 64, supuesto primero y 27, fracción I. Por otra parte, el texto transcrito de los artículos 80, fracción III, y 31, fracción I, de las leyes de ingresos de los municipios de Santa María Jacatepec y Magdalena Mixtepec, no coincide con el publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

15. Por lo que, este Tribunal Pleno, tiene como impugnadas las disposiciones siguientes:

Ver disposiciones impugnadas

III. OPORTUNIDAD

16. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) el plazo para promover la acción de inconstitucional es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que una norma general se publique en el medio oficial correspondiente, con la excepción de que, salvo en materia electoral, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

17. En el caso los decretos impugnados se publicaron el sábado quince de abril de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Por tal motivo, el plazo para demandar trascurrió del domingo dieciséis de abril al lunes quince de mayo de dos mil veintitrés.

18. La acción de inconstitucionalidad se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el último día de ese plazo, esto es, el quince de mayo de dos mil veintitrés, por lo que resulta claro que se promovió de forma oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

19. La promovente se encuentra legitimada para promover el presente medio de control de constitucionalidad en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país,(6) en cuya demanda señaló como violados los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14,16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

20. Por otro lado, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(7)

21. En el caso, la acción está signada por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la República, por el período que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

22. Dicha servidora pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(8) así como 18 de su reglamento interno,(9) ostenta la representación del organismo y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad.

23. En consecuencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad y quien suscribe el escrito respectivo, es en quien recae la representación legal de dicho organismo.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

24. El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca considera que la acción de inconstitucionalidad debe sobreseerse porque no existe contradicción entre las normas impugnadas y la Constitución Política del país, con fundamento en la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 65, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia.

25. Es infundada la causa de improcedencia porque el análisis de la constitucionalidad de las normas es justo la materia del estudio de fondo del asunto, pues es necesario analizar los artículos impugnados a la luz del parámetro de regularidad aplicable para determinar su validez o invalidez.

26. Es aplicable al respecto la jurisprudencia de rubro "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(10)

27. Al desestimarse la causa de improcedencia hecha valer por el Poder Ejecutivo local y al no advertirse alguna de oficio, se procede a examinar los conceptos de invalidez.

VI. ESTUDIO DE FONDO

28. La accionante en síntesis sostiene que los artículos señalados en el inciso a) de su demanda establecen tarifas por los servicios de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información pública, que vulneran el principio de proporcionalidad y equidad tributaria, ya que no establecen erogaciones que realmente representan la prestación de dicho servicio.

29. Mientras que las disposiciones precisadas en el inciso b) de su demanda, establecen infracciones por faltas o insultos a la autoridad municipal o cualquier persona que vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad aplicable a la materia administrativa sancionadora, ya que las conductas antijurídicas previstas son ambiguas e imprecisas.

30. Atento a esos planteamientos y con la finalidad de tener un panorama íntegro del problema que entraña el presente medio de control constitucional, este Tribunal Pleno analiza dichos supuestos en apartados distintos:

TEMA I. Reproducción de información que no se relaciona con el derecho de acceso a la información.

31. En el primer concepto de invalidez, la comisión accionante impugna los artículos 47, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Asunción Cuyotepeji, Distrito de Huajuapan, 64, supuesto primero, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Jalapa del Marqués, Distrito de Tehuantepec, 27, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Distrito de Sola de Vega, 70, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huautla de Jiménez, Distrito de Teotitlán, 32, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco Chindúa, Distrito de Nochixtlán, 40, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santiago Huauclilla, Distrito de Nochixtlán, 42, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Quiatoni, Distrito de Tlacolula, 52, supuestos primero, segundo, sexto, séptimo, octavo y noveno de la tabla de la Ley de Ingresos del Municipio de San Agustín Yatareni, Distrito del Centro, 18, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena Mixtepec, Distrito de Zimatlán, 47, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tonalá, Distrito de Huajuapan, y 59, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Cacahuatepec, Distrito de Jamiltepec, todos para el Ejercicio Fiscal 2023, cuyo contenido es el siguiente: Ver preceptos impugnados en el primer concepto de invalidez

32. La promovente sostiene que estas normas, que establecen el cobro de derechos por los servicios que presten los distintitos municipios del Estado de Oaxaca por la expedición de copias simples y certificadas, por la entrega de información a través de medios digitales y por su impresión, vulneran el principio de proporcionalidad porque las tarifas no representan realmente el costo de la prestación de dichos servicios.

33. Previo a analizar los argumentos de la promovente es necesario precisar que es criterio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las disposiciones que no están vinculadas a los procedimientos de acceso a la información pública no deben analizarse a la luz del principio de gratuidad en materia de acceso a la información, sino en función al principio de proporcionalidad tributaria.(11)

34. En el caso de la lectura de las disposiciones impugnadas se advierte que no establecen con absoluta certeza si lo gravado se encuentra vinculado directamente con el derecho de acceso a la información.

35. Tampoco se advierte de la lectura integral de las leyes impugnadas que éstas contengan una sección en la que se prevea, expresamente aquellos servicios prestados en materia de transparencia y acceso a la información.

36. De tal manera que, ante la omisión del legislador, lo procedente es analizarlas a la luz de los principios tributarios y no bajo la óptica del principio de gratuidad en materia de acceso a la información.

37. Al respecto, los alcances de los principios de justicia tributaria, derivados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte, entre otras, en las acciones de inconstitucionalidad 93/2020,(12) 105/2020,(13) 33/2021,(14) 75/2021,(15) 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022,(16) y 44/2022 y sus acumuladas 45/2022 y 48/2022,(17) y de manera reciente en las acciones de inconstitucionalidad 19/2023,(18) 54/2023,(19) 55/2023,(20) 18/2023 y sus acumulada 25/2023(21) y 34/2023 y sus acumuladas 36/2023 y 49/2023,(22) y 50/2023.(23)

38. En estos precedentes, este Tribunal Pleno ha sostenido que para considerar constitucionales las normas que prevén derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser igual para todos los que reciban el mismo servicio.

39. Lo anterior, porque la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributarios es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la prestación del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.

40. Dicho criterio se encuentra reflejado en las jurisprudencias de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS."(24) y "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."(25)

41. Al respecto, en las acciones referidas se destacó que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, de modo que dicho servicio es un acto instantáneo porque se agota en el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.

42. Además, que, a diferencia de las copias simples, que son meras reproducciones de documentos que para su obtención se colocan en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado; las copias certificadas involucran la fe pública del funcionario que las expide, la cual es conferida expresamente por la ley como parte de sus atribuciones.

43. En efecto, se destacó que la fe pública es la garantía que otorga el funcionario respectivo al determinar que el acto de reproducción se otorgó conforme a derecho y que lo contenido en él es cierto, proporcionando así seguridad y certeza jurídica al interesado; y, a partir de lo anterior, concluyeron que el servicio que presta el Estado en ese supuesto se traduce en la expedición de las copias que se soliciten y el correspondiente cotejo con el original que certifica el funcionario público en ejercicio de las facultades que le confiere una disposición jurídica.

44. También se destacó que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, la correspondencia entre el servicio proporcionado por el Estado y la cuota aplicable por el acto de certificar no debe perseguir lucro alguno, pues se trata de una relación de derecho público, de modo que para que la cuota aplicable sea proporcional debe guardar relación razonable con lo que cuesta para el Estado la prestación de dicho servicio, en este caso, de certificación de documentos.

45. De dichos precedentes derivó la jurisprudencia de rubro: "DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006).",(26) así como la tesis de rubro: "DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."(27)

46. En el caso, no resulta razonable que por la expedición de copias certificadas se cobre entre $50.00 (cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) a $100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional), en las leyes de ingresos de los siguientes municipios:

• San Francisco Chindúa, Distrito de Nochixtlán, que en su artículo 32, fracción I, prevé el cobro de $100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional), por la expedición de copias certificadas de documentos.

• Santiago Huauclilla, Distrito de Nochixtlán, que en su artículo 40, fracción II, prevé el cobro de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por la expedición de certificaciones de documentos existentes en los archivos de las oficinas municipales.

• San Pedro Quiatoni, Distrito de Tlacolula, que en su artículo 42, fracción III, prevé el cobro de $70.00 (setenta pesos 00/100 moneda nacional), por la expedición de certificaciones que las disposiciones legales y reglamentarias definan a cargo del Ayuntamiento y a petición de la ciudadanía (por evento).

• San Agustín Yatareni, Distrito del Centro, que en su artículo 52, prevé el cobro de $100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional), por la expedición de copias certificadas de documentos existentes en los archivos municipales, derivados de las actuaciones de los Servidores públicos Municipales (por evento).

47. En efecto, las cuotas previstas en los artículos indicados resultan desproporcionales pues no guardan una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio ni con el costo que implica certificar un documento.(28)

48. Es cierto que en el supuesto analizado el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación o constancia, sino que implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado; sin embargo, la relación entablada entre las partes no es de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia para el Estado, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.

49. Con base en las mismas consideraciones ya expuestas, no existe una relación razonable con el costo del servicio prestado, por lo que se refiere al cobro de copias simples, que no se relacionan con el derecho de acceso a la información, y que establecen un costo de $5.00 (cinco pesos 00/100 moneda nacional) a $10.00 pesos (diez pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés de los siguientes municipios:

• Asunción Cuyotepeji, Distrito de Huajuapan, que en su artículo 47, fracción I, prevé el cobro de $5.00 (cinco pesos 00/100 moneda nacional) por la expedición de copias de documentos existentes en los archivos de las oficinas municipales (por foja).

• Santa María Jalapa del Marqués, Distrito de Tehuantepec, que en su artículo 64, supuesto primero, prevé el cobro de $5.00 (cinco pesos 00/100 moneda nacional) por la expedición de copias de documentos existentes en los archivos de las oficinas municipales por hoja.

• Santa Cruz Zenzontepec, Distrito de Sola de Vega, que en su artículo 27, fracción I, prevé el cobro de $5.00 (cinco pesos 00/100 moneda nacional) por la expedición de copias de documentos existentes en los archivos municipales por hoja, derivados de las actuaciones de los Servidores Públicos Municipales.

• Huautla de Jiménez, Distrito de Teotitlán, que en su artículo 70, fracción I, prevé el cobro de $5.00 (cinco pesos 00/100 moneda nacional) por la expedición de copias de documentos existentes en los archivos municipales por hoja.

• Santiago Huauclilla, Dist

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32578-840f597a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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