I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS DISPOSICIONES QUE NO ESTÁN VINCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SINO EN FUNCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. IV. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. EL COBRO POR LAS COPIAS SOLICITADAS NO DEBE SER COMO EN EL DERECHO PRIVADO, PUES NO PUEDE EXISTIR UN LUCRO O UNA GANANCIA PARA EL ESTADO, SINO QUE EL MONTO DEBE GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO. V. SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL COBRO POR ESTE SERVICIO QUE NO GUARDAN UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO NI CON EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIONES IV Y V, 30, FRACCIONES III, INCISOS A) Y B), Y V, INCISOS A) Y B), Y 41 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023]. VI. SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LAS CUOTAS QUE NO ATIENDAN AL COSTO QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIONES IV Y V, 30, FRACCIONES III, INCISOS A) Y B), Y V, INCISOS A) Y B), Y 41 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023]. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS COBROS QUE PUEDEN EFECTUARSE PARA RECUPERAR LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, NO PUEDEN SER SUPERIORES AL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EXIME DEL COBRO DEL DERECHO POR LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NO PUEDE CONSTITUIR UNA BARRERA DESPROPORCIONADA PARA ESTE DERECHO. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIONES IV Y V, 30, FRACCIONES III, INCISOS A) Y B), Y V, INCISOS A) Y B), 40, FRACCIÓN I, Y 41 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023]. XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, EN LO FUTURO, NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIONES IV Y V, 30, FRACCIONES III, INCISOS A) Y B), Y V, INCISOS A) Y B), 40, FRACCIÓN I, Y 41 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Normas impugnadas: Los artículos 19, fracciones IV y V; 30, fracciones III, incisos a) y b), y V, incisos a) y b); 40, fracción I; y 41 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2023, publicada en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 50/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 19, fracciones IV y V; 30, fracciones III, incisos a) y b), y V, incisos a) y b); 40, fracción I; y 41 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2023.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. El veintisiete de diciembre de dos mil veintidós se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit el decreto mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2023.(1)
2. El veintiséis de enero del dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las siguientes normas emitidas y promulgadas por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit:
Ver normas
3. La comisión señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 6o. y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
4. La comisión, en sus conceptos de invalidez, señaló que las disposiciones impugnadas violan los principios de justicia tributaria y de gratuidad reconocidos, respectivamente, en los artículos 31, fracción IV y 6o. de la Constitución Política del país. Al respecto argumentó lo siguiente:
• Primer concepto de invalidez. Los artículos 19, fracciones IV y V, 30, fracciones III y V, y 41, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2023, prevén cobros injustificados y desproporcionados por los servicios que presten diversas dependencias, instituciones y autoridades nayaritas, relativos a la búsqueda y expedición de copias simples y certificadas, porque las tarifas establecidas no atienden a los costos del servicio que le representa al Estado la reproducción y entrega de la información, además de que establecen cobros diferenciados en razón al número de hojas sin justificación, pese a que se trata esencialmente de los mismos servicios. Por tanto, vulneran los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país.
• Además, las normas impugnadas inciden en el ejercicio del derecho de acceso a la información de los nayaritas, ya que se trata de supuestos de entrega de información de carácter público que se encuentra en posesión de referidas dependencias.
• Segundo concepto de invalidez. El artículo 40, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2023 establece cuotas injustificadas por la certificación de información pública solicitada. Por lo tanto, vulnera el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• El ejercicio del derecho de acceso a la información pública, por regla general, debe ser gratuito y excepcionalmente pueden realizarse cobros por los materiales utilizados en la reproducción de la información, costo de envío, en su caso, y el pago de la certificación de los documentos, cuando proceda. Por lo que, se requiere una motivación reforzada por parte del legislador en la cual explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que utilizó para llegar a los mismos.
• El precepto normativo tampoco es proporcional, pues en los casos en que se solicite la certificación de un expediente que conste únicamente de una hoja, la persona peticionará deberá pagar $83.00 (ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), misma cantidad que cubrirá quien haya solicitado la certificación de un expediente que conste de dos o más hojas.
• El precepto controvertido tiene un impacto desproporcional sobre el gremio periodístico, pues al realizar cobros por la entrega de información, unos de los sujetos destinatarios de las normas podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas terminan teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico.
• Conforme a lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 9/2019, en la cual se decretó la invalidez de normas que establecían cobros desproporcionales e injustificados, relacionados con solicitudes de acceso a la información de diversas leyes de ingresos municipales nayaritas para el ejercicio fiscal 2021 y se determinó vincular al Congreso de esa entidad para que en lo futuro se abstuviera de incurrir en las referidas violaciones, dicho fallo, no ha sido cumplido por la Legislatura de esa entidad, por lo que se solicita que se vincule al Congreso de Nayarit para que en lo futuro se abstenga de expedir normas que contengan los mismos vicios de constitucionalidad denunciados.
5. El nueve de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad, ordenó formar el expediente físico y electrónico, la registró con el número de expediente 50/2023 y la turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
6. El veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad y le dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes.
7. El nueve y diecisiete de mayo de dos mil veintitrés el Congreso de Nayarit y el Poder Ejecutivo Local, respectivamente, rindieron sus informes en los siguientes términos:
• El Congreso del Estado de Nayarit señaló que las normas impugnadas, al ser de carácter tributario, deben ser estudiadas mediante un escrutinio laxo, máxime que la Legislatura Local cuenta con libertad configurativa en la materia.
• Las normas aludidas toman como punto de partida el costo del servicio prestado para la fijación de la cuota por lo que los cobros no son excesivos ni desproporcionados.
• Las tarifas cumplen con los criterios de necesidad e idoneidad, ya que contribuyen al cumplimiento de la finalidad contemplada por el Congreso de Nayarit, respetar el acceso a la información sin descuidad la hacienda pública.
• Los servicios de acceso a la información pública deben ser interpretados a la luz de los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, así como con el acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos por los que se establecen los costos de reproducción, envió o en su caso, certificación de información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de abril de dos mil diecisiete.
• El solicitante solo pagará el costo de reproducción de la información solicitada, asimismo, el costo no excede el valor del material en el que se reprodujo la información. Prueba de ello es que cuando el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información, no se genera ningún costo.
• El Poder Ejecutivo del Estado, señaló que en cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Local, éste únicamente llevó a cabo su respectiva promulgación y publicación.
• Sin perjuicio de lo anterior señaló que la política de ingresos da continuidad a las medidas que se han establecido desde el inicio de la actual administración federal para fortalecer los ingresos públicos sin permitir que los hogares sientan en sus bolsillos la carga de un aumento de impuestos o la creación de nuevos tributos.
8. El doce de junio de dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó sus alegatos.
9. Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés se cerró la instrucción del asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país,(2) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) y el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 1/2023.(4)
II. OPORTUNIDAD
11. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) el plazo para promover la acción de inconstitucional es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que una norma general se publique en el medio oficial correspondiente, con la excepción de que, salvo en materia electoral, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
12. En el caso, el decreto impugnado se publicó el martes veintisiete de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Nayarit. Luego, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad trascurrió del miércoles veintiocho de diciembre del dos mil veintidós al jueves veintiséis de enero del dos mil veintitrés.
13. La acción de inconstitucionalidad se presentó el último día del plazo, esto es, el jueves veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por lo que resulta claro que se promovió de forma oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
14. La promovente se encuentra legitimada para promover el presente medio de control de constitucionalidad en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país,(6) en cuya demanda señaló como violados los derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 6o. y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
15. Por otro lado, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(7)
16. En el caso, la acción está firmada por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la República, por el periodo que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
17. Dicha servidora pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracciones I y IX, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(8) así como 18 de su reglamento interno,(9) ostenta la representación del organismo y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad.
18. En consecuencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad y quien suscribe el escrito respectivo, es en quien recae la representación legal de dicho organismo.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
19. No se planteó alguna causal de improcedencia ni se advierte de oficio la actualización de alguna. Por tanto, este Tribunal Pleno procede a examinar los conceptos de invalidez planteados por la parte accionante.
V. ESTUDIO DE FONDO
Tema I. Búsqueda y reproducción de información que no se relaciona con el derecho de acceso a la información
20. En el primer concepto de invalidez, la comisión accionante impugna los artículos sostiene que los artículos 19, fracciones IV y V; 30, fracciones III, inciso a) y b), y V, incisos a) y b); y 41 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2023, cuyo contenido es el siguiente:
Ver artículos impugnados
21. Teniendo en cuenta que una UMA equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)(10), se desprende que:
a) El Periódico Oficial del Gobierno del Estado cobra, por expedir copias certificadas entre 1 a 250 hojas $93.36 (noventa y tres pesos 36/100 moneda nacional) y por la búsqueda en el archivo, por cada año, $51.87 (cincuenta y un pesos 87/100 moneda nacional) –artículo 19, fracciones IV y V–.
b) La Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza cobra, por expedir una copia simple de declaraciones patrimoniales y de intereses $41.49 (cuarenta y un pesos 49/100 moneda nacional) y por una copia certificada del mismo documento $82.99 (ochenta y dos pesos 99/100 moneda nacional); y por la expedición de copias certificadas de un expediente de responsabilidades, por cada foja útil, $1.31 (un peso 31/100 moneda nacional) más $82.99 (ochenta y dos pesos 99/100 moneda nacional) por la certificación –artículo 30, fracciones III inciso a) y b) y V incisos a) y b)–.
c) Cualquier institución del Estado, por las certificaciones de documentos de una a cincuenta hojas cobra $93.36 (noventa y tres pesos 36/100 moneda nacional) y a partir de 51 hojas, por cada 50 extras o su fracción excedente la misma cantidad; y por la reproducción o certificación de actuaciones que obran en medios electrónicos $207.48 (doscientos siete pesos 48/100 moneda nacional) –artículo 41–.
22. La promovente sostiene que estas normas, que establecen el cobro de derechos por los servicios que presten el Periódico Oficial, la Secretaría para la Honestidad y Buen Gobierno, así como las instituciones de los tres poderes, todos del Estado de Nayarit, por la búsqueda de información, así como la expedición de copias simples y certificadas, vulneran los principios de proporcionalidad y de equidad tributaria, ya que las tarifas no representan realmente el costo de la prestación de dichos servicios. Asimismo, que las normas referidas inciden en el ejercicio del derecho de acceso a la información de los nayaritas.
23. Previo a analizar los argumentos de la promovente es necesario precisar que es criterio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las disposiciones que no están vinculadas a los procedimientos de acceso a la información pública no deben analizarse a la luz del principio de gratuidad en materia de acceso a la información, sino en función al principio de proporcionalidad tributaria.(11)
24. En el caso, de la lectura de las disposiciones impugnadas en este apartado se advierte que todas las disposiciones impugnadas no establecen si lo gravado se encuentra vinculado directamente con el derecho de acceso a la información.
25. Por el contrario, de la lectura integral de la ley impugnada se advierte que ésta contiene una sección –la décima cuarta– en la que prevé expresamente aquellos servicios prestados en materia de transparencia y acceso a la información, dentro de la cual únicamente se encuentra el artículo 40 (también impugnado y el cual se analiza en el Tema II).
26. De tal manera que, ante la omisión del legislador y frente a la presunción de que expresamente reguló aquéllos relacionados con el ejercicio del derecho al acceso a la información, lo procedente es analizarlas a la luz de los principios tributarios y no bajo la óptica del principio de gratuidad en materia de acceso a la información.
27. Al respecto, los alcances de los principios de justicia tributaria, derivados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte, entre otras, en las acciones de inconstitucionalidad 93/2020,(12) 105/2020,(13) 33/2021,(14) 75/2021,(15) 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022,(16) y 44/2022 y sus acumuladas 45/2022 y 48/2022(17) y 22/2022(18) de manera reciente en las acciones de inconstitucionalidad 19/2023,(19) 54/2023,(20) 55/2023,(21) 18/2023 y sus acumulada 25/2023(22) y 34/2023 y sus acumuladas 36/2023 y 49/2023.(23)
28. En estos precedentes, este Tribunal Pleno ha sostenido que para considerar constitucionales las normas que prevén derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser igual para todos los que reciban el mismo servicio.
29. Lo anterior, porque la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributarios es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la prestación del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.
30. Dicho criterio se encuentra reflejado en las jurisprudencias de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS."(24) y "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."(25)
31. Al respecto, en las acciones referidas se destacó que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, de modo que dicho servicio es un acto instantáneo porque se agota en el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.
32. Además, que, a diferencia de las copias simples, que son meras reproducciones de documentos que para su obtención se colocan en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, de que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado; las copias certificadas involucran la fe pública del funcionario que las expide, la cual es conferida expresamente por la ley como parte de sus atribuciones.
33. En efecto, se destacó que la fe pública es la garantía que otorga el funcionario respectivo al determinar que el acto de reproducción se otorgó conforme a derecho y que lo contenido en él es cierto, proporcionando así seguridad y certeza jurídica al interesado; y, a partir de lo anterior, concluyeron que el servicio que presta el Estado en ese supuesto se traduce en la expedición de las copias que se soliciten y el correspondiente cotejo con el original que certifica el funcionario público en ejercicio de las facultades que le confiere una disposición jurídica. 34. También se destacó que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, la correspondencia entre el servicio proporcionado por el Estado y la cuota aplicable por el acto de certificar no debe perseguir lucro alguno, pues se trata de una relación de derecho público, de modo que para que la cuota aplicable sea proporcional debe guardar relación razonable con lo que cuesta para el Estado la prestación de dicho servicio, en este caso, de certificación de documentos.
35. De dichos precedentes derivó la jurisprudencia de rubro: "DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA, (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006).",(26) así como la tesis de rubro: "DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."(27)
36. No resulta razonable que por la expedición de entre una a doscientos cincuenta copias certificadas por parte del Periódico Oficial se cobren $93.36 (noventa y tres pesos 36/100 moneda nacional); que la Secretaría para la Honestidad y Buena Cobranza cobre por una copia certificada de declaraciones patrimoniales $82.99 (ochenta y dos pesos 99/100 moneda nacional) y que por copias certificadas de un expediente de responsabilidades, como mínimo, cobre $84.30 (ochenta y cuatro pesos 30/100 moneda nacional) –en el entendido de que por cada foja útil se cobra $1.31 (un peso 31/100 moneda nacional) y que, por la certificación de las copias, cualquiera que sea el follaje, será de $82.99 (ochenta y dos pesos 99/100 moneda nacional)–; que en cualquier otra institución, por la certificación de documentos de una a cincuenta hojas se cobran $93.36 (noventa y tres pesos 36/100 moneda nacional) y a partir de cincuenta y un hojas, por cada cincuenta extras o su fracción excedente la misma cantidad; y que por la reproducción o certificación de actuaciones que obran en medios electrónicos se cobran $207.48 (doscientos siete pesos 48/100 moneda nacional).
37. En efecto, las cuotas previstas en los artículos 19, fracción IV; 30, fracciones III, inciso b), y V, incisos a) y b); y 41 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés resultan desproporcionales, pues no guardan una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio ni con el costo que implica certificar un documento.(28)
38. Es cierto que en el supuesto analizado el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación o constancia, sino que implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado; sin embargo, la relación entablada entre las partes no es de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia para el Estado, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
39. Todo lo anterior sin dejar de observar que los artículos 19, fracción IV, y 41 transgreden también el principio de seguridad jurídica al establecer una tarifa única para el cobro de copias certificadas entre una a doscientas cincuenta hojas por parte del Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado y de una a cincuenta hojas y a partir de cincuenta y un hojas y por cada cincuenta extras o su fracción excedente, sin que para ello exista una condición objetiva ni una relación razonable que justifique imponer un mismo costo.
40. Con base en las mismas consideraciones debe declararse la invalidez del artículo 30, fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2023, que prevé que la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza cobrará, por expedir una copia simple de declaraciones patrimoniales y de intereses, $41.49 (cuarenta y un pesos 49/100 moneda nacional). Esto porque ser igualmente desproporcional al no guardar una relación razonable con el costo del servicio ni con los materiales utilizados.
41. Por último, también debe declararse la invalidez de la tarifa de $51.87 (cincuenta y un pesos 87/100 moneda nacional) por la búsqueda de documentos por parte del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, establecida en el artículo 19, fracción V, de la ley impugnada. Esto porque, de acuerdo con precedentes, este servicio público requiere de menores recursos que la certificación de documentos o la expedición de copias simples, pues es suficiente con que el funcionario encargado realice dicha búsqueda sin generar costos adicionales para el Estado. Por lo que, con base en las consideraciones expuestas, y por mayoría de razón, se llega a la conclusión de que la tarifa impugnada resulta abiertamente desproporcionada.
42. Por todo lo anterior, resulta fundado el concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo procedente es declarar la invalidez de los artículos 19, fracciones IV y V; 30, fracciones III, incisos a) y b), y V, incisos a) y b); y 41, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2023.
Tema II. Reproducción de información que se relacionan con el derecho de acceso a la información
43. En el segundo concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que el artículo 40, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2023 establece cuotas injustificadas por la certificación de información pública como consecuencia del ejercicio del derecho de acceso a la información, proporcionada por la autoridad competente, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y que, por ello vulnera el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Política del país, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
44. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, entre otras, las acciones de inconstitucionalidad 5/2017,(29) 13/2018 y su acumulada 25/2018,(30) 10/2019,(31) 13/2019,(32) 15/2019(33) y 105/2020,(34) 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022(35) analizó el contenido del artículo 6o., fracción III, constitucional,(36) y determinó que el derecho de acceso a la información, y en específico el de gratuidad, constituye un principio fundamental para alcanzar el derecho de acceso a la información, cuyo objetivo es evitar discriminación, pues su finalidad es que todas las personas, sin importar su condición económica, tengan acceso gratuito a la información pública.
45. Así, este Tribunal Pleno ha determinado que los únicos cobros que podrían efectuarse son aquéllos necesarios para recuperar los costos de reproducción, envío y certificación de la información.
46. El referido principio de gratuidad quedó también plasmado en el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,(37) en el que se estableció que sólo puede requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, impidiéndose, por tanto, el cobro por la búsqueda de información, porque ésta no se materializa en algún elemento.
47. En el mismo sentido, el artículo 141 de la ley en cita dispone que, en caso de existir costos para obtener la información, éstos no podrán ser superiores al costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, al costo de envío y al pago de la certificación de los documentos, cuando proceda, y que la información será entregada sin costo cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples.(38)
48. Es decir, tanto la Constitución Política del país como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública son claras al establecer la gratuidad del acceso a la información, constituyendo así una obligación categórica de todas las autoridades el garantizarla.
49. Conforme a lo anterior, se ha establecido que las cuotas, en caso de que la entrega de la información tuviera algún costo, dada la forma de reproducción y entrega solicitadas, habrán de ser acordes con el costo del servicio prestado e iguales para los solicitantes, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo que quiere decir que el Estado no debe lucrar con las cuotas, sino que aquéllas deben fijarse de acuerdo a una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, sin que pueda cobrarse la búsqueda de información o su reproducción cuando el interesado proporcione los medios respectivos.
50. Así, recae en el legislador la carga de demostrar que el cobro que establece por la entrega de información en determinado medio atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, puesto que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, es un imperativo general la gratuidad en la entrega de la misma.
51. Aunado a lo anterior, se ha establecido que aun en el evento de que este Tribunal Pleno pudiera buscar o allegarse de información para determinar si las tarifas o cuotas aplicables se apegan o no al parámetro de regularidad constitucional antes comentado, lo objetivamente cierto es que no le corresponde realizar ni los cálculos respectivos ni tampoco fijar valores a fin de analizar su constitucionalidad; precisamente porque, conforme al texto Constitucional y legal aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública, corresponde al legislador realizar la motivación reforzada en los términos antes apuntados.
52. También se ha señalado que los costos no pueden constituir ba
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32299-a0e6fd97/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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