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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021). IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SUS DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL, Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD PERMITE EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVIÓ Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADAS (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PARA EL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LAS TARIFAS O CUOTAS ESTABLECIDAS NO CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INVESTIGAR SI SON ACORDES A LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVIÓ Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NO PUEDE CONSTITUIR UNA BARRERA DESPROPORCIONADA PARA AQUEL DERECHO (LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE EL COBRO POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE BÚSQUEDA DE INFRACCIONES VULNERA EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DE ESTE DERECHO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 35, FRACCIONES VII Y VIII, QUE PREVÉ UNA TARIFA DE $75.00 (SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE BÚSQUEDA DE INFRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021]. X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS SIN BASE OBJETIVA Y RAZONABLE POR LA REPRODUCCIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES O IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN MEDIOS MAGNÉTICOS POR CADA COPIA SIMPLE U HOJA A PARTIR DE LA HOJA VEINTIUNO, POR LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN MEDIOS MAGNÉTICOS, ASÍ COMO POR LA REPRODUCCIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS, AL NO ATENDER A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, VULNERAN EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD QUE IMPIDE EL COBRO DE LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 55, FRACCIONES II, INCISOS C), D), F), G), NUMERALES 2 Y 4, H), I) Y J), Y II.1, INCISOS C), D), E), G), H) E I), DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHÍA DE BANDERAS; 26, INCISOS C), D) Y E), DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE JALA; 26, FRACCIONES II, III, IV Y V, INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RUIZ; 32, FRACCIONES II, INCISO A), III Y IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS; 41, FRACCIONES II, INCISO A), III, IV Y V, INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA; 35, FRACCIONES III, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC; 28, FRACCIONES III, IV, V Y VI, INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TUXPAN; Y 45, FRACCIONES III, IV Y VI, INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE XALISCO, TODAS DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021]. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 55, FRACCIONES II, INCISOS C), D), F), G), NUMERALES 2 Y 4, H), I) Y J), Y II.1, INCISOS C), D), E), G), H) E I), DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHÍA DE BANDERAS; 26, INCISOS C), D) Y E), DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE JALA; 26, FRACCIONES II, III, IV Y V, INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RUIZ; 32, FRACCIONES II, INCISO A), III Y IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS; 41, FRACCIONES II, INCISO A), III, IV Y V, INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA; 35, FRACCIONES III, IV, V, VII Y VIII, DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC; 28, FRACCIONES III, I

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2021. · Registro digital (IUS): 30310
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-01-07
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo I, Pág. 310.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE OCTUBRE DE 2021. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS, para resolver, los autos correspondientes a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra diversos numerales de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Bahía de Banderas, Jala, Ruiz, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tepic, Tuxpan y Xalisco, todos del Estado de Nayarit, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.

RESULTANDO:

(1) I. Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora y normas impugnadas. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió la presente acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de diversas porciones de las Leyes de Ingresos de distintos Municipios del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, emitidas y promulgadas, respectivamente, por el Congreso y el gobernador, ambos de dicha entidad federativa, las cuales se precisan a continuación:

• Artículo 55, fracciones II, incisos c), d), f), g), numerales 2 y 4, h), i) y j), y II.1, incisos c), d), e), g), h) e i), de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas.

• Artículo 26, incisos c), d) y e), de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Jala.

• Artículo 26, fracciones II, III, IV y V, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Ruiz.

• Artículos 32, fracciones II, inciso a), III y IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Blas.

• Artículo 41, fracciones II, inciso a), III, IV y V, inciso b), de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla.

• Artículo 35, fracciones III, IV, V, VII y VIII, de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic.

• Artículo 28, fracciones III, IV, V y VI, inciso b), de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tuxpan.

• Artículo 45, fracciones III, IV y VI, inciso b), de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Xalisco.

(2) II. Artículos que se estiman violados. La promovente sostiene que los numerales combatidos vulneran los artículos 1o. y 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 2 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

(3) Lo anterior, en relación con los derechos de acceso a la información, gratuidad en el acceso a la información y proporcionalidad tributaria.

(4) III. Conceptos de invalidez. En síntesis, la accionante fundamenta las violaciones a los derechos referidos en los argumentos siguientes:

(5) Sostiene que las normas impugnadas prevén cobros injustificados por la reproducción de información pública en copias simples, impresiones, copias certificadas y reproducción en medios magnéticos; asimismo, que las municipalidades de Santiago de Ixcuintla y Jala prevén cobros distintos e injustificados respecto de copias e impresiones, aunque se trate de los mismos materiales empleados para su reproducción.

(6) Considera que los preceptos combatidos vulneran el derecho de acceso a la información, así como los principios de gratuidad en el acceso a la información y proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

(7) En un primer apartado del único concepto de invalidez, la accionante hace referencia al marco normativo del derecho de acceso a la información; y, al respecto, aduce que este Alto Tribunal ha desarrollado el derecho a la información que comprende el derecho a informar (difundir), de acceso a la información (buscar) y a ser informado (recibir), destacando que la información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal o municipal obtenidos por causa del ejercicio de su función.

(8) Asimismo, se ha establecido que el derecho de acceso a la información tiene una doble vertiente, esto es, como garantía individual que tiene por objeto maximizar el campo de autonomía personal y, por otro lado, como derecho colectivo que tiende a revelar el empleo instrumental de la información como mecanismo de control constitucional.

(9) También refiere que el principio de gratuidad, previsto en el artículo 6o. constitucional que rige la materia de acceso a la información pública, implica que el ejercicio de esta prerrogativa debe realizarse sin entregar a cambio contraprestación alguna, lo que significa que el hecho de proporcionar información a los particulares no generará costo alguno para éstos.

(10) Menciona además, que el derecho de acceso a la información se consagra bajo la dualidad de buscar y recibir información sin imponer mayores requisitos que los que el Poder Reformador de la Constitución y el Congreso de la Unión han establecido previamente, por lo que agregar una condición adicional para ejercer dicha prerrogativa, cuando tal condición no está prevista constitucionalmente ni tiene una base en la ley general, implica un obstáculo para el particular que presente una solicitud de información. De ahí que este Máximo Tribunal determinó que lo que sí puede cobrarse al solicitante son los costos de los materiales utilizados en la reproducción, envío o la certificación de documentos, pero esas cuotas deben fijarse de acuerdo con una base objetiva y razonable.

(11) Por otro lado, en el apartado B denominado "cobros injustificados por la reproducción de la información solicitada", la accionante expone que, de acuerdo con el parámetro normativo señalado, los artículos impugnados difieren del principio de gratuidad que rige el ejercicio de este derecho, pues contemplan cobros injustificados por la reproducción de información, ya que únicamente puede recuperarse el costo de los materiales de entrega, envío o, en su caso, certificación, por lo que cualquier otro cobro implicaría que la autoridad está gravando la información.

(12) Insiste en que, la previsión de erogación en la materia de acceso a la información sólo puede responder a resarcir económicamente los gastos de los materiales o de envío que lleguen a utilizarse, de modo que, consignar costos por la reproducción de la información sin que se encuentren justificados en estos términos, vulnera el derecho de acceso a la información.

(13) Señala que de conformidad con el artículo 134 constitucional, los órganos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, lo que implica que la adquisición de los materiales por parte de los Municipios para la reproducción de información derivada del derecho de acceso a la información deba hacerse acorde a las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre otras.

(14) Lo anterior, porque la obtención de las mejores condiciones tiene como fin que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, como lo dispone el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

(15) Agrega que esta Suprema Corte ha determinado que para la aplicación del principio de gratuidad se requiere una motivación reforzada por parte del legislador en la que explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que se utilizó para llegar a los mismos, es decir, que los costos de reproducción, envío o certificación se sustenten en una base objetiva y razonable.

(16) Sin embargo, en las leyes combatidas no se justificó ni se hizo referencia a los elementos que sirvieron de base al legislador para determinar dichas cuotas, como lo sería, el precio de las hojas de papel, de la tinta para las impresiones, entre otros. Incluso, en los dictámenes correspondientes tampoco se advierte razonamiento o el criterio que sirvió para cuantificar la contribución o los elementos que permitan determinar si las tarifas corresponden –o no– al costo de los materiales empleados, a pesar de que recae en el legislador local la carga de demostrar que el cobro que estableció en las leyes impugnadas por la entrega de información en diversos medios atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitadas.

(17) Además, que los Municipios de Santiago Ixcuintla y Jala prevén cobros diferenciados por la entrega de información en copia simple e impresiones, sin que exista justificación para hacer una distinción entre el monto por ambos conceptos, pues en todo caso el legislador debió esgrimir las razones por las cuales determinó que debía imponerse un cobro mayor en la reproducción de la información en impresiones respecto de copias simples que sustente la diferencia entre ambos montos, pese a que se emplean esencialmente los mismos materiales.

(18) Señala que si no existe razonamiento que justifique el cobro para la reproducción de información con una base objetiva, significa que la cuota establecida se determinó de forma arbitraria, sin contemplar el costo real de los insumos utilizados en la reproducción de información en copias simples, impresiones y certificación de documentos, transgrediendo el principio de gratuidad de acceso a la información pública, contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, por lo que deben declararse inválidas las normas impugnadas.

(19) En el apartado C, relativo a la "transgresión al principio de proporcionalidad tributaria" aduce que los preceptos impugnados vulneran este principio porque los derechos causados por los servicios de reproducción de documentos no se sujetan al costo erogado por el Estado para su expedición.

(20) Indica que, al tratarse de derechos por la expedición de copias simples, impresiones y certificación de documentos, el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de que la tarifa establecida sea acorde al costo de los servicios prestados e igual para todos los que reciban el mismo servicio.

(21) Precisa que los Municipios de Jala, Ruiz, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tepic y Tuxpan establecen una misma tarifa o cuota por la certificación de una hoja o todo el legajo o expediente, lo cual, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria.

(22) Asimismo, que respecto del Municipio de Bahía de Banderas que prevé cobros por la reproducción de copias simples y certificadas de planos, es aplicable lo resuelto por esa Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 12/2019, en la que se declaró la invalidez de la norma que establecía el cobro por el escaneo y/o fotografía digital por foja, plano o fotografía, pues dicho cobro no se encontraba sustentado en una base objetiva, ya que no se contempló el costo real de los materiales requeridos para la expedición de las fotocopias.

(23) Finalmente, menciona que las normas impugnadas tienen un impacto desproporcionado sobre el gremio periodístico, pues terminan teniendo un efecto inhibidor para cumplir su función social de buscar información sobre temas de interés público.

(24) IV. Turno, admisión y trámite. Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y turnarlo a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales.

(25) Atento a lo anterior, mediante proveído de veintisiete de enero siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite este medio de control constitucional, requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit que rindieran sus respectivos informes, y ordenó dar vista con este medio impugnativo a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, de ser el caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.

(26) V. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Al rendir el informe que le fue solicitado, el consejero jurídico del gobernador del Estado señaló, en síntesis, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, los Ayuntamientos tienen, entre otras facultades, la de presentar a las Legislaturas Locales, para su aprobación, su iniciativa de Ley de Ingresos; asimismo, el diverso artículo 111, fracción II, de la Constitución Local prevé la facultad de los Ayuntamientos para proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, de modo que el marco normativo constitucional y legal del Estado se encuentra armonizado a efecto de dar cumplimiento al mandato federal.

(27) Dice que, son los propios Municipios los que proponen las cuotas, tasas y tarifas de los ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente y el Congreso del Estado es el ente competente para aprobar en última instancia las Leyes de Ingresos de cada uno de los Ayuntamientos, de modo que es evidente que los conceptos de invalidez no fueron producidos por el Poder Ejecutivo Local, quien en cumplimiento a la normatividad aplicable, únicamente promulgó y publicó las normas cuya invalidez se reclama.

(28) Además, indica que se encuentra impedido para negarse a promulgar las leyes y decretos expedidos por la Legislatura Local, máxime tratándose de cuestiones que quedan fuera de su competencia, pues, en todo caso, únicamente se le faculta para realizar observaciones a las modificaciones que hubiera realizado el Congreso del Estado al proyecto inicial de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado y no así a las Leyes de Ingresos.

(29) VI. Informe del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. El jefe de la Unidad Jurídica del Congreso del Estado rindió el informe solicitado a dicha autoridad, en los términos medulares que se relacionan a continuación:

(30) En un primer aspecto, solicita que debido a que las normas reclamadas son de carácter tributario y no establecen una diferencia de trato a partir de alguna categoría sospechosa, la intensidad del escrutinio constitucional sea flexible.

(31) Asimismo, menciona que el test de proporcionalidad de una norma tributaria se debe limitar a verificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva o constitucionalmente válida o aceptable; de modo que no es exigible que el legislador justifique cuál de todos los medios disponibles cumple en todos los grados o niveles de intensidad la finalidad perseguida, sino únicamente determinar si el medio elegido es idóneo.

(32) Asevera que las finalidades de las normas impugnadas resultan constitucionalmente válidas, ya que el monto de la cuota por derechos de los servicios de acceso a la información pública en las distintas modalidades guarda relación con el costo del servicio prestado, lo que permite constatar la observancia del mandato establecido a cargo de los gobernados, de contribuir al gasto público previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

(33) Además, que las normas cumplen con los criterios de ser idóneas y necesarias, toda vez que el pago de tales derechos en los Municipios del Estado contribuye al cumplimiento de la finalidad contemplada por el Congreso, esto es, respetar el acceso a la información por parte de los gobernados sin descuidar la hacienda pública municipal, con lo cual superan el test de proporcionalidad.

(34) Expone que la interpretación de una norma debe partir de la premisa de que cuenta con la presunción de constitucionalidad, ya que ante la posibilidad de distintas interpretaciones, debe favorecerse aquella que haga que las disposiciones sean compatibles con la Constitución con la finalidad de preservar la unidad del orden jurídico nacional; por lo que solicita que se realice un ejercicio de ponderación para verificar el peso de los fundamentos que pudiera motivar la declaración de invalidez de las leyes impugnadas, frente al peso de que las disposiciones son producto del ejercicio de las atribuciones del legislador local, debiendo prevalecer aquella que sea más acorde con los contenidos de la Ley Suprema a fin de preservar el orden jurídico constitucional.

(35) Menciona que la promovente tiene la carga de argumentar que las porciones normativas impugnadas son inconstitucionales; sin embargo, de los conceptos de invalidez no se advierten razonamientos lógico-jurídicos que cuenten con la solidez requerida para despojar la presunción de constitucionalidad con la que cuentan las normas de ingresos de los diferentes Municipios del Estado de Nayarit.

(36) Por otro lado, en un segundo aspecto aduce, respecto al principio de gratuidad y correlación entre el costo del servicio prestado y el monto de la cuota establecida en las normas impugnadas, que las Leyes de Ingresos impugnadas tienen por objeto captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de cada Municipio, además se encargan de satisfacer y cumplir con los objetivos planteados dentro del Plan Municipal de Desarrollo, por lo que ayudan a consolidar un sistema de recaudación que mantenga las finanzas públicas sanas con un enfoque de transparencia y rendición de cuentas.

(37) Señala que en materia de ingresos existen facultades complementarias entre los Ayuntamientos y el Poder Legislativo, en virtud de que los Municipios proponen las cuotas y tarifas que pretenden cobrar, atendiendo a las condiciones sociales y económicas que rigen el territorio y el Congreso Local analiza y aprueba los proyectos presentados con el objetivo de vigilar que se cumplan los principios tributarios.

(38) Arguye que las cantidades fijadas por derechos de los servicios de acceso a la información pública no son violatorias de los principios de gratuidad y proporcionalidad tributaria, por el contrario, son congruentes con los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas; aunado a que el principio de gratuidad no es absoluto, ya que una de sus restricciones es el cálculo proporcional del cobro de los materiales utilizados por el ente correspondiente.

(39) Además, afirma que el Congreso del Estado al aprobar las cuotas propuestas por los Municipios tomó en consideración el acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos por los que se establecen los costos de reproducción, envío, o en su caso, certificación de información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual prevé una serie de elementos que fueron los que sirvieron de base legislativa para determinar los cobros, mismos que respetan los principios de gratuidad y proporcionalidad tributaria. Aspecto al que, si bien no se hizo referencia expresamente en los dictámenes, sí formó parte del rubro considerativo utilizado por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto en el análisis y dictaminación de los proyectos de las Leyes de Ingresos, por lo que al tratarse de actos de la misma naturaleza y del mismo órgano dictaminador, deben entenderse como argumentos y elementos considerados por la Comisión Dictaminadora al momento de analizar tales proyectos.

(40) Agrega que la solicitante sólo pagará el costo de reproducción de la información, que no puede exceder el valor del material en el que se reprodujo y, en caso de que se proporcione el medio o mecanismo para reproducción, no se generará ningún costo; de ahí que los cobros no ocasionan una barrera al derecho de acceso a la información ni se trata de cuotas desproporcionales, pues se sustentaron en el referido acuerdo del Instituto Nacional de Transparencia, que es un elemento objetivo y razonable para determinar las contribuciones en materia de acceso a la información.

(41) En su argumento tercero aduce, en cuanto el principio de proporcionalidad tributaria, que la Comisión parte de una premisa errónea al considerar que se vulnera el principio mencionado por no expresar el costo que le causa al Estado la ejecución del servicio en mención.

(42) Explica que el principio de proporcionalidad radica en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, por lo que debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes.

(43) Dice que las cantidades fijadas en las Leyes de Ingresos impugnadas no establecen un cobro excesivo, pues éste es proporcional con el costo del servicio, es racional y se determinó conforme al mencionado acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos por los que se establecen los costos de reproducción, envío o, en su caso, certificación; por lo que si bien el principio de gratuidad pretende evitar que se cree un muro de acceso que impida a los solicitantes allegarse de la información pública gubernamental por no poder pagarla, lo cierto es que los costos de las Leyes de Ingresos impugnadas guardan estrecha correlación con el costo del servicio que se ofrece.

(44) Finalmente, en su último argumento, identificado como cuarto, sostiene que la competencia del Congreso Local se fundamenta en las fracciones I y VII del artículo 47 de la Constitución del Estado y que la Ley Orgánica del Estado y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso otorgan participación a la Comisión Dictaminadora, esto es, la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Asimismo, reitera, que los Ayuntamientos tienen facultad para proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras.

(45) Además, que dicha normativa reconoce que los Municipios cuentan con personalidad jurídica y facultades suficientes para administrar libremente su hacienda, conformada por rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor.

(46) Expone que, en el caso, después de recibir las iniciativas de las Leyes de Ingresos Municipales, el Poder Legislativo realizó un análisis exhaustivo de las iniciativas presentadas a fin de verificar que se encontraran ajustadas a los ordenamientos constitucionales y legales y que las normas tributarias estuvieran armonizadas con lo dispuesto en la Carta Magna, por lo que se cuidó que las Leyes de Ingresos protegieran el derecho de acceso a la información pública.

(47) VII. Pedimento de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento en el presente asunto.

(48) VIII. Cierre de instrucción. En proveído de veintitrés de abril del año en curso se ordenó cerrar la instrucción de este asunto, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

(49) PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) y, finalmente, en términos del punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre normas estatales de carácter general y la Constitución General de la República.

(50) SEGUNDO.—Oportunidad. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que se haya publicado la norma impugnada, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.

(51) En el caso, la Comisión accionante controvierte diversas porciones normativas contenidas en los decretos publicados el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en el Periodo Oficial del Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante los que se expidieron las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno de diversos Municipios de dicha entidad.

(52) El plazo para interponer este medio impugnativo transcurrió del jueves veinticuatro de diciembre de dos mil veinte al viernes veintidós de enero de dos mil veintiuno, siendo este último día en el que se presentó el escrito inicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal; por tanto, la presente acción de inconstitucionalidad se promovió de manera oportuna.

(53) TERCERO.—Legitimación. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental y en los tratados internacionales.

(54) Al respecto, importa señalar que, en su escrito inicial, la promovente plantea, de manera medular, que las disposiciones cuestionadas resultan violatorias de los derechos de acceso a la información, gratuidad en el acceso a la información y proporcionalidad tributaria.

(55) Además, en términos del artículo 11, párrafo primero, en relación con el diverso 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia,(6) dicho órgano constitucional autónomo, al igual que los demás sujetos legitimados al efecto, debe comparecer a este Alto Tribunal por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

(56) En el caso, suscribe la demanda que da origen al presente medio de control constitucional la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien acredita su personería con copia certificada de la comunicación emitida por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo durante el periodo correspondiente del dos mil diecinueve al dos mil veinticuatro.

(57) Por otra parte, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracciones I y IX,(7) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su reglamento interno,(8) dicha funcionaria ostenta la representación de la citada Comisión y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad.

(58) Así, atento a lo anterior, es dable concluir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para intentar la presente acción de inconstitucionalidad, y que ésta es promovida por quien cuenta con facultades al efecto, por lo que debe tenerse por satisfecho el requisito de procedencia en análisis.

(59) CUARTO.—Causas de improcedencia. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que previo al análisis de los conceptos de invalidez, se analizan las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquéllas que este Alto Tribunal advierta de oficio.

(60) En el caso, el consejero jurídico, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit manifestó en su informe que, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, el gobernador únicamente promulgó y publicó las normas cuya invalidez se demanda, sin que los conceptos de invalidez se hagan valer en contra de tales actos del Poder Ejecutivo.

(61) De lo anterior se advierte que, si bien no lo señaló expresamente, es evidente que la intención del Poder Ejecutivo Local es invocar una causa de improcedencia.

(62) Al respecto debe decirse que, contrario a lo manifestado por el gobernador estatal, a pesar de que en los conceptos de invalidez formulados no se hicieron valer cuestiones de ilegalidad en contra de la promulgación y orden de publicación, no es posible decretar la improcedencia de la acción en contra de estos actos y por esta autoridad, toda vez que esta cuestión no constituye una causa de improcedencia en términos del artículo 19 de la ley reglamentaria que rige a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

(63) Así se ha pronunciado este Tribunal Pleno al emitir la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.",(9) en la que se concluyó que la circunstancia de que el Poder Ejecutivo tenga injerencia en el proceso de creación de las normas generales para otorgarles plena validez y eficacia hace que se encuentre invariablemente implicado en la emisión del decreto impugnado, por lo que debe responder por sus actos; en consecuencia, debe desestimarse dicho planteamiento.

(64) Al no haberse hecho valer otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso al analizado, ni advertirse de oficio alguna por este Alto Trib

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30310-fb02d814/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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