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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. IV. LIBERTAD DE REUNIÓN. SU EJERCICIO EN EL ESPACIO PÚBLICO NO PUEDE CONDICIONARSE NI RESTRINGIRSE A UNA AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL ESTADO, PUES IMPLICARÍA QUE EL DISFRUTE DE ESE DERECHO EN BIENES DE USO DE DOMINIO PÚBLICO DEPENDA ENTERAMENTE DE LA DECISIÓN DE LAS AUTORIDADES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 22, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PARA FIESTAS FAMILIARES EN DOMICILIO: 3 VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 2792, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). V. LIBERTAD DE REUNIÓN. SU EJERCICIO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS, EVENTOS Y BAILES PARTICULARES O FAMILIARES, EN CASA PROPIA O SALONES, SIN FINES DE LUCRO, NO DEBE CONDICIONARSE AL COBRO POR LA EMISIÓN DE UN PERMISO PREVIO SIN FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 22, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PARA FIESTAS FAMILIARES EN DOMICILIO: 3 VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 2792, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VI. DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR FIESTAS FAMILIARES EN DOMICILIO. LA NORMA QUE ESTABLECE SU COBRO, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 22, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PARA FIESTAS FAMILIARES EN DOMICILIO: 3 VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 2792, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VII. HECHO IMPONIBLE. DIFERENCIAS DE SU CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS "DERECHOS" Y LOS IMPUESTOS. VIII. IMPUESTOS ADICIONALES. LA NORMA QUE ESTABLECE EL COBRO DE UN 30 % SOBRE EL MONTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES CAUSADOS POR CONCEPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PREVISTOS EN LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 2792, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). IX. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LA NORMA QUE ESTABLECE UNA CUOTA POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS CONFORME AL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), NO GUARDA UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO Y, POR ENDE, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 47, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS DEL MUNICIPIO POR CADA HOJA. 1 VEZ EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", Y FRACCIÓN IV DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO 2792, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). X. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. XI. SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. LAS CUOTAS SIN BASE OBJETIVA Y RAZONABLE POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES E IMPRESIÓN, CERTIFICACIONES O BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS, QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES, AL NO ATENDER A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 22, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "PARA FIESTAS FAMILIARES EN DOMICILIO: 3 VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", 39 Y 47, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EXISTENTE EN LOS ARCHIVOS DEL MUNICIPIO POR CADA HOJA. 1 VEZ EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 179/2021 Y SU ACUMULADA 183/2021. · Registro digital (IUS): 31381
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-04-14
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Abril de 2023, Tomo I, Pág.541.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 179/2021 Y SU ACUMULADA 183/2021. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE NOVIEMBRE DE 2022. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal estiman que los artículos 22; 23, fracción I, 39 y 47, fracciones III y IV, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur vulneran los derechos de seguridad jurídica, proporcionalidad tributaria, libertad de reunión e intimidad, puesto que establecen impuestos por la realización de fiestas familiares, un impuesto adicional y derechos por la expedición de copias certificadas y búsqueda de documentos en el archivo municipal.

Ver índice temático

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y

RESULTANDO:

1. Presentación de la demanda del Ejecutivo Federal. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, María Estela Ríos González, en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del Decreto Número 2792, mediante el cual se expide la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial de la entidad federativa el doce de noviembre de dos mil veintiuno, específicamente, los artículos 22, en la porción normativa que refiere "para fiestas familiares en domicilio", y 23, fracción I.

2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo Federal estima violados los artículos 9, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que en su único concepto de invalidez expresó, en esencia, lo siguiente:

A) Principio de seguridad jurídica y legalidad. Argumenta que las porciones normativas impugnadas no generan certeza jurídica, pues las mismas deben ser claras y precisas para los gobernados, lo cual no acontece en la especie, ya que el artículo 22 pretende establecer la obligación de pagar un impuesto por concepto de diversión pública y espectáculo público con motivo de la realización de "fiestas familiares en domicilio", sin que se defina con claridad qué debe entenderse por "fiesta" o señalar los elementos para determinar cómo se actualiza dicho supuesto impositivo, ya que si el objeto de esa contribución es la diversión o los espectáculos de carácter público, el legislador local no justifica el por qué se incluye en dicha categoría a los eventos privados realizados en el domicilio particular de los ciudadanos.

Agrega que, por su parte, el artículo 23 no especifica de manera precisa la forma en que se causará dicho impuesto sobre diversión pública y espectáculo público, ni el momento en el que se determinará actualizada la tarifa señalada para el caso de realizar "fiestas familiares en el domicilio", lo cual genera incertidumbre y falta de certeza jurídica en contravención a los artículos 14 y 16 de la Constitución General.

B) Principio de proporcionalidad tributaria. Señala que, tratándose del impuesto por diversión o espectáculo, los sujetos pasivos de dicho tributo deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad económica; es decir, mediante la aportación de una parte justa y adecuada de los ingresos, utilidades o rendimientos que obtengan por la explotación de eventos públicos.

Refiere que el legislador local debió considerar los elementos mínimos para que los sujetos pasivos de dicha contribución paguen el impuesto considerando la mayor o menor demanda en su utilización como diversión pública y, por ende, la mayor o menor generación de riqueza que produce cada tipo de evento, pues debe existir una estrecha vinculación entre el objeto del impuesto –ganancia obtenida por el uso– y el monto del gravamen a pagar.

Sostiene que la porción normativa impugnada establece un impuesto por diversión o espectáculo público cuando se realicen fiestas familiares en domicilio, para lo cual se prevé una tarifa fija de tres veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Aduce que la forma en que se encuentra determinado dicho impuesto impide que los sujetos pasivos del tributo realicen su respectivo pago, atendiendo a su capacidad económica, es decir, de acuerdo a los ingresos, utilidades o rendimientos que obtengan con motivo de la realización de los eventos señalados en la norma que se impugna.

Afirma que, en consecuencia, la porción normativa contenida en el artículo 22 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur, contraviene el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General, al no observar el principio de proporcionalidad en materia fiscal, toda vez que prevé la obligación de pagar un impuesto por concepto de diversión y espectáculos públicos con motivo de la realización de "fiestas familiares en domicilio", para lo cual señala una tarifa única a todos los contribuyentes, lo cual impide que el pago de ese impuesto revele una manifestación de riqueza por parte del gobernado.

C) Derecho a la libertad de reunión e intimidad. Argumenta que las porciones normativas impugnadas restringen de forma injustificada la libertad de reunión y el derecho a la intimidad, al establecer un impuesto por concepto de diversión y espectáculos públicos con motivo de la realización de "fiestas familiares en domicilio"; situación que implica una intromisión a la intimidad de los gobernados, respecto de la cual las autoridades municipales no pueden restringir el derecho de reunión en los domicilios particulares por tratarse de actividades privadas que la Constitución Federal garantiza al individuo, razón por la que puede ejercerlos libremente sin tener que pagar, previamente, un impuesto por la realización del evento en comento.

Expone diversas consideraciones en torno al derecho de asociación y de reunión sostenidas en la tesis aislada 1a. LIV/2010 de la Primera Sala, de rubro: "LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN. SUS DIFERENCIAS."

Agrega que, en el caso concreto, la disposición impugnada pretende establecer el cobro de un impuesto por concepto de la realización de reuniones o celebraciones familiares en los domicilios del Municipio del que se trata, lo cual implica la imposición de una restricción injustificada al ejercicio de un derecho fundamental como lo es la libertad de reunión.

Expresa diversos argumentos sobre el derecho humano a la privacidad e intimidad y al efecto cita el criterio contenido en la tesis aislada 2a. LXIII/2008, de rubro: "DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD, ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

Sostiene que las porciones normativas impugnadas violan el derecho a la libertad de reunión e intimidad, pues condiciona a los habitantes del Municipio de Loreto, Baja California Sur, al pago de un impuesto para poder realizar fiestas familiares, por lo que claramente transgrede el derecho humano a la intimidad y la libertad de reunión consagrados en la Constitución Federal.

Destaca que, al resolver la acción de inconstitucionalidad 34/2019, y por las mismas razones antes expuestas, esta Suprema Corte determinó declarar la invalidez de determinados preceptos de diversas legislaciones de ingresos municipales del Estado de San Luis Potosí.

Conforme a lo argumentado, reitera que las porciones normativas contenidas en los artículos 22 y 23 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur, resultan inconstitucionales conforme a lo dispuesto por los artículos 9, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Norma Fundamental, al vulnerar los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad tributaria, así como el derecho a la libertad de reunión e intimidad.

Asimismo, solicita que, de estimarlo procedente, esta Suprema Corte vincule al Congreso del Estado de Baja California Sur para que en lo futuro se abstenga de expedir normas en el mismo sentido y que incurran en la inconstitucionalidad alegada.

3. Radicación. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 179/2021, y, por razón de turno, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.

4. Admisión. En proveído de diez de diciembre siguiente, el Ministro instructor admitió la acción relativa, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República para los efectos legales conducentes.

5. Presentación de la demanda promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 39 y 47, fracciones III y IV, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur, expedida mediante Decreto Número 2792, publicado en el Boletín Oficial de esa entidad el doce de noviembre de dos mil veintiuno.

6. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó violados los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e hizo valer los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

Primero. Señala que el artículo 39 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur, al disponer la obligación de los contribuyentes de pagar un impuesto adicional del 30 % sobre el monto de los impuestos y derechos principales previstos en dicho ordenamiento respecto de la ejecución de obras y servicios públicos, vulnera el derecho a la seguridad jurídica, así como el principio de proporcionalidad tributaria.

Lo anterior, en virtud de que dicha imposición no atiende a la capacidad contributiva de las personas que son sujetos a su causación, por lo que transgrede los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Expone bastos argumentos en torno a la naturaleza y características de las contribuciones y los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad tributaria.

Enseguida, reitera que en el artículo impugnado el legislador local determinó que, además del pago por los impuestos o derechos principales relacionados con la ejecución de obras y servicios públicos que se lleven a cabo en el Municipio de Loreto, Baja California Sur, los contribuyentes deberán pagar un impuesto adicional del 30 % sobre el monto principal calculado.

Aduce que dicho tributo no cumple con el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevé y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, dado que la base imponible la constituye, a su vez, el pago de otros impuestos y derechos previstos en la misma ley.

Agrega que la norma reclamada, atenta contra el principio de proporcionalidad, ya que ese impuesto no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinado, manifestación de riqueza que estuviera previamente sujeta a imposición a través de un impuesto primario, como operan las sobretasas u otras contribuciones adicionales que están justificadas en el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal; sino que, por el contrario, grava de manera global los pagos de impuestos y derechos relacionados con la ejecución de obras y servicios públicos a cargo de los contribuyentes, por lo que su hecho imponible se materializa al momento de cumplir con esa obligación tributaria, cuestión que no refleja la capacidad real contributiva del sujeto pasivo.

Menciona que sobre el tema, la Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 114/2013, determinó que los impuestos adicionales resultan violatorios del principio de proporcionalidad tributaria.

Sostiene que este tribunal ha declarado la inconstitucionalidad de impuestos adicionales, cuya configuración resulta idéntica a la del impuesto impugnado, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 46/2019, 47/2019 y su acumulada 49/2019, 95/2020, 107/2020 y 15/2021.

Segundo. Señala que el artículo 47 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur, establece la tarifa que se deberá pagar, entre otras, cuando las personas soliciten los siguientes servicios:

• Expedición de copias certificadas de constancias existentes en los archivos municipales por hoja.

• Búsqueda de documentos del archivo municipal cuando no se precisen los datos y fechas del acto.

Conforme al primer supuesto, la tarifa aplicable será de una vez el valor diario de la unidad de medida y actualización por hoja, es decir $89.62(1) (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos 62/100 moneda nacional); mientras que, respecto del segundo concepto, se deberá cubrir un monto de 2 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, esto es $179.24 (ciento setenta y nueve pesos con veinticuatro centavos 24/100 moneda nacional).

Argumenta que las normas prevén cobros desproporcionados por esos servicios que no atienden a los costos que le representa al Estado la reproducción, búsqueda y entrega de los documentos que se soliciten, por lo que vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Refiere que no es justificable ni proporcional cobrar $179.24 por la simple búsqueda de documentos, pese a que no se precisen los datos y fechas de la información solicitada, pues la actividad necesaria para realizar dicha acción no implica necesariamente un gasto por la utilización de materiales u otros insumos que impliquen un gasto para el Municipio que justifique el monto establecido por el legislador local, además de que no puede existir un lucro o ganancia por la referida búsqueda.

Menciona que es igualmente desproporcionado el cobro por la expedición de copias certificadas, pues si bien el servicio que presta el Estado no se limita a reproducir el documento original, sino que también implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado, no puede existir un lucro o ganancia para éste, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.

Señala que el cobro por los servicios de reproducción de información debe atender a los costos que le causó al Estado dar el servicio, pues suponer que la cantidad extra que recibe el Estado por la certificación de una hoja corresponde al costo de la firma del funcionario público, sería tanto como reconocer un precio a ese signo que no es más que el cumplimiento de la obligación que le impone la ley al servidor que la emite; aunado a que la norma prevé una tarifa a pagar que corresponde a una sola hoja certificada, lo cual no guarda razonabilidad respecto del costo de los materiales empleados, como hojas de papel, tinta, ni de la firma del funcionario que hace la certificación.

Finalmente, solicita que de ser declaradas inconstitucionales las disposiciones impugnadas, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Radicación y acumulación. En acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad 183/2021, en el que se ordenó la acumulación a la diversa 179/2021, en virtud de que existe identidad respecto del Decreto legislativo impugnado en este asunto.

8. Admisión. En la misma fecha, el Ministro instructor admitió la acción relativa, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para los efectos legales conducentes.

9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur. Previo desahogo del requerimiento formulado al subsecretario de la Consejería Jurídica del Estado de Baja California Sur, por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al Poder Ejecutivo de dicha entidad rindiendo el informe respectivo, en el que expresó los razonamientos siguientes:

En relación con la acción de inconstitucionalidad 179/2021, mencionó que no asiste razón a la promovente, ya que los dispositivos cuya invalidez se reclama no contravienen las disposiciones constitucionales ni convencionales invocadas, ya que la finalidad del legislador al emitir dichas normas (22 y 23, fracción I, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur) fue dar seguridad a los gobernados al momento de realizar las fiestas familiares en domicilio o salón, esto es, que un elemento de seguridad pública se encuentre en el domicilio o local de fiestas y se garantice la paz pública de la comunidad y dentro de la cual se encuentra la función preventiva, de ahí que se encuentran plenamente justificadas y, por lo cual, la acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal es improcedente, debido a que no afecta las garantías de los gobernados ni mucho menos sus derechos humanos.

Por lo que ve a la acción de inconstitucionalidad 183/2021, argumentó que no asiste razón a la promovente, ya que los dispositivos cuya invalidez se reclama no contravienen las disposiciones constitucionales ni convencionales invocadas, en tanto la finalidad del legislador al emitir dichas normas (39 y 47 fracciones III y IV, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur) fue dar seguridad a los gobernados derivado de los altos índices de delincuencia que imperan en todo el territorio mexicano, siendo importante contar con políticas sanas en el Municipio y así contar con elementos de seguridad pública y tránsito debidamente capacitados. Asimismo, instrumentar políticas sanitarias, energéticas, de transportes y de medio ambiente, de ahí que se encuentran plenamente justificadas y, por lo cual, la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es improcedente, debido a que no afectan las garantías de los gobernados ni mucho menos sus derechos humanos.

10. Informe del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Previo desahogo del requerimiento formulado al oficial mayor del Congreso del Estado de Baja California Sur por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a dicho Poder Legislativo rindiendo el informe respectivo, en el que esencialmente manifestó lo siguiente:

Primero. En relación con la acción de inconstitucionalidad 179/2021 presentada por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal menciona que, contrariamente al argumento relativo a que la emisión de la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur, viola el principio de legalidad jurídica, el impuesto tiene como fundamento la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, por lo que cumple con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna y, por otro lado, el hecho de que un evento tenga lugar en un domicilio particular no es suficiente para dar por sentado que el evento es privado, sino que esa naturaleza se la dará la manifestación que en el momento de realizar la solicitud respectiva haga el contribuyente en razón del evento que pretenda realizar. En relación con el argumento de la accionante referente a que tratándose del impuesto por diversión o espectáculo público, los sujetos pasivos de dicho tributo deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad económica; expone que el impuesto que se establece en la norma de la cual se invoca su invalidez, es equitativo, en virtud de que el contribuyente tiene la oportunidad de conocer previamente la cantidad que deberá cubrir al realizar un evento en su domicilio, además que sólo será cubierto por quien se encuentre en el supuesto y su recaudación está destinada a brindar protección civil, vigilancia y seguridad pública a las ciudadanas y ciudadanos que asistan a dicho evento, todo lo anterior, concatenado con lo establecido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que ve al argumento de que la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur, violenta la libertad de reunión y el derecho a la intimidad; señala que dicha ley no pretende limitar el derecho de los ciudadanos a reunirse en su domicilio, ni pretende sujetar a la ciudadanía a una autorización para reunirse y menos aún invadir su intimidad, sino que establece un impuesto por la realización de un evento en un domicilio que no sea propiedad de quien realice el evento y a efecto de que ésta se encuentre en mejores posibilidades de brindar los servicios de vigilancia, seguridad pública y de protección civil, que al tenor de estos eventos obligan a ser redobladas.

Respecto al señalamiento que la citada Ley de Hacienda violenta el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio; sostiene que, contrariamente a ello, la ley no faculta a la autoridad para introducirse a domicilios particulares, sino que lo que establece es una contribución que deberán realizar única y exclusivamente aquellas ciudadanas o ciudadanos que pretendan realizar un evento, que por sus características o naturaleza requiera vigilancia, protección civil y seguridad pública, lo cual es sustentado en la Carta Magna.

Segundo. Con relación a la acción de inconstitucionalidad 183/2021 presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, menciona que respecto al argumento de que las normas impugnadas vulneran los derechos de seguridad jurídica y legalidad, la accionante no precisa la forma en la que incumple con el parámetro al que hace referencia, sin embargo, el impuesto que se establece es claro, cuenta con un fundamento legal y una motivación para su aplicación, en concordancia con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.

Por lo que se refiere al argumento de que los numerales impugnados vulneran el principio de proporcionalidad; señala que el impuesto que se establece en el artículo 39 de la ley de la que hoy se invoca su invalidez, es equitativo, en virtud de que se trata de un impuesto adicional del 30 % sobre el monto de los impuestos y derechos principales sobre la ejecución de obras y servicios públicos y se establece su cobro únicamente cuando quien las realice reciba un beneficio, ya sea por contrato de obra a precio alzado, o bien, bajo una concesión, distinto a la ejecución de obras particulares, donde quien la ejecuta no percibe el mismo beneficio, por ende, quien ejecuta obras o servicios públicos recibe un beneficio mayor.

En relación con el argumento que refiere que la Ley de Hacienda de Loreto, Baja California Sur, transgrede el principio de proporcionalidad contributiva, toda vez que el impuesto se grava de manera global y cita que el impuesto a que éste se refiere tiene por objeto gravar todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate; señala que, contrariamente a ello, el establecimiento del impuesto sobre la ejecución de obras y servicios públicos ya establecidos, es acorde a los beneficios que recibirán de manera económica las personas físicas o morales que realicen este tipo de actividad, atendiendo así a la capacidad contributiva del contribuyente.

En lo que refiere al artículo 47 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur, en lo concerniente a que el cobro de la expedición de copias certificadas y búsqueda de documentos del archivo municipal violenta el principio de proporcionalidad; sostiene que, entendiendo como derechos aquellas contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado como contraprestación por los servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a las personas que los soliciten, la determinación de las cuotas correspondientes por estos conceptos debe ser proporcional al costo que signifique para el Estado su realización; asimismo, que las cuotas de referencia deben ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, esto es, que en cumplimiento con los principios de equidad contributiva y de justicia tributaria, toda persona que se encuentre en la misma situación será tratada con equidad en la imposición de la contribución.

Respecto al argumento de que el citado artículo 47 viola el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que el pago del derecho respectivo no es acorde al gasto que genera a la autoridad para prestar el servicio y que la búsqueda de documentos no implica un gasto por la utilización de materiales u otros insumos que justifiquen el cobro del citado derecho; al respecto expone que el cobro de la contraprestación no sólo implica el gasto de hojas de papel o la firma de una persona o funcionario, sino que implica también otros gastos como lo son los servicios de energía eléctrica y de agua potable, alcantarillado y saneamiento del inmueble en el cual se encuentran los documentos solicitados, así como todos los recursos humanos y materiales necesarios para la conservación de los documentos de referencia y para la atención y prestación del servicio, por lo que es proporcional y equitativo, ya que los servicios de que se trata tienen el mismo costo para todas las personas.

11. Alegatos. Por escritos recibidos el veintidós y veinticinco de abril de dos mil veintidós, la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el delegado del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Baja California Sur formularon los alegatos que estimaron pertinentes.

12. Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción.

I. COMPETENCIA

13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 22 en la porción que refiere "para fiestas familiares en domicilio"; 23, fracción I; 39 y 47, fracciones III y IV, de la Ley de Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial de dicha entidad federativa el doce de noviembre de dos mil veintiuno.

II. OPORTUNIDAD

14. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y el cómputo inicia a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial, en el entendido de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

15. En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur el viernes doce de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad trascurrió del sábado trece de noviembre al domingo doce de diciembre de dos mil veintiuno.

16. Luego, si el escrito de la demanda del Ejecutivo Federal se presentó el seis de diciembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, mientras que el ocurso promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el trece del mes y año en cita, esto es, el primer día hábil siguiente al último día del plazo para su vencimiento, es claro que su interposición resulta oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

17. La acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal fue instada por parte legítima, conforme al artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, pues fue suscrita por María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, carácter que acreditó con copia certificada del nombramiento respectivo.

18. Asimismo, el medio de defensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también fue promovido por parte legitimada, toda vez que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) dicha Comisión está facultada para promover la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31381-2bba33a8/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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