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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA IMPUGNAR LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PREVISTOS EN UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISÉIS Y EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL EN QUE ADUCE FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER FISCAL CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISÉIS Y EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). V. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. VI. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE, PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. VII. CONTRIBUCIONES. ELEMENTOS QUE LAS CONFIGURAN. VIII. CONTRIBUCIONES. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATRIBUYE AL LEGISLADOR LOCAL EN LA MATERIA, NO LO AUTORIZA PARA DESNATURALIZAR AQUÉLLAS. IX. CONTRIBUCIONES. SU CLASIFICACIÓN A NIVEL FEDERAL CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. X. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. XI. IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA IMPOSICIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL DEBER DE PAGAR "DERECHOS" POR ALUMBRADO PÚBLICO CON BASE EN UN PORCENTAJE SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TORNA ESTA CONTRIBUCIÓN MATERIALMENTE EN AQUEL IMPUESTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 18 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN Y SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, 20 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO MIAHUATLÁN Y TEPEYAHUALCO, 21 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN ATENCO, SAN JUAN ATZOMPA, SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MIGUEL IXITLÁN, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN PABLO ANICANO, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, SANTA CATARINA TLALTEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, SOLTEPEC, TECOMATLÁN, TEHUITZINGO, TENAMPULCO, TEOPANTLÁN, TEOTLALCO, TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANGO DE RODRÍGUEZ, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPEMAXALCO, TEPEOJUMA, TEPETZINTLA, TEPEXCO, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, TIANGUISMANALCO, TILAPA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACUILOTEPEC, TLACHICHUCA, TLAHUAPAN, TLANEPANTLA, TLAOLA, TLAPACOYA, TLAPANALÁ, TLAXCO, TOCHIMILCO, TOCHTEPEC, TOTOLTEPEC DE GUERRERO, TULCINGO, TUZAMAPAN DE GALEANA, TZICATLACOYAN, VICENTE GUERRERO, XAYACATLÁN DE BRAVO, XICOTLÁN, XIUTETELCO Y XOCHIAPULCO, 22 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL XOXTLA, SANTA ISABEL CHOLULA Y VENUSTIANO CARRANZA Y 23 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISÉIS Y EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE) XII. ALUMBRADO PÚBLICO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 18 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN Y SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, 20 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO MIAHUATLÁN Y TEPEYAHUALCO, 21 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN ATENCO, SAN JUAN ATZOMPA, SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MIGUEL IXITLÁN, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN PABLO ANICANO, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, SANTA CATARINA TLALTEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, SOLTEPEC, TECOMATLÁN, TEHUITZINGO, TENAMPULCO, TEOPANTLÁN, TEOTLALCO, TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANGO DE RODRÍGUEZ, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPEMAXALCO, TEPEOJUMA, TEPETZINTLA, TEPEXCO, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, TETELES DE ÁVILA CASTILLO, TIANGUISMANALCO, TILA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 87/2020. · Registro digital (IUS): 30011
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-06
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo II, Pág. 1480.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 87/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE NOVIEMBRE DE 2020. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNANDEZ. SECRETARIO: JORGE FRANCISO CALDERÓN GAMBOA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de Inconstitucionalidad 87/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante la CNDH), en contra de diversos artículos de las Leyes de Ingresos de los Municipios de: San Juan Atenco, San Juan Atzompa, San Martín Texmelucan, San Martín Totoltepec, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Ixitlán, San Miguel Xoxtla, San Nicolás Buenos Aires, San Nicolás de los Ranchos, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, San Salvador El Seco, San Salvador El Verde, San Salvador Huixcolotla, San Sebastián Tlacotepec, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Santiago Miahuatlán, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecomatlán, Tehuitzingo, Tenampulco, Teopantlán, Teotlalco, Tepanco de López, Tepango de Rodríguez, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepetzintla, Tepexco, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Teteles de Ávila Castillo, Tianguismanalco, Tilapa, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlacuilotepec, Tlachichuca, Tlahuapan, Tlaltenango, Tlanepantla, Tlaola, Tlapacoya, Tlapanalá, Tlaxco, Tochimilco, Tochtepec, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tuzamapan de Galeana, Tzicatlacoyan, Venustiano Carranza, Vicente Guerrero, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xiutetelco y Xochiapulco, todos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, expedidas mediante Decretos publicados en los Periódicos Oficiales números dieciocho y diecinueve de dicha entidad federativa el veintiséis y veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.(1)

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. PRIMERO.—Demanda. Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante la CNDH), promovió la acción de inconstitucionalidad en contra de los diversos artículos de la Ley de Ingresos de varios Municipios del Estado de Puebla; a saber:

Ver artículos

2. SEGUNDO.—Autoridades demandadas. Las leyes impugnadas se emitieron por el Poder Legislativo y se promulgaron por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla.

3. TERCERO.—Concepto de invalidez. Se formularon los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

Único:

a) Las normas impugnadas de las leyes de los diversos Municipios del Estado de Puebla remiten y se denotan de contenido conforme a lo previsto en las leyes hacendarias municipales que les resulten aplicables, cuya configuración establecen una contribución a la que otorgan la naturaleza jurídica de "derecho" por la prestación del servicio de alumbrado público a cargo de los habitantes de los Municipios locales, no obstante dicha contribución constituye un impuesto sobre energía eléctrica cuyo gravamen únicamente corresponde establecerlo al Congreso de la Unión, ya que toma como base para su cálculo el consumo de energía eléctrica de cada usuario conforme a lo facturado por el organismo público descentralizado que suministra ese bien intangible.

b) El cobro por el consumo de energía eléctrica solamente puede establecerse en función del costo que genera la prestación del servicio, no así de manera diferenciada respecto del consumo personal de los habitantes del Municipio, ya que se trata de un beneficio de toda la comunidad y no de sujetos particulares.

c) En el caso, la norma impugnada del Municipio de Tlahuapan no establece expresamente los elementos de la contribución de derechos de servicios de alumbrado público, sólo prevé las cuotas que se causarán por dicho derecho, transgrediendo el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y proporcionalidad en las contribuciones, previstos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

d) Las normas controvertidas no configuran el derecho que se impugna, ya que para su aplicación remite a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla que establece los elementos y la forma en que se calculará la contribución correspondiente, salvo el caso del Municipio de Soltepec, el cual remite a la regulación de su propia ley hacendaria, por lo que al ser idénticos los preceptos de la ley hacendaria del citado Municipio y los de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se solicita que al aludirse a ésta se entiende también a los del ordenamiento municipal mencionado.

e) En los artículos 57 al 61 de la Ley de Hacienda Municipal poblana, se prevé el derecho por alumbrado público, cuya base está prevista en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la cual resulta la cuota a pagar a partir de aplicar las tasas señaladas en las Leyes de Ingresos Municipales al importe facturado a los usuarios registrados por la prestadora del servicio de energía eléctrica, por lo que tal numeral se traslada y configura como parte integral del contenido de los artículos impugnados.

f) Los principios de seguridad jurídica y de legalidad constituyen un límite en el actuar de todo el Estado Mexicano, pues su protección no se acota a la aplicación de la norma y a las autoridades encargadas de llevar a cabo el empleo normativo, por lo que tales principios se hacen extensivos al legislador como creador de la norma para no dar pauta a una aplicación de la ley arbitraria, y para garantizar los derechos fundamentales de las personas, las autoridades deben actuar conforme a lo establecido en una ley adoptada por el poder conforme a lo establecido por la Constitución Federal y así los gobernados tengan una plena certeza a quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su incumplimiento.

g) El hecho imponible al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligación tributaria respetándose las garantías de proporcionalidad de las contribuciones en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud lo que le corresponde al elemento contributario conocido como base imponible.

h) La distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base tiene como resultado una imprecisión en cuanto al aspecto "objetivo u objeto" que ha pretendido gravar el legislador, pues mientras el hecho imponible atiende a un objeto, la base mide un objeto distinto; pero ello debe ser resuelto conforme a la base imponible, tomando en cuenta que la base sirve para determinar el tributo, lo cual revela que un impuesto grava un objeto diferente al que refiere su hecho imponible o que una contribución es un impuesto o una contribución de mejora y no un derecho y viceversa. Por ello las normas impugnadas al establecer una contribución denominada "derecho", pero que cuya naturaleza material atiende al hecho imponible y la base gravable, se identifica como un impuesto por el cobro de energía eléctrica.

i) Los preceptos controvertidos establecen una contribución por la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes de los Municipios que está otorgada como derecho, cuyo objeto o hecho imponible lo constituye el consumo total de energía eléctrica por parte de los sujetos del derecho por el servicio de alumbrado público; por ello se considera que las normas impugnadas transgreden el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, al establecer que la base para el cálculo de tal derecho es el consumo de energía, advirtiéndose que la base imponible establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva el consumo de energía eléctrica, por lo que en el caso la base gravable está relacionada con un hecho imponible que no corresponde a una actividad del ente público por el concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho diverso como lo es un acto, situación o actividad denotativo de capacidad contributiva ajenos a la actividad municipal que en el caso consiste en dicho consumo de energía.

j) El haber identificado el hecho imponible real, que se encuentra en la base, ello se trata de una contribución perteneciente a los impuestos, ya que la naturaleza de las contribuciones debe apreciarse en relación con la propia estructura y no con el nombre con el que el legislador las denomine.

k) De una interpretación armónica de los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a) y 115 de la Constitución Federal, se estima que la habilitación de conformar la base de la contribución consistente en la prestación del servicio de alumbrado público de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica por parte de los sujetos obligados, trastocando el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad, porque no se está pagando por la prestación del servicio otorgado que el Municipio en sus funciones de servicio público, sino por el consumo de energía eléctrica, puesto que a mayor consumo de dicha energía la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo y viceversa; es por ello que no se está cobrando un derecho, sino una contribución al consumo del fluido eléctrico.

l) Si el legislador local constitucionalmente no se encuentra habilitado para establecer contribuciones por el consumo de energía eléctrica, ello implica la afectación a la esfera jurídica de los gobernados por parte de una autoridad que no está habilitada para ello, por ello es por lo que las normas impugnadas pretenden cobrar como derecho una contribución que en realidad es un impuesto, por lo que se está afectando la esfera jurídica de los gobernados.

m) Este Alto Tribunal al resolver las acciones de inconstitucionalidad 23/2005, 18/2018, 27/2018, 15/2019 y 20/2019 determinó que una contribución a la que se otorga la naturaleza jurídica de derecho, cuyo hecho imponible lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes de un Municipio, pero cuya base para el cálculo de este derecho es el importe por el consumo de energía eléctrica, revela que la base gravable se encuentra relacionada con un hecho imponible que no corresponde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad denotativos de capacidad contributiva ajenos a la actividad del ente público –hecho imponible característico de los impuestos y no de los derechos– y que, en el caso, consiste en dicho consumo de energía eléctrica.(3) Las normas con tales características contienen una contribución, en concreto un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, lo que vulnera el derecho de seguridad jurídica y del principio de legalidad, al no satisfacerse el requisito de fundamentación para la afectación de la esfera jurídica de los gobernados, asimismo tratándose de actos legislativos, el requisito de fundamentación, se satisface cuando la autoridad que expide el ordenamiento está constitucionalmente facultada y respecto al requisito de motivación se colma cuando las leyes que se emiten se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.

n) Los argumentos esgrimidos sobre la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, se corroboran con el criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal al resolver las acciones de inconstitucionalidad 23/2006, 22/2012 y 9/2013 en donde el Pleno declaró la invalidez de diversos artículos que establecían una contribución sobre el consumo de energía eléctrica, ya que los artículos impugnados en tales acciones contenían el mismo vicio de inconstitucionalidad que los artículos cuya invalidez se demanda en el presente asunto, esto es, la falta de congruencia entre el hecho y la base imponible, ya que se fijaba como base para la cuantificación del derecho por concepto de alumbrado público el consumo de energía eléctrica, cuestión que motivó que se declarara su inconstitucionalidad, por lo tanto se trata de una actuación arbitral de autoridad, carente de respaldo constitucional, que implica una transgresión a la certidumbre jurídica del gobernado, vulnerando los derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

o) El legislador del Estado de Puebla incumple con la obligación en promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos a la seguridad jurídica y proporcionalidad en las contribuciones, deber constitucional consagrado en el artículo 1o. constitucional extensible a todas las autoridades del Estado Mexicano, y a nivel internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 1 y 2, así como el diverso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidas, adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los mismos; por lo que el legislador local al no respetar los derechos humanos a la seguridad jurídica y proporcionalidad en las contribuciones, contraviene los preceptos convencionales.

p) Respecto de la disposición controvertida del Municipio de Tlahuapan, el legislador poblano inobservó el principio de legalidad tributaria, ya que no estableció la base imponible del derecho, elemento esencial de la contribución, pues habilita a las autoridades municipales exactoras para fijar la base imponible sobre la cual se cobrarán los derechos por el servicio de alumbrado público a discrecionalidad, ya que el texto legal no lo prevé de forma expresa, quedando así al arbitrio de las mencionadas autoridades.

q) Este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2019, declaró la invalidez de las disposiciones que establecían el derecho de alumbrado público, no sólo porque el legislador gravó el consumo de energía eléctrica siendo incompetente para ello, sino también porque el cobro de ese derecho se fijó teniendo en cuenta el tamaño, ubicación y destino del predio que se consideró beneficiado, lo cual no atendía a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos ni al costo del servicio, por lo que no cumplió con el contenido de los principios de justicia tributaria.

r) En el caso concreto, se advierte que el legislador poblano consideró como elemento determinante para el establecimiento de la cuota del derecho, el consumo de energía eléctrica, por lo que las normas impugnadas también constituyen tributos que incumplen con el mandato de proporcionalidad en las contribuciones, al no atender el costo real del servicio proporcionado por el Municipio, sino al consumo de que se trate, ya que el cobro de tal derecho sólo puede establecerse en función al costo que genera la prestación del servicio, no así de manera diferenciada respecto del consumo personal de los habitantes del Municipio, por tratarse de un beneficio de toda la comunidad y no de sujetos particulares; por ello es que lo procedente es que se declare la invalidez de las normas impugnadas y a su vez se extiendan sus efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo de la ley reglamentaria de la materia, particularmente el artículo 59 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla, por estar vinculado con las disposiciones reclamadas, y a su vez se vincule al Congreso del Estado para que en lo futuro se abstenga de expedir normas en el mismo sentido.

4. CUARTO.—Artículos constitucionales y convencionales violados. La promovente estimó que las normas impugnadas son violatorias de los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. QUINTO.—Registro y turno. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte,(4) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de acción de inconstitucionalidad con el número 87/2020, por razón de turno, correspondió a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.

6. SEXTO.—Admisión de la demanda. En proveído de siete de febrero de dos mil veinte,(5) la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla para que rindieran sus respectivos informes y señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y requirió al Poder Legislativo del referido Estado, para que al rendir su informe remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada, y al Poder Ejecutivo de la entidad, para que exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial del Estado correspondiente en la que se publicó la norma cuya inconstitucionalidad se reclama. Asimismo, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que si considera que el presente asunto trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su representación correspondiera.

7. SÉPTIMO.—Informes del Poder Legislativo y del Gobierno Constitucional (Ejecutivo), a través del Director General de asuntos jurídicos de estudios y proyectos legislativos del Congreso del Estado de Puebla.

A. Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. La mencionada autoridad adujo lo siguiente:(6)

a) En la especie se actualiza la causal de improcedencia, que genera el sobreseimiento del asunto, en términos de lo previsto en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el numeral 20, fracciones II y 21, fracción II, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 59, todos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional; de manera específica, lo establecido en el segundo párrafo e inciso g), fracción II, del último de los preceptos mencionados y de lo previsto en el diverso numeral 133. Pues el artículo 60 de la referida ley prevé que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda de la acción de inconstitucionalidad puede presentarse al día hábil siguiente, y el artículo 105 fracción II segundo párrafo constitucional prevé que el plazo para presentar la demanda de la acción de inconstitucionalidad, debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la norma; lo que denota que lo previsto en el artículo 60 mencionado es contrario a lo que dispone la Constitución Federal.

b) Conforme a lo anterior, en el presente caso la actora reclama la invalidez de los artículos 18 y 20 a 23 de diversas Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla, debido a que en ellas se establece una contribución a la que otorgan la naturaleza jurídica de "derecho" por la prestación del servicio de alumbrado público a cargo de los habitantes de los Municipios de dicho Estado, que fueron publicadas el veintiséis y veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve y el escrito de demanda fue presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, esto es después de los treinta días que establece la Constitución Federal, por lo que la demanda fue presentada de manera extemporánea, por lo que se actualiza la causal de improcedencia señalada.

c) El inciso g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal no legitima al actor para promover la presente demanda de acción de inconstitucionalidad, por tratarse de normas en materia fiscal, de una obligación contributiva con los gastos de la Federación, Estados y Municipios, y no un derecho humano consagrado en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales.

d) El concepto de invalidez expuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inoperante, porque no tiene legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad, tratándose de normas de carácter fiscal ya que la obligación de contribuir a los gastos de la Federación, Estados y Municipios no es un derecho humano, sino una obligación constitucional. Además, el legitimado para interponer acción de inconstitucionalidad en un conflicto normativo constitucional y una ley local, en el ámbito relativo a la información, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, contra leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales celebrados por el ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.

e) Contrario a lo aducido por el actor, el derecho de alumbrado público tiene como fundamento el artículo 105, fracción III, inciso b), que establece que los Municipios tienen a su cargo los servicios públicos entre otros el de alumbrado público a particulares (pago contemplado en los artículos 20, 21 y 22 de las Leyes de Ingresos impugnados) y para su prestación el Municipio necesita de recursos económicos, lo que tiene su fundamento en el inciso c), de la fracción IV, en relación con el inciso b), fracción III, del artículo 115 de la Constitución Federal.

f) De los numerales impugnados se aprecia que los Municipios tienen derecho a percibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la institución jurídica de los "derechos" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de la ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, por lo que es facultad de las legislaturas aprobar las leyes de ingresos de este nivel de gobierno.

g) No tiene razón el actor al considerar que las normas impugnadas, infrinjan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el cobro impugnado tiene sustento en ésta en el artículo 105, fracción IV, inciso c), y en su caso, lo que existe, es un conflicto entre normas de la misma jerarquía, esto es, entre lo previsto en los artículos 14, 16 y 115 constitucionales, pero no son inconstitucionales los artículos impugnados de las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Por lo que el problema consiste en cómo puede resolverse la contradicción entre preceptos comprendidos en un mismo nivel de la escala jerárquica, por lo que es necesario precisar si los preceptos impugnados fueron o no promulgados en la misma fecha, ya que dos disposiciones contradictorias iniciaron su vigencia en momentos distintos, por lo que el conflicto debe solucionarse por la regla "lex posterior derogat priori". La derogación del primer precepto no necesita ser expresa, cuando una disposición es contradictoria con la anterior, esta disposición queda automáticamente eliminada del ordenamiento legal, en este caso de la Constitución Federal. Así lo dispuesto por los últimos tres artículos en mención sirven de fundamento para el cobro del alumbrado público.

h) Tratándose de las contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen del servicio público; mientras que en el caso de los impuestos el hecho imponible está constituido por hechos o actos que, sin tener una relación directa con la relación con la actividad del ente público, pone de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Si bien la exigencia de la capacidad contributiva "es nota de las contribuciones", en el caso de los derechos, tiene una menor relevancia, en relación con los impuestos; sin embargo los Municipios requieren recabar ingresos que les permitan cumplir con sus actividades como órgano de gobierno, situación que realiza el cobro de los derechos, entre estos los impugnados.

B. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla (a través del consejero jurídico). La autoridad sostuvo lo siguiente:

a) El veintiséis y veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, promulgó y mandó publicar las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil veinte; sin embargo considera que dichos actos no son inconstitucionales o inconvencionales, ya que el Gobernador del Estado cuenta con tales atribuciones de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

b) Conforme a lo previsto en los artículos 14, segundo párrafo; 115, fracciones I, II, III y IV de la Constitución Federal: i) los Estados adoptarán la forma de gobierno, tomando como referencia su base territorial al Municipio Libre el cual será gobernado por un ayuntamiento, por un presidente municipal y un número de regidores y síndicos; ii) los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley; iii) las legislaturas del estado aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas, y iv) los recursos que integren la hacienda del Municipio se ejercerán de forma directa por los Ayuntamientos o por quienes autoricen conforme a la ley;

c) Conforme a lo establecido en los artículos 50, fracción I, segundo párrafo; 57, fracción XXVIII; 103, fracción III, inciso d); 104, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla: i) los Ayuntamientos, a través del Ejecutivo del Estado, remitirán –sus propias iniciativas de Leyes de ingresos– a más tardar el quince de noviembre del ejercicio previo a su vigencia, al Congreso del Estado.; ii) es facultad del Congreso del Estado aprobar las leyes que sirvan de base para el cobro de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria de los Municipios; iii) los Municipios tienen personalidad jurídica y patrimonio propio quienes manejan, administran y ejercen libremente su hacienda; iv) la hacienda se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan a favor de aquellos que, entre otros, serán los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo; v) los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias pondrán a la legislatura del Estado, las cuotas o las tarifas aplicables a impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y productos, así como las zonas catastrales y tablas de valores unitarios de suelo y construcción que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; y vi) los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen conforme a ley.

d) Por lo que hace a lo previsto en los artículos 78, fracción VII; 91, fracción LII; y 141, fracciones I, III, VI y VIII, de la Ley Orgánica Municipal: i) es atribución de los Ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo, previa autorización de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros, el día quince de noviembre, la iniciativa de la ley de ingresos que deberá regir el año siguiente, en la que se propondrán las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y en su caso los productos y aprovechamientos; ii) es facultad y obligación de los presidentes municipales del Estado de Puebla, promover y vigilar la formulación del proyecto de presupuesto de ingresos para el ejercicio inmediato, su estudio por el ayuntamiento y su envió oportuno al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo, para su aprobación, iii) la hacienda pública municipal se integra por las contribuciones y demás ingresos determinados en las leyes hacendarias de los Municipios en términos de la Constitución Política del Estado de Puebla y leyes aplicables, por los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos, por cualquier título legal que reciba y por los demás ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor en las leyes correspondientes, y iv) los bienes de dominio municipal y los ingresos que conforman la hacienda pública municipal son inembargables, inalienables e "imprescindibles", y sólo se podrán afectar con la autorización de dos terceras partes del Cabildo correspondiente, de conformidad con los artículos 152, fracción V y 155, primero y segundo, párrafos.

e) De la intelección armónica y sistemática que se realice sobre las porciones normativas referenciadas con antelación, advertirán que a los Ayuntamientos de los Municipios les resulta de interés jurídico este asunto en virtud de que: i) son los Ayuntamientos quienes realizan su propia iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal; ii) manejan, administran y ejercen libremente su hacienda, iii) la afectación de los ingresos que conforma la hacienda pública municipal sólo puede realizarse con autorización de las dos terceras partes del Cabildo correspondiente, y iv) los Municipios son quienes podrían resultar afectados con la resolución que llegue a dictarse, por encontrarse impedidos para recaudar un ingreso en caso de la existencia de declaración de inconstitucionalidad, respecto de los artículos que reclama la parte accionante.

f) En el caso se actualizan los supuestos normativos previstos en los artículos 10, fracción III, y 59, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los Municipios están reconocidos con legitimación, tanto activa y pasiva, en la iniciación, trámite y resolución de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30011-dc0b9cab/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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