I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE OSTENTE LA PRESIDENCIA O LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, CONCILIACIONES Y ASUNTOS JURÍDICOS, AMBOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA Y 42, APARTADO B, FRACCIONES II, IV Y V, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO. V. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. VI. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. VII. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. VIII. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. IX. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LAS AUTORIDADES MUNICIPALES NO TIENEN FACULTADES PARA DETERMINAR LA BASE GRAVABLE NI LA TARIFA RESPECTIVA POR LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO QUE SE FORMULE CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PUES ELLO RESULTA VIOLATORIO DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. X. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. REGULACIÓN QUE ESTABLECE ELEMENTOS CONFORME A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON AQUELLA CONTRIBUCIÓN. XI. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. CUANDO SE FIJA SU BASE IMPONIBLE CONFORME AL COSTO GLOBAL GENERADO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RESPECTIVO, DEBE CONCLUIRSE QUE SÍ SE TRATA DE UN TRIBUTO DE ESA NATURALEZA Y NO DE UN IMPUESTO. XII. ALUMBRADO PÚBLICO. EN LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CUOTAS EN EL CASO DE LOS DERECHOS POR ESTE SERVICIO, DEBE IDENTIFICARSE, POR UNA PARTE, EL TIPO DE SERVICIO PÚBLICO DE QUE SE TRATE Y, POR LA OTRA, EL COSTO QUE LE REPRESENTA AL ESTADO PRESTARLO, YA QUE NO PUEDEN CONSIDERARSE ASPECTOS AJENOS A ÉSTOS, COMO LO SERÍA LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL CONTRIBUYENTE O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DISTINTO AL COSTO (ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN II, APARTADO 14; 35, 36, 37, 38, 39, 48 Y 49 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 16; 34, 35, 36, 37, 38, 54 Y 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 15; 37, 38, 39, 40, 41, 50 Y 51 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 15; 40, 41, 42, 43, 44, 53 Y 54 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTLA; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 15; 32, 33, 34, 35, 36, 46 Y 47 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 19; 40, 41, 42, 43, 44, 56 Y 57 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 16; 36, 37, 38, 39, 40, 48 Y 49 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 14; 44, 45, 46, 47, 48, 57 Y 58 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LIBRES; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 15; 40, 41, 42, 43, 44, 53 Y 54 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 18; 39, 40, 41, 42, 43, 56 Y 57 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 17; 35, 36, 37, 38, 39, 56 Y 57 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEACA; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 15; 40, 41, 42, 43, 44, 53 Y 54 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ; 2, FRACCIÓN III, APARTADO 15; 40, 41, 42, 43, 44, 53 Y 54 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 15; 55, 56, 57, 58, 59, 69 Y 70 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 15; 35, 36, 37, 38, 39, 49 Y 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 15; 42, 43, 44, 45, 46, 56 Y 57 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 15; 40, 41, 42, 43, 44, 53 Y 54 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA; 2, FRACCIÓN II, APARTADO 16; 34, 35, 36, 37,
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2022 Y SUS ACUMULADAS 13/2022, 14/2022, 18/2022 Y 22/2022. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 25 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnan diversos artículos de las Leyes de Ingresos municipales del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que establecen cuotas para la prestación del servicio de alumbrado público, por el derecho al acceso a la información pública y por búsqueda y reproducción de información no relacionada con este último derecho.
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Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022 promovidas por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, contra el Poder Legislativo del Estado de Puebla y el Poder Ejecutivo del citado Estado contra diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos municipales del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por escritos recibidos el veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y treinta y uno de enero de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrados el veinticinco, veintiséis, veintisiete, treinta y uno de enero y uno de febrero de dos mil veintidós, respectivamente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el presidente y el director de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, así como la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad, mediante las cuales solicitaron la invalidez de las normas que se refieren, emitidas y promulgadas respectivamente, por el Congreso del Estado y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Puebla.
2. Señalaron como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla.
3. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. Las Comisiones accionantes estiman violados los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4. Conceptos de invalidez. Las promoventes propusieron en sus conceptos de invalidez, en resumen, lo siguiente:
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (AI. 9/2022)
• Contribución por la prestación del servicio de alumbrado público. La Comisión del Estado promovente aduce que las contribuciones por alumbrado público previstas en los numerales impugnados no tienen la naturaleza de derechos, sino que, dadas las características que envuelven su configuración necesariamente provocan que, en realidad se traten de un impuesto que grava directamente el consumo de energía, cuyo gravamen únicamente corresponde al Congreso de la Unión.
• Agrega que las normas reclamadas son inconstitucionales ya que se puede observar que la cuota fija establecida por el legislador local no es proporcional ni equitativa en función de lo siguiente:
• Sólo las personas físicas o morales propietarias o poseedoras de inmuebles en el Municipio son sujetas a pagar el alumbrado público, excluyendo a las personas que hagan uso de éste.
• No se calcula con base a lo que realmente le cuesta al Estado el alumbrado público, más bien con base al gasto total anual que le genere al Ayuntamiento del Municipio en el ejercicio fiscal inmediato anterior, traído al presente con un factor de actualización.
• La tarifa en cada Municipio es distinta, lo cual lo hace totalmente inequitativo.
• Al depender de los propietarios de inmuebles, el cobro en algunos Municipios es excesivo ya que de existir pocos propietarios el pago es mayor; como en el caso de Coxcatlán, donde se desprende un pago de $349.00 pesos mensuales, pese a ser un Municipio con varias comunidades con alta marginación social y pobreza.
• La tasa o tarifa al ser fija, no es proporcional ya que debería variar en función de los nuevos poseedores o propietarios de inmuebles.
• Señala, que es importante puntualizar que las normas controvertidas de las Leyes de Ingresos de los Municipios poblanos reclamadas, por sí mismos no configuran el derecho que se impugna, sino que para su operatividad normativa remiten a otro ordenamiento que establece los elementos y la forma en que se calcula el derecho correspondiente.
• La Comisión accionante señala que todo acto del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho vigente, por tanto, el legislador como creador de normas, debe establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación o ley arbitraria.
• Principio de proporcionalidad y equidad tributaria. Después de establecer las características de dicho principio la Comisión accionante refiere por tanto que:
• Los Municipios están impedidos para cobrar el derecho al alumbrado público debido a que esa actividad no depende estrictamente de ellos.
• La base del derecho se calcula no con base a lo que realmente le cuesta al Estado el alumbrado público; sino con base al gasto total anual que le generó al Ayuntamiento del Municipio en el ejercicio fiscal inmediato anterior la prestación del servicio de alumbrado público en el territorio municipal, actualizado.
• La base del derecho no es equitativa, pues la tarifa es diferente en todos los Municipios.
• El cálculo de la tarifa mensual no es proporcional, pues no puede ser fijo, éste debería variar mes con mes, en función del aumento o disminución en el número de propietarios o poseedores de bienes inmuebles.
• Aduce que las normas impugnadas transgreden el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria al establecer que la base para el cálculo de este derecho no se basa en lo que realmente le cuesta al Municipio el alumbrado público.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (AI. 13/2022, AI. 14/2022, 18/2022 y 22/2022)
• Cobro por la búsqueda y expedición de documentos en copias simples y copias certificadas, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública. Destaca que los artículos impugnados prevén cobros injustificados y desproporcionados por la búsqueda, expedición de documentos en copias simples, copias certificadas y digitalizaciones no relacionados con el derecho de acceso a la información pública.
• Esto, ya que prevén tarifas que no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información, por tanto, vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
• Reitera que los preceptos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones, pues las tarifas no guardan relación directa con los gastos que le presentan a los Ayuntamientos involucrados la prestación de esos servicios.
• Las disposiciones controvertidas se enmarcan en la categoría de derechos por servicios, por tanto, para la determinación de las cuotas por concepto de derechos de servicios ha de tenerse en cuenta el costo que le cause al Estado la ejecución del servicio en cuestión, por lo cual, la cuota que establezca deberá ser fija e igual para todas las personas que reciban servicios de la misma índole.
• Las cuotas, en caso de que la entrega de información tuviera algún costo, dada la forma de reproducción y entrega solicitadas, deberían ser acordes con el costo del servicio prestado e iguales para los solicitantes, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, lo que quiere decir que el Estado no debe lucrar con las cuotas, sino que las mismas deben fijarse de acuerdo a una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, sin que pueda cobrarse la búsqueda de información o su reproducción cuando el interesado proporcione los medios respectivos.
• Cobro por la reproducción de la información solicitada. Los numerales reclamados prevén cobros injustificados por la búsqueda y reproducción de información pública en copias simples y copias certificadas.
• Por tanto, vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• En ese tenor, recae en el legislador local la carga de demostrar que el cobro establecido en las disposiciones impugnadas, por proporcionar información en diversos medios, atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, puesto que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información es un imperativo general la gratuidad en la entrega de información.
• De tal suerte que, si no existe razonamiento que justifique el cobro por la reproducción de información con una base objetiva, ello sólo puede significar que la cuota establecida se determinó de forma arbitraria sin contemplar el costo real de los materiales empleados en la reproducción de la información en copias simples y certificadas, por lo que las normas combatidas violan el principio de gratuidad en el acceso a la información contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal.
• Puntualiza que las normas impugnadas impactan desproporcionadamente al gremio periodístico al cobrar la búsqueda de documentos y, por ende, ello tiene un efecto inhibidor en el ejercicio de una profesión lícita.
• Destaca que este Alto Tribunal, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 9/2019, 10/2019, 13/2019, 16/2019, 17/2019, 22/2019 y 27/2019 decretó la invalidez de normas que establecían cobros desproporcionales e injustificados de diversas Leyes de Ingresos municipales de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y, además, vinculó al Congreso del Estado para que en lo futuro se abstuviera de establecer derechos por la reproducción de documentos por solicitudes de información en términos de lo resuelto en esos fallos, situación que no ha sido cumplida por el legislador.
5. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (AI. 22/2022). Además de lo resumido en párrafos precedentes la CNDH en la acción de inconstitucionalidad 22/2022, impugna diversos artículos de 76 Leyes de Ingresos municipales del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2022, que establecen una tarifa universal que las personas deben pagar por el servicio de alumbrado público.
• Señala que la cuota fija establecida por el legislador local es contraria al principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que no todos los habitantes de los Municipios señalados reciben el mismo servicio de alumbrado público.
• Así, las normas reclamadas establecen una tarifa mensual para el pago de ese derecho, la cual debe ser la cantidad que resulte de dividir el gasto total anual del servicio de alumbrado público, entre el total de los sujetos del servicio.
• Así, el cobro por el servicio de alumbrado público es exigible a los sujetos pasivos que aprovechen ese servicio, en cuanto a la determinación de los elementos del tributo, se advierte que la base gravable es el gasto anual que le genere al Ayuntamiento del Municipio en el ejercicio fiscal inmediato anterior la prestación del servicio público en el territorio municipal, con un factor de actualización.
• Si bien pudiera considerarse que el legislador procuró diseñar una metodología de cálculo para la cuantificación de la cuota a pagar por el servicio de alumbrado público, evitando gravar el consumo de energía o tomando en consideración elementos ajenos al costo real, se estima que el sistema normativo no respeta la garantía de proporcionalidad tributaria.
• Señala, que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), respecto a las características de las localidades del Estado de Puebla, advierte por ejemplo que el Municipio de San Antonio Cañada, en el que más de la mitad de su población no cuentan con servicio de alumbrado público, igualmente un poco más de la tercera parte de las localidades de los Municipios de Palmar de Bravo, Pantepec y Piaxtla, tampoco cuentan con el servicio de alumbrado público.
• Insiste en que el legislador pasó por alto que para que un derecho, como el generado por el servicio de alumbrado público, sea acorde con el Texto Supremo, no sólo basta con que se satisfaga el principio de proporcionalidad tributaria, sino que, además es menester que se respete el principio de equidad en las contribuciones.
• Afirma que lo anterior permite decir que el diseño normativo de la contribución permite que diversos habitantes de los Municipios que no tienen alumbrado público paguen por un servicio que no reciben.
• Finaliza esgrimiendo que, a pesar de que si bien es cierto el monto de la cuota por concepto del derecho por el servicio de alumbrado público pudiera ser congruente con el costo que para los Municipios representa la prestación del mismo en igualdad para todas y todos los gobernados, también lo es que no todos reciben idéntico servicio, pues no existe un esfuerzo uniforme de las autoridades municipales encaminado a que el servicio prestado tenga una cobertura universal.
• Cuestiones relativas a los efectos. Finalmente, se indica que de ser tildadas de inconstitucionales las normas impugnadas, se extiendan los efectos a todas aquellas que estén relacionadas; asimismo, que se vincule al Congreso Local a que en lo futuro se abstenga de expedir normas con el mismo vicio alegado.
6. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de presidencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad 9/2022 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente.
7. Por acuerdos de dos y tres de febrero de dos mil veintidós, el Ministro presidente ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022 y, en virtud de la identidad respecto de los decretos impugnados, se determinó la acumulación a la acción de inconstitucionalidad 9/2022.
8. Admisión y trámite. Mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a las autoridades que emitieron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
9. En el mismo acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la Ministra instructora desechó parcialmente la acción de inconstitucionalidad 9/2022 que hace valer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por lo que respecta a las normas impugnadas que describe en los incisos a) y b) del capítulo respectivo de su escrito de demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, esto ya que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII,(1) en relación con los diversos 59 y 60(2) de la ley reglamentaria, pues la acción de inconstitucionalidad, por lo que hace a dichos preceptos se promovió de manera extemporánea, tomando en consideración la fecha de la publicación de las normas impugnadas.
10. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Por escrito recibido el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gloria Elena Gil Carranco, directora de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno de Puebla compareció a nombre del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, a rendir el informe solicitado en el que manifestó que es cierto el acto que se le atribuye al Poder que representa, sostiene que dichos actos no son inconstitucionales o inconvencionales, en virtud de que el gobernador del Estado cuenta con atribuciones relativas a la promulgación, orden de publicación y sanción de las leyes y decretos que del Congreso del Estado emanan.
• Facultad legislativa. Aduce que, en las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal reclamadas, el proceso legislativo fue seguido puntualmente y, por tanto, no existe ilegalidad en ese aspecto.
• Alega que el acto legislativo reclamado y su vigencia no vulneran las garantías constitucionales, ya que contienen debida fundamentación y motivación, entendiendo por esto que el Congreso que expidió la ley está facultado para ello, motivo por lo cual el Ejecutivo ordenó la promulgación respectiva.
• Cobro por derecho del servicio de alumbrado público. Sostiene que las leyes impugnadas son disposiciones legales de carácter fiscal, normativa y taxativa aprobadas por el honorable Congreso del Estado de Puebla, en ellas se sustenta jurídicamente a cada contribución que se determine en favor de la Hacienda Pública Municipal, acordes con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
• Insiste que no existe violación a la garantía de proporcionalidad tributaria, ya que el importe del cobro de la contribución se determina en función del servicio de alumbrado público municipal que en su caso se preste y reciba el contribuyente.
• De igual forma, manifiesta que los preceptos reclamados no son violatorios del principio de equidad tributaria, pues prevén que todo aquel que se ubique en el supuesto de recibir el servicio de alumbrado público, será causante del pago de derechos por los servicios prestados por el Municipio. En ese sentido, hay igualdad en la aplicación de dicho derecho (existe universalidad y generalidad respecto de los sujetos que se situaren en el supuesto señalado).
• Legalidad en el pago de derechos. Señala que las leyes reclamadas no transgreden el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que prevén cuotas que atienden al costo real del servicio correspondiente prestado por el Municipio sobre la expedición de documentos en copias simples y certificadas, por su digitalización o búsqueda, es decir establecen el cobro de un servicio brindado por el Municipio y no así de un impuesto.
• En el caso, certificar cualquier documento consiste en compararlo con su original, después de confrontarlo reiterar que son iguales, esto es, si concuerda con su original. En ese orden de ideas, dicho cobro por las copias simples y certificadas, por su digitalización o búsqueda, también obedece a la instalación de equipos acordes a la era digital, y la imperiosa capacitación de los servidores públicos que lo ejecuten en todas las funciones operativas.
• Entonces, en las leyes de ingresos impugnadas, se establece una relación proporcional del esfuerzo requerido para la implementación de los trámites cada vez más óptimos para la población y los datos necesarios se puedan obtener de forma razonable. 11. Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. Por escrito recibido el veinticinco de marzo de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gilberto Ramón Navarro Jiménez, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla compareció en representación del Poder Legislativo de la entidad a rendir el informe correspondiente. En el cual expresa lo siguiente:
• En cuanto a la procedencia de la acción. Refiere que se actualiza la causal de improcedencia consistente en la falta de legitimación por parte de las titulares de los órganos protectores de los derechos humanos, para impugnar los decretos en cuestión.
• Ello, porque las disposiciones impugnadas no contienen normas que establezcan una violación grave a los derechos humanos, y sí contienen normas de carácter contributivo y de acceso a la información pública, mismas que escapan de la facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para llevar a cabo su impugnación.
• Sostiene, en primer lugar, que dicha legitimación está acotada a las vulneraciones a derechos humanos de las personas; sin embargo, las Comisiones accionantes no son los órganos legitimados para el caso que nos ocupa, pues aun cuando el numeral 105, fracción II, de la Constitución Federal reconoce a ciertos órganos como legitimados para presentar una acción de inconstitucionalidad, también lo es que modula dicha atribución en atención a la materia u otras condiciones, siendo el Ejecutivo Federal y no la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien por ministerio de ley constitucional se le otorga la atribución para impugnar cualquier tipo de norma general por todo de tipo de violaciones a la Constitución Federal.
• En segundo lugar, aduce que, tratándose de materia de transparencia y acceso a la información pública, el órgano legitimado para plantear una acción de inconstitucionalidad es, en todo caso, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
• Por lo que el planteamiento de la vulneración a los derechos humanos de seguridad jurídica y proporcionalidad de las contribuciones y demás principios constitucionales, así como la violación al derecho de acceso a la información pública, resulta insuficiente para acreditar la afectación requerida por el Texto Constitucional.
• De manera que al no contar con legitimación se debe desestimar las acciones de inconstitucionalidad intentadas, debido a que las normas impugnadas no guardan relación material con el supuesto que regula la capacidad para actuar como parte actora.
• En cuanto al fondo AI. 9/2022: Lo sostenido en el concepto de invalidez por parte de la Comisión es infundado, ya que pretende hacer como argumento que las contribuciones de alumbrado público no tienen la naturaleza de derechos, sino que se trata de un impuesto que grava directamente el consumo de energía eléctrica, que corresponde al Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal.
• El cobro del derecho por alumbrado público se encuentra establecido en las diferentes leyes hacendarias de los Municipios a lo largo de estos años y todos los ciudadanos han contribuido para financiar ese gasto público, tal y como lo mandata la Constitución Federal.
• De ahí que los derechos por los servicios de alumbrado público no son una nueva contribución, no representan una carga adicional, no son contrarias a las facultades, atribuciones y responsabilidades que la Constitución Federal establece, en su estructura debe considerarse el costo que el servicio representa para el Municipio, no así el consumo de energía eléctrica de cada contribuyente.
• La base del cobro de este derecho de alumbrado público es el gasto total anual que le genere al Ayuntamiento del Municipio en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la prestación del servicio de alumbrado público en el territorio municipal, actualizado. Tomando en consideración que se entiende por gasto total del servicio de alumbrado público, la suma de las erogaciones para la prestación de este servicio: el pago a la empresa u organismo suministrador de energía eléctrica, los gastos de infraestructura, los gastos de administración y operación de servicio. Por consiguiente, la base para el cobro de este servicio no es el consumo de energía eléctrica, por lo que no tiene razón el actor al señalar que se invaden atribuciones del Congreso de la Unión.
• Sostiene que dichas consideraciones son acordes a lo señalado en la acción de inconstitucionalidad 10/2021, resuelta el treinta de agosto de dos mil veintiuno.
• Aduce que se cumple con el principio de legalidad ya que en la medida en que la totalidad de los elementos fundamentales de la contribución [sujeto, objeto/hecho imponible, cuota o tarifa, momento de causación y modalidad de enero (sic)] se prevén en una ley en sentido formal y material debidamente aprobada por el Congreso del Estado.
• Es proporcional ya que la base para el cálculo del derecho es "el gasto total anual que le genere al Ayuntamiento del Municipio en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la prestación del servicio de alumbrado público en el territorio municipal, traído a valor presente con la aplicación de un factoraje de actualización".
• Es equitativa ya que la fórmula que prevén las leyes para los Municipios de Puebla está alineada a la que ya validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consiste en establecer una cuota fija que resulta de dividir todo lo que se gasta el Municipio para prestar el servicio de alumbrado público entre el número de personas del mismo Municipio.
• Al establecer una cuota homogénea para cada predio, el Municipio podrá, a su vez, otorgar estímulos fiscales para garantizar que las cuotas de los pequeños contribuyentes no sean superiores a las que han pagado históricamente.
• AI. 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022: En primer término, hace precisión al marco constitucional de los artículos 31, fracción IV y 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Aduce, que de los citados preceptos corresponde al Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, establecer los derechos que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, proporcionar información y documentación a particulares, en cuyo caso se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes: oscilando entre los $1.17 hasta $42.00 pesos; mientras que las copias certificadas tienen diversos costos en razón de cada hoja, la cantidad a pagar oscila entre los $18.90 hasta los $207.00 pesos; y cuando se trata de expedientes de hasta 35 fojas, los costos varían desde los $134.00 hasta los $603.50 pesos; establecidos en las Leyes de Ingresos impugnados, de los Municipios señalados en la demanda.
• Señala que el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, establece que las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución respecto de dichas contribuciones, por lo que no tiene razón la CNDH al considerar que los preceptos impugnados infrinjan a la Constitución Federal, ya que el cobro que está impugnando tiene sustento constitucional, lo que existe es un conflicto entre normas de la misma jerarquía, esto es, entre lo que dispone el artículo 6o., apartado A, fracción III, y lo que dispone el diverso 115, fracción IV, inciso c), ambos de la Constitución Federal, pero eso no significa que deban ser declarados inconstitucionales.
• Afirma que tratándose de contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público. Los Municipios requieren recabar ingresos que les permitan cumplir cabalmente con su actividad como órgano de gobierno, situación que realiza con el cobro de los derechos, sobre todo, una muy importante y trascendente, la de establecer las condiciones necesarias para la prestación de un servicio público, en beneficio de la población.
• Suscribe que este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 15/2019 en la que se analizó la proporcionalidad de diversas normas que establecían derechos por la expedición de copias y constancias, y determinó que la configuración del principio de proporcionalidad tratándose de derechos por la prestación de servicios conforme al cual la cuota debe estar directamente relacionada con el costo que su presentación representa para el Estado. Tratándose del derecho de acceso a la información pública la cuota únicamente puede estar relacionada con el costo que representan los materiales.
• Insiste que a contrario sensu, tratándose de servicios de búsqueda y reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública, el Estado sí puede incorporar tanto el gasto total del servicio prestado como el factor de aprovechamiento que representa para los particulares la provisión del servicio. Lo que tiene como consecuencia lógica que los Municipios puedan incorporar costos y valoraciones adicionales a los del simple costo de los materiales de reproducción.
• Señala que la disparidad que existe en los Municipios del Estado obliga a realizar cobros tan diversos por cuestiones que parecerían menores, por lo cual no resulta razonable comparar a unos Municipios frente a otros como lo pretenden las accionantes.
• En consecuencia, señala que la valoración del principio de proporcionalidad no puede hacerse en una comparación directa entre diversos Municipios, sino que deberá estimarse caso por caso.
12. Pedimento del fiscal general de la República y manifestación de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El citado funcionario y la referida dependencia no formularon manifestación alguna o pedimento.
13. Cierre de la instrucción. Mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, se tuvieron por recib
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31452-1141b119/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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