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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES NO EXCLUYE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER AQUÉLLA POR UNA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. III. ACCESO A LA INFORMACIÓN. SUS DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL, Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CUOTAS EXCESIVAS Y DESPROPORCIONADAS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN DISCO COMPACTO QUE NO ATIENDEN A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y, POR ENDE, VULNERAN EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DE ESTE DERECHO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ; 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TILAPA; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN; 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAOLA; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPANALÁ; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO; 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XICOTLÁN; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPALA; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC; Y 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN; TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019). V. ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL LEGISLADOR TIENE LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO, ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ; 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TILAPA; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN; 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAOLA; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAPANALÁ; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO; 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XICOTLÁN; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPALA; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN; 23, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ; 23, FRACCIÓN II

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2019. · Registro digital (IUS): 29260
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-01-24
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, Pág. 150.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 27/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Por escrito depositado el treinta de enero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidente, promovió la acción de inconstitucionalidad que ahora se resuelve. Señaló como autoridades emisoras de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla e impugnó preceptos de leyes de ingresos de diversos Municipios de la misma entidad federativa, para el ejercicio fiscal 2019, todas publicadas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

Las normas impugnadas son las siguientes:

Ver normas impugnadas

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró violados los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales, 1, 2, 13 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los numerales 2, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. El promovente considera que las normas impugnadas al establecer que, por la reproducción de documentos y/o información solicitada, entregada en disco compacto, es necesario que el solicitante pague un derecho por la cantidad de $55.00 (cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), transgreden el principio de gratuidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, previsto en el artículo 6o., apartado A, fracción III, constitucional.

Aduce que conforme a dicho precepto de la Constitución y el diverso 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ejercicio del derecho de acceso a la información debe ser gratuito por regla general, puesto que excepcionalmente pueden realizarse cobros por los materiales utilizados en la reproducción de la información o el costo del envío, en su caso, o por la certificación de los documentos.

De esta manera, los costos en la materia deben entenderse aquellos que constituyen una carga dirigida a los soportes en que se entrega la información, esto es, medios magnéticos, copias simples o certificadas, servicios de mensajería y envío, pero no la información per se.

Las normas impugnadas también son transgresoras del principio de máxima publicidad que impera en la materia, el cual impone la mayor disponibilidad a los gobernados, en aras de privilegiar su acceso a la información, de tal manera que deben superarse los obstáculos procedimentales, económicos o de diversa índole.

Los preceptos impugnados constituyen un obstáculo al ejercicio del derecho de acceso a la información porque, de manera injustificada y desproporcionada, establecen un cobro que no atiende al costo de los materiales para realizar la reproducción de la información solicitada.

De los trabajos legislativos que dieron lugar a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que el legislador nacional precisó que sólo podrían realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción y envío de la información, así como los derechos por la expedición de copias certificadas.

Las normas impugnadas tienen un impacto desproporcional en el gremio periodístico, como sujetos destinatarios de la norma, quienes tienen la función social de buscar información sobre temas de interés público, de tal manera que se genera un efecto inhibitorio en la función laboral de los periodistas.

Al revestir la naturaleza de normas tributarias, los preceptos impugnados deben cumplir con los principios que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, entre los que se encuentra el de proporcionalidad tributaria. En el caso, las cuotas establecidas no guardan exacta concordancia con el costo del disco compacto mediante el cual se reproduce la información solicitada.

CUARTO.—Admisión y trámite de la acción de inconstitucionalidad. Mediante acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 27/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.

Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite el referido asunto, le requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Puebla, rendir un informe y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República.

QUINTO.—Certificación. El uno de marzo de dos mil diecinueve, la secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de esta Suprema Corte certificó que el plazo de quince días concedido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Estatales para rendir su informe en la acción de inconstitucionalidad transcurrió del veintiocho de febrero al veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el veinte de marzo del mismo año, el Poder Legislativo Estatal, por conducto de Nicolás Sánchez Torres, quien se ostentó como director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, rindió el informe que le fue requerido.

En primer lugar, planteó la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, al considerar que el órgano legitimado para promoverla, por violación al derecho consagrado en el artículo 6o. constitucional, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no así la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en términos de los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución y 42, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por otra parte aduce que no le asiste la razón al accionante porque el cobro previsto en las normas impugnadas tiene sustento en el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución; refiere que lo que en su caso existe, es un conflicto de normas de la misma jerarquía entre el artículo 6o. apartado A, fracción III y el diverso 115 de la Constitución, el cual debe solucionarse en aplicación de la regla lex posterior derogat priori, de tal manera que fue la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce la que le otorga legitimación al organismo garante nacional del derecho de acceso a la información, al ser posterior a la reforma que legitimó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En otro orden, refiere que tratándose de los derechos, el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, mientras que, en los impuestos, el hecho imponible está constituido por hechos o actos que, sin tener una relación directa con la actividad del ente público, ponen de manifiesto de manera relevante, la capacidad contributiva del sujeto pasivo; en el caso de los derechos, tiene una menor relevancia la capacidad contributiva; sin embargo, los Municipios necesitan ingresos que les permitan cumplir su actividad como órgano de gobierno, lo cual realizan con el cobro de derechos, como el impugnado.

Para la determinación de las cuotas por derechos debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos; de esta manera, las normas impugnadas cumplen con los principios de equidad y proporcionalidad.

SÉPTIMO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Mediante escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el veinte de marzo de dos mil diecinueve y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el tres de abril siguiente, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de Eduardo Ismael Aguilar Sierra, quien se ostentó como consejero jurídico del gobernador del Estado, rindió el informe que le fue requerido.

Argumentó que las normas impugnadas no son inconstitucionales porque el gobernador del Estado cuenta con las atribuciones para promulgar y ordenar su publicación, en términos del artículo 79, fracción III, de la Constitución Local.

Asimismo, señaló que los preceptos impugnados no son inconstitucionales, puesto que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución impone la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa y, por su parte, conforme al artículo 6o. de la Norma Fundamental y los diversos 17 y 41 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los costos por la entrega de información no podrán ser superiores a los de los materiales utilizados en la reproducción de la información, el costo de envío, en su caso, y el pago de la certificación, cuando proceda.

Además indica que esa normativa establece que el cobro de las cuotas, no deberán ser mayores a las previstas en la Ley Federal de Derechos, la cual, en su artículo 5, fracción VI, establece que, por certificación o expedición de constancias distintas a las señaladas en ese precepto se pagarán $164.73 (ciento setenta y cuatro pesos 73/100 M.N.), aunado a que la entrega de la información en medios ópticos, es sólo una de las modalidades establecidas en la ley general de la materia y el monto señalado en los preceptos impugnados, es acorde a los preceptos señalados.

Indica que debe considerarse que el servicio de almacenamiento para la entrega de información entraña un procedimiento complejo que implica el despliegue de diversos recursos por parte del Estado, por lo que el cobro que se realiza por los derechos está relacionado con el costo del servicio que para el Estado implica y, por ello, guarda relación con el monto que, por ese concepto se cobra.

Refiere que si bien la accionante indicó que los preceptos impugnados establecen la cantidad de $55.00 (cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) lo cual no guarda relación con el costo del material, lo cierto es que no ofreció medio de convicción alguno para justificar su dicho.

OCTAVO.—Alegatos. Por escritos presentados el veintiséis y treinta de abril de dos mil diecinueve, el Congreso del Estado de Puebla y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, formularon alegatos.

NOVENO.—Pedimento de la Fiscalía General de la República. Esta representación no formuló pedimento en este asunto.

DÉCIMO.—Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil diecinueve, el Ministro instructor cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013(3) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve este medio de control constitucional contra normas generales, al considerar que su contenido es inconstitucional y violatorio de derechos humanos.

SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada.

En el presente caso se impugnan los decretos por los que se emitieron las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve de los Municipios de Teopantlán, Tepanco de López, Tepango de Rodríguez, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtèmoc, Teteles de Ávila Castillo, Tianguismanalco, Tilapa, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlachichuca, Tlahuapan, Tlaltenango, Tlanepantla, Tlaola, Tlapanalá, Tlaxco, Tochimilco, Totoltepec, Venustiano Carranza, Vicente Guerrero, Xicotlán, Xochiltepec, Zacapala, Zapotitlán, Zapotitlán de Méndez, Zinacatepec y Zoquitlán, todos del Estado de Puebla, publicados el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad.

En ese sentido, el plazo de treinta días transcurrió a partir del día siguiente en que se publicaron las referidas leyes, es decir, del uno al treinta de enero de dos mil diecinueve, por lo que si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la demanda en esta última fecha ante este tribunal, se concluye que es oportuna.

TERCERO.—Legitimación. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por la Legislatura Estatal que estimen violatorias de derechos humanos.

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.

Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(5) confiere al presidente de dicho órgano, la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad. Luis Raúl González Pérez demostró su carácter de presidente de la Comisión mediante el oficio DGPL-1P3A.-4858 emitido por el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.(6)

Cabe precisar que se impugnan preceptos de leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Puebla, expedidas por el Poder Legislativo de la misma entidad federativa que establecen el cobro de derechos por la reproducción de información derivada del ejercicio del derecho al acceso a la información, que el promovente estima violatorios del derecho al acceso a la información pública, así como el de proporcionalidad y equidad tributaria. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado y mediante su debido representante.

CUARTO.—Causas de improcedencia. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se procede a analizar las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquellas que se adviertan de oficio.

El Poder Legislativo Estatal planteó la causal de improcedencia referente a la falta de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover la acción de inconstitucionalidad por violación al derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6o. constitucional, al considerar que el ente legitimado es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en términos de los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución y 42, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Debe desestimarse dicha causal porque si bien es cierto la fracción II del artículo 105(7) constitucional modula la legitimación de los órganos constitucionales autónomos para la presentación de una acción de inconstitucionalidad en atención a la materia de la que se trate, puesto que se entiende que sólo el Ejecutivo Federal y las Cámaras del Congreso de la Unión tienen la atribución para impugnar cualquier tipo de norma general por todo tipo de violaciones a la Constitución General y, en ese sentido, en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sólo puede impugnar normas generales que puedan vulnerar el acceso a la información pública o la protección de datos personales.

También lo es que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le otorga la legitimación para la promoción de este tipo de control constitucional respecto de posibles violaciones a los derechos humanos.

En consecuencia, si la comisión es el órgano encargado de vigilar que el Estado garantice y respete los derechos humanos reconocidos en el orden constitucional y convencional; también puede alegar violaciones al derecho de acceso a la información.

Así, tanto el Instituto Nacional garante del derecho de acceso a la información, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentran legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad en relación con el derecho humano de acceso a la información pública, sin que pueda considerarse que la legitimación de uno, excluye a la otra, puesto que ambas atribuciones se establecen desde la Constitución; de ahí que la causa de improcedencia deba desestimarse.

No existe otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni se advierte de oficio por este Tribunal Pleno, por lo que es conducente proceder al estudio de la materia de fondo.

QUINTO.—Estudio de fondo. Para analizar la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas, es necesario tener en cuenta que este Tribunal Pleno, en la diversa acción de inconstitucionalidad 13/2018 y su acumulada 25/2018, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciocho, analizó el artículo 6o., fracción III,(8) de la Constitución General, en cuanto prevé el principio de gratuidad en el acceso a la información.

Al respecto, se precisó que en el procedimiento de reforma constitucional del veinte de julio de dos mil siete mediante el cual se introdujo el principio de gratuidad al artículo 6o. constitucional, específicamente en el dictamen de la Cámara de Diputados, se dijo lo siguiente:

"La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la información como en el de acceso o rectificación de los datos personales. Resulta pertinente precisar que este principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, nunca la información."

Además, en relación con el principio de gratuidad se acudió al precedente de la acción de inconstitucionalidad 5/2017,(9) en el que se resolvió que:

• El derecho de acceso a la información garantiza que todas las personas puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos, registros, datos y documentos públicos, siempre que sea solicitada por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Al respecto, exige que el Estado no obstaculice ni impida su búsqueda (obligaciones negativas) y, por otro lado, requiere que establezca los medios e instrumentos idóneos a través de los cuales las personas puedan solicitar dicha información (obligaciones positivas).

• A través de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, a los artículos 6o. y 73 de la Constitución Federal, el Constituyente buscó definir los alcances y directrices de los principios que rigen en la materia, como el de gratuidad y máxima publicidad. Así, el cuatro de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la que el Constituyente plasmó diversos principios que rigen el derecho que tutela, entre los que destaca el de gratuidad en el acceso a la información pública.

• De los trabajos legislativos se advierte que el Constituyente determinó indispensable establecer los principios en el ejercicio del derecho en estudio, los cuales, indicó, se traducen en deberes a cargo de los sujetos obligados, consistentes en la publicidad de la información, máxima publicidad y disponibilidad de la información, principio de gratuidad y ejercicio sin condicionantes artificiales, así como el relativo a documentar la acción gubernamental.

• En relación con el principio de gratuidad, se hizo énfasis en que constituye un principio fundamental para alcanzar el ejercicio del derecho de acceso a la información, cuyo objetivo es evitar la discriminación, pues tiene como finalidad que todas las personas, sin importar su condición económica, puedan acceder a la información, así, precisó que sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción y envío de la información, así como los derechos relativos a la expedición de copias certificadas, conforme a la normatividad aplicable. El principio de gratuidad quedó plasmado en el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• El Tribunal Pleno estima que el Texto Constitucional es claro, por lo que la obligación de garantizar la gratuidad en el acceso a la información pública es categórica, sin posibilidad de establecer cobro alguno por la búsqueda que al efecto tenga que llevar a cabo el sujeto obligado; en ese sentido, calificó fundados los conceptos de invalidez, porque el cobro por la búsqueda de información pública implica contravención al artículo 6o. constitucional, en tanto únicamente puede ser objeto de pago lo relativo a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

Asimismo, este Pleno, con base en lo que establecen los artículos 1, 2, 17, 124, 133, 134 y 141(10) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los diversos 5 y 28(11) de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información,(12) estableció que no puede cobrarse la búsqueda de información, pues el principio de gratuidad exime su cobro.

Así, resolvió que lo que sí puede cobrarse al solicitante de la información son los costos de los materiales utilizados en la reproducción, el costo de envío y la certificación de documentos. Para ello debe analizarse si dichas cuotas se fijaron de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.(13)

Estos costos no pueden constituir barreras desproporcionadas de acceso a la información.(14) De esta manera, resolvió que si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información debe ser entregada sin costo a éste.(15)

Además, se precisó que la Ley General de Transparencia prevé que en la determinación de las cuotas se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información. Las cuotas se establecen en la Ley Federal de Derechos, salvo que la ley no le sea aplicable a los sujetos obligados, en cuyo caso las cuotas no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley.

Así, en el precedente se resolvió que tratándose de los servicios prestados por los Municipios del Estado de San Luis Potosí, la Ley Federal de Derechos sólo era un referente de cuotas máximas, por lo que si alguna ley de ingresos municipal preveía una cuota mayor a la prevista en la Ley Federal de Derechos era inconstitucional, por no respetar el parámetro máximo previsto en el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso la Información Pública. Ello no implicaba que las cuotas previstas en la Ley Federal de Derechos sean per se constitucionales, sino que de conformidad con la mencionada Ley General de Transparencia debían ser consideradas como una cuota máxima.

Además, en apoyo a su determinación, citó los precedentes de esta Suprema Corte en relación con que las cuotas de los derechos deben ser acordes con el costo de los servicios prestados.

Los precedentes se advierten de las tesis de rubros: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.",(16) "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.",(17) "DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005, ES INCONSTITUCIONAL."(18) y "DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)."(19)

El Tribunal Pleno estableció que de los citados precedentes sobre la proporcionalidad y equidad de los derechos, se desprende que las cuotas deben guardar una congruencia razonable con el costo que tiene el servicio para el Estado, sin que tenga posibilidad de lucrar con la cuota. Además, la cuota debe ser igual para los que reciben el mismo servicio.

Con base en las razones sostenidas por el Pleno de este Tribunal Constitucional en dicha ejecutoria, es fundado y suficiente para declarar la invalidez de los preceptos impugnados, el argumento de la accionante en el que refiere que, al establecer que, por la reproducción de documentos y/o información solicitada, entregada en disco compacto, es necesario que el solicitante pague un derecho por la cantidad de $55.00 (cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), las normas contravienen el principio de gratuidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, previsto en el artículos 6o., apartado A, fracción III, constitucional.

Lo anterior es así porque ni de las leyes ni de los procedimientos o antecedentes legislativos se advierte que las cuotas establecidas tengan una base objetiva y razonable basada en los materiales utilizados y sus costos.

En relación con lo anterior, debe precisarse que no se inadvierte que ha sido criterio del Pleno de este Tribunal Constitucional que no es condición indispensable ni necesaria para emitir un juicio de constitucionalidad, que el legislador haya expresado argumentos o justificaciones específicas de sus actos en el proceso de creación de las normas ya que, en todo caso, esta Suprema Corte puede constatar si las razones que justifican dicha actuación, se advierten de la propia Constitución, de diverso precepto normativo o de un proceso legislativo anterior, tratándose de los preceptos impugnados.(20)

Sin embargo, en el caso, recae en el legislador la carga de demostrar que el cobro que establece por la entrega de información en determinado medio, atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, puesto que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, es un imperativo general la gratuidad en la entrega de información.

A diferencia de otros servicios prestados por el Estado, tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información, rige el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso y el de su certificación, en términos de los artículos 6o. constitucional y 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en ese sentido, cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no está grabando la información.

Así, derivado del principio de gratuidad, el legislador tiene la carga de demostrar que el cobro que establece por la entrega de la información en determinado medio, atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada; lo que en el caso no sucedió y, en consecuencia, el solo establecimiento de una cuota por la entrega de información tiene la sospecha de ser inconstitucional.

Aunado a lo anterior, el legislador tampoco estableció razón alguna a efecto de justificar la diferencia entre las tarifas establecidas en los preceptos impugnados y el valor comercial de los insumos necesarios para proporcionar la información.

Por tanto, se declara la inconstitucionalidad de los artículos siguientes:

Ver artículos

Finalmente, dada la conclusión obtenida sobre la invalidez de las normas impugnadas resulta innecesario el análisis de los demás conceptos de invalidez formulados por la promovente. Resulta aplicable el siguiente criterio jurisprudencial:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. RESULTA INNECESARIO PRONUNCIARSE SOBRE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS EN LA DEMANDA CUANDO SE ADVIERTE UN VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE PROVOCA LA NULIDAD TOTAL DEL ACTO LEGISLATIVO IMPUGNADO. En términos de lo previsto en el artículo 71, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dictar sentencia en una acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe suplir los conceptos de invalidez planteados en la demanda y fundar su declaración de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, sea invocado o no en el escrito inicial. En congruencia con lo anterior, si del análisis del marco constitucional que rige la materia en la que incide el acto legislativo impugnado se advierte un vicio de inconstitucionalidad que implica la nulidad total de éste, la Suprema Corte debe emitir la declaración de invalidez fundada en el precepto constitucional correspondiente, incluso ante la ausencia de un concepto de invalidez específico, puesto que ese efecto de invalidación h

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29260-a1fa6c7e/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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