I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES NO EXCLUYE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER AQUÉLLA POR UNA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. III. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SUS DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL, Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. V. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NO PUEDE CONSTITUIR UNA BARRERA DESPROPORCIONADA PARA AQUÉL. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CUOTAS EXCESIVAS Y DESPROPORCIONADAS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN DISCO COMPACTO QUE NO ATIENDEN A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN III, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHILCHOTLA, CHINANTLA, DOMINGO ARENAS, EPATLÁN, HERMENEGILDO GALEANA, HONEY, HUAQUECHULA, HUEHUETLA, HUEYAPAN, HUEYTLALPAN, HUITZILTEPEC, MOLCAXAC, NAUPAN Y NAUZONTLA; Y 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO Z. MENA Y JUAN GALINDO, TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN III, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE NICOLÁS BRAVO, QUECHOLAC, SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, SAN FELIPE TEPATLÁN, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, TEHUITZINGO, TENAMPULCO, TEOTLALCO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPEMAXALCO, TEPEOJUMA, TEPETZINTLA, TEPEXCO, TLACUILOTEPEC Y TLAPACOYA; Y 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). VII. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADA. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN II, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHILCHOTLA, CHINANTLA, DOMINGO ARENAS, EPATLÁN, HERMENEGILDO GALEANA, HONEY, HUAQUECHULA, HUEHUETLA, HUEYAPAN, HUEYTLALPAN, HUITZILTEPEC, MOLCAXAC, NAUPAN Y NAUZONTLA; Y 24, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO Z. MENA Y JUAN GALINDO, TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN II, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE NICOLÁS BRAVO, QUECHOLAC, SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, SAN FELIPE TEPATLÁN, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, TEHUITZINGO, TENAMPULCO, TEOTLALCO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPEMAXALCO, TEPEOJUMA, TEPETZINTLA, TEPEXCO, TLACUILOTEPEC Y TLAPACOYA; Y 24, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DERIVADA DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN III, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHILCHOTLA, CHINANTLA, DOMINGO ARENAS, EPATLÁN, HERMENEGILDO GALEANA, HONEY, HUAQUECHULA, HUEHUETLA, HUEYAPAN, HUEYTLALPAN, HUITZILTEPEC, MOLCAXAC, NAUPAN Y NAUZONTLA; Y 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO Z. MENA Y JUAN GALINDO, TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN III, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE NICOLÁS BRAVO, QUECHOLAC, SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, SAN FELIPE TEPATLÁN, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, TEHUITZINGO, TENAMPULCO, TEOTLALCO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPEMAXALCO, TEPEOJUMA, TEPETZINTLA, TEPEXCO, TLACUILOTEPEC Y TLAPACOYA; Y 24, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN II, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHILCHOTLA, CHINANTLA, DOMINGO ARENAS, EPATLÁN, HERMENEGILDO GALEANA, HONEY, HUAQUECHULA, HUEHUETLA, HUEYAPAN, HUEYTLALPAN, HUITZILTEPEC, MOLCAXAC, NAUPAN Y NAUZONTLA; Y 24, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO Z. MENA Y JUAN GALINDO, TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN II, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE NICOLÁS BRAVO, QUECHOLAC, SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, SAN FELIPE TEPATLÁN, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, TEHUITZINGO, TENAMPULCO, TEO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 13/2019, en la que se impugnan diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se interpuso acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos: a. 23, fracción III, de las Leyes de Ingresos de los Municipios de: Chilchotla, Chinantla, Domingo Arenas, Epatlán, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huaquechula, Huehuetla, Hueyapan, Hueytlalpan, Huitziltepec, Molcaxac, Naupan, Nauzontla, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; b. 23, fracción III, de las Leyes de Ingresos de los Municipios de: Nicolás Bravo, Quecholac, San Diego La Mesa Tochimiltzingo, San Felipe Tepatlán, San Nicolás Buenos Aires, Tehuitzingo, Tenampulco, Teotlalco, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepetzintla, Tepexco, Tlacuilotepec, Tlapacoya, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho; c. 24, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juan Galindo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; d. 24, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.(1)
2. Conceptos de invalidez. Al respecto, se plantearon los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación.
ÚNICO.—Las disposiciones normativas impugnadas contenidas en diversas Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, al prever cobros excesivos y desproporcionados por la reproducción de información pública en discos compactos vulneran los derechos de acceso a la información, igualdad, así como los principios de gratuidad en el acceso a la información, proporcionalidad en las contribuciones y la prohibición de discriminación, contemplados en los artículos 6o., apartado A, fracción III, 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El legislador local estableció un costo por la reproducción de información por $55.00. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que esa cantidad no se justifica, pues de ninguna forma puede considerarse que ése sea el costo del material utilizado para la reproducción de la información solicitada.
Las disposiciones impugnadas establecen la obligación de pago de un derecho por la reproducción de documentación y/o información en disco compacto, con cobros por la cantidad de hasta $55.00, lo que implica una transgresión al principio de gratuidad en materia de acceso a la información pública.
Las normas impugnadas se traducen en un obstáculo para el ejercicio pleno al derecho humano de acceso a la información puesto que, de forma injustificada y desproporcionada, se pretende establecer un cobro que no atiende al costo de los materiales para realizar la reproducción de información realizada por el propio solicitante.
A juicio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el hecho de establecer un cobro tan elevado por la reproducción de documentación y/o información de archivos municipales en un disco compacto, implica necesariamente el incumplimiento por parte del Estado de su obligación constitucional y convencional para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Las leyes que se impugnan se oponen al libre ejercicio del derecho de acceso a la información, y consecuentemente, resultan contrarias al artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal y se convierten en una barrera que obstaculiza la realización del derecho pretendido, a la par de que se incumple la obligación de garantía que tiene el Estado.
El cobro excesivo que establecen las normas impugnadas hace nugatorio el derecho de acceso a la información en tanto se trata de una medida injustificada. Esto, dado que las cuotas que prevén los preceptos impugnados, no tienen sustento constitucional ni persiguen una finalidad constitucionalmente válida y por el contrario representan un obstáculo para el ejercicio del derecho en cuestión.
Con las normas impugnadas que se someten a control de esa Suprema Corte, también se soslaya la obligación estatal de garantizar el derecho a la información, porque el Estado de Puebla no da cumplimiento al Texto Constitucional y desconoce el principio de gratuidad imponiendo barreras legales para la consecución del derecho en cuestión, como son los cobros excesivos decretados en las normas legales que se combaten.
Las normas impugnadas se traducen en un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho humano de acceso a la información, puesto que se pretende establecer un cobro excesivo y desproporcionado que no atiende a la necesidad de recuperar los costos estrictamente erogados por el Estado en los materiales requeridos para reproducir la información.
El cobro que realizan las normas impugnadas hace nugatorio el ejercicio del derecho de acceso a la información en tanto se trata de una medida injustificada, aunado a que no respetan el principio de proporcionalidad en las contribuciones. Esto, dado que las cuotas que prevén los preceptos impugnados no tienen sustento constitucional ni persiguen una finalidad constitucionalmente válida y, por el contrario, representan un obstáculo para el ejercicio del derecho en cuestión.
Cuestiones relativas a los efectos. Solicita que de ser tildadas de inconstitucionales las disposiciones normativas impugnadas, también se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas. Asimismo, solicita que en la sentencia relativa, se precisen efectos vinculatorios hacia el futuro al órgano legislativo del Estado de Puebla para que se abstenga de legislar en el mismo sentido.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el Ministro presidente tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, registrándola bajo el número 13/2019, y la asignó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.(2)
4. Consiguientemente, por acuerdo de misma fecha, el Ministro instructor dio cuenta de la demanda de inconstitucionalidad, la admitió a trámite y ordenó dar vista a los Poderes Legislativos y Ejecutivo de Puebla, para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días y enviaran copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, así como a la Fiscalía General de la República, para que antes del cierre de instrucción formulara el pedimento correspondiente.(3)
5. Informe del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. A través de un escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, el director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y Proyectos Legislativos rindió su informe(4) y expresó los razonamientos que se detallan a continuación.
I. Causal de improcedencia. En la especie se actualiza la causal de improcedencia que genera el sobreseimiento del presente asunto, en términos de lo que disponen los artículos 19, fracción VIII, 20, fracciones II y III, 59, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De manera específica se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal, ya que este inciso señala expresamente como órgano legitimado para presentar acción de inconstitucionalidad por violación al citado artículo 6o. constitucional al organismo garante –el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales–, en términos de lo que dispone el artículo 42, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Señala que si el constituyente permanente como órgano revisor de la Constitución hubiera tenido la intención de legitimar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer la demanda de acción de inconstitucionalidad por vulneración al artículo 6o. constitucional, lo hubiera hecho; por el contrario, de manera expresa la fracción VIII, del multicitado artículo 6o. constitucional contempla un órgano autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.
II. La comisión no está legitimada para interponer la acción de inconstitucionalidad, tratándose de violación al artículo 6o. constitucional en materia de derecho a la información, ya que el que está legitimado es el órgano garante –el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública–.
Por otra parte, no tiene razón la comisión al considerar que los artículos impugnados violan la Constitución Federal, ya que el cobro que están impugnando tiene sustento en la Carta Magna en lo que dispone el artículo 115, fracción IV, inciso c), y en su caso, lo que existe es un conflicto entre normas de la misma jerarquía, esto es, entre lo que dispone el artículo 6o. apartado A, fracción III, y lo que prevé el artículo 115 constitucional, pero no son inconstitucionales los citados preceptos.
La reforma constitucional que le da legitimidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer la acción de inconstitucionalidad es la de 14 de septiembre de 2006 y de 11 de junio de 2011. La adición constitucional del inciso h), a la fracción II, del artículo 105, de la Constitución Federal, es de siete de febrero de dos mil catorce, por lo que la adición que legitima al organismo garante que establece el artículo 6o. constitucional, para interponer acción de inconstitucionalidad es posterior a la reforma constitucional que legitima a la comisión para interponer este tipo de acciones. Por lo anterior, considera que en caso de que los artículos impugnados violaran alguna disposición constitucional y fueran sujetas de demanda de acción de inconstitucionalidad, ésta debería tramitarse por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como organismo garante del artículo 6o. constitucional.
6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. A través de un escrito presentado por Correos de México el cinco de marzo de dos mil diecinueve, el consejero jurídico del gobernador del Estado Puebla rindió su informe(5) y expresó los razonamientos que se detallan a continuación.
Los artículos cuya invalidez demanda no resultan contrarios a la Ley Fundamental, a las leyes que de ella emanan ni a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte. Lo anterior, pues los mismos de modo alguno coartan a los gobernados el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública, pues la entrega de la documentación pública a través de medios ópticos es sólo una de las modalidades previamente establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o., de la Ley Fundamental.
El monto establecido por los Ayuntamientos de los diversos Municipios en sus Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que habrá de pagarse por concepto de derechos es acorde a lo establecido en los artículos 6o., apartado A, fracción III y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, así como el diverso 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Que se deberá considerar que el servicio de almacenamiento para la entrega de información pública entraña un procedimiento complejo, en virtud de que no es un acto instantáneo que se limite a una sola operación, pues se requiere de la realización de una serie de procesos que implican el despliegue de diversos recursos por parte del Estado, variables en cada caso, dependiendo del total de la información a proporcionar; de ahí que el cobro que se hace de los derechos esté relacionado con el costo del servicio que para el Estado implica y, por ello, guarda relación con el monto que por tal concepto se cobra.
El almacenamiento y la reproducción de información pública en disco compacto, son sólo una de las modalidades, a través de las cuales los gobernados pueden ejercer ese derecho humano, la cual se encuentra prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o., de la Constitución. Además, los preceptos cuya invalidez se demanda, cumplen a cabalidad con lo establecido en la declaración conjunta del relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea para la Libertad de Medios de Comunicación y el relator especial de la OEA para la libertad de expresión de seis de diciembre de dos mil cuatro, pues con los mismos se garantiza el acceso a la información sea simple, rápida, gratuita o de bajo costo.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante ocurso de veintiuno de enero de dos mil diecinueve omitió ofrecer medio de convicción alguno que permitiera a sus señorías establecer un parámetro para abordar el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas, en lo referente a la pretendida violación a los principios de equidad y proporcionalidad.
Se deberá ponderar que cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley, a partir del argumento de que es violatoria del principio de proporcionalidad tributaria porque el cobro del servicio recibido es superior al costo que ese mismo servicio tiene en el mercado, indudablemente corresponde al promovente aportar los parámetros a partir de los cuales intenta que se lleve a cabo el estudio respectivo, porque la sola afirmación de que el derecho es desproporcionado no basta para que se haga un estudio de mercado a través del cual, se determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumento en que se sustenta el medio de control constitucional resulta cierto o no, al no ser acorde con la función jurisdiccional ni la simple aseveración de inconstitucionalidad implica por sí, violación a las prerrogativas constitucionales.
7. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.(6)
II. Competencia
8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número Plenario 5/2013,(9) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve este medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional y violatorio de derechos humanos.
III. Precisión de las normas reclamadas
9. Del análisis al escrito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte que las normas impugnadas señaladas como contrarias a los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, constitucional, 1, 2, 13 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 19, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son: a. 23, fracción III, de las Leyes de Ingresos de los Municipios de: Chilchotla, Chinantla, Domingo Arenas, Epatlán, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huaquechula, Huehuetla, Hueyapan, Hueytlalpan, Huitziltepec, Molcaxac, Naupan, Nauzontla, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; b. 23, fracción III, de las Leyes de Ingresos de los Municipios de: Nicolás Bravo, Quecholac, San Diego La Mesa Tochimiltzingo, San Felipe Tepatlán, San Nicolás Buenos Aires, Tehuitzingo, Tenampulco, Teotlalco, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepetzintla, Tepexco, Tlacuilotepec, Tlapacoya, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho; c. 24, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juan Galindo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veinte de diciembre de dos mil dieciocho; d. 24, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.
10. Así las cosas, este Tribunal Pleno considera como efectivamente impugnados los diversos preceptos de las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla.
IV. Oportunidad
11. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(10) (de ahora en adelante la "ley reglamentaria de la materia") dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
12. En ese sentido, las normas cuya declaración de invalidez se solicita fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla los días veinte y veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para presentar la acción corre, en el primer caso, del viernes veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho al sábado diecinueve de enero de dos mil diecinueve; y en el segundo, de sábado veintidós de diciembre de dos mil dieciocho al domingo veinte de enero de dos mil diecinueve.
13. Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se interpuso al día hábil siguiente ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, es decir, el veintiuno de enero de dos mil diecinueve,(11) resulta inconcuso que es oportuna su promoción.
V. Legitimación
14. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para impugnar leyes expedidas por la Legislatura Estatal que estimen violatorias de derechos humanos.
15. El escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 13/2019 está firmado por Luis Raúl González Pérez, quien demostró tener el carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante el oficio DGPL-1P3A.-4858 emitido por el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.(12)
16. Cabe precisar que se impugnan preceptos de Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Puebla expedidas por el Poder Legislativo de la misma entidad federativa que establecen el cobro de derechos por la reproducción de información derivada del ejercicio del derecho al acceso a la información, lo cual el promovente estima violatorio de los derechos de acceso a la información pública e igualdad, así como de los principios de proporcionalidad y gratuidad en las contribuciones. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado y mediante su debido representante.
VI. Causas de improcedencia y sobreseimiento
17. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se procede a analizar las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquellas que se adviertan de oficio.
18. El Poder Legislativo Estatal planteó la causal de improcedencia referente a la falta de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover la acción de inconstitucionalidad por violación al derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6o. constitucional, al considerar que el ente legitimado es el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en términos de los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución y 42, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
19. Debe desestimarse dicha causal porque si bien es cierto la fracción II, del artículo 105(13) constitucional modula la legitimación de los órganos constitucionales autónomos para la presentación de una acción de inconstitucionalidad en atención a la materia de la que se trate, puesto que se entiende que sólo el Ejecutivo Federal y las Cámaras del Congreso de la Unión tienen la atribución para impugnar cualquier tipo de norma general por todo tipo de violaciones a la Constitución General y, en ese sentido, en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sólo puede impugnar normas generales que puedan vulnerar el acceso a la información pública o la protección de datos personales; también lo es que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le otorga la legitimación para la promoción de este tipo de control constitucional respecto de posibles violaciones a los derechos humanos.
20. En consecuencia, si la comisión es el órgano encargado de vigilar que el Estado garantice y respete los derechos humanos reconocidos en el orden constitucional y convencional; también puede alegar violaciones al derecho de acceso a la información.
21. Así, tanto el Instituto Nacional garante del derecho de acceso a la información, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentran legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad en relación con el derecho humano de acceso a la información pública, sin que pueda considerarse que la legitimación de uno, excluye a la otra, puesto que ambas atribuciones se establecen desde la Constitución; de ahí que la causa de improcedencia deba desestimarse.
22. No existe otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni se advierte de oficio por este Tribunal Pleno, por lo que es conducente proceder al estudio de la materia de fondo.
VII. Estudio de fondo
23. Para analizar la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas, es necesario tener en cuenta que en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciocho, este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 13/2018 y su acumulada 25/2018, analizó el artículo 6o., fracción III,(14) de la Constitución General que prevé el principio de gratuidad en el acceso a la información.
24. Al respecto, se precisó que en el procedimiento de reforma constitucional de veinte de julio de dos mil siete, se introdujo el principio de gratuidad al artículo 6o. constitucional, específicamente en el dictamen de la Cámara de Diputados, en el cual se dijo lo siguiente:
"La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la información como en el de acceso o rectificación de los datos personales. Resulta pertinente precisar que este principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, nunca la información."
25. Además en relación con el principio de gratuidad el Tribunal Pleno resolvió en el precedente acción de inconstitucionalidad 5/2017,(15) que:
• El derecho de acceso a la información garantiza que todas las personas puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos, registros, datos y documentos públicos, siempre que sea solicitada por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Al respecto, exige que el Estado no obstaculice ni impida su búsqueda (obligaciones negativas) y, por otro lado, requiere que establezca los medios e instrumentos idóneos a través de los cuales las personas puedan solicitar dicha información (obligaciones positivas).
• A través de la reforma a los artículos 6o. y 73 de la Constitución Federal, publicada el siete de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, el Constituyente buscó definir los alcances y directrices de los principios que rigen en la materia, como el de gratuidad y máxima publicidad. Así, el cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la que el Constituyente plasmó diversos principios que rigen el derecho que tutela, entre los que destaca el de gratuidad en el acceso a la información pública.
• De los trabajos legislativos se advierte que el Constituyente determinó indispensable establecer los principios en el ejercicio del derecho en estudio, los cuales, indicó, se traducen en deberes a cargo de los sujetos obligados, consistentes en la publicidad de la información, máxima publicidad y disponibilidad de la información, principio de gratuidad y ejercicio sin condicionantes artificiales, así como el relativo a documentar la acción gubernamental.
• En relación con el principio de gratuidad, se hizo énfasis en qué constituye un principio fundamental para alcanzar el ejercicio del derecho de acceso a la información, cuyo objetivo es evitar la discriminación, pues tiene como finalidad que todas las personas, sin importar su condición económica, puedan acceder a la información, así, precisó que sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción y envío de la información, así como los derechos relativos a la expedición de copias certificadas, conforme a la normatividad aplicable. El principio de gratuidad quedó plasmado en el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• El Tribunal Pleno estima que el texto constitucional es claro, por lo que la obligación de garantizar la gratuidad en el acceso a la información pública es categórica, sin posibilidad de establecer cobro alguno por la búsqueda que al efecto tenga que llevar a cabo el sujeto obligado; en ese sentido, calificó fundados los conceptos de invalidez, porque el cobro por la búsqueda de información pública implica contravención al artículo 6o. constitucional, en tanto que únicamente puede ser objeto de pago lo relativo a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.
Asimismo, este Pleno, con base en lo que establecen los artículos 1,(16) 2,(17) 17,(18) 124,(19) 133(20) y 141(21) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los diversos 5(22) y 28(23) de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, estableció que no puede cobrarse la búsqueda de información, pues el principio de gratuidad exime su cobro.
26. Así, resolvió que lo que sí puede cobrarse al solicitante de la información son los costos de los materiales utilizados en la reproducción, el costo de envío y la certificación de documentos. Para ello debe analizarse si dichas cuotas se fijaron de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.(24)
27. Estos costos no pueden constituir barreras desproporcionadas de acceso a la información.(25) De esta manera, si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información debe ser entregada sin costo a éste.(26)
28. Además, se precisó que la Ley General de Transparencia prevé que en la determinación de las cuotas se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información. Las cuotas se establecen en la Ley Federal de Derechos, salvo que la ley no le sea aplicable a los sujetos obligados, en cuyo caso las cuotas no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley.
29. Así, en el precedente se resolvió que tratándose de los servicios prestados por los Municipios del Estado de San Luis Potosí, la Ley Federal de Derechos sólo es un referente de cuotas máximas, por lo que si alguna ley de ingresos municipal prevé una cuota mayor a la prevista en la Ley Federal de Derechos es inconstitucional, por no respetar el parámetro máximo previsto en el artículo 141 de la Ley General de Transparencia. Esto no quiere decir que las cuotas previstas en la Ley Federal de Derechos sean per se constitucionales, sino que de conformidad con la Ley General de Transparencia deben ser consideradas como una cuota máxima.
30. Además, en apoyo a su determinación, citó los precedentes de esta Suprema Corte en relación con que las cuotas de los derechos deben ser acordes con el costo de los servicios prestados.
Los precedentes
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29423-975a99fe/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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