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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCESO A LA INFORMACIÓN. SUS DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NO PUEDE CONSTITUIR UNA BARRERA DESPROPORCIONADA PARA AQUÉL. IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CUOTAS SIN BASE OBJETIVA Y RAZONABLE POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN DISCO COMPACTO QUE NO ATIENDEN A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIONES II Y III, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE TOCHTEPEC, TULCINGO, TUZAMAPAN DE GALEANA, TZICATLACOYAN, XIUTETELCO, XOCHIAPULCO, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN TODOS SANTOS, YAONÁHUAC, YEHUALTEPEC, ZARAGOZA, ZAUTLA, ZIHUATETUTLA, ZONGOZOTLA Y ZOQUIAPAN, TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). V. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EXIME DEL COBRO POR LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIONES II Y III, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE TOCHTEPEC, TULCINGO, TUZAMAPAN DE GALEANA, TZICATLACOYAN, XIUTETELCO, XOCHIAPULCO, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN TODOS SANTOS, YAONÁHUAC, YEHUALTEPEC, ZARAGOZA, ZAUTLA, ZIHUATEUTLA, ZONGOZOTLA Y ZOQUIAPAN, TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN II, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE TOCHTEPEC, TULCINGO, TUZAMAPAN DE GALEANA, TZICATLACOYAN, XIUTETELCO, XOCHIAPULCO, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN TODOS SANTOS, YAONÁHUAC, YEHUALTEPEC, ZARAGOZA, ZAUTLA, ZIHUATEUTLA, ZONGOZOTLA Y ZOQUIAPAN, TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS Y VINCULA A UN CONGRESO LOCAL PARA QUE NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD EL PRÓXIMO AÑO FISCAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIONES II Y III, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE TOCHTEPEC, TULCINGO, TUZAMAPAN DE GALEANA, TZICATLACOYAN, XIUTETELCO, XOCHIAPULCO, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN TODOS SANTOS, YAONÁHUAC, YEHUALTEPEC, ZARAGOZA, ZAUTLA, ZIHUATEUTLA, ZONGOZOTLA Y ZOQUIAPAN, TODAS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 16/2019. · Registro digital (IUS): 29736
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-04-09
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, Pág. 41.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 16/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNANDEZ. SECRETARIO: JORGE F. CALDERÓN GAMBOA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Demanda. Por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación,(1) Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante la CNDH), promovió la acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 23, fracción III, de la Ley de Ingresos de diversos Municipios: Tochtepec, Tulcingo, Tuzamapan de Galeana, Tzicatlacoyan, Xiutetelco, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Yaonáhuac, Xochitlán Todos Santos, Yehualtepec, Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, Zongozotla y Zoquiapan, todos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, expedida mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho.

2. SEGUNDO.—Autoridades demandadas. La ley impugnada se emitió por el Poder Legislativo y se promulgó por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla.

3. TERCERO.—Normas generales impugnadas: Se hace notar que el texto del artículo 23, fracción III, de la Ley de Ingresos de los diversos Municipios antes referidos, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, expedida mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, textualmente es idéntico; tal artículo y fracción señalan lo siguiente:

"Artículo 23. La consulta de información y documentación que realicen los particulares a las dependencias de la administración pública municipal o a sus organismos, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla será gratuita, salvo que para su entrega se requiera su impresión o almacenamiento, en cuyo caso se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:

"...

"III. Disco compacto. $55.00. ..."

4. CUARTO.—Concepto de invalidez. Se formularon los conceptos de invalidez que se sintetizan enseguida:

Único

a) El pago de derechos de $55.00 (cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), establecido en las diversas Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, por la reproducción de documentos y/o información solicitada y entregada a través de un disco compacto, no se justifica y de ninguna forma puede considerarse que sea el costo del material utilizado, por lo que tal costo es excesivo y desproporcionado; transgrediendo los derechos de acceso a la información, de igualdad, así como los principios de gratuidad en el acceso a la información, proporcionalidad en las contribuciones y la prohibición de discriminación, contemplados en los artículos 6o., apartado A, fracción III, y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

b) Las fuentes internacionales –artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos– consagran el derecho a la información como parte del derecho a la libertad de expresión, en tanto ésta comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

c) Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han señalado una doble vertiente del derecho de acceso a la información; por un lado, como garantía individual que tiene por objeto maximizar el campo de autonomía personal y, por otro, como derecho colectivo o garantía social que revela el empleo instrumental de la información como mecanismo constitucional.

d) El principio de gratuidad contemplado en el artículo 6o. constitucional, rige la materia de acceso a la información pública e implica que ésta debe ser proporcionada sin entregar algo a cambio, salvo el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción, cuando en su caso sea procedente de forma justificada y proporcional.

e) En las reformas y adiciones al artículo 6o. constitucional publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinte de julio de dos mil siete, se determinó consagrar la gratuidad en el derecho de acceso a la información en la fracción III de aquel numeral que prevé, entre otras cosas, el principio de gratuidad únicamente por lo que se refiere al ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que significa que el hecho de proporcionar información a los particulares no genera costo alguno para éstos.

f) De una interpretación armónica y sistemática del artículo 6o. constitucional con el numeral 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del citado artículo constitucional, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, por regla general, debe ser gratuito y excepcionalmente pueden realizarse cobros por los materiales utilizados en la reproducción de la información, del costo de envío en su caso y de la certificación de los documentos, cuando proceda.

g) El artículo 141 de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en caso de existir costos para obtener la información, deberán de cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superior a la suma del costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, del envío y de la certificación de los documentos cuando proceda; esto es, el cobro es por los soportes en los que la información sea entregada, tales como medios magnéticos, copias simples o certificadas, o a través de servicios de mensajería, mas no por la información misma.

h) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho de acceso a la información garantiza que todas las personas puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos, registros, datos y documentos públicos, siempre que sea solicitada de manera pacífica y respetuosa.

i) Se transgrede el principio de máxima publicidad de la información porque éste implica facilitar la información y el efecto de las normas impugnadas, al imponer un cobro a la reproducción, es desincentivar a las personas que ejerzan su derecho humano de acceso a la información por la erogación que les causaría.

j) Las normas impugnadas se traducen en un obstáculo para ejercer el ejercicio pleno al derecho humano de acceso a la información, porque de forma injustificada y desproporcionada se pretende establecer un cobro que no atiende al costo de los materiales para realizar la reproducción de información realizada por el propio solicitante.

k) La exclusión de la obligación de pago para el ejercicio del derecho de acceso a la información responde a que el principio de gratuidad que rige la materia no permite un cobro per se por la solicitud de información, sino la posibilidad de erogaciones a resarcir económicamente los gastos materiales o de envío de la información que llegan a suscitarse; sin embargo, ello no sucede en el caso porque la tarifa de $55.00 (cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) establecida en las normas impugnadas por concepto de proporcionar documentación y/o información de archivos municipales en discos compactos, de ninguna manera corresponde al costo del material empleado por su reproducción.

l) Es clara la transgresión al ejercicio al derecho de acceso a la información consagrada en la Constitución Federal, porque el efecto de las normas impugnadas es obstaculizar tal derecho. Asimismo, el Congreso de la Unión al expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. de la Carta Magna, que dio origen a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública precisó que sólo se realizarían cobros para recuperar los costos de reproducción y envío de la información, así como los derechos relativos a la expedición de copias certificadas y que la información deberá proporcionarse gratuitamente cuando el solicitante proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información o cuando implique la entrega de no más de treinta hojas simples; para ello cita la exposición de motivos de la Cámara de Senadores por la que se expidió la citada ley.

m) La ratio legis en relación con el pago de los materiales obedece únicamente a recuperar los costos necesarios por la reproducción de información, los que deberán ser razonables; esto es, no podrán ser excesivos o desproporcionados de manera tal que se esté constriñendo al solicitante a erogar recursos que no fueron a su vez cubiertos por el sujeto obligado para adquirir materiales necesarios para cumplir con sus deberes en materia de transparencia y acceso a la información, lo que permite que no se restrinja u obstaculice el ejercicio del derecho a la información; para ello, citó el dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, relativo a la iniciativa que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el dictamen de la referida comisión.

n) El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 13/2018 y su acumulada 25/2018 que se promovieron en contra de diversas Leyes de Ingresos para el Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2018, declaró la invalidez de disposiciones que establecían cobros excesivos y desproporcionados por la información entregada.

o) Esta Suprema Corte ha sostenido que el derecho de acceso a la información en su vertiente social, en particular respecto de investigaciones periodísticas encaminadas al esclarecimiento de los hechos delictivos, en cuanto búsqueda de información relacionada con la "ubicación", "actividades", "operativos" y "labores en general" de las instituciones de seguridad pública, constituye un ejercicio legítimo del derecho de acceso a la información, por lo que tal medida tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población como lo es el gremio periodístico, por realizar cobros injustificados por solicitudes de información.

p) Por tanto, el cobro que realizan las normas impugnadas hacen nugatorio el ejercicio del derecho de acceso a la información en tanto se trata de una medida injustificada, aunado a que no respetan el principio de proporcionalidad en las contribuciones, a raíz de que las cuotas que prevén los preceptos impugnados no tienen sustento constitucional ni persiguen una finalidad constitucionalmente válida y, por el contrario, representan un obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

5. QUINTO.—Artículos constitucionales violados. El promovente estimó que las normas impugnadas son violatorias de los artículos 1o., 6o. y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 13 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

6. SEXTO.—Registro y turno. Por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diecinueve,(2) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de acción de inconstitucionalidad con el número 16/2019, por razón de turno, correspondió a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.

7. SÉPTIMO.—Admisión de la demanda. En proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve,(3) la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla para que rindieran sus respectivos informes, en términos del artículo 5, en relación con el numeral 59, ambos de la ley reglamentaria y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y requirió al Congreso del referido Estado, para que al rendir su informe remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada, y al Poder Ejecutivo de la entidad, para que exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial del Estado correspondiente en la que se publicó la norma cuya inconstitucionalidad se reclama; es decir, del veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Asimismo, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento correspondiente.

8. OCTAVO.—Informe del Poder Legislativo y del Gobierno Constitucional (Ejecutivo) del Estado de Puebla.

I. Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. La mencionada autoridad adujo lo siguiente:

a) En la especie se actualiza la causal de improcedencia que genera el sobreseimiento del asunto, en términos a lo previsto en el artículo 19, fracción III, en relación con el numeral 20, fracciones II y III, en términos de lo dispuesto en el diverso precepto 59, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, de manera específica lo establecido en el inciso h), fracción II, del último de los preceptos mencionados, porque el actor no está legitimado para promover la presente acción de inconstitucionalidad, ya que tal facultad la tiene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

b) El concepto de invalidez expuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inoperante, porque no tiene legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad, tratándose de violaciones al artículo 6o. constitucional en materia de derecho a la información, ya que sustentado, tanto en el ámbito doctrinal, constitucional y jurisprudencial, el que está legitimado es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ello fue publicado por el Senado de la República.

c) El artículo 105, fracción II, inciso h), constitucional, establece como órgano legitimado para presentar una acción de inconstitucionalidad por violación al artículo 6o. de la Carta Magna, respecto a la violación al derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, a los órganos garantes; es decir, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en términos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

d) Los numerales impugnados prevén que los Municipios tienen derecho a percibir los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la institución jurídica de los "derechos" para el financiamiento, conforme al principio de reserva de la ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, por lo que es facultad de las Legislaturas aprobar leyes de ingresos de este nivel de gobierno.

e) Conforme a lo previsto en el artículo 31, fracción IV, en relación con el numeral 115, fracción IV, inciso c), ambos de la Constitución Federal; los mexicanos tiene la obligación de contribuir con los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, y que las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto a dichas contribuciones; asimismo, que sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objetivo; por tanto, no tiene razón la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al considerar que los artículos impugnados infrinjan la Constitución, porque el cobro combatido tiene sustento en el artículo 105 constitucional y, en su caso, lo que existe, es un conflicto entre normas de la misma jerarquía, es decir, con lo previsto en el artículo 6o. constitucional.

f) Para resolverse los casos en los cuales existe contradicción entre dos preceptos comprendidos en un mismo nivel jerárquico, se debe precisar si tales numerales fueron o no promulgados en la misma fecha, por lo que si el inicio de su vigencia fue en momentos distintos, se resolverá por la aplicación de la regla "lex posterior derogat priori". Si la reforma constitucional que le da la facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para interponer el medio de control en cita fue el catorce de septiembre de dos mil seis y once de junio de dos mil once, y la adición constitucional del inciso h) a la fracción II del artículo 105 constitucional fue el siete de febrero de dos mil catorce; la adición que legitima al órgano garante que establece el artículo 6o. de la Carta Magna es posterior a la reforma constitucional que legitimaba a la Comisión actora.

g) Ante esa circunstancia la parte legitimada para interponer la demanda de la acción de inconstitucionalidad en contra de la norma impugnada lo es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como organismo garante del artículo 6o. constitucional.

h) Tratándose de contribuciones denominadas "derechos", el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público; mientras que en los casos de los impuestos el hecho imponible lo constituyen los hechos o actos que sin tener una relación directa con la actividad del ente público, pone de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo.

II. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. La autoridad sostuvo lo siguiente:

a) El ocho de diciembre de dos mil dieciocho, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, promulgó y mandó publicar las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Puebla (Tochtepec, Tulcingo, Tuzamapan de Galeana, Tzicatlacoyan, Xiutetelco, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Yaonáhuac, Xochitlán Todos Santos, Yehualtepec, Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, Zongozotla y Zoquiapan); sin embargo, dichos actos no son inconstitucionales o inconvencionales, ya que el gobernador del Estado cuenta con tales atribuciones de conformidad con lo previsto en el artículo 79, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

b) Conforme a los artículos 14, segundo párrafo y 115, fracciones I, II y IV, de la Constitución Federal; 50, fracción III; 57, fracción XXVIII; 103, fracción III, inciso d) y 104, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y de los diversos numerales 78, fracción VIII; 51, fracción LII; y 141, fracciones I, III, VI y VIII, de la ley orgánica municipal, a los Ayuntamientos de los Municipios referidos, les deviene un interés jurídico en la presente acción de inconstitucionalidad, porque son los Ayuntamientos: i) quienes realizan su propia iniciativa de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve; ii) quienes manejan, administran y ejercen libremente su hacienda; y, iii) la afectación de los ingresos que conforman la hacienda pública municipal, sólo puede realizarse con autorización de las dos terceras partes del Cabildo correspondiente, por lo que en el caso, son los citados Municipios quienes podrían ser afectados con la sentencia que se dicte, porque estarían impedidos para recaudar un ingreso en caso de que se declaren inconstitucionales los artículos impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

c) En el caso se actualizan los supuestos normativos previstos en los artículos 10, fracción III y 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los Municipios están reconocidos con legitimación, tanto activa y pasiva, en la iniciación, trámite y resolución de las controversias constitucionales conforme a lo previsto en el artículo 105, fracción I, de la Ley Fundamental.

d) Por ello, se solicita a este Alto Tribunal que para evitar violaciones al procedimiento se llame a los Municipios en cuestión a través de sus representantes legales para que comparezcan a dilucidar sus derechos en el presente medio de control constitucional.

e) Debe declararse la validez de las normas impugnadas, porque conforme a los artículos 31, fracción IV, de la Constitución Federal; 6o., apartado A, fracción III, de la Ley Fundamental, así como del numeral 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. de la Carta Magna, y del precepto 141 de la ley general; contrario a lo sostenido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los artículos cuya invalidez se demanda no son contrarios a la Ley Fundamental ni a las leyes que de ella emanan ni de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

Lo anterior es así, porque de modo alguno coartan a los gobernados el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública, porque la entrega de la documentación pública a través de medios ópticos, es sólo una de las modalidades previamente establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. de la Ley Fundamental.

f) El servicio de almacenamiento para la entrega de la información pública entraña un procedimiento complejo, porque se efectúan diversos actos que implican el despliegue de recursos por parte del Estado, dependiendo la información que se proporcione, por lo que el cobro de impuesto está relacionado con el costo del servicio que para el Estado implica.

g) Debe considerarse que el servicio de almacenamiento para la entrega de información pública, entraña un procedimiento complejo, en virtud de que no es un acto instantáneo que se limite a una sola operación, ya que se requiere de un proceso que implica el despliegue de diversos recursos por parte del Estado dependiendo de la información a proporcionar, por lo que el cobro hecho por los derechos correspondientes está relacionado con el costo del servicio que para el Estado implica y por ello guarda relación con el monto que por tal concepto se cobra.

h) Sin que baste la afirmación dogmática de la accionante, respecto a que el Estado de Puebla no da cumplimiento al principio de gratuidad, al imponerse barreras legales para la consecución del derecho humano de transparencia y acceso a la información; el almacenamiento y la reproducción de información pública en disco compacto es sólo una de las modalidades a través de la cual los gobernados pueden ejercer ese derecho, el cual está previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amén que, los artículos cuya invalidez se demanda, cumplen a cabalidad con lo establecido en la declaración conjunta del relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, en representación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación y el relator especial de la OEA para la Libertad de Expresión del siete de diciembre de dos mil cuatro, pues con los mismos se garantiza que el acceso a la información sea simple, rápida, gratuita o de bajo costo.

i) El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su escrito de demanda de la acción de inconstitucionalidad omitió ofrecer medio de convicción para demostrar que el cobro del servicio recibido sea superior al costo que ese mismo servicio tiene en el mercado, porque con la sola afirmación de que el derecho es desproporcionado, no es suficiente para que se realice un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumento del actor es cierto o no, porque no es acorde con la función jurisdiccional y menos con la simple aseveración de inconstitucionalidad que implica por sí; violación a las prerrogativas consagradas en la Constitución Federal.

j) Solicitan a este Alto Tribunal que la presente acción de inconstitucionalidad sea resuelta junto con las diversas acciones 13/2019, 22/2019 y 27/2019, porque fueron interpuestas por la misma parte, en contra de los mismos órganos del Estado de Puebla, respecto de artículos de diversas Leyes de Ingresos de Municipios de la citada entidad federativa, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que regulan el mismo supuesto normativo; esto es, el monto que deberá pagarse por concepto de derechos respecto de la información pública solicitada a través de medios ópticos; con la finalidad de que no se dicten sentencias contradictorias.

9. NOVENO.—Trámite. Por acuerdos de once y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve,(4) la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Puebla, así como por exhibidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos de la disposición impugnada; asimismo se señaló que no se llamaría como terceros interesados al presente medio de impugnación a los Ayuntamientos del Estado de Puebla que mencionó, porque en el asunto participan únicamente las autoridades emisora y promulgadora de la norma controvertida. En el acuerdo mencionado en segundo lugar, se ordenó dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República, así como a la CNDH.

10. Desahogo del consejero jurídico del Ejecutivo Federal. En respuesta a la vista ordenada mediante acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve por la Ministra instructora, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal señaló, mediante oficio 1.1676/2019 recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de abril de dos mil diecinueve,(5) que en términos del artículo 10 de la ley reglamentaria, el consejero jurídico del Gobierno únicamente puede intervenir en las acciones de inconstitucionalidad, en representación de la Federación, cuando ésta sea considerada como órgano emisor de la norma combatida, por lo que aunque toma conocimiento del asunto, no cuenta con las facultades para intervenir en el presente procedimiento ni para formular manifestaciones respecto de la misma.

11. Desahogo del delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por otra parte y también en cumplimiento a la vista ordenada, mediante el acuerdo anterior el delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó escrito de alegatos ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de abril de dos mil diecinueve,(6) en el cual señaló lo siguiente:

a) Debe desestimarse la causal de improcedencia hecha valer por el Poder Legislativo, porque no es verdad que el único órgano garante para promover una acción de inconstitucionalidad respecto a la posible violación al derecho de acceso a la información sea el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque conforme a lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover tal medio de control constitucional en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren cualquiera de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, entre los que se encuentran el citado derecho, reconocido en el artículo 6o. de la Ley Suprema.

b) Reiteró la invalidez de las disposiciones impugnadas de las diversas Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Puebla.

c) Son infundados los argumentos expuestos en los informes justificados del Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla porque:

• A pesar de que el legislador local tiene reconocida plena libertad de configuración en materia de contribuciones, ello no significa que pueda establecer derechos y tributos que vulneren los derechos fundamentales, ante la existencia de límites constitucionales, fundamentalmente en la obligación en que todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte (artículo 1o. constitucional).

• El cobro en cuestión es excesivo y desproporcionado al no estar justificado mediante una base objetiva y razonable en cuanto al costo del material empleado, siendo un obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6o. constitucional.

• Las cuotas establecidas en las normas impugnadas no son concordantes con el costo del disco compacto mediante el cual se reproduce la información solicitada, transgrediendo el principio de proporcionalidad en las contribuciones; es decir, es desproporcional y no acorde con lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

• Para acreditar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas no es necesario que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presente medio probatorio alguno, por tratarse de un medio de control abstracto cuyo f

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29736-90bea005/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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