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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. III. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EXIME DEL COBRO POR LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR BÚSQUEDA EN ARCHIVOS 0.65", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL; 36, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR BÚSQUEDA EN ARCHIVOS 2", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLÓN; 35, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR BÚSQUEDA EN ARCHIVOS 0.60" DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS; 37, FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "BÚSQUEDA DE ARCHIVOS", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 35, FRACCIÓN V, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "BÚSQUEDA EN ARCHIVO MUERTO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE INFORMACIÓN RELATIVA A ADMINISTRACIONES ANTERIORES, POR CADA ADMINISTRACIÓN, 1.25", "BÚSQUEDA EN ARCHIVO MUERTO DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN RELATIVA A ADMINISTRACIONES ANTERIORES: UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, 1.80, DOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES, LA MÁS PRÓXIMA CONFORME AL NÚMERO 1), LA SIGUIENTE 2.1, TRES ADMINISTRACIONES ANTERIORES O MÁS, LA MÁS PRÓXIMA CONFORME AL NÚMERO 1), LA SEGUNDA MÁS PRÓXIMA CONFORME AL NÚMERO 2) Y LAS SIGUIENTES, POR CADA ADMINISTRACIÓN, 2.40", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO; 35, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR BÚSQUEDA EN ARCHIVOS 0.625" DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN; TODAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018]. IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS POR LA BÚSQUEDA DE DATOS DE ARCHIVO MUNICIPAL, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE GRATUIDAD Y EL DE PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR POR CONDICIÓN ECONÓMICA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN V, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "POR BÚSQUEDA EN ARCHIVOS 0.65", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL; 36, FRACCIÓN V, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "POR BÚSQUEDA EN ARCHIVOS 2", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COLÓN; 35, FRACCIÓN V, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "POR BÚSQUEDA EN ARCHIVOS 0.60" DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS; 37, FRACCIÓN VI, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "BÚSQUEDA DE ARCHIVOS", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 35, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "BÚSQUEDA EN ARCHIVO MUERTO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE INFORMACIÓN RELATIVA A ADMINISTRACIONES ANTERIORES, POR CADA ADMINISTRACIÓN, 1.25, BÚSQUEDA EN ARCHIVO MUERTO DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN RELATIVA A ADMINISTRACIONES ANTERIORES: UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, 1.80, DOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES, LA MÁS PRÓXIMA CONFORME AL NÚMERO 1), LA SIGUIENTE, 2.11, TRES ADMINISTRACIONES ANTERIORES O MÁS, LA MÁS PRÓXIMA CONFORME AL NÚMERO 1), LA SEGUNDA MÁS PRÓXIMA CONFORME AL NÚMERO 2) Y LAS SIGUIENTES, POR CADA ADMINISTRACIÓN, 2.40"; 36 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO; Y, 35, FRACCIÓN V, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "POR BÚSQUEDA EN ARCHIVOS 0.625", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, TODAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018]. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES SIN ATENDER AL COSTO REAL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE GRATUIDAD Y DE PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR POR CONDICIÓN ECONÓMICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN V, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "FOTOCOPIA SIMPLE TAMAÑO CARTA, POR CADA HOJA 0.10 A 1.00" Y "FOTOCOPIA SIMPLE TAMAÑO OFICIO, POR CADA HOJA 0.21 A 1.99" DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES; 35, FRACCIÓN V, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE UNA SOLA HOJA 0.52", "COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE POR CADA 10 HOJAS O ADICIONAL 1.05", "IMPRESIÓN DIGITAL DE ARCHIVO EN IMAGEN A COLOR O FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARTA, OFICIO, DOBLE CARTA 3.32" DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; 35, FRACCIÓN VI, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "FOTOCOPIA SIMPLE TAMAÑO CARTA, POR CADA HOJA 0.1198" Y "FOTOCOPIA SIMPLE TAMAÑO OFICIO, POR CADA HOJA 0.1883", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN; 35, FRACCIÓN V, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "FOTOCOPIA SIMPLE TAMAÑO CARTA, POR CADA HOJA DE 0.01 A 1.00" Y "FOTOCOPIA SIMPLE TAMAÑO OFICIO, POR CADA HOJA DE 0.02 A 1.00" DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN; Y 35, FRACCIÓN V, NUMERALES 5, 6, 7 Y 8, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, TODAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018). VI.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2019. · Registro digital (IUS): 30010
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-06
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo II, Pág. 3261.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cinco de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Por escrito depositado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidente, promovió la acción de inconstitucionalidad que ahora se resuelve. Señalaron como autoridades emisoras de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro e impugnaron preceptos de leyes de ingresos de diversos Municipios de la misma entidad federativa, para el ejercicio fiscal 2019, todas publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho.

Las normas impugnadas son las siguientes:

1. Artículos 35, fracción V, en las porciones normativas "por búsqueda en archivos 0.65"; "reproducción en disco compacto, por hoja 0.050"; y 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

2. Artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Arroyo, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

3. Artículos 35, fracción V y 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

4. Artículos 36, fracción V, en la porción normativa "por búsqueda en archivos 2" y 37 de la Ley de Ingresos del Municipio de Colón, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

5. Artículos 34, fracción VI, numeral 1, en las porciones normativas "por reproducción en disco compacto por cada hoja $18.00", "Por documento tamaño oficio o carta, impreso o en fotocopia certificada, por cada hoja $160.00" y "por cada CD para entrega de información solicitado por la ciudadanía $150.00"; y 36, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

6. Artículos 35, fracción V, apartado "proporcionar archivo digital", en las porciones normativas: "información en CD formato DVD, por cada disco 4.72", "información digitalizada, por cada hoja 1.05"; apartado "Copia fotostática simple", en las porciones normativas "una sola hoja 0.52", y "por cada 10 hojas o adicional 1.05"; apartado "impresión digital de archivo en imagen a color o fotografía" en las porciones normativas "tamaño carta, oficio, doble carta 3.32" y 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

7. Artículos 35, fracción V, en la porción normativa "reproducción en disco compacto, por hoja 0.06" y 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ezequiel Montes, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

8. Artículos 35, fracción VI y 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Huimilpan, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

9. Artículos 35, fracción V, numerales 5, 6, 7, 8, 13, 14 y 15; y 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

10. Artículos 35, fracción V, en las porciones normativas "por búsqueda en archivos 0.60" y "digitalización de hojas carta u oficio, por cada hoja"; y 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

11. Artículos 37, fracción V, en las porciones normativas "grabado de información en disco compacto, por cada disco 0.26", "grabado de información en CD formato DVD, por cada disco 0.28", "digitalización de hojas carta u oficio, por cada hoja 0.14"; y, 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

12. Artículos 35, fracción V, en la porción normativa "reproducción en disco compacto, por hoja 0.0479" y 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Peñamiller, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

13. Artículos 35, fracción V, en la porción normativa "reproducción en disco compacto, por hoja 0.0657" y 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pinal de Amoles, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

14. Artículo 37, fracción VI, en las porciones normativas "búsqueda de archivos" y "Formato electrónico, digital o audio casete de 90 minutos 1.25" de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

15. Artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Joaquín, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

16. Artículos 35, fracción V, en la porción normativa "búsqueda en archivo muerto electrónico o digital de información relativa a administraciones anteriores, por cada administración 1.25", "búsqueda en archivo muerto documental de información relativa a administraciones anteriores: Una administración anterior 1.80", "dos administraciones anteriores, la más próxima conforme al número 1), la siguiente 2.11", "tres administraciones anteriores o más, la más próxima conforme al número 1), la segunda más próxima conforme al número 2) y las siguientes, por cada administración 2.40"; y, 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan del Río, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

17. Artículos 35, fracción V, en las porciones normativas "por búsqueda en archivos 0.625", "reproducción en disco compacto, por hoja 0.18375"; y, 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tequisquiapan, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

18. Artículos 35, fracción V y 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tolimán, Qro., para el ejercicio fiscal 2019.

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró violados los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales, 1o., 13 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 2, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En el primer concepto de invalidez, la demandante sostiene que las normas impugnadas transgreden el derecho de acceso a la información y el principio de gratuidad en el ejercicio del derecho referido tutelados en los artículos 6o. de la Constitución General, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debido a que establecen un pago indebido por la búsqueda de la información y un cobro excesivo por la reproducción de documentos en fotocopias, discos compactos y digitalización por hoja.

Menciona que lo anterior se debe porque los costos establecidos por el legislador local para la búsqueda y la reproducción referidas van desde $4.98 y los $420.76 pesos por cada hoja simple en fotocopia o digitalización, o bien, por la entrega de información en medios magnéticos.

Aduce que, conforme al artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ejercicio del derecho de acceso a la información debe ser gratuito, por regla general, de manera que lo que excepcionalmente puede realizarse es el cobro por los materiales utilizados en la reproducción de la información o el costo del envío, en su caso, o por la certificación de los documentos.

En ese sentido, afirma que los costos en la materia de acceso a la información son aquellos que constituyen una carga dirigida a los soportes en que se entrega la información, esto es, medios magnéticos, copias simples o certificadas, servicios de mensajería y envío, pero no la información por sí misma.

Asimismo, refiere que las normas impugnadas son contrarias al principio de máxima publicidad de la información, pues al imponer un cobro por la reproducción de información, desincentiva con ello a que las personas ejerzan su ejercicio de acceso a la información por la erogación que les causa.

Señala que en el caso de los Municipios de Cadereyta de Montes y Tolimán, a pesar de establecer un mínimo y un máximo a pagar por la expedición de copias fotostáticas y la digitalización de la información, lo cierto es que existe una indeterminación en relación con el costo de dichos conceptos, pues la autoridad administrativa puede establecer discrecionalmente la cuota que considere.

Afirma que las normas impugnadas obstaculizan el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, pues de forma injustificada y desproporcionada establecen un cobro que no atiende al costo de los materiales para realizar la reproducción de información realizada por el solicitante.

Destaca que de los trabajos legislativos que dieron origen a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que el pago de los materiales obedece únicamente a recuperar los costos necesarios por la reproducción de la información, los cuales deben ser razonables, es decir, que no podrán ser excesivos o desproporcionales de manera tal que se constriña al solicitante la erogación de recursos que no fueron cubiertos por el sujeto obligado para adquirir los materiales necesarios para el cumplimiento de sus deberes en materia de transparencia y acceso a la información.

Por otra parte, refiere que las normas impugnadas tienen un impacto desproporcional en el gremio periodístico que, como sujetos destinatarios de la norma, tienen la función social de buscar información sobre temas de interés público, por lo que dichas normas generan un efecto inhibitorio en la laboral de los periodistas.

Finalmente, menciona que, al revestir la naturaleza de normas tributarias, los preceptos impugnados deben cumplir con los principios que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General, entre ellos, el de proporcionalidad tributaria.

Lo anterior, porque las cuotas establecidas en los artículos combatidos no guardan exacta concordancia con el costo del medio por el cual se reproduce la información solicitada, máxime que el principio de proporcionalidad en materia fiscal debe interpretarse de manera conjunta con el principio de gratuidad previsto en el artículo 6o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución General, en el sentido de que únicamente podrá realizarse el cobro indispensable para recuperar el costo de los materiales utilizados para cumplir con la entrega de la información solicitada.

En el segundo concepto de invalidez, la demandante combate el artículo 36 de quince de las Leyes de Ingresos impugnadas,(1) así como los artículos 37 de la Ley de Ingresos del Municipio de Colón y 38 de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro de Escobedo, pues considera que son contrarios a los principios de seguridad jurídica, legalidad, reserva de ley y legalidad tributaria, debido a que dichas disposiciones delegan a una autoridad administrativa la determinación de los elementos esenciales de los derechos correspondientes, lo cual propicia arbitrariedad e incertidumbre respecto de las cuotas que las personas deben pagar.

Señala que los artículos impugnados son violatorios de los principios de justicia tributaria aludidos, porque establecen que por la obtención de derechos no incluidos en otros conceptos, se cobrarán de acuerdo al estudio técnico o a la tarifa que establezca la dependencia municipal correspondiente.

Indica que tanto los artículos precisados anteriormente como los artículos referidos en el apartado F(2) del primer concepto de invalidez (que establecen que los conceptos no contemplados en la lista relativa al pago de derechos por servicios derivados del acceso a la información se calcularán de acuerdo con los precios del mercado) habilitan a una autoridad administrativa la determinación de los costos por derechos no contemplados en la sección de servicios por derecho de acceso a la información.

En ese sentido, sostiene que el Congreso Local facultó indebidamente a los Municipios del Estado de Querétaro la determinación discrecional de los elementos propios de una contribución –como lo es la cuota de derechos– que deberán pagar los contribuyentes usuarios de los servicios relacionados con el acceso a la información que presten los Ayuntamientos del Estado de Querétaro, lo cual es una atribución propia e indelegable del Poder Legislativo Local, de conformidad con el principio de legalidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General.

Asimismo, argumenta que los precios que se cobran por los servicios que prestan los Municipios derivados del ejercicio del derecho de acceso a la información, así como los que no fueron contemplados en otros conceptos, tienen el carácter de "derechos por servicios", por lo que participan de la naturaleza de las contribuciones y deben cumplir con los principios de justicia tributaria, particularmente con el principio de legalidad tributaria a efecto de garantizar la seguridad jurídica de las personas en su carácter de contribuyentes.

Sin embargo, afirma que las leyes impugnadas no contienen todos los elementos esenciales de los derechos que cobrarán los Municipios por los conceptos mencionados, dado que se delega indebidamente a las dependencias municipales el establecimiento de los precios por los servicios que presta, por lo que se vulneran los principios de reserva de ley y legalidad tributaria.

CUARTO.—Admisión y trámite de la acción de inconstitucionalidad. Mediante acuerdo de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar la presente acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 18/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.

Por acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite el referido asunto y dio vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Querétaro, a efecto de que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento hasta antes del cierre de instrucción.

QUINTO.—Certificación. El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, la secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de esta Suprema Corte certificó que el plazo de quince días concedido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Estatales para rendir su informe en la acción de inconstitucionalidad transcurrió del diecinueve de febrero al once de marzo de dos mil diecinueve.

SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el ocho de marzo de dos mil diecinueve, el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, por conducto del diputado Roberto Carlos Cabrera Valencia, quien se ostentó como presidente de la mesa directiva y representante legal de dicho poder, rindió el informe que le fue requerido.

En relación con el primer concepto de invalidez, el demandado sostiene que debe calificarse infundado y, por ende, inoperante, debido a que las disposiciones de las dieciocho leyes de ingresos impugnadas en ningún momento vulneran el derecho de acceso a la información tutelado en el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución General.

Señala que la accionante trata de equiparar la digitalización, la reproducción y la entrega de la información, ambas en disco compacto, con la entrega de información de manera electrónica, lo cual no es acorde con la correcta interpretación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lo anterior, en primer término, porque las afirmaciones de la accionante no están sustentadas en el decreto de cuatro de mayo de dos mil quince, mediante el cual se expidió la ley general de la materia, sino en las consideraciones de una de las iniciativas que formaron parte del proyecto de creación de dicha ley.

En segundo término, porque los conceptos de digitalización, reproducción y entrega de la información en disco compacto son distintos a los medios electrónicos que refiere la Ley General de Transparencia, los cuales son el correo electrónico o la dirección electrónica en donde se encuentre la información requerida.

Por otra parte, afirma que en ninguno de los artículos de las leyes reclamadas se contempla el cobro por proporcionar información mediante medios electrónicos –correo electrónico o página de Internet en que puede ser consultada la información–; de manera que el cobro por la reproducción en discos compacto y digitalización son válidos.

Asimismo, refiere que los criterios emitidos por el Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dejan en claro los costos que pudiera tener la digitalización de la información solicitada.

Manifiesta que para el caso de los Municipios que contemplan el concepto de "otros no contemplados en la lista", tal situación no es violatoria de algún principio, ya que puede existir información en tamaño o formato que requiera de alguna forma particular para ser proporcionada y que no este contemplada en el listado de los Municipios, por lo que las Unidades de Transparencia, por medio de sus Comités de Transparencia, pueden determinar el valor de la información con dichas particularidades.

Refiere que las leyes de ingresos, al establecer que los costos son "de acuerdo con los precios del mercado", implica un elemento vital para garantizar la proporcionalidad en el cobro conforme a los criterios de la Suprema Corte.

Sostiene que en la emisión de las disposiciones combatidas se ha respetado la Constitución General, la Constitución Local, la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y la autonomía de los Municipios en las propuestas que dichos órganos presentan con base en sus circunstancias particulares, geográficas y de desarrollo, lo que se refleja en la diversidad de montos, tasas y tarifas en todos los conceptos de derechos.

Indica que, contrario a lo sostenido por la demandante, la determinación de los montos de los conceptos previstos en las disposiciones impugnadas garantizan el derecho de acceso a la información, pues los Municipios establecen montos mínimos a recaudar o en la mayoría de los casos en $0.00 pesos por dichos conceptos.

Por otra parte, expresa que ante la posible ponderación de derechos entre el artículo 115 (protección de los Municipios) y el artículo 6o. (derecho de acceso a la información) de la Constitución General, en todo momento los Municipios están garantizando el derecho de acceso a la información.

Alega que las disposiciones reclamadas no afectan el principio de gratuidad, pues el cobro de los servicios que prestan las Unidades de Transparencia de los Municipios no es por la información solicitada, sino por los medios necesarios para poder brindar dicha información o por algún mecanismo para su entrega que represente un costo.

Respecto al segundo concepto de invalidez, el demandado considera que es infundado y, por tanto, inoperante, dado que las porciones normativas y artículos reclamados se rigen por los principios de fundamentación y motivación.

Refiere que, al disponerse la existencia de estudios técnicos que acrediten los montos, materiales y tiempos que se requieren para llevar a cabo dichos servicios y que sea determinado por la dependencia municipal correspondiente, con ello se otorga certeza en que el servicio sea atendido por especialistas en el área.

Las disposiciones impugnadas en ningún momento atentan contra los principios tributarios aludidos por la demandante, pues el cobro de los conceptos solo representa los gastos que para cada uno de los Municipios implica brindar el servicio en atención a sus condiciones y diversidad de factores.

Finalmente, afirma que la demandante confunde conceptos tales como la digitalización de documentos, la reproducción de discos y la entrega de discos compactos, puesto que dichos conceptos guardan una congruencia con cada una de las tarifas establecidas por los Municipios.

Asimismo, señala que la demandante distorsiona la entrega de información por medios electrónicos con los gastos que representa la entrega de la información.

SÉPTIMO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Mediante escrito depositado en la Oficina de Correos ubicada en el Municipio de Querétaro el once de marzo de dos mil diecinueve y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veintiocho del mismo mes y año, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por conducto de Juan Martín Granados Torres, quien se ostentó como secretario de Gobierno del poder referido, rindió el informe que le fue requerido.

El demandado señala que los argumentos del primer concepto de invalidez se basan en apreciaciones subjetivas, pues para poder hablar de un exceso en el pago de los derechos es necesaria la existencia de parámetros de valores en dinero o algún otro que sirva de comparación para sostener que los cobros son desproporcionados.

Afirma que la información a la que puede acceder el solicitante no tiene ningún costo en términos del artículo 11, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (principio de gratuidad), aunado a que en el artículo 136 de la ley mencionada fue establecido que, en caso de existir un costo, no debe ser mayor al costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, su envío, en su caso, y la certificación de los documentos.

Sin embargo, la situación planteada por la demandante es distinta, pues en los artículos impugnados no se establece una limitación al derecho de acceso a la información, porque el solicitante puede obtener la información que requiera sin costo.

En otro aspecto, sostiene que las leyes de ingresos impugnadas forman parte del Sistema Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, así como del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, los cuales tienen como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública de transparencia y acceso a la información, de manera que los Ayuntamientos del Estado de Querétaro son sujetos obligados al cumplimiento de las leyes que rigen en la materia, entre ellas, sus Leyes de Ingresos que están inmersas en dichos sistemas.

En ese sentido, el demandado refiere que, al haberse impugnado de manera aislada las Leyes de Ingresos de los Municipios de Querétaro y no las leyes de los sistemas referidos, ello implica su consentimiento respecto de lo establecido en las leyes del ámbito federal como estatal.

En otro aspecto, menciona que las disposiciones impugnadas no vulneran el principio de máxima publicidad, pues los costos que pudieran generarse para la reproducción de la información solicitada no radican en la información en sí misma, ya que dicha información es gratuita.

Sostiene que tampoco se afectan los derechos del gremio periodista ni se obstaculiza el acceso a la información que solicitan, pues dicha información es gratuita, no obstante, dependiendo del medio que el periodista elija para su reproducción es que se podrá generar un costo por los materiales utilizados.

En relación con el segundo concepto de invalidez, el demandado alega que, contrario a lo sostenido por la demandante, los conceptos previstos en los artículos combatidos no participan de la naturaleza de las contribuciones y, por ende, de los principios de justicia tributaria.

Lo anterior, porque se actualiza la excepción prevista en el artículo 26 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, en tanto que los estudios técnicos necesarios para obtención de los derechos no incluidos en otros conceptos podrán ser realizados por un organismo descentralizado o desconcentrado de la administración pública municipal.

OCTAVO.—Alegatos. Por oficio CNDH/CGSRAJ/AI/2468/2019 presentado el veintidós de abril de dos mil diecinueve, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló alegatos. Por su parte, el Poder Ejecutivo Estatal formuló sus alegatos mediante escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el quince de abril del año mencionado.

NOVENO.—Pedimento de la Procuraduría General de la República. La Fiscalía General de la República no formuló el pedimento correspondiente.

DÉCIMO.—Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil diecinueve, el Ministro instructor cerró la instrucción del asunto, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013(5) de trece de mayo de dos mil trece, debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve la presente acción de inconstitucionalidad contra normas generales, al considerar que su contenido es inconstitucional y violatorio de derechos humanos.

SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada.

En el presente caso se impugnan los decretos por los que se emitieron las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve de los Municipios de Amealco, Arroyo, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro, San Joaquín, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán, todas del Estado de Querétaro, publicadas el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga".

En ese sentido, el plazo de treinta días transcurrió a partir del día siguiente en que se publicaron las referidas leyes, es decir, del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho al veinticinco de enero de dos mil diecinueve, por lo que, al haberse presentado la demanda en esta última fecha, se concluye que es oportuna.

TERCERO.—Legitimación. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por la Legislatura Estatal que estimen violatorias de derechos humanos.

Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(7) confiere al presidente de dicho órgano la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad. Luis Raúl González Pérez demostró su carácter de presidente de la Comisión mediante el oficio DGPL-1P3A.-4858, emitido por el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.(8)

Cabe precisar que se impugnan preceptos de Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Querétaro expedidas por el Poder Legislativo de la misma entidad federativa que establecen el cobro de derechos por la reproducción de información derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información, lo cual, la promovente estima violatorios del derecho al acceso a la información pública, del principio de igualdad, así como del de proporcionalidad y equidad tributaria. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado y mediante su debido representante.

CUARTO.—Causas de improcedencia. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se procede a analizar las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquellas que se adviertan de oficio.

El Poder Ejecutivo Estatal argumentó que la accionante impugna las leyes de ingresos de forma aislada, sin considerar que forman parte de un sistema, por lo que, al no haber impugnado las leyes que rigen la materia tanto estatal como federal en las que se contemplan los costos de los materiales utilizados para la reproducción de la información, su envío de ser el caso o la certificación, consintió lo establecido en ellas.

Es infundado el argumento planteado, puesto que precisamente son las Leyes de Ingresos de cada Municipio en las que, para el cobro de derechos, se establecen los costos para la entrega de la información solicitada; de tal manera que la accionante no requería impugnar alguna ley diversa, aunado a que el Poder Ejecutivo no indica a qué leyes estatales y federales se refiere al manifestar que forman parte de un sistema normativo.

No existe otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni se advierte de oficio por este Tribunal Pleno, por lo que es conducente precisar las normas impugnadas.

QUINTO.—Precisión de las normas impugnadas. A continuación, se precisan las normas impugnadas que, por razón de método, se estudiarán conforme a los siguientes temas: 1. Búsqueda en archivo, 2. Copia fotostática simple 3. Certificaciones por documento 4. Digitalización de documentos por hoja 5. Reproducción en disco compacto por hoja 6. Información entregada en disco compacto y 7. Otros no contemplados en la lista.

Ver normas impugnadas

SEXTO.—Estudio del primer concepto de invalidez. Para analizar la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas, es necesario tener en cuenta que este Tribunal Pleno, en la diversa acción de inco

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30010-934c147a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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