I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE REMITE A OTROS ORDENAMIENTOS QUE NO FUERON IMPUGNADOS EN SU OPORTUNIDAD, RESULTAN INSUFICIENTES PARA ANALIZAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE TALES NORMAS (ARTÍCULO 4o. DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE ALVARADO, BOCA DEL RÍO, COATEPEC, COATZACOALCOS, CÓRDOBA, COSOLEACAQUE, EMILIANO ZAPATA, MEDELLÍN, MISANTLA, ORIZABA, PAPANTLA, TIERRA BLANCA Y VERACRUZ, TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020). III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS SIN BASE OBJETIVA Y DESPROPORCIONADAS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR CERTIFICACIONES Y BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS CON EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES, QUE NO ATIENDEN A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NI A LOS COSTOS QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO, VULNERAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIONES I Y II, INCISOS A), B), Y C), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XALAPA, 14, FRACCIONES I Y II, DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE ACAJETE, ACATLÁN, ACAYUCAN, ACTOPAN, ACULA, ACULTZINGO, AGUA DULCE, ÁLAMO TEMAPACHE, ALPATLÁHUAC, ALTO LUCERO, ALTOTONGA, AMATITLÁN, AMATLÁN DE LOS REYES, ÁNGEL R. CABADA, APAZAPAN, AQUILA, ASTACINGA, ATLAHUILCO, ATOYAC, ATZACAN, ATZALAN, AYAHUALULCO, BANDERILLA, BENITO JUÁREZ, CALCAHUALCO, CAMARÓN TEJEDA, CAMERINO Z. MENDOZA, CARLOS A. CARRILLO, CARRILLO PUERTO, CASTILLO DE TEAYO, CATEMACO, CAZONES DE HERRERA, CERRO AZUL, CITLALTÉPETL, COACOATZINTLA, COAHUITLÁN, COATZINTLA, COETZALA, COLIPA, COMAPA, COSAMALOAPAN, COSAUTLÁN DE CARVAJAL, COSCOMATEPEC, COTAXTLA, COXQUIHUI, COYUTLA, CUICHAPA, CUITLÁHUAC, CHACALTIANGUIS, CHALMA, CHICONAMEL, CHICONQUIACO, CHICONTEPEC, CHINAMECA, CHINAMPA, CHOCAMAN, CHONTLA, CHUMATLÁN, EL HIGO, ESPINAL, FILOMENO MATA, FORTÍN, GUTIÉRREZ ZAMORA, HIDALGOTITLÁN, HUATUSCO, HUAYACOCOTLA, HUEYAPAN DE OCAMPO, HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, IGNACIO DE LA LLAVE, ILAMATLÁN, ISLA, IXCATEPEC, IXHUACÁN DE LOS REYES, IXHUATLÁN DE MADERO, IXHUATLÁN DEL CAFÉ, IXHUATLÁN DEL SURESTE, IXHUATLANCILLO, IXMATLAHUACAN, IXTACZOQUITLÁN, JALACINGO, JALCOMULCO, JÁLTIPAN, JAMAPA, JESÚS CARRANZA, JILOTEPEC, JOSÉ AZUETA, JUAN RODRÍGUEZ CLARA, JUCHIQUE DE FERRER, LA ANTIGUA , LA PERLA, LANDERO Y COSS, LAS CHOAPAS, LAS MINAS, LAS VIGAS DE RAMÍREZ, LERDO DE TEJADA, LOS REYES, MAGDALENA, MALTRATA, MANLIO FABIO ALTAMIRANO, MARIANO ESCOBEDO, MARTÍNEZ DE LA TORRE, MECATLÁN, MECAYAPAN, MIAHUATLÁN, MIXTLA DE ALTAMIRANO, MOLOACÁN, NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, NOALINCO, NARANJAL, NARANJOS-AMATLÁN, NAUTLA, NOGALES, OLUTA, OMEALCA, OTATITLÁN, OTEAPAN, OZULUAMA, PAJAPAN, PÁNUCO, PASO DE OVEJAS, PASO DEL MACHO, PEROTE, PLATÓN SÁNCHEZ, PLAYA VICENTE, POZA RICA DE HIDALGO, PUEBLO VIEJO, PUENTE NACIONAL, RAFAEL DELGADO, RAFAEL LUCIO, RÍO BLANCO, SALTABARRANCA, SAN ANDRÉS TENEJAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA, SAN JUAN EVANGELISTA, SAN RAFAEL, SANTIAGO SOCHIAPAN, SANTIAGO TUXTLA, SAYULA DE ALEMÁN , SOCHIAPA, SOCONUSCO, SOLEDAD ATZOMPA, SOLEDAD DE DOBLADO, SOTEAPAN, TAMALÍN, TAMIAHUA, TAMPICO ALTO, TANCOCO, TANTIMA, TANTOYUCA, TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, TATATILA, TECOLUTLA, TEHUIPANGO, TEMPOAL, TENAMPA, TENOCHTITLÁN, TEOCELO, TEPATLAXCO, TEPETLÁN, TEPETZINTLA, TEQUILA, TEXCATEPEC, TEXHUACÁN, TEXISTEPEC, TEZONAPA, TIHUATLÁN, TLACHICHILCO, TLACOJALPAN, TLACOLULAN, TLACOTALPAN, TLACOTEPEC DE MEJÍA, TLALIXCOYAN, TLALNELHUAYOCAN, TLALTETELA, TLAPACOYAN, TLAOUILPA, TLILAPAN, TOMATLÁN, TONAYÁN, TOTUTLA, TRES VALLES, TUXPAN, TUXTILLA, ÚRSULO GALVÁN, UXPANAPA, VEGA DE ALATORRE, VILLA ALDAMA, XICO, XOXOCOTLA, YANGA, YECUATLA, ZACUALPAN, ZARAGOZA, ZENTLA, ZONGOLICA, ZONTECOMATLÁN Y ZOZOCOLCO DE HIDALGO, DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020]. IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SUS DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL, Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADA (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PARA EL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LAS TARIFAS O CUOTAS ESTABLECIDAS NO CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INVESTIGAR SI SON ACORDES A LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEL EJ
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 105/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE DICIEMBRE DE 2020. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.
Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada en la Ciudad de México el ocho de diciembre de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver los autos correspondientes a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra diversos numerales de las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte de varios Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
RESULTANDO:
(1) I. Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora y normas impugnadas. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió la presente acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de diversas porciones de las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, de distintos Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitidas y promulgadas, respectivamente, por el Congreso y el gobernador, ambos de dicha entidad, las cuales se precisan a continuación:
a) Cobros excesivos y desproporcionales por acceso a la información.
• Artículo 14, fracciones I, II y IV, incisos a) y c), de las Leyes de Ingresos, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, para los Municipios de Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero, Altotonga, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Benito Juárez, Calcahualco, Camarón Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatzintla, Coetzala, Colipa, Comapa, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, Chinampa, Chocaman, Chontla, Chumatlán, El Higo, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La Antigua, La Perla, Landero y Coss, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Mecayapan, Miahuatlán, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Noalinco, Naranjal, Naranjos-Amatlán; Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama, Pajapan, Pánuco, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Texistepec, Tezonapa, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Tuxtilla, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xico, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo.
• Artículo 14, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
• Artículo 12, fracciones I y II, excepto el inciso d) y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xalapa.
• Artículo 4 de la Ley de Ingresos, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 de los Municipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Medellín, Misantla, Orizaba, Papantla, Tierra Blanca y Veracruz.
b) Por vulnerar el derecho a la identidad.
• Artículo 12, en la porción normativa "registro de nacimiento extemporáneos (sic) 1.5", de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
(2) II. Artículos que se estiman violados. La promovente sostiene que los numerales combatidos vulneran los artículos 1o., 4o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 15, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
(3) Lo anterior, en relación con los derechos de acceso a la información, a la seguridad jurídica, identidad, gratuidad en el registro de nacimiento, gratuidad en el acceso a la información, legalidad y proporcionalidad tributaria.
(4) III. Conceptos de invalidez. En síntesis, la accionante fundamenta las violaciones que aduce a los derechos referidos en los argumentos siguientes:
(5) En el primer concepto señala que las normas impugnadas prevén cobros injustificados por la búsqueda, reproducción en copias simples, impresiones, copias certificadas y por la digitalización de información pública, lo que contraviene el derecho de acceso a la información y proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
(6) Explica que las normas correspondientes a los Municipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Medellín, Misantla, Orizaba, Papantla, Tierra Blanca y Veracruz no configuran el derecho impugnado, sino que para su operatividad normativa remiten a sus respectivos Códigos Hacendarios, los cuales establecen los costos que se generarán por la contribución correspondiente, por lo que al ser idénticos los preceptos para esos Municipios, solicita que al aludirse al Municipio veracruzano se entiende la referencia a los doce restantes (foja 24).
(7) Indica que en el capítulo V (artículos 222 a 224) del título segundo, denominado "De los derechos por servicios prestados por las dependencias y entidades municipales" del Código Hacendario para el Municipio de Alvarado, se prevén los derechos por expedición de certificados y constancias y, concretamente en el numeral 224, fracciones I, II, incisos a), b) y c), X, incisos a) y c), se encuentran las tarifas por concepto de derechos por la búsqueda y reproducción de información solicitada, por lo que pide formen parte integrante del contenido de los artículos impugnados correspondientes a los trece Municipios (foja 25).
(8) Afirma que dicho precepto establece tarifas injustificadamente diferenciadas en razón a si el texto solicitado está escrito a uno o dos espacios, si es por ambas caras –o no– y prevé una tarifa relativa a la búsqueda de documentos, cuando el interesado no proporcione los datos exactos para su localización, por cada año que comprenda la búsqueda.
(9) Sostiene que de acuerdo con el parámetro normativo que rige el ejercicio del derecho de acceso a la información, los artículos impugnados difieren del principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo de los materiales de entrega, envío o, en su caso, certificación, por lo que cualquier otro cobro implicaría que la autoridad está grabando la información.
(10) Además, que de conformidad con el artículo 134 constitucional, los órganos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, lo que implica que la adquisición de los materiales por parte de los Municipios para la reproducción de información derivada del derecho de acceso a la información deba hacerse acorde a las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, entre otras.
(11) Lo anterior, porque la obtención de las mejores condiciones tiene como fin que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, como lo dispone el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
(12) Destaca que esta Suprema Corte ha determinado que para la aplicación del principio de gratuidad se requiere una motivación reforzada por parte del legislador en la que se explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que se utilizó para llegar a los mismos, es decir, que los costos de reproducción, envío o certificación se sustenten en una base objetiva y razonable.
(13) Señala que las leyes combatidas fijan cuotas por la búsqueda de información, así como tarifas diferenciadas por la reproducción de información en razón a los espacios en que hayan sido escrito los documentos –a uno o doble espacio– o si son por ambas caras –o no– de una hoja; distinción que –en su opinión– es injustificada, puesto que los materiales para su reproducción son los mismos.
(14) Menciona, además, que ni en las leyes impugnadas ni en los dictámenes correspondientes se justificó ni se hizo referencia a los elementos que sirvieron de base al legislador para determinar dichas cuotas, como lo sería, el precio de las hojas de papel, de la tinta para las impresiones y copias, entre otros; no obstante que recaía en el legislador local la carga de demostrar que el cobro establecido en las disposiciones reclamadas por la entrega de información en diversos medios, atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitadas.
(15) Afirma que si no existe razonamiento que justifique el cobro para la reproducción de información con una base objetiva, significa que la cuota establecida se determinó de forma arbitraria, sin contemplar el costo real de los insumos utilizados en la reproducción de información en copias simples, impresiones y certificación de documentos, transgrediendo el principio de gratuidad de acceso a la información pública, contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, por lo que deben declararse inválidas las normas impugnadas.
(16) Adicionalmente, la promovente sostiene que las normas controvertidas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, porque los derechos causados por los servicios de reproducción de documentos no se sujetan al costo erogado por el Estado para su expedición.
(17) Expresa que, al tratarse de derechos por la expedición de copias simples, impresiones y certificación de documentos, el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de que las tarifas establecidas sean acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados e iguales para todos aquellos que reciban el mismo servicio.
(18) Finalmente, menciona que las normas impugnadas tienen un impacto desproporcionado sobre el gremio periodístico, pues terminan teniendo un efecto inhibidor para cumplir su función social de buscar información sobre temas de interés público.
(19) En el segundo concepto de invalidez, señala que el artículo impugnado en el inciso b) del apartado III de la demanda, prevé el cobro por el registro de nacimiento extemporáneo, lo que transgrede el derecho de igualdad, gratuidad y a la identidad, en términos de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal.
(20) Menciona que el registro de nacimiento debe ser entendido como un derecho que necesita del cumplimiento de una obligación por parte del Estado para hacerlo efectivo, pues constituye el reconocimiento de existencia de otros derechos, tales como nombre, nacionalidad, filiación y personalidad jurídica y, a su vez, permite la participación social.
(21) De modo que la inhibición, impedimento o limitación del acceso al registro gratuito del nacimiento de una persona, transgrede su derecho a la identidad; máxime que la carencia de registro y acta de nacimiento puede constituir un factor de exclusión y discriminación para las personas.
(22) Lo anterior tomando en cuenta que esta problemática afecta en mayor medida a los niños pertenecientes a comunidades indígenas o de zonas marginadas, así como migrantes o aquellos que viven en áreas rurales o zonas remotas, además, hay que considerar que no se efectúa el registro por razones diversas, tales como: nivel legal, geográfico, económico, administrativo y/o cultural; de modo que el costo del acta de nacimiento se convierte en una barrera que obstaculiza la realización del derecho pretendido.
(23) Afirma que la disposición impugnada de la Ley de Ingresos para el Municipio veracruzano de Minatitlán establece una tarifa de 1.5 UMA por el registro de nacimiento que se realice de forma extemporánea, lo que significa que introduce un pago directo o indirecto por el ejercicio del derecho a la identidad, cuya consecuencia es desincentivar a las personas a acudir al registro y, por ende, se erige como un obstáculo para acceder a la identidad y sus derechos conexos.
(24) El referido cobro carece de justificación constitucional y se traduce en barreras que impiden la realización efectiva del derecho en cuestión, porque tal y como lo ha establecido este Alto Tribunal, aun cuando dicha tarifa pudiera perseguir un fin legítimo, como lo es propiciar que los padres declaren el nacimiento de sus hijas e hijos de manera inmediata al nacimiento, lo cierto es que se vuelve un desincentivo.
(25) IV. Turno, admisión y trámite. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnarlo a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales.
(26) Atento a lo anterior, mediante proveído de siete de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite este medio de control constitucional, requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz que rindieran sus respectivos informes, y ordenó dar vista con este medio impugnativo a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, de ser el caso, manifieste lo que a su representación corresponda.
(27) V. Informe del Poder Legislativo de Veracruz. La subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz rindió el informe solicitado a dicha autoridad, en los términos medulares que se relacionan a continuación:
(28) Afirma que la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado expidió las Leyes de Ingresos de los 212 Municipios en uso de la facultad que le confieren los artículos 26, fracción I, inciso b), 33, fracción I, 38 y 71, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, y que no existe razón alguna para determinar que los artículos impugnados sean contrarios a la Norma Fundamental, ni a tratados internacionales.
(29) Considera que la ley impugnada está apegada al marco jurídico federal, por lo que se respetan y garantizan la protección de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro-persona; de ahí que no se vulneran los derechos de acceso a la información, seguridad jurídica, identidad, gratuidad en el registro de nacimiento, gratuidad en el acceso a la información, legalidad y proporcionalidad tributaria.
(30) Asimismo, indica que la parte accionante no señaló como acto impugnado o normas a invalidar los códigos hacendarios correspondientes, sino únicamente las Leyes de Ingresos de diversos Municipios, lo que impide a este Alto Tribunal el estudio total de las normas cuya invalidez se reclama.
(31) Afirma que, en relación con el argumento de los cobros injustificados por la búsqueda, reproducción de información pública en copias simples, impresiones, copias certificadas y por la digitalización, no se vulneran el derecho a la información ni los principios de gratuidad y proporcionalidad en las contribuciones.
(32) Lo anterior, porque el artículo 124 de la Constitución Federal señala que las facultades que no están expresamente concedidas a la Federación se tienen reservadas a los Estados, de modo que el Congreso del Estado está facultado para expedir leyes para determinar el presupuesto anual, así como las contribuciones para cada ejercicio fiscal y fijar las cuotas correspondientes.
(33) Aduce que, específicamente, no se viola el derecho de acceso a la información pública, pues se entiende como tal la consulta a la información que se encuentra en poder de la autoridad y que ésta no imponga un costo por la simple consulta y, en el caso, los cobros que se prevén derivan de la reproducción de constancias de información, sin que puedan considerarse desproporcionados, pues atiende a los gastos por recursos humanos y materiales.
(34) Afirma que, tal como lo ha establecido este Alto Tribunal, la obligación de garantizar la gratuidad en el acceso a la información, implica que no puede establecerse cobro alguno por la búsqueda que se realice de éste; sin embargo, puede ser objeto de pago y, por ende, de cobro, lo relativo a la modalidad de reproducción y los gastos de envío o entrega, por lo que deben calificarse como infundados los conceptos de invalidez que hace valer la promovente.
(35) En diverso argumento, menciona que la norma impugnada, relativa al cobro por registro de nacimiento extemporáneo, no atenta contra los principios y derechos a los que hace alusión la accionante, en virtud de que no se establece un cobro por la primera acta de nacimiento, sino que hace alusión a aquellas copias certificadas posteriores a la emisión de ésta, con lo que se respeta el derecho de todo individuo a la identidad.
(36) VI. Informe del Poder Ejecutivo de Veracruz. Al rendir el informe que le fue solicitado, el secretario de Gobierno del Estado, en representación de su gobernador señaló que, son ciertos los preceptos normativos cuya invalidez se demanda.
(37) Respecto de los cobros excesivos y desproporcionados por acceso a la información, estima que son proporcionales a los servicios de búsqueda y localización de información a fin de ponerla a disposición de los interesados en medios impresos, es decir, existe una relación entre el monto de los derechos y el costo de la generación de la información o reproducción, por lo que se justifica el cobro de los derechos cuestionados.
(38) Además, precisa que la actora no demandó la invalidez del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, en el cual se sustentan los cobros o pagos de derechos que cuestiona, lo que impide se aborde la legalidad del cobro por los servicios del Registro Civil.
(39) En cuanto al cobro por registro de nacimiento extemporáneo, aclara que no se niega el registro ni la identidad, sino que se favorece a que no se realice fuera de los plazos señalados por la legislación, de modo que es totalmente justificado y evita la omisión o tardanza en el registro de los hijos.
(40) VII. Pedimento de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento en el presente asunto.
(41) VIII. Cierre de instrucción. En proveído de uno de julio del año en curso se ordenó cerrar la instrucción de este asunto, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
(42) PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) y, finalmente, en términos del punto segundo del Acuerdo General «Plenario» 5/2013,(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre normas de carácter estatal y la Constitución General de la República.
(43) SEGUNDO.—Oportunidad. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que se haya publicado la norma impugnada, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.
(44) En el caso, las normas impugnadas se publicaron en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; de modo que el plazo para interponer este medio impugnativo transcurrió del miércoles uno al jueves treinta de enero de dos mil veinte.
(45) Tomando en consideración que el escrito inicial se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el lunes treinta de enero de dos mil veinte, esto es, último día del plazo, se concluye que la presente acción de inconstitucionalidad se promovió de manera oportuna.
(46) TERCERO.—Legitimación. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental y en los tratados internacionales.
(47) Al respecto, importa señalar que, en su escrito inicial, la promovente plantea, de manera medular, que las disposiciones cuestionadas resultan violatorias de los derechos a la seguridad jurídica, de acceso a la información, a la identidad, así como a los principios de gratuidad en el acceso a la información y en el registro de nacimiento, legalidad y de proporcionalidad tributaria.
(48) Además de lo anterior, en términos del artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia,(6) dicho órgano constitucional autónomo, al igual que los demás sujetos legitimados al efecto, debe comparecer a este Alto Tribunal por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
(49) Pues bien, en el caso, suscribe la demanda que da origen al presente medio de control constitucional la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien acredita su personería con copia de la comunicación emitida por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo durante el periodo correspondiente del dos mil diecinueve al dos mil veinticuatro.
(50) Por otra parte, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracciones I y IX, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(7) así como el 18 de su Reglamento Interno,(8) dicho funcionario ostenta la representación de la accionante y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad.
(51) Así, atento a lo anterior, es dable concluir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para intentar la presente acción de inconstitucionalidad, y que ésta es promovida por quien cuenta con facultades al efecto, por lo que debe tenerse por satisfecho el requisito de procedencia en análisis.
(52) CUARTO.—Causas de improcedencia. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz no hicieron valer causas de improcedencia que deban ser analizadas en este asunto y este Alto Tribunal no advierte de oficio que se actualice alguna.
(53) QUINTO.—Precisión de las normas impugnadas. Con el objetivo de dar mayor claridad al estudio que se llevará a cabo en el presente asunto, resulta conveniente precisar las normas cuya invalidez se demanda, así como su contenido y los temas en los que se engloban:
a. Cobros excesivos y desproporcionales por acceso a la información.
• Artículo 14, fracciones I, II y IV, incisos a) y c), de las Leyes de Ingresos del Estado de Veracruz de los Municipios de: Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero, Altotonga, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Benito Juárez, Calcahualco, Camarón Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatzintla, Coetzala, Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, Chinampa, Chocaman, Chontla, Chumatlán, El Higo, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La Antigua, La Perla, Landero y Coss, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Mecayapan, Miahuatlán, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Noalinco, Naranjal, Naranjos-Amatlán; Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama, Pajapan, Pánuco, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, Tamalín, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Texistepec, Tezonapa, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Tuxtilla, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xico, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo, cuyo contenido es idéntico, a saber:
"Artículo 14. Los derechos por expedición de certificados, constancias y otros servicios, se causarán y pagarán conforme a las cuotas siguientes:
"I. Certificado o certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales, incluyendo la búsqueda de datos para expedirlos, por cada certificado, de 0.50 a 1 UMA.
"II. Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas municipales:
"a) Por hoja escrita a doble espacio en ambas caras, 0.25 UMAs.
"b) Por hoja que indica el inciso anterior, escrita a un espacio por ambas caras, 0.30 UMAs.
"c) En los casos a que se refieren los incisos anteriores, cuando se escriba por una sola cara de la hoja, 0.25 UMAs.
"En el caso a que se refiere esta fracción, además de los derechos que establecen los incisos que anteceden, se cobrará por la búsqueda de los documentos de los que deba sacarse copia cuando el interesado no proporcione los datos exactos para su localización, por cada año que comprenda la búsqueda, 0.25 UMAs.
"...
"IV. Por solicitudes de información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado:
"a) Por copias simples o impresos por medio de dispositivo informático, por cada hoja tamaño carta u oficio: 0.02 UMAs;
"...
"b) (sic) Por información grabada en disco de 3.5 pulgadas o disco compacto, por copia: 0.03 UMAs."
Ver artículos 14, fracciones I, II y IV, incisos a) y c)
• En cuanto a las Leyes de Ingresos de los Municipios de Cosamaloapan, Tamiahua y Tantoyuca, no obstante que se reclaman las mismas porciones normativas, artículo 14, fracciones I, II y IV, incisos a) y c), éstas varían en cuanto a las cuotas que establecen, como se advierte del cuadro que se inserta a continuación:
• Artículo 14, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán.
Ver contenido artículo 14, fracciones I y II
• Artículo 12, fracciones I y II, excepto el inciso d) y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xalapa.
Ver contenido artículo 12, fracciones I y II, excepto el inciso d) y III
• Artículo 4 de la Ley de Ingresos de los Municipio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30045-1a9e7491/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. DERECHO A LA IDENTIDAD Y AL REGISTRO INMEDIATO DE NACIMIENTO. SU TUTELA EN EL ORDEN JURÍDICO NACIONAL. II. GRATUIDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL Y DE LA PRIMERA COPI (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES DE TESTIMONIOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, (PC.III.A. J/98 A (10a.))
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR E (P./J. 9/2004)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR E (66)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS. (P./J. 96/2006 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis