I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULO 44, APARTADO RELATIVO A MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO, INCISOS K) A BA), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES (LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019). V. MULTAS. SON EXCESIVAS AQUELLAS CUYA REGULACIÓN IMPIDE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU IMPOSICIÓN CONSIDERAR LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN, LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR, LA REINCIDENCIA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO A FIN DE INDIVIDUALIZAR SU CUANTÍA. VI. MULTAS FIJAS. CONSTITUYEN UNA EXCEPCIÓN A SU PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL CUANDO LAS CONDICIONES O SUPUESTOS DE HECHO RELACIONADOS CON LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN RESULTEN DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE APRECIACIÓN. VII. MULTAS FIJAS. LA FACULTAD DEL LEGISLADOR PARA REGULAR CONDUCTAS OBJETIVAS CUYA NATURALEZA NO ES GRADUABLE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICÍA Y TRÁNSITO, BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO O SIMILARES, REGULACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES, DE REGISTRO PÚBLICO Y PROPIEDAD PRIVADA O PÚBLICA, DE PUBLICIDAD O ANUNCIOS, ASÍ COMO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE CONTIENEN CONDUCTAS OBJETIVAS SÓLO DECLARAN LA POSIBILIDAD DE IMPONER MULTAS POR VIOLAR DETERMINADAS LEYES QUE REMITEN A LAS MISMAS. VALIDEZ DE LAS QUE SE PREVÉN POR UN MONTO FIJO DADO QUE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE COMETEN LAS INFRACCIONES RESPECTIVAS NO PERMITEN A LA AUTORIDAD GRADUAR LOS ELEMENTOS PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN [ARTÍCULOS 47, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO, 43, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, 44, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, 43, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS, 39, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, 48, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CATORCE, 44, FRACCIONES I –CON EXCEPCIÓN DEL NUMERAL 30–, III, IV, V, Y VII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, 42, FRACCIONES I, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CERRITOS, 44, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO, 43, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, 48, FRACCIONES I –CON EXCEPCIÓN DEL INCISO AA)–, Y VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, 42, FRACCIONES I, II, NUMERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,18, 23, 25, 26, 27, 28, 34, 40, 41, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 70, 71, 72, 74 Y 75, V, Y VI, INCISOS A) A Ñ) Y P) A AZ), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, 47, FRACCIONES I Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, 42, FRACCIONES I, II, INCISOS A), B), C), D), E), F) Y G), III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, Y XXI DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, 45, FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, 40, FRACCIÓN I –CON EXCEPCIÓN DEL INCISO AA)–, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, 52, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, 47, FRACCIONES I –CON EXCEPCIÓN DEL INCISO AA)–, II –CON EXCEPCIÓN DEL INCISO B)–, Y VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MATLAPA, 45, FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, 42, FRACCIONES I –CON EXCEPCIÓN DEL INCISO Z)–, Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, 43, FRACCIONES I Y VIII, NUMERALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 73, 74, 75, 77, 78 Y 79, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, 48, FRACCIONES I –CON EXCEPCIÓN DEL INCISO AA)–, Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SALINAS, 46, FRACCIONES I –CON EXCEPCIÓN DEL INCISO AA)–, Y IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, 43, FRACCIONES I –CON EXCEPCIÓN DEL INCISO AA)–, Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, 46, FRACCIONES I Y XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUI
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE DICIEMBRE DE 2019. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: GABRIELA GUADALUPE FLORES DE QUEVEDO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al dos de diciembre del dos mil diecinueve, emite la siguiente
Sentencia
Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 34/2019 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
I. Antecedentes
1. Presentación de la demanda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos que más adelante se precisarán, de diversas Leyes de Ingresos de los Municipios de San Luis Potosí, todas para el ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad denominado "Plan de San Luis", el diez de enero del dos mil diecinueve.
2. Radicación. Por auto del doce de febrero del dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 34/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento.
3. Admisión. En proveído de veinticinco de marzo siguiente el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí para que rindieran sus respectivos informes, así como al consejero jurídico del Gobierno Federal y al fiscal general de la República para los efectos legales conducentes.
4. Informes. Por autos de trece y quince de mayo del año en curso se tuvieron por rendidos los informes de dichos Poderes y por ofrecidas las pruebas ahí relacionadas, con lo que se corrió traslado a las partes y se les otorgó plazo para formular alegatos.
5. Alegatos y cierre de instrucción. Mediante proveído de diez de junio de dos mil diecinueve, se tuvieron por formulados los alegatos de las partes y el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
II. Competencia
6. El Tribunal Pleno es competente para resolver la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de disposiciones contenidas en diversas Leyes de Ingresos Municipales del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal del año 2019, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad el diez de enero del dos mil diecinueve.
III. Oportunidad
7. La acción de inconstitucionalidad se promovió dentro del plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los decretos que contienen las normas de ingresos controvertidas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el diez de enero del dos mil diecinueve, de modo que dicho lapso transcurrió del viernes once de enero al sábado nueve de febrero del año en cita, mientras que la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día hábil siguiente, esto es, el once de febrero de la presente anualidad.
8. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis 2a. LXXX/99 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 658, «con número de registro digital: 193831» que establece:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA VENCE EN DÍA INHÁBIL Y ÉSTA SE PRESENTÓ EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL, DEBE CONSIDERARSE OPORTUNA. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, pero, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente; por tanto, si el plazo venció en día inhábil pero la demanda se presentó al siguiente día hábil ante el funcionario autorizado para recibir promociones de término, debe considerarse que se promovió oportunamente."
IV. Legitimación
9. El medio de defensa fue promovido por parte legítima, conforme a los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal; 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 18 del reglamento interno del aludido órgano constitucional autónomo, pues lo intenta el presidente de la citada Comisión, carácter que acreditó con copia simple del oficio DGLP-1P3A-4858, de trece de noviembre del dos mil catorce, mediante el cual el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República comunica que en esa fecha fue electo para ocupar dicho cargo por el periodo de dos mil catorce a dos mil diecinueve, y en su oficio propone conceptos de invalidez relacionados con violaciones a derechos humanos (folio 89 del expediente).
10. Cabe destacar que, si bien el oficio identificado en el párrafo anterior se exhibió en copia simple, lo objetivamente cierto es que en el auto de admisión de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro instructor consideró como hecho notorio que en la diversa acción 107/2018, se exhibió la copia certificada de dicho documento. De ahí que se reconozca la legitimación procesal activa del mencionado presidente.
V. Causas de improcedencia
A. De oficio
11. Conforme a los artículos 19, último párrafo, 20, fracción II, y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Alto Tribunal advierte de oficio la actualización de una causa de improcedencia respecto del artículo 44, apartado relativo a multas de policía y tránsito, incisos k) a ba), de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal del año 2019.
12. Los artículos 19, fracción V, y 59, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que las controversias constitucionales y/o las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia.
13. Al interpretar dicha disposición, el Tribunal Pleno estableció que dicha causa se actualiza ante la presencia de un nuevo acto legislativo entendido como la modificación sustancial o material de la norma tildada de inconstitucional a través de un proceso legislativo distinto.
14. Se indicó que el requisito de índole formal conlleva el desahogo de las diferentes etapas del procedimiento legislativo, mientras que el material se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifican la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto impugnado.
15. Corrobora lo expuesto, el contenido de la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, página 65, «con número de registro digital: 2012802» que establece:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema."
16. El promovente impugnó, entre otros, el artículo 44, apartado relativo a multas de policía y tránsito, incisos k) a ba), de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal del año 2019, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el diez de enero de dos mil diecinueve y que a esa fecha establecía:
Título sexto
De los aprovechamientos
Capítulo I
Multas administrativas
"Artículo 44. Constituyen multas administrativas a favor del fisco municipal las siguientes:
"Multas de policía y tránsito. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades correspondientes y en uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos y bando de policía y gobierno, relativos, las que no podrán ser mayores a las señaladas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, y se cobrarán conforme a los siguientes costos:
"...
Ver costos
17. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria en la materia, constituye un hecho notorio que el dieciséis de abril del dos mil diecinueve se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí el Decreto 0155 por el que se reforman las tablas contenidas, entre otros, en el artículo 44 de la referida Ley de Ingresos para quedar de la manera siguiente:
Título sexto
De los aprovechamientos
Capítulo I
Multas administrativas
"Artículo 44. Constituyen multas administrativas a favor del fisco municipal las siguientes:
"Multas de policía y tránsito. Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades correspondientes y en uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos y bando de policía y gobierno, relativos, las que no podrán ser mayores a las señaladas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, y se cobrarán conforme a los siguientes costos:
"...
Ver tabla
18. La expedición de este decreto derivó del procedimiento legislativo llevado a cabo por el Congreso del Estado, con motivo de la iniciativa presentada por la presidenta municipal de Villa de Reyes el siete de febrero del dos mil diecinueve, turnada el catorce siguiente a la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, la cual la dictaminó como procedente y fue sesionada y aprobada por el Pleno del Congreso el siete de marzo del año en curso y, como se dijo, publicada el dieciséis de abril siguiente en el Periódico Oficial de la entidad.
19. Como se ve, en virtud de dicho decreto se estableció la cuota aplicable para las conductas infractoras contenidas desde el primero de los decretos mencionados e impugnado en esta vía.
20. Bastan las explicaciones dadas para concluir que en el caso se cumplen los requisitos formal y material a que alude la jurisprudencia transcrita para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo, pues la disposición en comento fue modificada para incluir los montos aplicables a las conductas infractoras ahí identificadas, a fin de subsanar la omisión contenida en el decreto aquí controvertido, todo ello, a través del procedimiento legislativo correspondiente, lo que ocasionó una nueva disposición que pudo ser controvertida en el momento procesal oportuno.
21. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción V, de la ley reglamentaria aplicable, lo que se impone es sobreseer en la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 44, apartado relativo a multas de policía y tránsito, incisos k) a ba), de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal del año 2019, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diez de enero del dos mil diecinueve.
B. Propuesta por las partes
22. El Poder Ejecutivo del Estado afirma que la acción es improcedente contra los actos que se le reclaman consistentes en la promulgación y orden de publicación de los decretos que contienen las normas controvertidas, pues la promovente omitió proponer vicios propios en su contra.
23. Dice que, si se toma en cuenta que las disposiciones jurídicas pueden combatirse por vicios formales y/o materiales, es claro que debe sobreseerse en la acción que nos ocupa, pues la accionante no propuso conceptos de invalidez tendentes a controvertir los actos formales que le atribuye.
24. Los artículos 61, fracción II, y 64, primer párrafo, de la ley reglamentaria aplicable establecen que en su demanda la promovente debe indicar, entre otras cosas, los Órganos Legislativos y Ejecutivo que hayan emitido y promulgado las normas generales impugnadas, a quienes durante el procedimiento se les requerirá un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a evidenciar su validez o la improcedencia del medio de impugnación.
25. Lo expuesto evidencia que como el ejecutivo local tiene injerencia en el procedimiento legislativo de las normas generales impugnadas, está invariablemente implicado en su validez, de modo que debe acudir a la acción a fin de justificar su constitucionalidad, independientemente de si la accionante propone o no vicios propios contra los actos que específicamente le atribuye.
26. Además, al impugnarse una norma de carácter general se entiende que está integrada por todas las etapas del proceso legislativo que le dio origen o que motivó su modificación o reforma, de modo que deben considerarse los actos que integran ese proceso como una unidad y no separarlos.
27. Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 38/2010 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 1419, «con número de registro digital: 164865» que establece:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida Ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República."
28. Ante lo infundado de la causa de improcedencia propuesta y al no existir alguna otra, corresponde resolver el fondo de la acción.
VI. Precisión de normas
29. Antes de emprender el estudio y solución anunciados conviene precisar que de la lectura integral de la demanda se advierte que la promovente propone seis temas: I. Multas fijas; II. Derecho a la intimidad y libertad de reunión; III. Derecho a la identidad; IV. Seguridad jurídica; V. Acceso a la información; y, VI. Justicia tributaria, a la luz de los cuales controvierte las normas siguientes:
Ver normas
30. Por cuestión de método, se dividirá el estudio en los temas antes identificados, en los que, en cada uno se explicará, primero, el marco constitucional y legal aplicables y, posteriormente, se analizarán los preceptos controvertidos.
VII. Estudio de fondo
Tema I. Multas fijas
31. En su primer concepto de invalidez la accionante afirma que las normas que en este apartado controvierte violan los artículos 14, 16 y 22 constitucionales, porque prevén sanciones desproporcionales, absolutas e inflexibles que no atienden a la gravedad de la falta ni al daño causado, circunstancia que impide su individualización, originando que sean excesivas.
32. Explica que el artículo 22 constitucional es aplicable a cualquier tipo de multa, aunado a que los principios de justicia penal son aplicables en el derecho administrativo sancionador, razón por la que es clara la inconstitucionalidad de las normas controvertidas que prevén multas fijas.
33. Agrega que si bien el legislador tiene libertad configurativa respecto a los bienes jurídicos tutelados, las conductas prohibidas y las sanciones aplicables, lo objetivamente cierto es que no es absoluta, sino que debe respetar los principios y derechos constitucionales, como el de proporcionalidad de las sanciones y la razonabilidad jurídica.
34. Para resolver sus argumentos conviene tener en cuenta que el artículo 22, párrafo primero, constitucional reconoce que en nuestro país quedan prohibidas, entre otras, las multas excesivas y que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
35. Al interpretar dicho precepto, este Tribunal Pleno ha precisado que las leyes que establecen multas deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizarla, obligación del legislador que deriva de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal pues el primero, como ya se dijo, prohíbe las multas excesivas y desproporcionales, mientras que el segundo aporta el concepto de proporcionalidad en materia tributaria.
36. En ese orden de ideas, este Pleno ha determinado que el establecimiento de multas fijas es contrario a tales disposiciones constitucionales porque al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares.
37. Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios que informan las tesis de jurisprudencia P./J. 9/95 y P./J. 10/95, de este Pleno, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, julio de 1995, páginas 5 y 19, «con números de registro digital: 200347 y 200349» respectivamente, que establecen:
"MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción gramatical del vocablo ‘excesivo’, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al Texto Constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda."
"MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares."
38. Asimismo, este Pleno ha resuelto que una multa es acorde al Texto Constitucional cuando el legislador establece en la norma sancionadora cantidades mínimas y máximas, lo que permite a la autoridad facultada para imponerla determinar su monto de acuerdo con las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica y la gravedad de la violación. Este criterio se recoge en la tesis P./J. 17/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 59, «con número de registro digital: 192195» que establece:
"MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA. El establecimiento de multas fijas es contrario a los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución, por cuanto que al aplicarse a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. En virtud de ello, los requisitos considerados por este Máximo Tribunal para estimar que una multa es acorde al Texto Constitucional, se cumplen mediante el establecimiento, en la norma sancionadora, de cantidades mínimas y máximas, lo que permite a la autoridad facultada para imponerla, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica y la gravedad de la violación."
39. Los criterios antes reproducidos se emitieron en virtud de juicios de amparo directo e indirecto que en revisión conoció esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y en que se tildaron de inconstitucionales diversos preceptos de naturaleza fiscal, cuya aplicación derivó del ejercicio de facultades de comprobación.
40. Al resolver dichos asuntos, este Alto Tribunal estableció, en lo que interesa, que no basta que el ordenamiento respectivo otorgue a la autoridad sancionadora la posibilidad de individualizar la multa aplicable a través de determinar la correspondencia entre su cuantía y las condiciones económicas del infractor, sino que es necesario que pueda tomar en cuenta la gravedad de la falta o su grado de responsabilidad, pues sólo de esa manera se daría al interesado la oportunidad de demostrar si tuvo o no la intención de causar daño al incurrir en la conducta prohibida.
41. En aquellos precedentes en que se analizó el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, este tribunal indicó que de su redacción se desprende que una misma infracción era sancionada con multas que iban del 50% (cincuenta por ciento), 100% (cien por ciento) al 150% (ciento cincuenta por ciento), sobre las contribuciones omitidas, en donde la cuantía de la multa no estaba referida a alguna circunstancia especial o individualizada del infractor, sino a la rapidez con la que decidía pagarla.
42. Se dijo que tal aspecto evidenciaba que un infractor de la misma naturaleza podía ser sancionado con multas diversas en su cuantía, dependiendo de la fecha en que decidiera pagar, de modo que la posibilidad de ser sancionado con una multa menor estaba condicionada no a la gravedad de la infracción o de las condiciones económicas del infractor, sino a su menor o mayor temor de tener que afrontar una multa que no podía pagar, lo que lo obligaba a pagarla más o menos pronto.
43. A partir de lo anterior, se concluyó que las multas que preveía el aludido precepto no eran excesivas por serlo los porcentajes ahí contenidos, sino por establecer un sistema rígido e inflexible para su imposición en que no se permitía a la autoridad ejercer su facultad sancionadora y, por ende, individualizar los montos aplicables.
44. Añadió el Pleno, que hasta antes de la última reforma efectuada al artículo analizado, las autoridades únicamente aplicaban la multa de 150% (ciento cincuenta por ciento) de las contribuciones omitidas, pues en los casos del 50% (cincuenta por ciento) y del 100% (cien por ciento), no estaban obligadas a emitir resolución alguna en que fijaran la multa y, por ende, razonaran su monto.
45. De ahí que se afirmara que la introducción al Código Fiscal de la Federación del sistema de multas fijas, entonces controvertido, tuvo como finalidad que las autoridades administrativas no tuvieran el problema de razonar su monto, precisamente por ser fijos los porcentajes aplicables.
46. Finalmente, en todos esos precedentes se indicó que, en esencia, lo que pretendió el Poder Reformador de la Constitución con el contenido del artículo 22 constitucional, es que las autoridades sancionadoras pudieran aplicar las multas conducentes a partir de considerar las circunstancias propias del caso tales como la gravedad de la infracción, la situación económica del infractor, su intencionalidad, su reincidencia, así como todos aquellos aspectos que pudieran individualizar la pena y, por ende, que no sea la misma para todos los que actualicen la situación de derecho castigada.
47. Lo expuesto evidencia que el criterio de multas fijas emitido por este Tribunal Pleno en mil novecientos noventa y cinco tiene su origen en juicios de amparo en que se controvirtieron multas del Código Fiscal de la Federación que, en ese entonces, preveía un sistema de sanciones caracterizado, principalmente, porque los porcentajes aplicables variaban dependiendo del momento en que el infractor cubriera el monto impuesto, no de sus circunstancias particulares, o bien, de aquéllas que rodearon la conducta infractora que se pretendía castigar. De ahí que se concluyera que el sistema sancionador ahí analizado era fijo, al vedar a las autoridades la posibilidad de individualizar las multas atendiendo a las circunstancias particulares del contribuyente, la gravedad de la infracción, su grado de responsabilidad, entre otros aspectos.
48. En mayo del dos mil seis, al resolver, entre otras, la acción de inconstitucionalidad 9/2006, el Pleno aplicó el criterio comentado al establecer que el artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas para el ejercicio fiscal del 2006 preveía una multa fija consistente en cien días de salario mínimo general vigente en dicha entidad a quienes destinen total o parcialmente para otros fines las superficies para estacionamiento de vehículos y a quienes realicen construcciones en los cajones destinados al estacionamiento de vehículos, además de cobrar al infractor el impuesto sustitutivo de estacionamiento y los recargos omitidos.
49. Por su parte, el veintitrés de enero del dos mil ocho, la Primera Sala de este Alto Tribunal resolvió la contradicción de tesis 99/2007, en la que determinó que el artículo 220, fracción IV, del Código Penal para el Distrito Federal, vigente a partir del diez de junio del dos mil seis, viola el diverso 22 constitucional al prever una sanción pecuniaria de cuatrocientos o seiscientos días multa.
50. Para arribar a esa conclusión, la Sala aludió a los precedentes antes comentados y precisó que,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30039-bed6b981/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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