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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA, AUNQUE TODAVÍA NO HAYA ENTRADO EN VIGOR. III. JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR ESA MATERIA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICEN LOS PRINCIPIOS Y BASES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY DE CULTURA Y JUSTICIA CÍVICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE. AUSENCIA DE UNA "VEDA TEMPORAL O CONDICIÓN SUSPENSIVA" PARA QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES ARMONICEN SU NORMATIVA, EN TORNO A ESA MATERIA, POR LO QUE PUEDEN LEGISLAR ENTRE TANTO NO SE EMITA LA LEY GENERAL (LEY DE CULTURA Y JUSTICIA CÍVICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). V. JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE. SU PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL INCLUYE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. VI. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LAS LEYES DEBEN SER REDACTADAS DE FORMA CLARA, PRECISA Y EXACTA, A FIN DE QUE LAS PERSONAS ESTÉN CIERTAS DE LA CONDUCTA INFRACTORA Y DE LA SANCIÓN APLICABLE. VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. VIII. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. LAS NORMAS GENERALES QUE PREVÉN SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEBEN DESCRIBIR CON SUFICIENTE PRECISIÓN LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS Y SANCIONES APLICABLES. IX. DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SUS DIMENSIONES SUBJETIVA Y OBJETIVA. X. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS ESTABLECIDAS CON MOTIVO DE VEJAR O MALTRATAR FÍSICA O VERBALMENTE A CUALQUIER PERSONA CON LA ÚNICA REFERENCIA A LA COMPRENSIÓN SOCIAL Y CONTEXTUAL DE LO QUE CONSTITUYE UNA OFENSA, GENERAN INCERTIDUMBRE Y CONFUSIÓN A SUS DESTINATARIOS Y, POR ENDE, VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DE LA PORCIÓN NORMATIVA "O VERBALMENTE" DEL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE CULTURA Y JUSTICIA CÍVICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XI. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE PROHÍBE POSEER ANIMALES DE GRANJA EN LA CIUDAD QUE OCASIONEN "CUALQUIER MOLESTIA", NO RESULTA AMBIGUA AL REFERIRSE A CONDUCTAS DE FÁCIL ENTENDIMIENTO (ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE CULTURA Y JUSTICIA CÍVICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XII. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. VALIDEZ DE LAS PREVISTAS POR GENERAR RUIDO POR CUALQUIER MEDIO QUE ATENTE NOTORIAMENTE CONTRA LA TRANQUILIDAD O REPRESENTE UN RIESGO A LA SALUD DE LAS PERSONAS, AL SER APLICABLES ÚNICAMENTE AL RUIDO DESMEDIDO, NOTABLEMENTE IRRITABLE Y CARENTE DE JUSTIFICACIÓN (ARTÍCULO 13, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE CULTURA Y JUSTICIA CÍVICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XIII. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS PREVISTAS POR PROFERIR VOCES, REALIZAR ACTOS O ADOPTAR ACTITUDES QUE PUEDAN PRODUCIR TEMOR O PÁNICO COLECTIVOS, GENERAN CERTIDUMBRE Y RESPETAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O QUE PUEDAN PRODUCIR" DE LA LEY DE CULTURA Y JUSTICIA CÍVICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XIV. NACIONALIDAD. MARCO CONSTITUCIONAL QUE RIGE SU REGULACIÓN. XV. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 93, FRACCIÓN I, Y 94, FRACCIÓN I, AMBAS EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY DE CULTURA Y JUSTICIA CÍVICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XVI. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. EL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT CARECE DE FACULTADES PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA SER DESIGNADO JUEZ O SECRETARIO DE LOS JUZGADOS CÍVICOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 93, FRACCIÓN I, Y 94, FRACCIÓN I, AMBAS EN LA PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY DE CULTURA Y JUSTICIA CÍVICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XVII. DETENCIÓN DE PROBABLES INFRACTORES MENORES DE EDAD. LA DETENCIÓN POR UN LAPSO MÁXIMO DE SEIS HORAS EN EL JUZGADO CÍVICO NO ES LA MÁS BREVE POSIBLE PARA GARANTIZAR LA COMPARECENCIA Y ADECUADA REPRESENTACIÓN DE AQUÉLLOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 32, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REZA "SE OTORGARÁ UNA PRÓRROGA DE CUATRO HORAS, SI AL TÉRMINO DE LA PRÓRROGA NO ASISTIERA", DE LA LEY DE CULTURA Y JUSTICIA CÍVICA PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XVIII. DETENCIÓN DE PROBABLES INFRACTORES MENORES DE EDAD.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 70/2019. · Registro digital (IUS): 30025
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-13
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo II, Pág. 1394.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 70/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 14 DE ENERO DE 2021. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día catorce de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Normas impugnadas, autoridades emisoras y promulgadoras. Mediante oficio presentado el cinco de julio de dos mil diecinueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, de forma general, contra la Ley de Cultura y Justicia Cívica para el Estado de Nayarit, publicada en el Diario Oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil diecinueve, y, en lo particular, de los artículos 12, fracción I, en la porción normativa "o verbalmente", 13, fracción II, en la porción normativa "o bien poseer animales de granja en la ciudad que ocasionen cualquier molestia", III, y 14, fracción VI, en la porción normativa "que puedan producir", 32, segundo párrafo, 93, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", todos de la referida Ley de Cultura y Justicia Cívica. Al respecto, indicó como órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron la mencionada norma al Congreso del Estado de Nayarit y al gobernador Constitucional de tal Estado.

Los preceptos combatidos en lo particular establecen lo siguiente:

"Artículo 12. Son infracciones contra la dignidad de las personas:

"I. Vejar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona;

"II. Permitir a adolescentes el acceso a lugares a los que expresamente les esté prohibido;

"III. Propinar a una persona, en forma intencional y fuera de riña, golpes que no le causen lesión, y

"IV. Lesionar a una persona siempre y cuando las lesiones que se causen de acuerdo al dictamen médico tarden en sanar menos de quince días.

"En caso de que las lesiones tarden en sanar más de quince días el Juez o la Jueza dejará a salvo los derechos de la persona afectada para que los ejercite por la vía que estime procedente.

"La infracción establecida en la fracción I se sancionará con multa de 1 a 10 veces la UMA o con arresto de 6 a 12 horas.

"Las infracciones establecidas en las fracciones II y III se sancionarán con multa de 11 a 20 veces la UMA o con arresto de 13 a 24 horas.

"La infracción establecida en la fracción IV, se sancionará con arresto de veinticinco a treinta y seis horas. Sólo procederá la conciliación cuando el probable infractor o infractora repare el daño. Las partes de común acuerdo fijarán el monto del daño."

"Artículo 13. Son infracciones contra la tranquilidad de las personas:

"I. Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentación del infractor o infractora sólo procederá por queja previa;

"II. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan hedores o la presencia de plagas, o bien poseer animales de granja en la ciudad que ocasionen cualquier molestia;

"III. Producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud de las personas vecinas;

"IV. Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles privados sin autorización del propietario o poseedor del mismo, y

"V. Incitar o provocar a reñir a una o más personas, respetando en todo momento el derecho a la libertad de expresión de las ideas.

"Las infracciones establecidas en las fracciones I y II se sancionarán con multa de 1 a 10 veces la UMA o con arresto de 6 a 12 horas; en el caso de que la sanción sea por la posesión de animales de granja en la ciudad, el Juez además de la sanción establecerá un plazo para que el propietario de dichos animales los reubique en un lugar adecuado.

"Las infracciones establecidas en las fracciones III a V se sancionarán con multa de 10 a 40 veces la UMA o con arresto de 13 a 24 horas."

"Artículo 14. Son infracciones contra la seguridad ciudadana:

"I. Que la persona propietaria o poseedora de un animal permita que éste transite libremente, o transitar con él sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo, o no contenerlo;

"II. Apagar, sin autorización, el alumbrado público o afectar algún elemento del mismo que impida su normal funcionamiento;

"III. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias toxicas;

"IV. Portar, transportar o usar, sin precaución, objetos o sustancias que por su naturaleza sean peligrosos y sin observar, en su caso, las disposiciones aplicables;

"V. Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos, sin permiso de la autoridad competente;

"VI. Solicitar los servicios de emergencia, policía, bomberos o de establecimientos médicos o asistenciales, públicos o privados, cuando no se requieran. Asimismo, proferir voces, realizar actos o adoptar actitudes que constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan producir o produzcan el temor o pánico colectivos;

"VII. Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o provocar altercados en los eventos o espectáculos públicos o en sus entradas o salidas;

"VIII. Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, con precios superiores a los autorizados;

"IX. Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo semejante, para observar al interior de un inmueble ajeno;

"X. Abstenerse, el propietario, de bardar un inmueble sin construcción o no darle el cuidado necesario para mantenerlo libre de plagas o maleza, que puedan ser dañinas para los colindantes;

"XI. Percutir armas de postas, diábolos, dardos o municiones contra personas o animales;

"XII. Participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares de velocidad en vías públicas;

"XIII. Organizar o participar en peleas de animales, de cualquier forma, que no cuenten con el permiso de la autoridad competente, y

"XIV. Causar daño a un bien mueble o inmueble ajeno, en forma culposa y con motivo del tránsito de vehículos.

"Obra culposamente quien produce el daño, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar.

"Las infracciones establecidas en las fracciones I y II, se sancionarán con multa de 11 a 20 veces la UMA o con arresto de 13 a 24 horas.

"Las infracciones establecidas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, IX, X y XI, se sancionarán con multa de 21 veces la UMA o con arresto de 25 a 36 horas.

"La infracción establecida en la fracción VIII se sancionará con arresto de 25 a 36 horas.

"Las infracciones establecidas en las fracciones XII y XIII se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas.

"Sin perjuicio de la obligación de reparar el daño causado que determine la autoridad competente, quien resulte responsable de la conducta prevista en la fracción XIV será sancionado o sancionada por el equivalente de 10 a 15 veces la UMA o arresto de 13 a 20 horas.

"Si el infractor o infractora fuese jornalera, obrera o trabajadora, no podrá ser sancionada con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

"Tratándose de personas trabajadoras no asalariadas, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

"Sólo se conmutará el arresto si, además de los requisitos que señala esta Ley, la persona responsable acredita su domicilio, señala domicilio en algún Municipio del Estado de Nayarit para oír y recibir notificaciones, y menciona, en su caso, el domicilio del propietario o propietaria del vehículo.

"En el supuesto de la fracción XIV de este artículo, si con los elementos de prueba ofrecidos por las partes o personas allegadas al Juez o Jueza no es posible determinar quién es la persona responsable del daño causado, no se aplicará multa alguna y se devolverán los vehículos, quedando a salvo los derechos de las partes para hacerlos valer por la vía procedente."

"Artículo 32. En caso de que el probable infractor o infractora sea adolescente, el Juez o Jueza citará a quien detente la patria potestad, custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la resolución.

"En tanto acude quien custodia o tutela al o la adolescente, deberá permanecer en la oficina del juzgado, en la sección de adolescentes. Si por cualquier causa no asistiera la persona responsable del o la adolescente en un plazo de dos horas, se otorgará una prórroga de cuatro horas. Si al término de la prórroga no asistiera, el Juez o la Jueza nombrarán un representante del Municipio para que le asista y defienda, que podrá ser un defensor público o defensora pública; después de lo cual determinará su responsabilidad.

"En caso de que el o la adolescente, resulte responsable, el Juez o la Jueza le amonestara y le hará saber las consecuencias jurídicas y sociales de su conducta.

"Cuando se determine la responsabilidad de un adolescente, en la comisión de alguna de las infracciones previstas en este ordenamiento, en ningún caso se le impondrá como sanción el arresto.

"Si a consideración del Juez o Jueza, el o la adolescente, se encontrara en situación de riesgo, lo enviará a las autoridades competentes a efecto de que reciba la atención correspondiente."

"Artículo 93. Para ser Juez o Jueza, se deben reunir los siguientes requisitos:

"I. Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, tener por lo menos 28 años de edad y residir por lo menos dos años anteriores al momento de la convocatoria en el Municipio que se pretenda ser Juez o Jueza;

"II. Tener grado de licenciatura en derecho, con título o cédula profesional expedida por la autoridad competente y tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional;

"III. No haber sido sentenciada o sentenciado en sentencia ejecutoriada por delito doloso;

"IV. No haber tenido suspensión o inhabilitación para el desempeño de un cargo público, y

"V. Acreditar los exámenes correspondientes y el curso."

"Artículo 94. Para ser secretaria o secretario se deben reunir los siguientes requisitos:

"I. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, tener por lo menos 25 años de edad y residir por lo menos dos años anteriores al momento de la convocatoria en el Municipio que se pretenda ser secretaria o secretario;

"II. Tener grado de licenciatura en derecho, con título o cédula profesional expedida por la autoridad competente y tener por lo menos dos años de ejercicio profesional;

"III. No haber sido sentenciada o sentenciado en sentencia ejecutoriada por delito doloso;

"IV. No haber tenido suspensión o inhabilitación para el desempeño de un cargo público, y

"V. Acreditar los exámenes correspondientes y el curso."

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La promovente estimó violados los siguientes preceptos constitucionales y convencionales:

• Artículos 1o., 5o., 14, 16, 32 y 35, fracción VI, de la Constitución Federal.

• Artículos 1, 2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Artículos 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Artículos 3, 5 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".

• Artículos 3 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Para demostrar lo anterior, hizo valer los argumentos de invalidez que se sintetizan a continuación:

• El legislador local no se encuentra constitucionalmente habilitado para expedir una ley que regule en materia de justicia cívica, ya que la reforma a la Norma Fundamental de cinco de febrero de dos mil diecisiete reservó al Congreso de la Unión la facultad de emitir una ley general sobre la materia, por lo tanto, se estima que la Ley de Cultura y Justicia Cívica para el Estado de Nayarit en su integridad conculca el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad, al ser emitida por una autoridad que carece de facultades para ello.

• Los artículos 93 y 94 impugnados establecen medidas discriminatorias en perjuicio de las personas con nacionalidad mexicana por naturalización, toda vez que restringen el acceso a los cargos de Juez y secretario de los Juzgados Cívicos municipales nayaritas a las personas con nacionalidad mexicana por nacimiento, exigencia que se advierte carente de justificación constitucional válida.

• Que los diversos 12, fracción I, 13, fracciones II, en la porción normativa "o bien poseer animales de granja en la ciudad que ocasionen cualquier molestia", III, y 14, fracción VI, en la porción normativa "que puedan producir" de la ley de mérito prevén infracciones por conductas indeterminadas, lo que genera incertidumbre respecto de la actualización de los hechos motivos de sanción, de forma que queda al arbitrio de la autoridad determinar en qué casos se surten las hipótesis acreedoras de infracciones, lo que se traduce en una vulneración al derecho humano a la seguridad jurídica y al principio de taxatividad.

• El artículo 32, segundo párrafo, vulnera el principio de interés superior de la niñez y el derecho a su sano esparcimiento para su desarrollo integral, al prever la posibilidad de detener a los menores de edad por el tiempo de dos hasta seis horas de forma injustificada.

TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de ocho de julio de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 70/2019, y designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.

Por auto de nueve de julio de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió la acción referida y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

CUARTO.—Informe de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:

El gobernador constitucional, a través del consejero jurídico del titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, señaló:

• Que el Poder Ejecutivo se limitó a promulgar y publicar en el Periódico Oficial las normas cuya invalidez se demanda, de ahí que estima que las causas de invalidez expuestas por la parte accionante no fueron producidas a partir de la promulgación y publicación atribuidas al Poder Ejecutivo.

El Poder Legislativo del Estado de Nayarit, representado por el presidente de la Comisión de Gobierno, señaló:

• Que la ley impugnada tiene como objetivo establecer leyes mínimas de convivencia que permitan resolver controversias de la vida cotidiana de las personas con mecanismos de fácil gestión y de soluciones rápidas.

Así, derivado de la reforma a la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación de cinco de febrero de dos mil diecisiete, se adicionó, entre otras, la fracción XXIX-Z del artículo 73 de la Norma Fundamental, la cual concede al Congreso Federal la facultad "para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante".

Asimismo, se sujetó a diversas disposiciones transitorias, entre ellas, importa destacar el contenido del artículo segundo, el cual prevé el plazo de ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del referido decreto para expedir la ley general señalada en la fracción XXIX-Z, mientras que el artículo séptimo transitorio del decreto señala los elementos que deberá considerar dicha ley general, tales como los principios a los que deberá ajustarse la justicia itinerante, las bases para la organización y funcionamiento, así como los mecanismos que garanticen el acceso a la justicia cívica e itinerante.

Por su parte, destaca que el último párrafo del referido artículo séptimo señala que: "Las Legislaturas de las entidades federativas proveerán de los recursos necesarios para cumplir con lo dispuesto en el presente artículo transitorio".

Así, en virtud de la precitada disposición, y toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo de ciento ochenta días ahí previsto, sin que hasta la fecha el Congreso haya emitido la ley general aludida en la disposición digital, el legislador local estima que, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución General, se encuentra facultado para emitir la disposición de carácter general combatida, máxime que en la especie se actualiza una omisión legislativa que, de no atenderse, implicaría dejar a la ciudadanía en estado de indefensión a los ciudadanos, al no contar con un instrumento normativo que tutele sus derechos constitucionales, sin que ello transgreda los principios de seguridad jurídica y legalidad reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Apunta, que la Ley de Cultura y Justicia Cívica para el Estado de Nayarit se encuentra en una condición de vacatio legis, ya que la fecha entrada en vigor de ésta se encuentra establecida para el primero de enero de dos mil veinte.

• Estima justificado el requisito de nacionalidad por nacimiento, ya que, tratándose de Jueces y secretarios, estos servidores públicos tienen la facultad de resolver casos concretos que afectarán a individuos pertenecientes a una sociedad determinada por su cultura, identidad y costumbres. Por esta razón, considera importante que quienes funjan como Jueces o secretarios tengan un arraigo que va más allá de la simple convivencia, pues parte de la formación de una persona es precisamente su arraigo e identidad nacional, que se produce cuando se nace en un territorio determinado.

Asimismo, la intención del legislador al redactar las normas combatidas que establecen como requisito tener nacionalidad mexicana por nacimiento no fue la de colocar en un plano de desigualdad y discriminación a quienes obtengan la nacionalidad por naturalización, sino que se consideró necesario garantizar a la ciudadanía que quienes ocupen estos cargos entiendan las conductas de la sociedad y ello se refleje en las resoluciones que para tales efectos realicen.

• En relación con los argumentos encaminados a demostrar que la descripción de las conductas antijurídicas resulta imprecisa y determinada, se alega que existe una adecuación entre los preceptos que se expidieron y las necesidades que se intentan satisfacer, esto es, lograr la tranquilidad y seguridad de las personas.

Refuerzan lo anterior las consideraciones plasmadas en el dictamen por las comisiones legislativas del Estado de Nayarit, de las cuales destaca que: "una cultura cívica contribuye a la consolidación de un Estado que brinde a sus ciudadanos las libertades para su desarrollo y a la vez, que cada uno se preocupe por su entorno mediante acciones no sólo individuales sino solidarias, que respeten los derechos de los demás y el espacio público de convivencia".

En tal virtud, si bien las normas no establecen de forma enunciativa y limitativa los actos que constituyen vejaciones o maltratos verbales a una persona, lo cierto es que dichos vocablos deben entenderse relacionados con las diversas acciones que pudieran colocar a las personas en un plano de humillación o maltrato físico que vulneren su dignidad como ser humano, es decir, no existe un solo concepto para definir de manera determinante esta fracción y, por tanto, tendría que entender que cualquier acto que la persona afectada considere humillante podrá ser valorada desde un plano objetivo.

Así, a decir del legislador, la norma no tiene la intención de definir o establecer de forma taxativa cada una de las acciones que pudieran encuadrar dentro de este supuesto, sino que su finalidad va más allá, pues estos preceptos nos dan la pauta para encaminar una convivencia social en donde prevalezca el respeto y la tolerancia.

• Por último, en relación con la violación del interés superior de la niñez y el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, se afirma que del texto del artículo 32 cuestionado se aprecia que los destinatarios de la norma son adolescentes de entre doce y dieciocho años, en esa medida, advierte que la norma no hace referencia alguna a niños o niñas.

Por otra parte, destaca que la intención del precepto es garantizar que la persona responsable del cuidado del menor se encuentre presente durante el desarrollo de la audiencia y resolución, máxime que en este supuesto el adolescente permanecerá en una sección especial en tanto se presenta aquella persona o en su caso un defensor de oficio. Por último, destaca que de conformidad con la propia norma al adolescente "en ningún caso se le impondrá como sanción el arresto".

QUINTO.—Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve se declaró cerrada la instrucción.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Cultura y Justicia Cívica para el Estado de Nayarit, publicada en el Diario Oficial del Estado, el cinco de junio de dos mil diecinueve, en lo particular, de los artículos 12, fracción I, en la porción normativa "o verbalmente", 13, fracciones II, en la porción normativa "o bien poseer animales de granja en la ciudad que ocasionen cualquier molestia", III, y 14 fracción VI, en la porción normativa "que puedan producir", 32, segundo párrafo, 93, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento".

SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada.

En congruencia con lo anterior, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

El análisis armónico de los preceptos constitucional y legal antes precisados permite establecer que, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue que, para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.

En el caso, la legislación impugnada se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el miércoles cinco de junio de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el jueves seis de junio y concluyó el viernes cinco de julio del mismo año.

En ese contexto, debe precisarse que la demanda relativa a la presente acción de inconstitucionalidad se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de julio de dos mil diecinueve, por lo que su interposición resulta oportuna.

TERCERO.—Legitimación. Se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por el Pleno del Senado de la República.

Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal establece:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."

Por lo que, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 12, fracción I, en la porción normativa "o verbalmente", 13, fracciones II, en la porción normativa "o bien poseer animales de granja en la ciudad que ocasionen cualquier molestia", III, y 14, fracción VI, en la porción normativa "que puedan producir", 32, segundo párrafo, 93, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", todos de la Ley de Cultura y Justicia Cívica para el Estado de Nayarit, publicada en el Diario Oficial del Estado de Nayarit el cinco de junio de dos mil diecinueve, se colige que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

Apoya la conclusión anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2007, que es del tenor literal siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA. La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los Diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 3. El Procurador General de la República; 4. Los partidos políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% de los Diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El Procurador General de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. El Procurador General de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se trate de leyes que vulneren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 2. El Procurador General de la República; y 3. La Comisión Nacional de los Derechos Hu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30025-c42dda66/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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