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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES (LEY PARA REGULAR LA CONVIVENCIA CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS, APROBADA MEDIANTE EL DECRETO 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBE DESESTIMARSE (LEY PARA REGULAR LA CONVIVENCIA CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS, APROBADA MEDIANTE EL DECRETO 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). V. JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR ESA MATERIA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICEN LOS PRINCIPIOS Y BASES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY PARA REGULAR LA CONVIVENCIA CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS, APROBADA MEDIANTE EL DECRETO 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). VI. JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE. AUSENCIA DE UNA "VEDA TEMPORAL O CONDICIÓN SUSPENSIVA" PARA QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES ARMONICEN SU NORMATIVA, EN TORNO A ESA MATERIA, POR LO QUE PUEDEN LEGISLAR ENTRE TANTO NO SE EMITA LA LEY GENERAL (LEY PARA REGULAR LA CONVIVENCIA CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS, APROBADA MEDIANTE EL DECRETO 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU REALIZACIÓN RESPECTO DE UN INSTRUMENTO NORMATIVO QUE OMITE REGULAR A ESAS PERSONAS (DESESTIMACIÓN RESPECTO A LA FALTA DE CONSULTA PREVIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA LEY PARA REGULAR LA CONVIVENCIA CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS, APROBADA MEDIANTE EL DECRETO 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). VIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. IX. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. REGLAS Y CONDICIONES PARA SU LIMITACIÓN. X. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CONDICIONES PARA ESTABLECER RESPONSABILIDADES ULTERIORES COMO LÍMITES DE AQUÉLLA. XI. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. VALIDEZ DE LAS PREVISTAS POR VOLUMEN EXCESIVO AL SER APLICABLES ÚNICAMENTE AL RUIDO DESMEDIDO NOTABLEMENTE IRRITABLE Y CARENTE DE JUSTIFICACIÓN (ARTÍCULO 18, FRACCIÓN III, DE LA LEY PARA REGULAR LA CONVIVENCIA CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS, APROBADA MEDIANTE EL DECRETO 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). XII. LIBERTADES DE EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN. LAS MANIFESTACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS NO DEBEN CONDICIONARSE A UN PERMISO PREVIO Y CON UNA CAUSA JUSTIFICADA COMO DISYUNTIVAS O ALTERNATIVAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, DE LA LEY PARA REGULAR LA CONVIVENCIA CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS, APROBADA MEDIANTE EL DECRETO 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). XIII. LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN EN ESPACIO PÚBLICO. SE TRANSGREDE POR LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE COMO INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA IMPEDIR EL USO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE USO COMÚN SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE ESTOS DERECHOS NI EL DE AFECTACIÓN DE TERCEROS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY PARA REGULAR LA CONVIVENCIA CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS, APROBADA MEDIANTE EL DECRETO 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). XIV. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN I, Y 47, FRACCIÓN I, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "POR NACIMIENTO" DE LA LEY PARA REGULAR LA CONVIVENCIA CIVIL EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS, APROBADA MEDIANTE EL DECRETO 466, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO). XV. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA CARECE DE FACULTADES PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA SER DESIGNADO JUEZ O SECRETARIO DE LOS JUZGADOS CÍVICOS DE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2018 Y SU ACUMULADA 46/2018. · Registro digital (IUS): 30000
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-06
Promovente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo I, Pág. 439.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2018 Y SU ACUMULADA 46/2018. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE JUNIO DE 2020. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: DANIELA CARRASCO BERGE.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de junio de dos mil veinte, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 45/2018 y su acumulada 46/2018, promovidas por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, CNDH), respectivamente, en contra de la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho.

I. TRÁMITE

1. Presentación del escrito. Las acciones de inconstitucionalidad 45/2018 y 46/2018 fueron presentadas por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintitrés de abril de dos mil dieciocho.(1)

2. Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima.

3. Norma general cuya invalidez se demanda. La Procuraduría General de la República demanda la invalidez, en general, de la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho.

4. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demanda la invalidez, respecto de la misma ley local, específicamente de los artículos 18, fracciones III y IV; 20, fracción II; 46, fracción I, y 47, fracción I, ambos en la porción normativa "ser mexicano por nacimiento"; 53, párrafo segundo; 71 y 72.

5. Concepto de invalidez de la Procuraduría General de la República.(2) La Procuraduría argumenta que la ley impugnada, transgrede el artículo 73, fracción XXIX-Z, de la Constitución Federal, en relación con el artículo séptimo transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil diecisiete; toda vez que invade la esfera de atribuciones concurrentes establecidas a favor del Congreso de la Unión en materia de justicia cívica e itinerante.

6. En este sentido, señala que, al momento de presentar el informe, la vacatio legis otorgada al legislador federal para emitir la ley general en la materia no ha vencido, e inclusive se encuentra en proceso de dictaminación y aprobación.

7. Lo anterior, encuentra apoyo tanto en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal como en los dictámenes de las Cámaras de Diputados y Senadores, donde se observa la intención de delegar a la autoridad federal una atribución concurrente que servirá como parámetro normativo; aunado a que, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante. Debe recalcarse que, conforme a las disposiciones transitorias de la reforma constitucional, la ley general deberá establecer cuando menos: I) los principios rectores; II) las bases de organización y funcionamiento en las entidades federativas; y, III) los mecanismos de acceso.

8. Bajo esta línea, propone que este Alto Tribunal tome en cuenta lo resuelto en sus precedentes, respecto a que las facultades concurrentes implican que los niveles de gobierno pueden actuar respecto de una misma materia, sujetos a lo que el legislador federal determine a través de la ley general,(3) capaz de incidir en todos los órdenes jurídicos parciales, traduciéndose en una excepción al artículo 124 constitucional y siendo aplicables en los tres órdenes.(4) Adicionalmente, señala que esta ley general distribuye competencias entre los distintos niveles de gobierno y establece las bases para su regulación, de ahí que se busque una plataforma mínima para que las entidades puedan darse sus propias normas atendiendo a su realidad social.(5)

9. Para reforzar su argumento, solicita que se apliquen por analogía las consideraciones de este Alto Tribunal en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos, donde se determinó que las entidades federativas no podían legislar en materia de combate a la corrupción, dado que no conocían las bases de las leyes generales que les servirían como parámetro de actuación en el ejercicio de su competencia. Por tanto, se determinó que las modificaciones a la Legislación Local contrariaban la intención de la reforma a la Constitución Federal para crear un sistema homogéneo y coordinado.

10. Menciona lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, donde se invalidó el artículo 12, fracción III, incisos a) y b), de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, ya que contravenía la facultad del Congreso de la Unión de expedir la ley general que estableciera los tipos y sanciones en materia de tortura.

11. Finalmente, sostiene que hasta en tanto entren en vigor la ley general en la materia, los Congresos Locales se encuentran impedidos para legislar al respecto.

12. Conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(6) La Comisión accionante hace valer cinco conceptos de invalidez.

13. En el primer concepto, argumenta que los artículos 18, fracciones III y IV, y 20, fracción II, de la ley impugnada vulneran el derecho humano a la libertad de expresión, pues establecen que serán faltas administrativas, sujetas a una sanción: el producir ruidos, por cualquier medio, que notoriamente atenten contra la tranquilidad o salud de las personas; impedir el uso de los bienes del dominio público de uso común; así como, impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada.

14. La Comisión Nacional señala que el artículo 6o. de la Constitución Federal reconoce el derecho a la manifestación de las ideas, el cual no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; además, el artículo 7o. garantiza la inviolabilidad del derecho a difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio, solamente pudiendo restringirse en los supuestos que marca la propia Constitución, es decir, estos supuestos (ataque a la moral, a la vida privada o derechos de terceros, perturbar el orden público o provocar algún delito) son las únicas excepciones permitidas. Asimismo, invoca lo previsto por los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

15. Entonces, si bien la norma persigue la finalidad de asegurar la tranquilidad de las personas y la seguridad ciudadana, lo cierto es que es una medida desproporcionada que limita el ejercicio de los derechos mencionados de forma injustificada, al solicitar un permiso o causa justificada, sujetándose a criterios subjetivos de inevitabilidad y necesidad, siendo que estas exigencias no están previstas a nivel constitucional. Consecuentemente, permite que las personas que ejerzan su libertad de expresión a través de una manifestación puedan ser sancionados y reprimidas.

16. Ahora bien, en lo referente al artículo 18, fracciones III y IV, la Comisión accionante sostiene que la manifestación de ideas necesariamente implica la emisión de ruidos que pueden ser calificados por la autoridad como notoriamente atentadores contra la tranquilidad o la salud de las personas, con lo que podría privárseles del ejercicio del derecho y ser sancionados. Más aún, cuando el término "notorio" es subjetivo, dejando un amplio margen de apreciación a la autoridad, de tal forma que la norma es ambigua, imprecisa y excesivamente amplia, causando incertidumbre jurídica.

17. Por otro lado, el artículo 20, fracción II, segundo párrafo, específicamente en la porción normativa "siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello", contraviene el artículo 9, primer párrafo, de la Constitución Federal al no permitir una reunión pacífica sin condición cuando el objeto sea lícito. Entonces se tiene que, además de poder ser sancionada la manifestación de ideas, es necesario solicitar un permiso ante la autoridad que podrá autorizar o negar el ejercicio del derecho.

18. Agrega que lo resuelto por este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 97/2014 debe ser considerado, toda vez que, si bien el dar aviso a la autoridad de la realización de una manifestación no vulnera derechos humanos, el tener que solicitar un permiso sí lo hace.

19. En su segundo concepto, la Comisión promovente arguye que los artículos 46 y 47, ambos en su fracción I, de la ley impugnada vulneran el derecho humano a la igualdad y la prohibición de la discriminación con base en origen nacional, al establecer como requisito, excesivo e injustificado, para ser Juez o secretario del Juzgado Cívico, el ser ciudadano mexicano por nacimiento, excluyendo a aquellas personas cuya nacionalidad sea adquirida por naturalización.

20. Para lo anterior, indica que las normas controvertidas no persiguen una finalidad constitucionalmente imperiosa, que supere un escrutinio estricto, dado el carácter de las funciones que realizan ambos servidores. Aunado a que, en todo caso, existen medidas menos restrictivas que no diferencian únicamente por el origen nacional.

21. No obsta que el artículo 32 de la Constitución Federal permita que se reserven a los mexicanos por nacimiento ciertos cargos y funciones por disposición de la misma o de las leyes del Congreso de la Unión, en tanto los preceptos impugnados, no se relacionan con cargos que marquen el destino político de la nación, las áreas estratégicas o prioritarias, o la seguridad y defensa nacional.

22. Sustenta su afirmación en la tesis, de título y subtítulo: "NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO COMO REQUISITO PARA OCUPAR DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS. BASTA QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLEZCA EN LA LEY TAL EXIGENCIA, PARA QUE CONJUNTAMENTE OPERE EL REQUISITO DE NO ADQUIRIR OTRA NACIONALIDAD."(7)

23. Aunado, sostiene que también se vulnera el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal en tanto los preceptos impugnados no permiten el acceso de cualquier ciudadano mexicano a ocupar cargos públicos en condiciones de igualdad, pues tener doble nacionalidad no es un elemento que pueda influir en los méritos o capacidades de las personas.

24. Esto es, los mexicanos por naturalización son discriminados para acceder a puestos, cuando estos no implican temas de defensa de la soberanía, en contravención al derecho humano al trabajo, más allá de las restricciones previstas constitucionalmente.

25. En su tercer concepto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que el artículo 53, párrafo segundo, de la ley impugnada vulnera el interés superior del menor y los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, reconocidos en los artículos 4, párrafo noveno, de la Constitución Federal y 3.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño; esto, al permitir que cuando el probable infractor sea un menor de edad, este permanezca en el Juzgado Cívico hasta seis horas, de forma injustificada, transgrediendo el artículo 37, inciso b), de la Convención en la materia.

26. Abundando en el interés superior del menor, indica que el Congreso de la Unión emitió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de establecer los parámetros para las autoridades en los tres órdenes de gobierno, así como la distribución de competencias siempre a la de aquel principio. Inclusive, esta Ley General en el artículo 2, párrafos segundo y tercero, establece que el interés superior se considerará de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a la niñez, así como la obligación de evaluar y ponderar las posibles repercusiones que tenga la medida. Sustenta su postura en la jurisprudencia de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES."(8)

27. En este sentido, la Comisión arguye que el artículo 37, inciso b), de la Convención sobre los Derechos del Niño, garantiza que la detención de un menor de edad se llevará de acuerdo con la ley, y solamente como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible.

28. Ahora bien, dichas condiciones no son respetadas por la norma impugnada, pues permite la detención de menores de edad como regla general, de dos horas, prorrogables hasta por cuatro horas más, y hasta después de esas seis horas es que se da aviso al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Es decir, se puede retener a un menor de edad sin la debida asesoría, dejándolo en un estado de incertidumbre.

29. Para sumar a lo anterior, el artículo 85 de la ley general en la materia, prevé que cuando un menor de edad esté involucrado en la comisión de un delito, de manera inmediata se dará aviso a la procuraduría de protección competente, y en ningún caso podrán ser retenidos, detenidos, o privados de su libertad. No obsta que la norma en comento pertenezca al ámbito penal, pues debe ser extensiva al ámbito administrativo.(9)

30. En consecuencia, señala que las detenciones de menores se deben llevar de conformidad con la ley general, siendo indudable que el precepto impugnado es contrario a los estándares en la materia, sobre todo por considerarse como regla general la detención, y no como excepción para casos especialmente graves o como medida de último recurso.

31. En su cuarto concepto, la Comisión promovente argumenta que el artículo 71 de la ley impugnada transgrede los derechos de las personas con discapacidad a la consulta previa, al igual reconocimiento ante la ley, al reconocimiento de la capacidad y la personalidad jurídica, así como a la no discriminación, contenidos en los artículos 1o. de la Constitución Federal; 1, 4 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y, 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

32. Lo anterior, dado que para la adopción de cualquier medida legislativa en materia de discapacidad deben celebrarse consultas estrechas, públicas y adecuadas que garanticen la participación e inclusión efectiva de las personas con discapacidad. Sin embargo, del análisis del proceso legislativo, no se advierte la realización de consulta alguna, por lo que el ordenamiento debe invalidarse al no cumplir con dicho requisito procedimental.

33. En otra línea argumentativa, la Comisión sostiene que el precepto impugnado discrimina en razón de la discapacidad de una persona, pues no le reconoce la igualdad de circunstancias en el ejercicio de sus derechos durante el procedimiento administrativo, contraviniendo el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y la capacidad de las personas con discapacidad, al supeditarlos al apoyo o asistencia de terceros.

34. Es decir, el precepto combatido enfoca la discapacidad al "modelo médico", que cataloga a las personas con discapacidad como "incapaces de realizar sus actividades cotidianas", y no en el "modelo social", que busca eliminar las barreras creadas socialmente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad;(10) es decir, el precepto asume que la persona no cuenta con la capacidad de ejercer de manera autónoma sus derechos, requiriendo la intervención de un tercero y negándole su personalidad jurídica, a la que tiene derecho conforme a los artículos 1 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

35. Adicionalmente, indica que el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 1, punto 2, inciso a), de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el artículo 1o. de la Constitución Federal, proscriben la discriminación de las personas con discapacidad.

36. Finalmente, aduce que el precepto otorga el mismo tratamiento y equipara los términos enfermedad y discapacidad, creando una falsa apreciación sobre la condición de estas personas, alejándose del modelo social y de la convención.(11)

37 En su quinto concepto, y último, sostiene que el artículo 72 de la ley impugnada vulnera el derecho a un debido proceso, específicamente a una defensa adecuada, toda vez que conforme al artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a una defensa adecuada por abogado, ya sea que lo escoja libremente o que le sea asignado un defensor de oficio.

38. Asimismo, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las garantías judiciales son para cualquier persona, independientemente del tipo de procedimiento que se esté sustanciando, por lo que, en atención al principio pro persona, el derecho a una defensa adecuada debe garantizarse en los procedimientos administrativos de justicia cívica.

39. En efecto, el precepto impugnado no contempla que las personas presentadas ante el Juez cívico cuenten con un defensor calificado, al señalar que serán asistidas por una persona de confianza, en contravención a los lineamientos, principios, prerrogativas y derechos para garantizar una defensa adecuada.

40. La norma impugnada al establecer que el probable infractor solamente tiene derecho a ser asistido por persona de su confianza, y no por un abogado o un asesor jurídico, se traduce en una violación a la defensa adecuada, pues no es el medio idóneo, para asegurar que el poder punitivo del Estado se despliegue a través de un proceso justo que asegure los derechos humanos.(12)

41. Por tanto, dada una interpretación sistemática de los artículos 1o., 14 y 20 de la Constitución Federal; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, del principio pro persona, es válido colegir que el Estado debe garantizar el derecho a la defensa adecuada por medio de un abogado tanto en procedimientos jurisdiccionales, como administrativos, sobre todo en el administrativo sancionador, dada su naturaleza como reacción a conductas ilícitas en uso de la facultad punitiva del Estado.(13)

42. Autos de registro y turno. Mediante autos de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la entonces Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los que les correspondieron los números de expediente 45/2018 y 46/2018, respectivamente. Asimismo, por la identidad del decreto legislativo impugnado en ambos medios de impugnación, decretó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 46/2018 a la acción de inconstitucionalidad 45/2018. Por último, turnó ambas acciones al Ministro Eduardo Medina Mora para que fungiera como instructor en el procedimiento.(14)

43. Auto admisorio. Por auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió a trámite ambas acciones de inconstitucionalidad y ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, para que rindieran sus informes, así como para la Procuraduría General de la República para que, en su caso, formulara el pedimento que le corresponde.(15)

44. Informe del Poder Ejecutivo del Estado.(16) El Ejecutivo Local arguye que, en atención al principio de división de poderes, la participación e injerencia que tuvo en el proceso legislativo fue únicamente la promulgación del decreto remitido por el Poder Legislativo Estatal, conforme a las facultades que otorga la Constitución de la entidad federativa en su artículo 58, fracción III,(17) es decir, su intervención se limitó a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

45. Informe del Poder Legislativo del Estado. El Congreso Local argumenta que, al emitir la ley impugnada, no se contravienen las bases establecidas por el Congreso de la Unión. Señala que conforme a la supremacía constitucional establecida en el artículo 133 de la Constitución Federal, ésta está situada por encima de las demás normas jurídicas; sin embargo, el legislador local válidamente va más allá de los principios constitucionales, para mejorar y regresar la tranquilidad a la sociedad colimense. En este sentido, ninguna ley puede estar por encima de la individualización, ni del sentir de la sociedad, por lo que se debe cooperar para hacer "buenas" leyes, sin buscar "cada formalidad inventada", pues primero son los derechos humanos, y resolver los graves problemas de la sociedad.

46. Consecuentemente, considera que los argumentos de la Comisión Nacional son doctrinariamente fundados pero inoperantes, pues a partir de una interpretación dogmática e integral, los Estados tienen la facultad de legislar en la materia de justicia cívica.

47. Asimismo, indica que la ley impugnada contiene una definición clara y precisa de algunos aspectos que los promoventes utilizan para sostener la alegada inconstitucionalidad de la norma reclamada, por lo que no debe tomarse en cuenta que las disposiciones impugnadas de forma aislada puedan parecer inconstitucionales.

48. En consecuencia, colige que la exposición de motivos de la ley abordó y resolvió todas las cuestiones relacionadas con la defensa y protección de los derechos humanos, por lo que no existe inconstitucionalidad alguna. De ahí que deba "desecharse por improcedente" el presente medio de control.

49. Opinión del procurador general de la República.(18) La Procuraduría emitió opinión en la acción de inconstitucionalidad 46/2018. Indicó que el Congreso Local no cuenta con competencia para legislar en materia de justicia cívica hasta en tanto se emita la ley general que distribuya las competencias y establezca las bases y principios en la materia, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-Z, de la Constitución Federal; así como los artículos primero, segundo y séptimo, transitorios, del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil diecisiete.

50. En esa tesitura, consideró innecesario pronunciarse respecto de los conceptos de invalidez planteados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dado que conduciría al mismo resultado, es decir, la inconstitucionalidad de la ley impugnada.

51. Cierre de instrucción. El Ministro instructor tuvo por recibidos los formulados por la entonces Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, declaró cerrada la instrucción.(19)

52. Returno. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve, el presidente de este Alto Tribunal determinó returnar el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para que continuara actuando como instructor en el procedimiento.(20)

II. COMPETENCIA

53. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) (antes de la reforma de diez de febrero de dos mil catorce) y g), de la Constitución Federal;(21) décimo sexto del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, de diez de febrero de dos mil catorce;(22) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(23) así como el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 de este Tribunal Pleno;(24) toda vez que se plantea la posible contradicción entre la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales de los que México es Parte.

III. OPORTUNIDAD

54. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnado.(25)

55. El Decreto 466 por el que se aprueba la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios se publicó el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho.(26) Por lo que, el plazo para su impugnación transcurrió del veinticinco de marzo al veintitrés de abril, ambos de dos mil dieciocho.

56. En el caso, las demandas tanto de la Procuraduría General de la República, como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se recibieron el veintitrés de abril de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.(27) Por tanto, cabe concluir que su presentación resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

57. Respecto de la primera accionante, la entonces Procuraduría General de la República se encontraba legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad 45/2018, al sostener que una ley de carácter local vulnera la Constitución Federal.(28)

58. En efecto, la demanda la suscribe el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, a falta del titular de la institución, quien se encuentra facultado para representar a la Procuraduría General de la República conforme a los artículos 6, fracción II, y 30 de su ley orgánica;(29) así como los artículos 3, inciso a), fracción I, y 137, párrafo primero, del reglamento.(30)

59. Dicha personalidad, se acredita con copia certificada del nombramiento dictado por el presidente de la Republica de quince de noviembre de dos mil dieciséis.(31) Por lo que cabe concluir que dicho servidor público cuenta con la legitimación necesaria para promover la presente acción.(32)

60. En segundo lugar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad 46/2018, al sostener que diversos preceptos de una ley de carácter local vulneran los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales de los que México es Parte.(33)

61 Para lo anterior, la demanda la suscribe Luís Raúl González Pérez, presidente de dicho organismo, quien de conformidad con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra facultado para promover las acciones de inconstitucionalidad que le correspondan.(34)

62 Ahora bien, dicho servidor público acredita su personalidad con copia certificada del acuerdo de designación de trece de noviembre de dos mil catorce, emitido por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.(35)

63. En consecuencia, se debe colegir que dicho servidor tiene la representación del órgano legitimado para promover la presente acción de inconstitucionalidad.(36)

V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

64. El Poder Ejecutivo de Colima plantea que no se le atribuye de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez en cuanto a la promulgación de la norma impugnada, pues se limitó a acatar el mandato constitucional que le obliga a promulgar el decreto que le envió el Congreso Estatal.

65. Dicho argumento debe ser desestimado, dado que no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en la ley reglamentaria de la materia, pues al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República.(37)

66. Por otro lado, el Poder Legislativo Local argumenta que debe desecharse la acción de inconstitucionalidad, dado que su actuación se encuentra plenamente justificada.

67. Lo anterior, debe desestimarse, puesto que los argumentos vertidos en su informe van dirigidos a defender la validez de la ley impugnada, lo cual implica un estudio de fondo, no susceptible de analizarse como una causa de improcedencia, dado que estas deben ser claras e inobjetables.(38)

68. Al no haber prosperado las causales de improcedencia hechas valer, no haberse planteado alguna otra, ni advertirse por parte de esta Suprema Corte alguna de oficio, procede estudiar la cuestión planteada.

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

69. A fin de dar respuesta a los planteamientos tanto de la Procuraduría General de la Republica como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el caso se analizará: en primer lugar, el argumento relativo a la falta de competencia del Congreso de la entidad federativa para legislar en materia de justicia cívica e itinerante (A); como segundo punto, la falta de consulta previa para personas con discapacidad (B); en dicho orden por ser cuestiones de especial y previo pronunciamiento, pues de resultar fundados darían paso a la invalidez total de la ley impugnada; y, por último, en el tercer apartado, se abordarán los conceptos de invalidez planteados por la Comisión Nacional en contra de ciertos artículos específicos (C).

A Competencia legislativa en materia de justicia cívica e itinerante

70. En su único concepto de invalidez, la entonces Procuraduría General de la República planteó la invalidez de la Ley

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30000-3f69bbf3/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-subprocurador-juridico-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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