I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN II, INCISO A), 119, FRACCIÓN XI, Y 122, DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES]. II. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. LA SOLA REFERENCIA DE LA EXPRESIÓN "PRISIÓN PREVENTIVA" NO SIGNIFICA SU PREVISIÓN LEGAL PARA APLICARLA A LOS ADOLESCENTES [ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN II, INCISO A) Y 122 DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES]. III. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. LA EXPRESIÓN "PRISIÓN PREVENTIVA" DEBE ENTENDERSE COMO SINÓNIMO DE "INTERNAMIENTO PREVENTIVO" [ARTÍCULO 72, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES]. IV. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. IMPOSIBILIDAD DE APLICAR A LOS ADOLESCENTES LOS SUPUESTOS CONSTITUCIONALES DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (ARTÍCULO 122 DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES). V. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. LA FALTA DE PREVISIÓN CONSTITUCIONAL EXPRESA DEL INTERNAMIENTO PREVENTIVO COMO MEDIDA CAUTELAR NO IMPIDE SU PREVISIÓN LEGAL, AL REGIRSE AQUEL SISTEMA POR LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN II, INCISO A) Y 122 DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES]. VI. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD COMO MEDIDA CAUTELAR, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA [ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN II, INCISO A) Y 122 DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES]. VII. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. EL RESGUARDO DOMICILIARIO COMO MEDIDA CAUTELAR PERSONAL ES CONSTITUCIONAL AL SER UNA RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL QUE RESULTA DE MENOR INTENSIDAD QUE EL INTERNAMIENTO PREVENTIVO, SIEMPRE Y CUANDO SU IMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN SE SUJETEN AL CONTROL DE LA AUTORIDAD JUDICIAL SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (ARTÍCULO 119, FRACCIÓN XI, DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 60/2016. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 9 DE MAYO DE 2017. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de mayo de dos mil diecisiete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes:
Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
A. Congreso de la Unión.
B. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Norma general cuya invalidez se reclama:
Los artículos 72, fracción II, inciso a), 119, fracción XI y 122 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, publicada el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer la accionante son, en síntesis, los siguientes:
A. Al prever la figura de prisión preventiva, los artículos 72, fracción II y 122 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes transgreden el sistema integral de justicia para adolescentes y el principio de presunción de inocencia, previstos en los artículos 18 y 20, apartado B, de la Constitución Federal, así como el 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
De la literalidad de las disposiciones impugnadas se desprende que la ley combatida permite la aplicación de la prisión preventiva. Por un lado, el artículo 72 refiere que se contará con un área de supervisión de las medidas cautelares con excepción de la prisión preventiva y de la suspensión condicional del proceso, lo que lleva a entender que la prisión preventiva se encontrará a cargo de un área distinta.
Por otro, el numeral 122 refiere que en los casos en que proceda la medida de sanción de internamiento, podrá ser aplicada la prisión preventiva siempre y cuando exista necesidad de cautela. Al respecto, como la ley alude a los términos "internamiento preventivo" y "prisión preventiva" como figuras diferentes, se puede interpretar que donde procede el internamiento como sanción procede la prisión preventiva (distinta del internamiento preventivo).
Esas disposiciones se apartan en su totalidad de las directrices contenidas en el artículo 18 constitucional, el cual señala que únicamente se podrán aplicar medidas de orientación, protección y tratamiento, atendiendo siempre al interés superior del adolescente.
La prisión preventiva, cuyo objeto es privar de la libertad de tránsito al adolescente, se aparta del fin constitucionalmente legítimo perseguido por el sistema de justicia para adolescentes, que busca ampliar dentro de las medidas idóneas, la más benigna, la que menos afecte los derechos fundamentales; es por ello que sólo se reconocen las medidas de orientación, protección y tratamiento. De ahí que, al establecer la prisión preventiva, la ley impugnada persigue un perfil más punitivo que orientador y, por ende, resulta inconstitucional.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes se rige por el principio de mínima intervención, que tiene tres vertientes; a saber: de alternatividad, internación como medida más grave y breve término del internamiento. Este criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 79/2008, de rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
Por otro lado, en el texto de la ley impugnada no se diferencian los términos de "internamiento", "internamiento preventivo" y "prisión preventiva", lo que hace suponer que se trata de figuras diferentes, que si bien todas presuponen la privación de la libertad, la única constitucionalmente prevista para los adolescentes es el internamiento.
Mientras que el "internamiento preventivo", usado en la ley combatida, pretende aludir esencialmente al internamiento, lo diferencia de la prisión preventiva, la cual no se prevé para los adolescentes en la Constitución Federal. Por ello, se genera una transgresión a los derechos de los adolescentes en la ley impugnada, dado que el internamiento preventivo comparte la misma naturaleza que la prisión preventiva y, adicionalmente, en ella se prevé la prisión preventiva como tal.
Al respecto, se señala que las medidas aplicables a los menores que han infringido la ley penal surgen de la incorporación al sistema jurídico interno de la Convención sobre los Derechos del Niño, los numerales 13 y 18 de las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores ("Reglas de Beijing"), 6 de las Reglas Mínimas sobre Medidas No Privativas de Libertad ("Reglas de Tokio") y 17 de las Reglas Mínimas para la Protección de los Menores Privados de Libertad ("Reglas de La Habana").
No obstante, en la ley combatida se interpretan las medidas como sinónimo de penas, por lo que se reenvía al régimen de adultos, sin observar la finalidad última de la reforma constitucional en la materia de justicia penal para adolescentes.
En el ordenamiento legal citado no se reflejan las medidas constitucionalmente aplicables. Al contrario, se permite la prisión preventiva en los casos donde exista necesidad de cautela.
Conforme a la Constitución, la aplicación de las medidas debe ser proporcional a la conducta realizada, y tendrá como fin la reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de la persona y sus capacidades. Asimismo, la medida de tratamiento en internamiento se utilizará como medida extrema (ultima ratio) por el tiempo más breve que proceda, únicamente para mayores de catorce años y por conductas calificadas como graves, por lo que hace innecesaria la prisión preventiva.
Además, debe tomarse en cuenta que, como lo ha señalado el Pleno de este Tribunal, las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, la cual se hace patente en los menores de edad e impone deberes a cargo de todos los órganos del Estado.
En ese sentido, el principio del interés superior de la niñez implica que las instituciones, tribunales y autoridades encargadas del sistema penal para adolescentes deban orientarse hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
Lo anterior, sin pasar por alto que se deben tomar en cuenta los límites a los derechos de los adolescentes, uno de los cuales lo constituyen los derechos de las demás personas y de la sociedad misma, por lo cual se establece, bajo la óptica de asunción de plena responsabilidad, que los menores infractores son susceptibles de ser corregidos mediante la aplicación de medidas de tipo educativo que tiendan a la reinserción social.
No puede confundirse el internamiento con una pena, y menos con la pena de prisión. Tampoco por ese hecho admitir de manera analógica que a las personas menores de edad se les pueda imponer la "prisión preventiva", dado que aún están en desarrollo. Lo anterior, en estricto apego al numeral 12 de las Reglas de Beijing.
Aunado a ello, en los centros de internamiento se deberá contar con locales y servicios que satisfagan las exigencias de higiene y dignidad humana, sumado a que será impartida enseñanza obligatoria de conformidad con sus necesidades y capacidades, con el fin de prepararlo para su reintegración social y familiar, con apego al numeral 38 de las reglas referidas.
Todo numeral que considere el internamiento como una pena no se encuentra en apego al Texto Constitucional, que da un trato especializado a los adolescentes, por su particular condición de personas en desarrollo. Por tanto, la ley impugnada no satisface esa exigencia constitucional, dado que considera al internamiento como una pena y no como una medida que se utilizará en última instancia, que pretende el tratamiento, orientación y protección del menor.
Conforme a las reglas citadas, no se pretende privar de su libertad al menor de edad, sino únicamente darle el tratamiento requerido, justo es ésta la razón por la que la medida es denominada internamiento y no "encarcelamiento" o algún otro término similar.
Por otro lado, la figura del internamiento resulta una medida privativa de la libertad, similar a la prisión preventiva, con la salvedad de que la medida de internamiento es impuesta por autoridad judicial, una vez seguido un procedimiento en el cual, de modo objetivo, es determinada la realización de un hecho típico a una persona adolescente. En cambio, en la prisión preventiva aún no se agota el procedimiento, por lo que no puede atribuírsele por autoridad judicial la realización de un hecho típico, es decir, se trata de una medida de carácter personal que afecta el derecho a la libertad por un periodo de tiempo determinado y vulnera el principio de presunción de inocencia del adolescente, como regla de trato procesal, en los términos definidos por la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), de acuerdo con la cual existe prohibición de cualquier resolución judicial que suponga la anticipación de la pena.
Si bien la prisión preventiva está prevista en el artículo 19 constitucional, esa medida sólo está permitida en los casos previstos en esa norma, en los cuales no encuadran las personas adolescentes, y únicamente es aplicable a los mayores de dieciocho años de edad. Así, no existe fundamento constitucional que ampare la imposición de la prisión preventiva para personas adolescentes.
Con lo anterior, se demuestra la incompatibilidad de los artículos impugnados con el marco constitucional, en tanto que la prisión preventiva carece de base constitucional, además de que es desproporcionada y excesiva para el derecho de libertad, en tanto que dentro del procedimiento pueden aplicarse otras medidas cautelares menos lesivas para los derechos de las personas adolescentes.
B. El artículo 119, fracción XI, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes prevé el resguardo domiciliario, el cual se traduce en una limitación a la libertad personal y de tránsito, y transgrede el derecho de audiencia y el principio de presunción de inocencia, reconocidos en los artículos 11, 14, 16, 18, 19 y 21 de la Constitución Federal y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, se aparta del numeral 17 de las Reglas de La Habana.
En el artículo combatido se aprecia lo siguiente:
a) A solicitud del Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán ser implementadas medidas cautelares personales.
b) Se contempla dentro de esas medidas el resguardo en domicilio.
c) Ese resguardo será bajo las modalidades que determine el órgano jurisdiccional.
d) Deja al escrutinio del órgano jurisdiccional las modalidades de la medida, tales como su duración.
Esa medida se traduce en una limitación a la libertad personal y de tránsito, al obligar a las personas adolescentes a permanecer en un lugar y tiempo determinados, bajo las condiciones que fije el órgano jurisdiccional, lo cual es totalmente contradictorio con las normas constitucionales citadas.
Tal medida, sin duda, denota una figura de privación ilegal, ya que, sin agotar un procedimiento ante tribunal competente que determine la responsabilidad del adolescente, éste es desprovisto de su derecho a la libertad personal.
Además, el resguardo domiciliario se trata de una medida cautelar no prevista constitucionalmente para adultos y tampoco para adolescentes, por lo que resulta aplicable la tesis aislada «P. XXII/2006», de rubro: "ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
La citada figura tiene como efecto la privación de la libertad personal de los adolescentes, al obligarlos a permanecer dentro de un lugar determinado por el órgano judicial, bajo vigilancia, impidiéndole realizar sus actividades cotidianas, lo que tiene como consecuencia que el resguardado no pueda obrar con libertad, pues se le impide salir del inmueble, lo que se traduce en una afectación a su libertad personal, además de ser una medida no prevista en el sistema penal de adolescentes.
TERCERO.—Preceptos que se consideran vulnerados. Son 1o., 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 5, 7, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, 10, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 3, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
CUARTO.—Admisión. Mediante proveído de primero de agosto de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 60/2016 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.
Por auto de dos de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo. Al rendir su informe, sostuvo la constitucionalidad de las normas impugnadas, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación:
En la actualidad, ya no es posible continuar con la concepción del menor como sujeto incapaz y necesitado de protección, pues a partir de diversos estándares internacionales, el menor es concebido como un sujeto pleno de derechos y responsabilidades.
Lo anterior no implica tratar a los menores de edad como adultos, sino como sujetos diferentes considerando su particular condición social de sujetos en desarrollo, dotados de autonomía jurídica y social en permanente evolución, por lo que sí resulta viable exigirles una responsabilidad penal, como lo reconoce el artículo 18 constitucional.
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el juicio del reproche debe atender a la edad y madurez de la persona, la Constitución ha señalado expresamente diferentes límites a los tipos de consecuencias que se le pueden aplicar a los menores de edad que han participado en un hecho delictivo, como lo es el hecho de que los menores de doce años solamente estarán sujetos a asistencia social y que los internamientos sólo podrán aplicarse a personas mayores de catorce años y menores de dieciocho.
Conforme a la acción de inconstitucionalidad 37/2006, el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes se distingue por cuatro notas propias, que son:
- El concebir al adolescente como sujeto de responsabilidad.
- El pleno goce de derechos y garantías que le corresponden al adolescente, al ser sujeto del proceso por conductas delictuosas.
- La naturaleza del sistema es penal, aunque especial, en razón del sujeto activo del ilícito.
- El aspecto jurisdiccional es de corte preponderantemente acusatorio.
Así, resulta claro que los adolescentes son sujetos de responsabilidad penal, lo que implica que, una vez que les sea reconocida la comisión de un hecho ilícito, deben sujetarse a la imposición de penas, entendiendo por éstas las consecuencias jurídicas que derivan de la realización de una conducta tipificada como delito, al respecto, el término generalmente utilizado en el sistema para adolescentes es "medidas de sanción", lo que no desvirtúa su fin punitivo, sin que la Constitución deje de señalar la posibilidad de implementar otro tipo de medidas relativas a la orientación, protección y tratamiento aplicables en cada caso.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes de ninguna manera pretende asimilar el sistema de adolescentes a la justicia para adultos, pues el tipo de procedimientos, las medidas cautelares, las sanciones y las garantías procesales que se prevén tanto a nivel nacional como internacional para adolescentes, son mucho más protectoras y se rigen por principios distintos que aseguran un trato diferenciado y más garantista que el previsto en el sistema para adultos.
Por otro lado, debe precisarse que de la exposición de motivos de la ley impugnada y de una interpretación del propio texto normativo se advierte que "prisión preventiva" e "internamiento preventivo" son utilizados como sinónimos, por lo que no es posible argumentar que se trata de dos figuras diferentes.
Del artículo 18 constitucional se desprende que los menores de edad son sujetos de responsabilidad penal y, en virtud de ello, se dispusieron diferentes límites a los tipos de consecuencias que se les pueden aplicar a los menores de edad que han cometido o participado en un hecho delictivo, fijándose, entre otros aspectos, que el internamiento sólo podrá aplicarse a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho.
Asimismo, es infundado que a los menores de edad no se les pueda imponer prisión preventiva. Pues dicha figura se encuentra regulada en el artículo 18 de la Constitución y, como medida cautelar, podrá aplicarse a mayores de catorce años y menores de dieciocho, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 19 del mencionado ordenamiento. Adicionalmente, debe precisarse que el artículo 122 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece mayores requisitos que los que se requieren para la prisión preventiva que en el caso de adultos.
La prisión preventiva para adolescentes también está reconocida por países como Canadá, Perú, Chile, Brasil, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Colombia, Ecuador y Nicaragua; así como en ordenamientos internacionales, como son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (artículo 13), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (artículo 5 y 6) y en las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (fracción III).
Así, la prisión preventiva respeta los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, encontrándose apegada a diversos estándares internacionales en materia de derechos humanos; en este sentido, la norma combatida en ningún momento transgrede el principio de presunción de inocencia, como lo aduce la accionante, ya que la Constitución permite que se restrinja la libertad de una persona, en virtud de una medida cautelar como la mencionada.
Por último, en cuanto al artículo 119, debe tenerse en cuenta que como el internamiento preventivo es una medida cautelar de carácter excepcional, es necesario establecer otras medidas que resulten menos lesivas respecto a los derechos de los menores, como es el caso del resguardo domiciliario, que les permite permanecer en contacto con sus familiares, dentro de un espacio conocido, sin que se violente el principio de presunción de inocencia, pues la Constitución permite que se restrinja el derecho a la libertad cuando otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que los Estados tienen el deber de incorporar, por disposición de ley, una serie de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva en cuya aplicación se deben tomar en cuenta los estándares internacionales sobre derechos humanos, por lo que la medida de resguardo domiciliario resulta convencional; en este sentido, la Ley Nacional del Sistema Integral Justicia Penal para Adolescentes, estipula que la referida figura sólo podrá ser impuesta al adolescente si se considera razonable y proporcional al daño causado.
De igual manera, el resguardo domiciliario no viola el principio de presunción de inocencia, pues la Constitución Federal permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
SEXTO.—Informes del Poder Legislativo. Al rendir su informe, la Cámara de Diputados sostuvo que las nomas impugnadas fueron emitidas de conformidad con los artículos 71, 72 y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, por lo que se cumplieron con todas las formalidades del procedimiento legislativo, además de que no resultan violatorias de los preceptos constitucionales y convencionales que se señalan en la demanda.
En cuanto al fondo del asunto, considera que, contrario a lo afirmado por la promovente, el artículo 18 constitucional no establece que la medida de internamiento preventivo o prisión preventiva únicamente sea aplicable a los adultos; por el contrario, el término internamiento es utilizado en la Constitución Federal como una forma negativa de consagrar el derecho a la libertad de los adolescentes, como sinónimo de privación a la libertad y, por tanto, comprende "la restricción que reduce sustancialmente la libertad personal"; de esta forma, la noción de internamiento comprende la prisión preventiva y las medidas que limitan la libre circulación, pues conlleva una injerencia o restricción del derecho de libertad.
Así, se advierte que el precepto constitucional analizado, contrario a lo aducido por la accionante, no establece que la medida de internamiento preventivo o prisión preventiva únicamente sea aplicable a adultos; lo que es más, al sujetarlo a ciertos requisitos, regula su permisión; en tal sentido, se advierte que el internamiento será una medida extrema, que se aplicará por el tiempo más breve que proceda, podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. Adicionalmente, tal medida es permitida por diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Los artículos impugnados, si bien establecen el supuesto de prisión preventiva, le imponen ciertos elementos que deben cumplirse para que sea procedente, como el hecho de que solamente podrá aplicarse respecto de aquellos delitos que ameriten medida de sanción de internamiento, estableciendo que procederá de manera excepcional y únicamente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del adolescente al proceso, hasta por un plazo máximo de cinco meses. Lo que se encuentra encaminado a la protección del menor bajo proceso penal.
Por otro lado, en cuanto al internamiento, se sostiene que existe un debido proceso, en el cual, el órgano jurisdiccional determina la procedencia de la medida solicitada, en atención a elementos probatorios aprobados por el órgano acusador, la víctima o el ofendido; por lo que la restricción a la libertad personal resulta constitucional, al estar apegada al marco constitucional y legal.
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prisión preventiva no constituye una transgresión del principio de presunción de inocencia, toda vez que el artículo 18 de la Constitución Federal permite que se restrinja la libertad como medida cautelar. Al respecto, resulta aplicable la tesis «1a. CXXXV/2012 (10a.)», de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA."
En relación con la medida cautelar de resguardo domiciliario, resulta conveniente advertir que la ley en comento, en el artículo 258, establece la función preventiva que tienen las familias, identificándolas como unidad central de la sociedad, encargadas de la integración social primaria de las personas adolescentes; los gobiernos y la sociedad, por lo que existe un deber de preservar la integridad de las familias, en este sentido, cuando sea posible es procedente que la medida cautelar se adopte en resguardo domiciliario.
Asimismo, es claro que la regulación relativa a la privación de la libertad de los adolescentes, de manera cautelar satisface las prescripciones constitucionales, establecidas en el artículo 18 constitucional y en los tratados internacionales pues es excepcional, se prevé por el tiempo más breve posible respecto de adolescentes mayores de catorce años y es aplicable en la comisión de hechos que la ley señale como delitos.
Si bien es cierto que los preceptos impugnados otorgan la facultad al Juez de control para dictar las medidas cautelares, su actuar se encuentra sujeto al principio de vinculación positiva, según el cual, debe conducirse con fundamento en las bases legales que le otorgan facultades; por lo que el ejercicio de su función jurisdiccional está sometida al control de las garantías de fundamentación y motivación, así como a los principios derivados del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
En este sentido, de un análisis de los preceptos relativos al internamiento, prisión preventiva y resguardo domiciliario, es posible advertir que la medida es impuesta por el órgano judicial al adolescente a solicitud del Ministerio Público, la víctima u ofendido, y bajo las condiciones y por el tiempo que fija la ley, después de escuchar sus razones.
Lo anterior permite evidenciar que existe un debido proceso en el cual el órgano jurisdiccional determina la procedencia de la medida solicitada, en atención a elementos probatorios aportados por el órgano acusador (Ministerio Público), la víctima o el ofendido; por lo que la restricción a la libertad personal resulta constitucional, al estar apegada al marco constitucional y legal.
En este sentido, suponiendo sin conceder que los dispositivos reclamados establecen una restricción a la libertad personal de los adolescentes o al principio de presunción de inocencia, debe considerarse como una restricción prevista en la propia Constitución y que, por lo tanto, se encuentra permitida.
Por su parte, la Cámara de Senadores manifiesta adicionalmente que si bien es cierto que en los artículos 72, fracción II y 122 de la norma impugnada se hace referencia a los términos internamiento, internamiento preventivo y prisión preventiva, debe entenderse que todos éstos hacen alusión al internamiento, figura que tiene base constitucional en el artículo 18.
Razón por la cual, es infundado pretender que una ley sea inconstitucional por irregularidad en su redacción, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis «1a./J. 117/2007», de rubro: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR."
Por otro lado, es cierto que se debe respetar y proteger al máximo la esfera de derechos de los adolescentes, sin embargo, también deben existir limitantes para lograr un beneficio en la sociedad; de este modo, los adolescentes que violan la ley deben ser corregidos mediante medidas que permitan su integración.
En este sentido, el sistema de justicia penal establece un proceso que permite, por un lado, el respeto de los derechos de la víctima u ofendido y, por otro, los del imputado, lo que genera equilibrio en un Estado democrático, siguiendo los estándares internacionales.
El contenido del artículo 122 de la ley en estudio tiene fundamento constitucional en el artículo 18, por lo que con la referida figura no se transgrede la Constitución, pues la aplicación del internamiento debe ser considerada como última medida, su interposición debe corresponder a la afectación causada por la conducta, tomando en cuenta las circunstancias personales del adolescente, como medida excepcional para asegurar su comparecencia en el juicio o el desarrollo de la investigación.
Debe decirse que los artículos 72, fracción II, inciso a) y 122, son constitucionales, al regular la figura de la prisión preventiva, misma que no resulta desproporcional, ni transgrede los derechos de las personas adolescentes, pues respeta todos los principios del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Asimismo, contrario a lo afirmado por la promovente, con la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva no se violenta el derecho de presunción de inocencia, pues únicamente es impuesta para asegurar el proceso; además, debe considerarse que el derecho a la libertad personal no es absoluto, por lo cual, la propia Constitución establece diversas medidas cautelares que permiten restringirlo.
En cuanto al artículo 119, fracción XI, relativo al resguardo domiciliario, debe precisarse que se trata de una medida cautelar que procede a petición del Ministerio Público, la víctima o el ofendido y tiene como finalidad resguardar los derechos del adolescente y los principios del propio Sistema Integral de Justicia, teniendo como fundamento constitucional los artículos 18 y 19.
Tampoco es violatorio del derecho a la libertad personal y de tránsito, en virtud de que dicha medida no es privativa de libertad y solamente se impone por un periodo provisional con el objetivo de asegurar la presencia en el juicio de una persona adolescente imputada en un procedimiento de justicia penal.
En conclusión, debe afirmarse que las figuras de prisión preventiva y resguardo domiciliario sí tienen fundamento constitucional, como previamente se ha acreditado; y que, además, las medidas cautelares mencionadas no constituyen actos privativos, por lo que su imposición no viola ningún derecho, por no tener un efecto definitivo, sino que, por el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27937-1c9a0ee6/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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