I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS. II. DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. LA ESPECIAL PROTECCIÓN DE LA QUE GOZAN DERIVA TANTO DEL CONTENIDO FORMAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO DE LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR LOS ÓRGANOS REGIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LAS REGLAS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES QUE RIGEN AQUÉLLOS. III. DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. AUNQUE EL CORPUS JURIS EN LA MATERIA NO SE REFIERE PROPIAMENTE A TRATADOS INTERNACIONALES, SE CONSTITUYE POR NORMAS Y RESOLUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL DERECHO INTERNACIONAL Y HAN SIDO UTILIZADAS EN EL MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE AQUÉLLOS A FIN DE INTERPRETAR LAS DISPOSICIONES CONVENCIONALES. IV. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. NOTAS ESENCIALES. V. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. ALCANCES Y PARTICULARIDADES NORMATIVAS DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CORRELACIÓN CON EL CORPUS JURIS DE LA NIÑEZ. VI. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE LO RIGEN. VII. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. SUS ALCANCES EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL MEXICANO. VIII. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU VALIDEZ. IX. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. EN EL CASO DE LOS MENORES DE EDAD, SE ROBUSTECE POR EXISTIR UNA SERIE DE DERECHOS QUE ESTÁN ASIGNADOS ESPECÍFICAMENTE A ÉSTOS POR SER PERSONAS EN DESARROLLO. X. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. EXISTE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA RESTRINGIR EL DEL ADOLESCENTE EN CASO DE FLAGRANCIA, PERO SÓLO EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD. OPERA EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE FORMA PREVENTIVA O COMO SANCIÓN Y EN LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL O JUDICIALIZACIÓN. XII. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DE ADOLESCENTES. SÓLO PUEDE OCURRIR DE MANERA EXCEPCIONAL Y RESPECTO DE LOS MENORES QUE PUEDEN SER SUJETOS AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. XIII. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DE MENORES DE DOCE AÑOS. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE QUE SEAN SUJETOS DE ELLA, LA AUTORIDAD POLICIACA DEBE EJERCER OTRO TIPO DE MEDIDAS CON LAS QUE DARÁ CUENTA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LA INDAGATORIA DE LOS HECHOS QUE SE ESTIMAN DELICTIVOS. XIV. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DE ADOLESCENTES. OBLIGACIONES ADICIONALES TRATÁNDOSE DE ÉSTOS. XV. DERECHO AL DEBIDO PROCESO ESPECÍFICO DE LOS NIÑOS. GARANTÍAS QUE ABARCA. XVI. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DE MENORES DE DOCE AÑOS. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LOCUCIÓN "PERSONA DETENIDA EN FLAGRANCIA", PREVISTA EN UNA NORMA, NO ES SUFICIENTE PARA SOLVENTAR LA POSIBILIDAD DE QUE SEA ENTENDIDA EN EL SENTIDO DE QUE UN MENOR DE DOCE AÑOS ESTARÁ SUJETO A LA CONDICIÓN CONSTITUCIONAL DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VI, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE LA PERSONA DETENIDA EN FLAGRANCIA", DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN). XVII. CUSTODIA POLICIAL DE MENORES. LA ÚNICA FORMA EN LA QUE UNA PERSONA SE SUJETE A ÉSTA ES CUANDO SE ENCUENTRA DETENIDA PROVISIONALMENTE, POR LO QUE LA NORMA QUE LA REGULA NO PUEDE INCLUIR A LOS MENORES DE DOCE AÑOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN VII, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "NIÑOS", "NIÑAS" Y "FEDERAL", DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN). XVIII. CUSTODIA POLICIAL DE ADOLESCENTES. INCOMPETENCIA DEL LEGISLADOR LOCAL PARA REGULAR LA QUE SE LLEVA A CABO EN TANTO AQUÉLLOS SEAN PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 23, FRACCIONES VI, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "DE LA PERSONA DETENIDA EN FLAGRANCIA", Y VII, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "NIÑOS", "NIÑAS" Y "FEDERAL", DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN). XIX. DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PROHIBICIÓN A LOS AGENTES DE LAS POLICÍAS DE EXHIBIR, EXPONER, PUBLICAR O DIVULGAR TODA GRABACIÓN, FILMACIÓN, IMAGEN O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA CON AQUEL GRUPO DE PERSONAS (ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN). XX. DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. LA PROHIBICIÓN DE EXHIBIR, EXPONER, PUBLICAR O DIVULGAR TODA GRABACIÓN, FILMACIÓN, IMAGEN O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA CON AQUEL GRUPO DE PERSONAS OPERA DE MANERA TRANSVERSAL EN LAS FUNCIONES DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA (ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN). XXI. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UN
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 12 DE MARZO DE 2019. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de marzo de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 8/2015, promovida por la Comisión Nacional de Derechos los Humanos en contra de diversas disposiciones del Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Presentación de la demanda. El veintiséis de enero de dos mil quince, mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el representante de la aludida comisión promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 8, fracción XIV, 11, fracciones XIX y XX, 23, fracciones VI y VII, 24, 28, 33, último párrafo, 42, último párrafo, 50, 56, 85, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124, todos del Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, publicados a través del Decreto Número 472, el veintiséis de diciembre de dos mil catorce, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
2. En estas disposiciones, por una parte, se regula la definición de víctima para efectos de la ley (artículo 8), se establece la medida disciplinaria de aislamiento en caso que sea estrictamente necesario para evitar o resolver actos de violencia grave y se reconoce el derecho del adolescente aislado a que se resuelva, de forma breve, la duración de esta medida (artículo 11, fracciones XIX y XX) y, por otra parte, se prevén las atribuciones y deberes de los agentes de policía que, en ejercicio de sus funciones, tengan contacto con niños, niñas y adolescentes (artículos 23, fracciones VI y VII, y 24); la obligación de poner en libertad a la persona a la que se le imputa la comisión de un delito en caso de que, en el transcurso del proceso, se compruebe que ésta es menor de doce años de edad (artículo 33, segundo párrafo); y la posibilidad de detener en caso de flagrancia y la retención del adolescente por doce horas en caso de delitos que requieran querella (artículo 42). Asimismo, se prevén como medidas de sanción diversos grados de internamiento, definidos como "la privación del derecho a la libertad de tránsito de adolescentes y adultos jóvenes" y la prestación de servicios a la comunidad (artículos 28, 56, 85, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124), así como la regulación del procedimiento frente al Juez de Audiencia Especializado para Adolescentes (artículo 50).
3. Al respecto, se señalaron como preceptos transgredidos los artículos 1o., 11, 14, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución General"); 3, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5, 7, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, 10, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 3, 7, 8, 9, 16, 19, 27, 37 y 40 de la Convención sobre Derechos del Niño.
4. Conceptos de invalidez. En dicha demanda, la comisión accionante explicó los antecedentes de la ley reclamada, hizo referencia a la oportunidad y legitimación y al marco jurídico nacional e internacional aplicable en la materia y, después, expuso sus argumentos de inconstitucionalidad en un apartado que denominó de "introducción" y en cuatro conceptos de invalidez al tenor que sigue:
a) Introducción. Como un punto general, la comisión promovente advierte que existe una falta de claridad en los sujetos a los que va destinado ese ordenamiento reclamado, ya que al utilizarse recurrentemente los términos "niños", "niñas" o "adultos jóvenes" se prevén como destinatarios a personas menores de doce años y a mayores de dieciocho años, cuando en realidad la normatividad se encuentra destinada únicamente a regular un sistema de naturaleza especial para los adolecentes (personas entre doce y dieciocho años). Los menores de doce años (niños o niñas) están exentos de la responsabilidad penal y las personas que se encuentran entre dieciocho y veinticinco años (adultos jóvenes) se encuentran más bien sujetos al sistema penal para adultos. Estos argumentos los relaciona con lo que va a exponer en su tercer concepto de invalidez.
b) En esta misma sección de la demanda, se hace un resumen sobre qué artículos y principios constitucionales se vieron transgredidos por los preceptos cuestionados, razonamientos en los que se abunda en los siguientes cuatro conceptos de invalidez:
c) Primero. En este apartado se argumenta que el artículo 8, fracción XIV, del Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán es violatorio de los artículos 1o. y 20, apartado C, fracciones I a VII, de la Constitución General, dado que establece una definición vaga e imprecisa del concepto de "víctima". Lo anterior en razón de que carece de diversos elementos conceptuales que se establecen sobre dicho concepto en el artículo 4o. de la Ley General de Víctimas (referencia a víctimas directas, indirectas y potenciales).
d) Para la comisión, el código impugnado no regula los supuestos de víctimas indirectas o potenciales y ni siquiera prevé una definición completa de lo que debe entenderse como víctima directa, desprotegiendo a las víctimas indirectas, potenciales y a los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos.
e) Para la promovente, si la Ley General de Víctimas emitida por el Congreso de la Unión ya definió el concepto de "víctima", los Congresos Estatales deben atender a dicha conceptualización e, incluso, a los aspectos que se regulan en la propia ley. Por ello, a juicio de la comisión, el hecho de no considerar como víctimas a las regidas por la legislación general conlleva una privación a esas personas de los derechos mencionados en la normatividad general y, a su vez, a los establecidos para las víctimas en el artículo 20, apartado C, fracciones I a VII, de la Constitución General, con lo cual no se está garantizando ni protegiendo los derechos humanos de las víctimas de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
f) Segundo. El artículo 11, fracciones XIX y XX, del código local resulta violatorio de los artículos 1o. y 18 constitucionales, 5o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
g) Ello es así, ya que autoriza como medida disciplinaria la aplicación del aislamiento cuando sea "estrictamente necesario para evitar o resolver actos de violencia grave, generalizada o amotinamiento en los que el adolescente o adulto joven esté directamente involucrado". Desde el punto de vista de la promovente, tal aislamiento es violatorio de la dignidad humana, del derecho de integridad personal, física y mental, de los principios de reintegración social y familiar, de la protección integral de las personas, del interés superior de los adolescentes, así como de la prohibición de los tratos crueles e inhumanos.
h) Para apoyar tal postura, la comisión accionante destaca que el artículo 18 constitucional prevé la formación de un sistema integral de justicia para adolescentes, donde se instituye el derecho de los adolescentes en internamiento a ser tratados con dignidad, otorgándoseles los mismos derechos fundamentales que la Constitución General prevé para los mayores de dieciocho años, así como aquéllos reconocidos a los menores de edad por su especial condición de personas en desarrollo.
i) De igual manera enfatiza que diversos tratados internacionales reconocen y protegen el derecho a la integridad personal y el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente a la persona; lo que se ve reflejado en la tesis P. LXIV/2010, del Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD."
j) Bajo esas premisas, se argumenta que la medida de aislamiento, impuesta como una medida de corrección disciplinaria que implica apartar a una persona de otras, privándola del acceso a contacto humano (que se consuma de modo irreparable), ha sido clasificada por la comunidad internacional como tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues aunque pueda perseguir una finalidad que la justifique, por sus condiciones, duración y efectos pone, en una situación de vulnerabilidad a la persona sobre la que se aplica.
k) El aislamiento puede resultar perjudicial para la salud psicológica de los detenidos y en nada favorece a la reintegración social y familiar, principios que rigen el sistema integral de justicia para adolescentes. Además, tal medida no se puede justificar por las necesidades de seguridad ni por cualquier otro motivo, dado que se opone a la protección integral e interés superior del adolescente como persona en desarrollo.
l) Al respecto, se destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concluido sobre la práctica de aislamiento que por sí misma constituye una forma de tratamiento cruel e inhumano, lesiva de libertad psíquica y moral de la persona. En particular, se transcribe lo resuelto en el Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Criterios que, a decir de la promovente, debe ser observado obligatoriamente por todas las autoridades en los tres órdenes de gobierno del Estado Mexicano. Cita para su exacta observancia la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.) de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA."
m) Aunado a lo anterior, se aduce que diversos organismos internacionales, como la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño, también han declarado que el aislamiento solitario debe ser estrictamente prohibido al constituir un trato cruel, inhumano y degradante (razonamientos que también se ve reflejado en las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad en sus párrafos 66 y 67). En ese aspecto, se añade que con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, se estableció un nuevo bloque de constitucionalidad, así como el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de normas jurídicas; consecuentemente, las autoridades del país deben ejercer ex officio el control de convencionalidad para aplicar, en sus respectivos ámbitos competenciales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
n) Tercero. Los artículos 23, fracciones VI y VII, 24, 33, último párrafo, 42, último párrafo y 50 impugnados del código local configuran una violación al principio pro persona, de presunción de inocencia, presunción de minoridad, así como los derechos de seguridad jurídica y la libertad personal contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución General; 3, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5, 7, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este concepto se divide en tres sub-apartados.
o) Primer sub-apartado. La promovente alega que los artículos 23, fracciones VI y VII, 24 y 33, último párrafo, del código local permiten implícitamente la detención de niños e incluso, su retención y sometimiento a proceso, violando los principios de presunción de inocencia y de minoridad. De manera preliminar se recalca que el principio pro persona, previsto en el artículo 1o. constitucional, tiene dos fuentes primigenias: los derechos fundamentales reconocidos en la misma Constitución y aquéllos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte. Así, las premisas contenidas en el artículo 18 constitucional para el sistema integral para adolescentes se complementan con los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, reconocidos internacionalmente.
p) Asimismo, se explica que las normas convencionales (en particular, lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño) disponen, por una parte, que a todo niño del que se alegue que ha infringido o se ha acusado de infringir las leyes penales se le debe garantizar la presunción de inocencia y, por otra parte, estipulan la obligación de establecer una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para delinquir; en este último supuesto, tratándose de menores por debajo de la mínima, se dice que hay un deber de adoptar medidas para tratarlos sin recurrir a procedimientos judiciales. Al respecto, se detalla que la Constitución General, al disponer la implementación del sistema integral de justicia para adolescentes, generó diversas categorías de niños y adolescentes. En tal categoría de adolescentes, divide en grupos de edad: i) entre doce y menores de catorce años y ii) de catorce años a menores de dieciocho. En cambio, las personas menores de doce años quedan exentas de responsabilidad penal y no pueden ser sujetos del sistema integral de justicia para adolescentes, sino que únicamente pueden ser sujetos de asistencia y de habilitación.
q) Con fundamento en lo anterior, la comisión accionante señala que los artículos impugnados del código local permiten –de manera inconstitucional– la detención de niños y niñas. El artículo 3, en su fracción IX, define niño o niña como "toda persona menor de doce años de edad". Consecuentemente, los artículos 23, fracciones VI y VII, y 24 impugnados convierten a los niños en sujetos del sistema de justicia para adolescentes. Se insiste, los niños y niñas no pueden estar contemplados en el código en análisis y menos cuando lo hacen para disponer que los agentes de policía, en ejercicio de sus funciones, podrán detener niños alegando un supuesto de flagrancia (artículo 23, fracción VI); podrán mantenerlos bajo su custodia, en tanto sean puestos a disposición del Ministerio Público Federal para Adolescentes (artículo 23, fracción VIII); o podrán obtener grabaciones, filmaciones, imágenes o cualquier otra información relacionada con niñas o niños siempre y cuando no lo divulguen (artículo 24).
r) Por su parte, se alega que el artículo 33, último párrafo, impugnado atenta contra la presunción de minoridad, ya que permite que una persona de la que no se tenga certeza sobre su edad sea sometida a proceso hasta que se compruebe su minoría de edad, poniéndose hasta entonces en inmediata libertad para que sea devuelta la custodia de quien legalmente la ejerza o, en su caso, se notifique a las instituciones dedicadas a la atención de la infancia.
s) Segundo sub-apartado. El artículo 42, último párrafo, reclamado del código local, al prever que cuando se detenga a una persona por un hecho que requiera querella de parte ofendida será informado inmediatamente a quien pueda presentarla y, si éste no lo hace en el término de doce horas siguientes a la detención, el adolescente será puesto en libertad sin menoscabo que el Ministerio Público pueda otorgar la libertad bajo caución, configura una violación al principio pro persona, de presunción de inocencia, legalidad, así como a las formalidades esenciales del procedimiento, los derechos a la seguridad jurídica y a la libertad personal.
t) Partiendo de la interpretación de los distintos supuestos constitucionales de restricción de la libertad personal y de las diferencias entre denuncia y querella, la comisión concluye que el precepto cuestionado permite de manera irregular que una persona, entre doce y dieciocho años, sea detenida y privada de su libertad sin que sean satisfechos los requisitos de procedibilidad; lo cual implica, a su juicio, que incluso en casos donde el delito sea perseguible por querella, puede retenerse al adolescente por doce horas, tiempo en el que se intentará localizar al afectado para determinar si desea o no prestar formal querella en contra del presunto adolescente infractor. De igual manera, alude que el derecho del adolescente a ser informado sin demora y personalmente sobre las razones por las que se le detiene también es vulnerado por el artículo impugnado, dado que no se puede informar de lo que se le acusa porque no existe acusación por quien tiene la facultad de hacerlo.
u) Asimismo, para la promovente, el artículo impugnado auspicia que la figura de flagrancia sea aplicable a los delitos perseguibles por querella, aun cuando técnicamente es admisible sólo para otros delitos. A su vez, el precepto impugnado decreta arbitrariamente la detención de adolescentes hasta por doce horas, sin que exista causa justificada, priva de la libertad a los adolescentes sin mediar orden de aprehensión y provoca entonces una detención arbitraria al no requerirse requisito alguno para llevar a cabo la respectiva detención, atentando contra la presunción de inocencia.
v) Tercer sub-apartado. Por último, se afirma que el artículo 50 cuestionado del código local, en su tercer párrafo, en la parte que señala que en un plazo máximo de setenta y dos horas se determinará la libertad o sujeción a proceso del adolescente y que, tal plazo, podrá prorrogarse hasta por un tiempo igual, resulta violatorio de los artículos 14 y 19 de la Constitución General en tanto que, por un lado, omite clarificar que esa prórroga sólo podrá ser solicitada por el adolescente como garantía constitucional y, por otro lado, permite entonces que la autoridad jurisdiccional de la entidad federativa prorrogue la detención del adolescente a petición de cualquiera de las partes intervinientes en el proceso (Ministerio Público, víctima o Juez de oficio), incidiendo en las formalidades esenciales del procedimiento.
w) Cuarto. Los artículos 28, 56, 85, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124 del código local violentan los principios del sistema integral de justicia para adolescentes previstos en los artículos 18 constitucional y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que otorgan el carácter de pena privativa y no de medidas de orientación, protección y tratamiento a las medidas de internamiento y a la sanción consistente en la prestación de servicios a la comunidad. A decir de la promovente, las normas constitucionales y convencionales citadas establecen que a los adolescentes sólo pueden aplicarseles medidas de orientación, protección y tratamiento. No obstante, al señalarse normativamente en Michoacán que la finalidad de la medida de internamiento es privar de la libertad de tránsito al adolescente, se provoca un alejamiento con el fin constitucionalmente legítimo que contempló el Constituyente para el sistema integral de justicia para adolescentes: imponer la medida más benigna posible entre todas las medidas que reúna la característica de idoneidad.
x) Dicho de otra manera, se sostiene que concebir el internamiento como una medida restrictiva de la libertad de tránsito de adolescentes y adultos jóvenes atenta contra las finalidades constitucionales de dicho sistema, al tener un fin más punitivo que orientador para el adolescente. En ese contexto, se destaca que el Tribunal Pleno ha señalado que el sistema integral de justicia para adolescentes se rige por el principio de mínima intervención que tiene tres vertientes: i) alternatividad [tratar de resolverse el menor número de conflictos a nivel judicial en términos del artículo 40, apartado 3, inciso b), de la Convención sobre los Derechos del Niño]; ii) internación como medida más grave (sólo para los delitos más graves) y iii) breve término de la medida de internamiento (tiempo máximo de la medida de internamiento que debe entenderse como el tiempo necesario e indispensable para lograr el fin de rehabilitación del adolescente). Criterio que se ve reflejado en la tesis de rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". Para la comisión accionante, estos lineamientos fueron desatendidos por los preceptos reclamados que prevén la medida de internamiento.
y) De la misma forma sucede respecto al artículo 85 cuestionado, el cual prevé la prestación de servicios a la comunidad sin que se fijen los rangos de edad mínimos, pues de acuerdo con el artículo 5o., en relación con el artículo 123, apartado A, ambos de la Constitución General, no puede ser aplicado a los menores entre doce y menos de catorce años cumplidos por no tener la edad laboral constitucionalmente permitida, además de que dicha prestación de servicios tampoco encuadra dentro de las medidas de orientación, protección y tratamiento.
z) Para la comisión promovente, las medidas aplicables a los adolescentes que infringen la ley penal devienen de la incorporación al sistema jurídico de la Convención de los Derechos del Niño y de otros instrumentos internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores ("Reglas de Beijing"; en particular, se destacan las reglas 13, 19 y 26), las Reglas Mínimas sobre Medidas no Privativas de la Libertad ("Reglas de Tokio"; en particular, se destaca las reglas 13 y 19) y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad ("Reglas de La Habana"; en particular, se destacan las reglas 12, 17, 32 y 38).
aa) De acuerdo a este conjunto de reglas, las finalidades primordiales de las medidas de internamientos son la capacitación y el tratamiento de menores teniendo por objeto garantizar su cuidado, protección, la satisfacción de su educación, formación y su bienestar en la mayor medida posible. Así, se reitera que en el ordenamiento impugnado no se reflejan los lineamientos referidos para la aplicación de medidas privativas de la libertad para los adolecentes y, por el contrario, el internamiento se contempla como una medida sinónimo de sanción y pena, transgrediendo el interés superior del menor y apartándose de su finalidad constitucional, dado que la aplicación de estas medidas debe sujetarse estrictamente al carácter proporcional a la conducta realizada con el fin de lograr la reintegración social, familiar y el pleno desarrollo de la persona y sus capacidades, y debe utilizarse como medida extrema por el tiempo más breve que proceda y únicamente para mayores de catorce años y por conductas calificadas como graves.
5. Admisión y trámite. Recibida la acción de inconstitucionalidad, mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil quince, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesta la demanda y la registró bajo el número de expediente 8/2015, designando como instructor al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
6. Hecho lo anterior, el Ministro instructor admitió la demanda y dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo. De igual forma, requirió al Congreso del Estado enviar a esta Suprema Corte copia certificada de todos los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y, al Poder Ejecutivo de la misma entidad, el envío de un ejemplar del Periódico Oficial del Estado correspondiente al veintiséis de diciembre de dos mil catorce, en el que se publicó el Decreto Número 472 por el que se expidió el Código de Justicia Especializada para Adolescentes.
7. Informe del Poder Legislativo. Como consecuencia de lo anterior, el veinticuatro de febrero de dos mil quince, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo rindió un escrito de informe en representación de ese poder, en el que argumentó, tras exponer consideraciones en cuanto a los antecedentes y la oportunidad, lo que se detalla en seguida:
a) Primero, se destaca la materia de análisis en una acción de inconstitucionalidad y se señala que no se está ante el caso de una ley privativa. Segundo, se afirma que la reforma impugnada cumple con lo previsto en el artículo 16 constitucional al estar debidamente fundada y motivada, ya que para su aprobación se observaron las formalidades esenciales del procedimiento legislativo previstas en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado. Así, se fundó y motivó el decreto que contiene los preceptos combatidos.
b) Posteriormente, se afirma que el Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán de ninguna manera contraviene los preceptos constitucionales, los derechos humanos, ni los numerales de los instrumentos jurídicos internacionales que se refieren la accionante en la demanda; en particular, no se transgreden los principios de igualdad, presunción de inocencia, presunción de minoría, los derechos a la seguridad jurídica y libertad personal, así como los principios que derivan del sistema integral de justicia para adolescentes. Ello, toda vez que la normatividad salvaguarda el principio pro persona, y los principios de posición preferente de los derechos humanos, mayor protección y fuerza expansiva de los mismos.
c) Además, por lo que hace al primer concepto de invalidez formulado por la promovente en torno a la concepción de la medida de internamiento como privativa, sostiene que en términos del último párrafo de la fracción XIX del artículo 11 (que señala "en ningún caso el aislamiento implicará incomunicación"), esta medida no configura una violación de preceptos constitucionales ni de aquellos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los Derechos del Niño. La medida no es de aislamiento absoluto, no implica incomunicación y es de última ratio.
d) En relación con los demás preceptos reclamados no se hace argumentación específica para defender su regularidad constitucional.
8. Informe del Ejecutivo. El seis de marzo de dos mil quince, el director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación del gobernador, rindió informe en el que expuso, en síntesis, lo siguiente:
a) Respecto al primer concepto de invalidez esgrimido por la promovente en el sentido de que el código local prevé un concepto de víctima distinto al definido en la ley general, se afirma que no debe pasarse por alto que la normatividad reclamada tiene como objetivo regular únicamente al sistema de justicia para adolescentes y no a la generalidad de víctimas que contempla la ley general, por lo que no se priva a ninguna persona de derechos contenidos en ese ordenamiento. Además, se menciona que el código en pugna contempla una definición amplia del concepto de víctima al definirla como cualquier persona o grupo de personas que resienten directamente la conducta tipificada como delito.
b) En torno al segundo concepto de invalidez, contrario a las pretensiones de la comisión actora, se argumenta que el aislamiento es contemplado para el efecto de que, tomando en cuenta la peligrosidad del interno, se establezcan las bases para el tratamiento individualizado de éste, buscando la reincorporación social del sujeto, sus características personales y la seguridad del propio centro de reclusión y del resto de los internos.
c) Así, se estima que los razonamientos de la comisión deben declararse inoperantes, toda vez que pasan por alto que la regulación de aislamiento en ningún caso implica incomunicación y sólo es aplicable en situaciones en las que sea estrictamente necesario, teniendo como finalidad evitar o resolver actos de violencia grave, generalizada o amotinamiento en los que el adolescente esté directamente involucrado. Lo que implica que el adolescente jamás recibirá medidas disciplinarias colectivas ni castigos corporales o de cualquier otro tipo que puedan ponerlo en peligro o violen sus derechos, ni que se le prohíban las visitas necesarias. Además, esta medida está sujeta a revisión por parte de la unidad especializada y atiende a los estudios y exámenes practicados mediante los que se determine la peligrosidad y avance readaptatorio de los internos en la sociedad.
d) Respecto al tercer concepto de invalidez de la demanda, se considera que los preceptos reclamados no violan el principio de presunción de inocencia. A su juicio, ninguna porción normativa de los artículos 23, fracciones VI y VII, 24 y 33, último párrafo, del código local contempla a los menores de doce años como sujetos de aplicación del sistema para adolescentes (más bien les asegura sus derechos al imponer ciertas obligaciones a las autoridades para resolver su situación jurídica en caso de que se advierta dicha edad, tal como ponerlo en inmediata libertad) ni tampoco permite exhibir o exponer públicamente a los niños y adolescentes o divulgar grabaciones, filmaciones, imágenes o cualquier otra información sobre los mismos.
e) En relación con el razonamiento de que el artículo 42, último párrafo, cuestionado viola los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29577-0b3c80ed/i-accion-de-inconstitucionalidad-no-se-actualiza-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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