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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUERRERO, TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. IUS PUNIENDI. SUS LÍMITES SE ENCUENTRAN EN LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO PENAL, ENTRE LOS QUE SE DISTINGUEN EL DE LEGALIDAD, EL DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, EL DE CULPABILIDAD Y EL DE NON BIS IN IDEM. IV. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. IMPLICA QUE EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS DEBEN SER CONSIDERADOS COMO CRITERIOS RECTORES PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS Y LA APLICACIÓN DE ÉSTAS EN TODOS LOS ÓRDENES RELATIVOS DE LA VIDA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. V. INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. VI. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL JUZGADOR ESTÁ OBLIGADO A REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA CONSIDERANDO LOS DEBERES DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES Y LOS DERECHOS A SU FAVOR CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN, LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ. VII. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. IMPLICA QUE EL DERECHO PENAL DEBE SER EL ÚLTIMO RECURSO DE LA POLÍTICA SOCIAL DEL ESTADO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES JURÍDICOS MÁS IMPORTANTES FRENTE A LOS ATAQUES MÁS GRAVES QUE PUEDAN SUFRIR. VIII. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. EL SUBPRINCIPIO DE ALTERNATIVIDAD ESTABLECE QUE SE DEBEN RESOLVER EL MENOR NÚMERO DE CONFLICTOS DE CARÁCTER PENAL INVOLUCRANDO A NIÑAS Y NIÑOS A NIVEL JUDICIAL. IX. DELITO DE DISCRIMINACIÓN COMETIDO POR ALUMNAS O ALUMNOS EN CONTRA DE SUS COMPAÑERAS O COMPAÑEROS EN INSTALACIONES ESCOLARES PÚBLICAS O PRIVADAS DEL ESTADO DE GUERRERO. EL HECHO DE QUE LA NORMA QUE LO PREVÉ NO SANCIONE SU COMISIÓN CON ENCARCELAMIENTO, NO LA EXIME DE SER UNA NORMA DE CARÁCTER PENAL, PUES AL ESTAR PLASMADA EN EL CÓDIGO PENAL DE LA ENTIDAD, INDUDABLEMENTE CRIMINALIZA LA CONDUCTA SANCIONADA Y, POR ENDE, SU APLICACIÓN A UN MENOR DE EDAD IMPLICA UNA COLISIÓN CON EL SUBPRINCIPIO DE ALTERNATIVIDAD QUE DERIVA DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 204 BIS I DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499). X. DELITO DE DISCRIMINACIÓN COMETIDO POR ALUMNAS O ALUMNOS EN CONTRA DE SUS COMPAÑERAS O COMPAÑEROS EN INSTALACIONES ESCOLARES PÚBLICAS O PRIVADAS DEL ESTADO DE GUERRERO. LA NORMA QUE LO PREVÉ POR EXISTIR DISCRIMINACIÓN EN RAZÓN DE RELIGIÓN, GÉNERO, VESTIMENTA, DISCAPACIDAD FÍSICA E INTELECTUAL, CONDICIÓN SOCIAL O ECONÓMICA, LUGAR DE ORIGEN, ESTADO DE SALUD, O EXISTA AGRESIÓN FÍSICA O VERBAL, DE MANERA REITERATIVA, Y QUE SANCIONA A LOS PADRES Y A LAS MADRES DEL AGRESOR O DE LA AGRESORA CON LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR A SU HIJA O HIJO A TERAPIA PSICOLÓGICA Y CON MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE ESTA CONDUCTA, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CULPABILIDAD, INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y, EN ESPECIAL, EL DE MÍNIMA INTERVENCIÓN EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 204 BIS I DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS PENALES CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 204 BIS I DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 839, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS RETROACTIVOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 204 BIS I DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 839, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 147/2021. · Registro digital (IUS): 31907
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-11-10
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo II, Pág.1226.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 147/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE MARZO DE 2023. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: DANIELA CARRASCO BERGE Y JUAN CARLOS SALAMANCA VÁZQUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de marzo de dos mil veintitrés, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 147/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 204 Bis I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499, adicionado mediante Decreto Número 839, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Guerrero el tres de septiembre de dos mil veintiuno.

La cuestión jurídica por resolver en este asunto consiste en determinar si el precepto impugnado es inconstitucional por: 1) transgredir el principio de culpabilidad, 2) transgredir el derecho humano a la seguridad jurídica, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el principio de interés superior de la niñez y de inimputabilidad de las niñas y los niños menores de 12 años, y el principio de mínima intervención del derecho penal; y, 3) fijar una pena que transgrede el principio de proporcionalidad de las penas y la prohibición de penas inusitadas en materia punitiva.

I. TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH"), presentó demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

2. Autoridades emisoras y promulgadora. Congreso del Estado de Guerrero y gobernador constitucional de dicha entidad federativa.

3. Norma general impugnada. El artículo 204 Bis I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499, adicionado mediante Decreto Número 839, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Guerrero el tres de septiembre de dos mil veintiuno.

"Artículo 204 Bis I. Discriminación en instalaciones escolares públicas o privadas.

"Cuando exista en las instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico, algún tipo de discriminación en razón de religión, género, vestimenta, discapacidad física e intelectual, condición social o económica, lugar de origen, estado de salud, exista agresión física o verbal, de manera reiterativa por parte de una alumna o alumno a sus demás compañeros o compañeras, los padres y las madres del agresor o de la agresora tendrán la obligación de llevar a su hija o hijo a terapia psicológica, así mismo, serán acreedores a multa de cien unidades de medida y actualización vigente al momento de la comisión de esta conducta."

4. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente argumenta que la norma impugnada es contraria a los artículos 1o., 4o., 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 9, 15 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 3 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

5. Conceptos de invalidez. La CNDH presenta los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación.

6. En el primer concepto de invalidez, la CNDH señala que la norma impugnada transgrede el derecho humano a la seguridad jurídica, el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el principio de interés superior de la niñez y de inimputabilidad de las niñas o los niños menores de 12 años y el principio de mínima intervención del derecho penal, por las siguientes razones:

6.1. Respecto al derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, la accionante señala que la forma en que se encuentra configurado el tipo penal del artículo 204 Bis I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero es en tal grado impreciso que impide que se identifiquen con certeza plena cada uno de los elementos que lo integran.

6.2. La accionante argumenta que la simple lectura de la norma admite diversas lecturas e interpretaciones. Asimismo, de un análisis de los elementos del delito previsto en la norma, la accionante concluye que el tipo penal no resulta claro, debido a que algunos elementos de la descripción de la conducta reprochable resultan vagos e imprecisos al no encontrarse debidamente acotados, e impide identificar con certeza cada uno de los elementos que lo constituyen. Al ser un tipo penal abierto e impreciso, genera incertidumbre jurídica para las destinatarias de la norma. En particular, señala:

a) El sujeto activo de la conducta típica no se define con precisión. Por ejemplo, en la conducta "exista algún tipo de discriminación" no se comprende qué sujeto realizaría la conducta prohibida y en la conducta "exista agresión física o verbal" parece que se imputa a personas menores de edad.

b) El objeto de la prohibición no se establece con exactitud, pues la configuración de la norma cuestionada únicamente alude a la existencia de algún tipo de discriminación, sin que pueda desprenderse una conducta concretamente atribuible a una persona. El precepto controvertido no define expresamente cuáles son las conductas que serán calificadas como discriminatorias.

c) La expresión "agresión verbal" constituye una conducta que admite múltiples interpretaciones. El texto es insuficiente para limitar razonablemente el conjunto de conductas que pueden actualizar esa conducta típica, ya que el enunciado es abierto al grado que en cada caso la autoridad penal podrá calificar, según su arbitrio, las palabras, expresiones, gesticulaciones o hechos que actualizan una agresión verbal, con la única referencia a la comprensión social y contextual de lo que constituye una ofensa que amerita el reproche punitivo.

6.3. La accionante concluye que las conductas típicas del artículo 204 Bis I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero no se encuentran debidamente acotadas para generar, indiscutiblemente, certeza jurídica a los destinatarios de la norma.

6.4. En cuanto al principio de interés superior de la infancia y al principio de minoría de edad o inimputabilidad de niñas y niños menores de 12 años, la accionante destaca que tratándose de medidas que puedan afectar los intereses de las niñas, niños y adolescentes, se debe llevar a cabo un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de aquéllas.

6.5. Asimismo, la CNDH señala que las niñas y los niños menores de 12 años carecen de capacidad para infringir normas penales. Lo anterior conforme al artículo 18, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, del que se desprende el principio de inimputabilidad de niñas y niños menores de 12 años. En el mismo tenor, la accionante desprende del diverso 40, párrafo 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, la obligación de los Estados Parte de establecer una edad mínima antes de la cual se presumirá que las niñas y los niños no tienen la capacidad de infringir leyes penales. Conforme a lo señalado por el Comité de los Derechos del Niño, dicha edad mínima no puede ser inferior a los 12 años.

6.6. La accionante señala que el artículo 204 Bis I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero conculca el principio de inimputabilidad de las niñas y los niños menores de 12 años porque sujeta a responsabilidad penal a las alumnas y los alumnos de instituciones educativas públicas y privadas de nivel básico. En el Estado de Guerrero, dicho alumnado tiene una edad de entre 45 días de nacidos y 15 o 16 años. A pesar de que la sanción no recaiga directamente en los estudiantes, la norma impugnada coloca a las niñas y a los niños menores de 12 años como sujetos imputables de las conductas reprochables del mencionado tipo penal. Por tanto, la accionante concluye que se transgrede el principio de inimputabilidad de niñas y niños menores de 12 años. Asimismo, agrega que se transgrede el principio del interés superior de la niñez, pues no se estableció una medida que efectivamente otorgue una protección efectiva a las personas menores de edad que hayan sufrido conductas reprochables en la norma impugnada, como de las que actualizaron los supuestos de la norma.

6.7. En cuanto al principio de mínima intervención en materia penal (ultima ratio), la CNDH reconoce que el bullying o acoso escolar es un fenómeno trascendente en México y señala su preocupación y exigencia por que éste se erradique, pues es una forma de violencia inadmisible en contra de la niñez y la adolescencia. A pesar de esto, señala que el precepto impugnado vulnera el principio de ultima ratio, pues el Congreso del Estado de Guerrero pudo haber adoptado otras medidas menos lesivas e, incluso, pudo retomar medidas ya vigentes.

6.8. Lo anterior, puesto que la tipificación de la conducta en la norma impugnada no garantiza efectivamente la salvaguarda del bien jurídico tutelado. El tipo penal únicamente sanciona a las madres y padres de los menores que hubieren realizado la conducta reprochable. La accionante considera que dicha sanción penal se enfoca exclusivamente en castigar, sin atender la multiplicidad de causas y factores que pueden ocasionar un ambiente de discriminación o agresión en las escuelas. Además, la medida únicamente se avoca a atener las posibles causas de las conductas violentas de las y los menores de edad que ejercen bullying, sin destinarse a proteger efectivamente la dignidad o integridad de la niña, niño o adolescente víctima.

6.9. Por otro lado, la accionante considera que a la luz del principio de subsidiaridad, el Estado debió recurrir en primera instancia a otras medidas menos restrictivas para proteger el bien jurídico, pues tal resultado se puede alcanzar a través de la aplicación de un marco jurídico civil y administrativo. Al respecto, asegura que la medida no impide ni previene el fenómeno de bullying. Asimismo, si el legislador únicamente pretendía que los padres o tutores asumieran la responsabilidad del cuidado de las niñas, los niños y adolescentes, podría haberse valido de medios menos lesivos al derecho penal. Además, señala que la obligación de educar, proteger y procurar un entorno de seguridad y armonía para niños y niñas no recae únicamente en padres y tutores, sino que es una responsabilidad compartida por las instituciones educativas y por el propio Estado.

7. En el segundo concepto de invalidez, la CNDH señala que la porción normativa "así mismo, serán acreedores a una multa de cien unidades de medida y actualización vigente al momento de la comisión de esta conducta" contenida en el artículo 204 Bis I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero transgrede el principio de proporcionalidad de las penas, así como la prohibición de penas inusitadas en materia punitiva. Lo anterior, puesto que establece una multa fija e invariable como una de las consecuencias jurídicas por la comisión del delito, lo que constituye una pena absoluta e inflexible que no permite un margen de apreciación para que los operadores jurídicos puedan individualizarse de manera casuística, atendiendo a la gravedad del ilícito y al grado de culpabilidad del sujeto activo. Por tanto, el precepto impugnado es violatorio de los artículos 14 y 22 constitucionales.

8. Auto de registro y turno. En acuerdo emitido el ocho de octubre de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 147/2021, y turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.

9. Auto admisorio. Por medio del auto emitido el trece de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero para que rindieran sus informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que estuvieran en posibilidad de formular manifestaciones.

10. Informe del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.(1) En su informe, el Poder Legislativo sostiene la validez de la norma impugnada. Esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:

10.1. Para responder al argumento de que los menores son inimputables, aduce que la sanción aplica solamente a los padres y, por tanto, no se afecta ningún derecho del menor responsable, pues éstos no son los sujetos activos penalmente hablando. Además, la sanción es únicamente económica y no priva de la libertad al responsable.

10.2. Alega que la norma no viola el derecho a la seguridad jurídica porque la reforma se aprobó con sustento en la Constitución Política del Estado de Guerrero. Además, la sanción se establece únicamente después de un juicio previo y la comprobación del tipo penal. Asimismo, los imputados cuentan con facultades para su defensa previstas en la Constitución y existen tiempos y condiciones para establecer la sanción en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

10.3. Considera que no hay vulneración al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad ya que la discriminación asentada en la norma es muy clara en su redacción y ésta sí establece el modo, tiempo y lugar para su materialización. Además, señala que el destinatario son todas aquellas personas que se encuentran en situación de discriminación entre compañeros o padres hacia otros menores y que cerrar la definición provocaría que ciertos sujetos de derecho no pudieran ser castigados.

10.4. Respecto a la penalidad establecida, argumenta que la multa beneficiaría la infraestructura de la entidad y también con ello se podría pagar el tratamiento que necesite el menor para sobreponerse a la situación que le generó una crisis. Además, involucrar a los padres con una multa les haría saber que tanto el menor infractor como la víctima son seres humanos que requieren ser tratados con dignidad para que no proliferen problemas sociales. En este sentido, argumenta que la política criminal es una facultad propia del Poder Legislativo.

10.5. Respecto al principio de proporcionalidad de las penas, señala que no considera la pena como inusitada porque lo inusitado significa "lo no usado" y existen multas como sanción en otras disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. Además, considera que la multa no es trascendental puesto que no trasciende a otros rubros. Considera que la pena es proporcional toda vez que es una multa la cual puede apoyar la reparación del daño del menor, tal como el tratamiento psicológico que pueda recibir.

10.6. Considera que no se afecta el principio de mínima intervención porque no existe otro medio legal penal que sancione esta conducta.

10.7. Agrega que no se afecta el principio del interés superior de la niñez porque no aplica la pena a los menores de edad sino a los padres, pero sí beneficia a quien es motivo de discriminación.

11. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero.(2) En su informe, el Poder Ejecutivo sostiene la validez de la norma impugnada. Esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:

11.1. El Poder Ejecutivo del Estado promulgó la norma imputada conforme a la facultad que le confiere la Constitución Estatal.

11.2. De los conceptos de invalidez, deriva que la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las normas impugnadas son imputadas y atribuidas al Poder Legislativo del Estado de Guerrero, por lo que advierte, le corresponde a dicho Poder sostener la validez de la norma.

11.3. Argumenta que la norma no transgrede el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal. Reconoce que si bien, el término "exista discriminación" es amplio, en ningún modo es ambiguo en virtud de que señala el tipo de discriminación que castiga: la discriminación en razón de religión, género, vestimenta, discapacidad física e intelectual, condición social o económica, lugar de origen y estado de salud. Por tanto, el tipo penal sí se encuentra determinado en forma específica.

12. Alegatos. Por medio de acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós se tuvieron por rendidos los informes de las autoridades. En dicho acuerdo, se otorgó un plazo para la formulación de alegatos.

12.1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló alegatos mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Guerrero los formuló el dieciséis de marzo de dos mil veintidós.(3)

13. Opinión de la Fiscalía General de la República.(4) En su opinión, la Fiscalía General de la República considera como fundados los dos conceptos de invalidez presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por tanto, estima que lo procedente es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la disposición impugnada como inválida. Esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:

13.1. Primer concepto de invalidez. Respecto a la violación al principio de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad y al derecho a la seguridad jurídica, considera que no existe indefinición en el sujeto activo de la norma, pues es comprensible que las personas sujetas activas de la descripción típica son las alumnas o alumnos de las instituciones educativas públicas o privadas de nivel básico de la localidad. Sin embargo, en lo que concierne a la conducta "exista agresión verbal", sí se viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, pues se otorga un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad ministerial o judicial para calificar palabras, expresiones, gesticulaciones o hechos que actualizan una agresión. Finalmente, considera que en general, el Congreso Local no cumplió, en su función creativa, con una redacción apropiada que permita que las conductas ilícitas sean claras o inteligibles, no solamente para las personas operadoras jurídicas, sino también para las personas destinatarias. Por tanto, se transgrede el principio referido.

13.2. Respecto a la violación al principio de minoría de edad o de inimputabilidad de niñas y niños menores de 12 años de edad, en relación con su interés superior, la norma penal está dirigida a la niñez de nivel inicial hasta de secundaria, lo que compone un sector etario que va desde los 45 días de nacimiento hasta los 15 o 16 años de edad. Por ello, se está transgrediendo el principio de inimputabilidad de personas menores de 12 años de edad. Además, destaca que el Congreso del Estado de Guerrero situó en un mismo plano de igualdad a las personas menores de 12 años y a las de 12 a 16 años, pues no distinguió rangos de edad. Esto implica una distorsión del sistema integral de justicia para los adolescentes en perjuicio del interés superior de la niñez.

13.3. Respecto a la violación al principio de mínima intervención (ultima ratio), señala que la escuela juega un rol preponderante entre los factores de protección de la niñez, pero también se erigen como un factor de riesgo. Así pues, deben potenciarse las medidas tendientes a incrementar la calidad de la formación y entrenamiento del personal educativo, y en crear capacidades para aplicar modelos de relacionamiento respetuosos e inclusivos para la gestión pacífica y constructiva de conflictos interpersonales. Considera que el Congreso del Estado de Guerrero, al tipificar la conducta, perdió de vista la línea jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que se trate de evitar la instauración de procesos penales en el caso de adolescentes. Señala que la legislación local –la Ley Número 214 para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Guerrero– ya establece un procedimiento para presentar quejas de actos, omisiones o prácticas discriminatorias ocurridas en instituciones escolares públicas o privadas de nivel básico en esa entidad federativa. Por tanto, no es necesario retomar dichas medidas, sino que más bien se sugiere analizar las medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación y la reparación dictadas por el Consejo Estatal, con la finalidad de identificar acciones de mejora que coadyuven en la solución de las problemáticas de conducta. Considera que sujetar al alumnado a un procedimiento de jurisdicción penal, lejos de garantizarle sus derechos humanos, podría ocasionarle una estigmatización en la escuela, provocando un círculo vicioso donde los sujetos activos del delito se convertirían en sujetos pasivos. Además, el tipo penal no abona la solución del conflicto interno que se puede presentar en las instituciones educativas, sino que podría provocar un incremento de las conductas reprochables. Considera también que no era necesario llegar a la materia penal para restituir el derecho por el acto, omisión o práctica discriminatoria. Respecto a la sanción, estima que no es solamente aplicable a las madres y padres, sino también al alumnado, pues éstos son sometidos a terapia psicológica. Indica que esto podría ser válido, pero bajo el ámbito administrativo y sin estar sujeto a un procedimiento jurisdiccional. Estima que el Congreso Local sí transgredió los subprincipios de fragmentariedad y subsidiariedad del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad penal. El Congreso Estatal no debió tipificar las conductas sin la motivación suficiente para demostrar la necesidad de realizarlo así por la vía penal. 13.4. Segundo concepto de invalidez. Respecto al principio de proporcionalidad de las penas, considera que la porción normativa "multa de cien unidades de medida y actualización" del artículo 204 Bis I, transgrede la prohibición de establecer multas excesivas, pues no permite al juzgador determinar la sanción correspondiente con base en las circunstancias en que se ejecutó la conducta discriminatoria, los medios para cometerla, el peligro del bien tutelado, así como la forma y grado de intervención. Además, de manera extensiva, considera que el diverso 204 Bis contiene una violación al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad al establecer un parámetro de "hasta doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización" el cual no establece a qué pena o medida de seguridad se refiere.

14. Opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formuló una opinión respecto de la acción de inconstitucionalidad.

15. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de autos, el seis de abril de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

16. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, conforme a los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(5) 1 de su ley reglamentaria;(6) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(7) así como el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 1/2023 de este Tribunal Pleno.(8) Ello es así puesto que la CNDH plantea la invalidez del artículo 204 Bis I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499 por considerar que éste viola el derecho a la seguridad jurídica y los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, de mínima intervención en materia penal (ultima ratio), de minoría de edad o de inimputabilidad de niñas y niños menores de 12 años, de proporcionalidad de las penas, del interés superior de la niñez, así como la prohibición de penas inusitadas, reconocidos en la Constitución Federal y en diversos tratados internacionales de los que México es Parte.

III. OPORTUNIDAD

17. De conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se haya publicado la norma general o tratado internacional impugnado en el medio oficial correspondiente. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.(9)

18. El tres de septiembre de dos mil veintiuno se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el Decreto Número 839, por el que se adicionó el artículo 204 Bis I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. Por ello, el plazo para la impugnación de este precepto transcurrió del cuatro de septiembre de dos mil veintiuno hasta el tres de octubre de esa anualidad. Sin embargo, el último día para la presentación de la demanda fue un día inhábil (domingo), por lo que de conformidad con el referido artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, la demanda se puede presentar al día siguiente, el cuatro de octubre de dos mil veintiuno.

19. La CNDH presentó la demanda relativa a esta acción de inconstitucionalidad el cuatro de octubre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, debe concluirse que la presentación de la demanda fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

20. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal faculta a la CNDH a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y de entidades federativas, así como tratados internacionales, por vulnerar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales de los que México es Parte.(10)

21. Dado que en la demanda la CNDH impugna el artículo 204 Bis I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero por vulnerar el derecho a la seguridad jurídica y los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, de mínima intervención en materia penal (ultima ratio), de minoría de edad o de inimputabilidad de niñas y niños menores de 12 años, de proporcionalidad de las penas, del interés superior de la niñez, así como la prohibición de penas inusitadas, debe concluirse que cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

22. Ahora bien, de conformidad con el primer párrafo del artículo 11, en relación con el diverso 59, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(11) la accionante debe comparecer por conducto del servidor público que esté facultado para representarla. Asimismo, establece que se presumirá que la persona que acude goza de la representación legal, salvo prueba en contrario.

23. María del Rosario Piedra Ibarra suscribe la demanda de la acción de inconstitucionalidad en su carácter de presidenta de la CNDH, el cual acredita con copia certificada del acuerdo de su designación emitido por el Senado de la República.

24. El artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos faculta a su presidenta a promover las acciones de inconstitucionalidad que correspondan.(12) Así, debe concluirse que esta funcionaria cuenta con la representación del órgano legitimado para presentar la demanda.

V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

25. Las autoridades emisoras y promulgadoras de las normas no hicieron valer ninguna causal de improcedencia y este Alto Tribunal no advierte que se actualice alguna de oficio, por lo que se pasa al estudio de fondo del asunto.

VI. ESTUDIO DE FONDO

26. En su primer concepto de invalidez, la CNDH argumenta, en síntesis, que: (1) el artículo vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal en cuanto a que la redacción del tipo penal es en tal grado impreciso que impide que se identifiquen con certeza plena los elementos que lo integran. (2) También, argumenta que la norma violenta el principio de interés superior de la infancia y el de inimputabilidad de niñas y niños menores de 12 años en cuanto a que sujeta a responsabilidad penal a alumnas y alumnos de instituciones públicas y privadas de nivel básico que tienen esa edad. (3) Además, señala que la norma viola el principio de mínima intervención en materia penal (ultima ratio) esencialmente porque la norma no garantiza efectivamente la salvaguarda del bien jurídico tutelado y el Estado debió haber recurrido a otras medidas menos restrictivas –tales como de carácter civil y administrativo– para la protección de dicho bien jurídico.

27. En su segundo concepto de invalidez, la accionante aduce que la porción normativa que fija la sanción transgrede el principio de proporcionalidad de las penas, pues establece una multa fija por la comisión del delito. Esto constituye una pena absoluta e inflexible que no permite un margen de apreciación para que los operadores jurídicos puedan individualizarse de manera casuística, atendiendo a la gravedad del ilícito y al grado de culpabilidad del sujeto activo.

28. De acuerdo con lo planteado por el accionante, la cuestión jurídica a resolver consiste en determinar si el artículo 204 Bis I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero es inconstitucional por vulnerar el derecho a la seguridad jurídica y los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, del interés superior de la niñez, de minoría de edad o de inimputabilidad de niñas y niños menores de 12 años, de mínima intervención en materia penal (ultima ratio), así como por transgredir el principio de proporcionalidad de las penas y la prohibición de pe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31907-8c661de2/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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