I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SOLA ADICIÓN DE SUJETOS PASIVOS DENTRO DE UNA NORMA PENAL NO ALTERA EL RESTO DE SUS ELEMENTOS, POR LO QUE NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS. V. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYEN UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. VI. DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA PREVISIÓN DE UNA PENA CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE LOS DERECHOS DE FAMILIA HASTA POR SEIS MESES, SIN DELIMITAR CUÁLES DE ÉSTOS SE SUSPENDERÍAN O PRIVARÍAN, VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE LOS DERECHOS DE FAMILIA HASTA POR SEIS MESES"). VII. DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA PREVISIÓN DE UNA PENA CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE LOS DERECHOS DE FAMILIA HASTA POR SEIS MESES, SIN DELIMITAR CUÁLES DE ÉSTOS SE SUSPENDERÍAN O PRIVARÍAN, OBLIGA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL A INVENTAR O ESTABLECER POR ANALOGÍA UNA SANCIÓN QUE LOS DETERMINE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE LOS DERECHOS DE FAMILIA HASTA POR SEIS MESES"). VIII. DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA DISPOSICIÓN DE QUE LA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA LOS BIENES JURÍDICOS DE PERSONAS BAJO LA PATRIA POTESTAD, TUTELA, CURATELA O GUARDA DE QUIEN EFECTÚA LA CONDUCTA TIPIFICADA ORIGINA LA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE ESOS DERECHOS RESPECTO DE AQUÉLLAS, NO SOLUCIONA LA DETERMINACIÓN DE UNA NORMA PENAL DIVERSA QUE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE LOS DERECHOS DE FAMILIA GENÉRICAMENTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE LOS DERECHOS DE FAMILIA HASTA POR SEIS MESES"). IX. DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL ARGUMENTO DE QUE LA PENA CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE LOS DERECHOS DE FAMILIA HASTA POR SEIS MESES IMPLICA LA TOTALIDAD DE ESOS DERECHOS NO LLEVA A LA VALIDEZ DE LA DISPOSICIÓN QUE LA PREVÉ, YA QUE LA ACTUALIZACIÓN DE ÉSTA REQUIERE FORZOSAMENTE UN EJERCICIO DE DIFERENCIACIÓN Y PRECISIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE LOS DERECHOS DE FAMILIA HASTA POR SEIS MESES"). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE LOS DERECHOS DE FAMILIA HASTA POR SEIS MESES"). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE LOS DERECHOS DE FAMILIA HASTA POR SEIS MESES").
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de noviembre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Por escrito recibido el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes:
Autoridad emisora y promulgadora de las disposiciones impugnadas.
A. Congreso del Estado de San Luis Potosí
B. Gobernador del Estado de San Luis Potosí
Disposiciones generales impugnadas
a) Artículo 202, último párrafo, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí en la porción normativa "suspensión o privación de los derechos de familia hasta por seis meses", publicado mediante Decreto 0983, el veintidós de junio de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad federativa de contenido siguiente:
"Artículo 202. Comete el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, quien:
"I. Sin motivo justificado abandona a sus ascendientes; hijas o hijos, o a su cónyuge, dejándolos sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia;
"II. Intencionalmente eluda el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, o
"III. Intencionalmente se coloca en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina.
"Este delito se sancionará con una pena de seis meses a tres años de prisión; sanción pecuniaria de sesenta a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización; suspensión o privación de los derechos de familia hasta por seis meses; y, como reparación del daño, el pago de al menos las cantidades no suministradas oportunamente."
SEGUNDO.—Los conceptos de invalidez que hace valer la accionante son en síntesis, los siguientes:
Señala que la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, en atención al principio de legalidad en materia penal, el mandato del artículo 14, tercer párrafo, de la Norma Suprema no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma, por lo que al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito.(1)
Además, ha sostenido que, como derivación del principio de legalidad, existe el diverso principio de taxatividad, definido como la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación y configuración de la ley que no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación.
Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que el objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma y en ese orden, los textos que contengan normas sancionadoras deben describir claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se pueden aplicar a quienes las realicen.(2)
De lo que se obtiene que el principio de taxatividad o tipicidad no sólo se limita a la correcta definición de las conductas socialmente lesivas, sino que se extiende a las penas, lo que resulta importante para asegurar el correcto actuar de la autoridad judicial en la individualización de las mismas, de manera que se abone a la certeza con la que deben contar las personas que, en su caso, se vean afectadas en sus derechos al aplicarse dichas normas punitivas.
En ese sentido, la comisión accionante sostiene que el artículo impugnado, en la porción normativa "suspensión o privación de los derechos de familia, hasta por seis meses" vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, en virtud de que se constituye como una punibilidad abierta que no cumple con el requisito de legalidad y genera incertidumbre jurídica para las personas que sean judicialmente condenadas por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
La disposición impugnada refiere a los "derechos de familia", sin precisar a cuáles de ellos se refiere de manera específica, o si las personas que sean condenadas por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar quedarán suspendidos o privados de todos esos derechos, razón por la cual, se erige como una sanción vaga, que contraviene la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
La familia, en cualquiera de sus manifestaciones, es la institución social que constituye el núcleo mínimo para la adecuada funcionalidad del Estado, en virtud de que cualquier persona, antes que ciudadana o ciudadano y miembro de la sociedad, es originariamente miembro de una familia. Por tanto, el núcleo familiar converge como centro de las diversas experiencias y expresiones humanas y conductas personales.
Es decir, la familia como institución intermedia entre el individuo y la sociedad, es la comunidad que protege y educa a sus miembros para su proyección en la vida social. Esta conjunción de funciones es una labor que sólo puede ser cumplida por ella, en cualquiera de sus diversas manifestaciones, y que no puede ser sustituida sin que lleve consigo una afectación para sus miembros.
En ese sentido, el Estado tiene la obligación fundamental de proteger la familia a la que pertenece todo ser humano bajo su jurisdicción, ya que aquélla es la comunidad que responderá de manera más satisfactoria ante sus requerimientos como persona humana en todo el transcurso de su existencia; además, debe considerarse que esta protección no sólo beneficia al ser humano como individuo, sino que, primordialmente, representa una garantía para el Estado de alcanzar sus objetivos respecto de la consecución del bien común.
Como esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado, el derecho de protección a la familia implica favorecer ampliamente el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar por lo que el Estado debe resguardar su estabilidad y garantizar que las personas puedan gozar efectivamente de sus relaciones familiares.(3)
De lo anterior se desprende que el derecho internacional reconoce a la institución familiar como elemento natural y fundamental de la sociedad, en cualquiera de sus manifestaciones, así como un derecho humano que debe ser protegido por la sociedad y el Estado, implicando el desarrollo amplio del núcleo familiar. En tal virtud, se constituye como una de las posibilidades de los miembros que la integran, de acceder a un nivel de vida adecuado y la correlativa obligación para sus integrantes y para el Estado, de asegurar su plena eficacia.
En ese sentido, refiere que la Primera Sala ha sostenido que del derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado emanan obligaciones tanto para el Estado en el ámbito del derecho público –régimen de seguridad social– como para los particulares en el ámbito del derecho privado –obligación de proveer alimentos–, derivándose de la interacción y complementación de ambos aspectos la plena eficacia del derecho en estudio.(4)
De manera particular se ha determinado que la obligación alimentaria deriva del principio de solidaridad familiar, el cual se traduce en una pauta de comportamiento para los miembros de determinado núcleo familiar, mismo que no se reduce a relaciones paterno-filiales, a partir del cual tienen el deber de apoyar a los integrantes de la familia que se encuentren en situaciones apremiantes o de necesidad.
Tal solidaridad se manifiesta en asistencia y ayuda mutua, buscando satisfacer carencias espirituales y materiales, lo que constituye una consecuencia directa del reconocimiento de cada persona como un ser individual, titular de derechos fundamentales a partir de tal calidad, pero también como integrante de una familia y, por tanto, adherente a ciertos valores y aspectos comunes.(5)
En ese sentido, en ejercicio de su libertad configurativa y del "ius puniendi" que le corresponde en su ámbito, considera que el Congreso local instituyó la protección de la familia como bien jurídico tutelado en su Código Penal vigente, al establecer como delito, entre otros, el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, el cual responde frente a la conducta antijurídica de abstención dolosa de proveer alimentos para procurar la subsistencia y acceso a una vida adecuada de los integrantes de la familia.
Asimismo, resulta pertinente acudir a las disposiciones del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí para observar que en su artículo 1o. se dispone que las normas de derecho familiar contenidas en el mismo, son de orden público, interés social y observancia general. Por tanto, son irrenunciables y no son materia de convenio, salvo las excepciones expresamente señaladas. Por tanto, el objetivo de este artículo es regular las instituciones derivadas de la familia y las relaciones entre sus integrantes.
De igual forma, el artículo 2o. de la codificación familiar de San Luis Potosí establece que las normas de derecho familiar se sustentan en los principios de equidad, solidaridad doméstica, respeto mutuo e interés superior de la o el menor. Para lograr la integración familiar, los miembros de la familia tendrán los derechos y obligaciones que se señalan en ese código y otras disposiciones aplicables en la materia.
De donde se desprende que el Código Penal en la norma tildada de inconstitucional, resulta de tal forma indeterminada, que resulta imposible saber cuáles son los derechos de familia que se suspenderán o se privarán,(6) dejando un margen amplio de actuación a la autoridad jurisdiccional para que, a su arbitrio, determine cuáles suspenderá y/o privará en cada caso.
Sin que tampoco se pierda de vista que al afectarse la totalidad de los derechos de familia de las personas que sean condenadas por ese delito, se impediría el ejercicio de los diversos derechos con los que cuenta el sujeto pasivo del delito, a saber: ascendientes, descendientes, colaterales, cónyuges, concubinas y concubinarios, en contravención del interés superior de los menores o en contra de adultos mayores, los cuales son grupos sociales que deben protegerse con especial atención.
Sobre este punto, se precisa que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en términos de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño, implica que los Estados velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos. Además, deberán respetar el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés superior.
Señala que este Alto Tribunal ha determinado que el Estado debe resguardar la estabilidad de los niños en su núcleo familiar y garantizar que éstos puedan gozar efectivamente de sus relaciones familiares y que dicha protección es aplicable también al caso de los niños que viven con sus progenitores en reclusión.
Por lo que al suspender o privar de los derechos de familia a un padre o madre de un menor de edad, por ejemplo, en relación con la convivencia, se niega este derecho también al niño, niña o adolescente y contraviene su interés superior, contemplado tanto en el artículo 4o. de la Constitución Federal, como el diverso 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño.(7)
Adicionalmente, sostiene que la porción normativa impugnada vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones, en virtud de que no permite al juzgador prescindir de aplicar la medida de suspensión o privación de los derechos de familia en un asunto concreto, pues la misma se señala como una pena obligatoria sin posibilidad de que el operador jurídico realice una ponderación caso por caso de la imposición de la misma, lo que podría traducirse a su vez en una trasgresión al interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
Igualmente, la sanción conjuntiva y en automático de la suspensión o pérdida de los derechos de familia vulnera el derecho de los menores de edad a vivir en familia y a mantener relaciones, pues establecer de manera irrestricta tal pena, sin permitir que el juzgador pondere los derechos que deben prevalecer en un caso concreto, es contrario al interés de la niñez.
Por lo anterior, resulta imprescindible que el juzgador esté posibilitado por la ley para la aplicación discrecional y la graduación de las medidas necesarias, idóneas y eficaces para proteger los derechos de los menores de edad, lo cual solamente puede ser objetivamente juzgado a la luz de cada caso concreto, a través de un ejercicio de ponderación de los derechos que el operador jurídico realice en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, de conformidad con su interés superior.
En sentido similar se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2016, señalando que, si bien las medidas como la pérdida de la patria potestad, la reasignación de la guarda y custodia, así como la privación de un régimen de convivencias, en sí mismas no son inconstitucionales, dichas sanciones deben ser excepcionales y estar justificadas en el interés superior de los menores de edad, por lo cual, más que sanciones a los padres, dichas medidas deben ser entendidas en beneficio de los hijos, razón por la que cuando un operador jurídico las decrete debe valorar que resulten idóneas, necesarias y eficaces conforme a las circunstancias del caso concreto.
Al margen de lo anterior, se destaca que los conceptos previstos como pena en la norma impugnada son diversos entre sí, pues la "suspensión" es distinta a la "privación" y de la lectura integral del artículo impugnado no se desprenden los supuestos en los que debe optar en uno u otro caso el Juez, por lo que se insiste en la vulneración de la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
Finalmente, se refiere que la posible invalidez que en su caso se decrete respecto de la norma impugnada, no dejaría desprotegidos a los acreedores, pues en el Código Familiar se prevén medidas y procedimientos que pueden ejercitar los acreedores alimentarios en caso de incumplimiento de los deudores, de manera que se protejan sus derechos.
TERCERO.—Preceptos que se consideran vulnerados. Los artículos 4o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
CUARTO.—Mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 61/2018 y de conformidad con el registro de turno de los asuntos, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor en la acción de inconstitucionalidad referida, en términos del artículo 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
QUINTO.—El tres de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió la referida acción, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la disposición impugnada y al Poder Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.
SEXTO.—Al rendir su informe, el consejero jurídico del Estado de San Luis Potosí en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad, adujo en síntesis lo siguiente:
Consideró que la inconstitucionalidad material de las normas impugnadas, no son actos atribuibles al Poder Ejecutivo porque fueron formuladas en el proceso legislativo de la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y desde el punto de vista formal, el accionante en ningún momento se duele o aduce ilegalidad alguna sobre su promulgación o publicación.
Por lo anterior, considera que en lo que le corresponde, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se concatena con la causal de improcedencia inmersa en el numeral 19, fracción VIII, de la propia ley, debido a que no se señalaron vicios propios de los actos reclamados por los que se comparece.
SÉPTIMO.—Al rendir su informe, el Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí manifestó lo siguiente:
Sostiene que el artículo impugnado es preciso cuando establece y describe las conductas típicas que actualizan el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, encontrándose suficientemente definidas, sin que se deje en estado de incertidumbre ante el contenido de la norma.
Es falso que no se cuente con una determinación precisa dado que ha sido criterio reiterado de los tribunales federales, lo que debe entenderse, por derecho de familia.
El cual ha sido definido como el conjunto de principios de valores procedentes de la Constitución, tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisdiccionales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también delimitar las relaciones conyugales de concubinato y parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social.
Por lo que hace a la disposición en controversia, ésta prevé como sanción la suspensión de los derechos de familia, en perjuicio del encausado y no así la suspensión de sus obligaciones familiares con los terceros, dejando a salvo los derechos de éstos.
Asimismo, considera una finalidad constitucionalmente legítima el proteger y tomar medidas que garanticen los derechos familiares, maximizando y sobreponiendo el interés superior de menores e incapaces, mediante la creación e implementación de un marco jurídico que así lo garantice.
Por lo que el Poder Legislativo Estatal haciendo uso de su libertad configurativa, protege y garantiza, mediante ley positiva, los derechos de familia.
Por otra parte, sostiene que el principio de taxatividad no puede traducirse en que, para cada tipo penal, el legislador tenga que definir cada vocablo o locución utilizada al redactarlo; asimismo, debe atender al contexto en que se desarrollan las disposiciones legales bastando con que los destinatarios de la norma tengan conocimiento específico de las pautas de conductas punibles que se encuentran prohibidas por el ordenamiento.
En el caso, afirma que la disposición impugnada se encuentra suficientemente precisada en cuanto a su aplicación, descripción de la conducta típica y alcances, apegándose al principio de taxatividad penal.(8)
OCTAVO.—El procurador general de la República formuló opinión en la que manifestó lo siguiente:
Sostiene que se debe desestimar la causal de improcedencia formulada por el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí puesto que en materia de acciones de inconstitucionalidad es necesario llamar a juicio tanto a la autoridad emisora como a la promulgadora, a fin de que defiendan su posición respecto a la constitucionalidad de la norma impugnada, considerando que ambas participaron en el proceso de creación de las mismas.(9)
Resulta evidente que la intención del legislador local, al llevar a cabo la adición de la porción normativa objeto de control, fue que aquella persona que encuadre su conducta al tipo penal de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, se le sancionará con una suspensión o privación de los derechos de familia hasta por seis meses.
De donde se desprende que el legislador local tomó como referencia lo establecido en el Código Penal Federal, en donde se sanciona al sujeto del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, con la suspensión o privación de los derechos de familia y el legislador federal, fue contundente al señalar que serían todos los derechos en comento.
Sin que se advierta notoria desproporción en comparación con el bien jurídico tutelado, el cual en este caso se refiere a la protección a la familia y el aseguramiento a sus integrantes de un nivel de vida adecuado que garanticen su subsistencia.
Igualmente, refiere que la Primera Sala de esta Suprema Corte ha reconocido que no necesariamente una disposición normativa es inconstitucional si el legislador no define cada vocablo o locución que utiliza, ya que ello tornaría imposible la función legislativa y es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios.
Por lo que es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento.
Así, el mandato de taxatividad sólo puede obligar al legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable, por lo que los textos legales que contienen las normas penales únicamente deben describir con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas; la exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual.
Por otra parte, afirma que la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión (y, por ellos, necesitados de concreción), entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y posteriormente, una mayor concreción.
A partir de la presunción de que el legislador es racional, puede entenderse que si no se estableció una definición cuyos límites materiales estuvieran definidos por la ley, es porque el órgano legislativo consideró que los gobernados podían adecuar su conducta a las normas aplicables sin necesidad de acudir a una definición legal previamente establecida.(10)
Por tanto, cuando el tipo penal contiene una referencia a vocablos como "derechos de familia" tales locuciones constituyen una remisión tácita a la legislación especial reguladora del derecho contenido en el tipo penal, como en la especie lo es el Código Familiar del Estado de San Luis Potosí para determinar cuáles son los derechos de familia susceptibles de ser afectados.
En tanto que la falta de definición expresa hace necesario recurrir a la legislación, cuyo análisis integrador y armónico, permite que el dispositivo en mención cuente con un grado suficiente de claridad y precisión, en tanto que del contexto de la norma puede observarse su significado sin confusión para el destinatario, pudiendo el operador jurídico aplicar la suspensión de cualquiera de esos derechos, conforme parámetros de mínimo a máximo, así como la gravedad del ilícito, la capacidad económica del infractor o cualquier elemento tendente a demostrar la gravedad, levedad o reincidencia de la conducta a sancionar.
En cuanto al argumento de la comisión accionante de que la porción normativa impugnada constituye una disposición indeterminada y desproporcional, afirma que tal argumento deviene infundado, pues la intención del legislador fue la de sancionar a los infractores de la ley por la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar con la suspensión o privación de los derechos de familia hasta por seis meses, por lo que es evidente que la norma impugnada, de manera expresa dispone que los derechos de familia que se le suspenderán o privarán al sujeto activo serán todos.
Esto es, la norma combatida no da oportunidad o posibilidad para una interpretación de cuántos derechos de familia serán los afectados por la comisión del delito de mérito, al implicar el universo de tales prerrogativas y no siendo aplicable el principio jurídico de interpretación jurídica que establece que "donde la ley no distingue no es dable distinguir".
Por lo que estima que esta Suprema Corte debe declarar la validez de la porción normativa impugnada.
NOVENO.—Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que se plantea la posible contradicción entre un artículo del Código Penal del Estado de San Luis Potosí y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.—Oportunidad. Por razón de orden, en primer lugar se debe analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(11) dispone que el plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada la norma; si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.
La norma impugnada se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el viernes veintidós de junio de dos mil dieciocho, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente, que obra agregado al expediente,(12) por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del sábado veintitrés de junio al domingo veintidós de julio, por lo que al ser presentada el lunes veintitrés siguiente, según se advierte del sello que obra al reverso de la foja 28 del expediente, resulta oportuna.
Lo anterior, en atención a que aún se encontraba en posibilidad para hacerlo, en el entendido que el día hábil siguiente era el primero de agosto de dos mil dieciocho.(13)
TERCERO.—Legitimación. A continuación, se analizará la legitimación de quien promueve la acción, por ser un presupuesto indispensable para su ejercicio.
Suscribe el escrito respectivo, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo.(14)
El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal establece que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá promover la inconstitucionalidad de leyes federales que sean contrarias a los derechos humanos.
Por otro lado, la representación y las facultades del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentran consagradas en el artículo 15, fracciones I y XI, de la ley que regula el mencionado órgano.(15)
En el caso, dicho funcionario ejerce la acción en contra de un artículo del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, por considerarlo contrario a diversos derechos humanos, por lo que cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
CUARTO.—Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí sostiene en su informe que debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad en lo que a dicho órgano corresponde, ya que el accionante en ningún momento formula argumentos en contra de la promulgación o publicación del decreto impugnado.
Por lo que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se concatena con lo establecido en el numeral 19, fracción VIII, del mismo ordenamiento.(16)
Este Tribunal Pleno considera que debe desestimarse la causa de improcedencia invocada, pues como se desprende de los artículos 61, fracción II y 64 de la ley reglamentaria ya citada,(17) la conformación de las acciones de inconstitucionalidad como mecanismo de impugnación exige el señalamiento y respuesta de los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado la norma general impugnada.
Por tanto, no asiste razón a dicho órgano al señalar que debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad conforme a los artículos 20, fracción II y 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, ya que al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad.
Por lo que debe responder por la conformidad de los actos que dieron origen a la norma jurídica impugnada frente a la Constitución Federal, con independencia de que no se hubieran planteado conceptos de invalidez en contra de los que específicamente suscribió.(18)
Por otra parte, no pasa desapercibido para este Tribunal Pleno que mediante Decreto No. 1019 publicado en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29460-4c41acc1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REITERACIÓN DEL CONTENIDO DE UNA NORMA PENAL QUE HA CONSERVADO LA MISMA REDACCIÓN DESDE SU EXPEDICIÓN PARA EFECTOS DE DAR VIDA JURÍDICA A UN N (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES FEDERALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN MATERIA PE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADO (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO, AL PREVER COMO PENA PARA ESTE DELITO LA SUSPENSIÓN DE LOS "DE (X.P.3 P (11a.))
- DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. LA CONDUCTA TÍPICA CONTEMPLADA EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE MÍNIMA INT (1a./J. 38/2025 (11a.))
- OFENDIDO O VÍCTIMA DE UN DELITO. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE CONCEDE EL INDULTO AL (IX.2o.44 P)
- OMISIÓN DE CUIDADO EN LA MODALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ECONÓMICOS, E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULO (XXXII.4 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis