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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REITERACIÓN DEL CONTENIDO DE UNA NORMA PENAL QUE HA CONSERVADO LA MISMA REDACCIÓN DESDE SU EXPEDICIÓN PARA EFECTOS DE DAR VIDA JURÍDICA A UN NUEVO SUPUESTO DENTRO DE LA MISMA, ACTUALIZA UN CAMBIO NORMATIVO QUE GENERA LA POSIBILIDAD DE QUE DICHA PORCIÓN SEA IMPUGNADA EN ESE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. IV. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A, FRACCIONES V, XII, XIII, XIV, XV Y XVI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). V. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. VI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL. SE INTEGRA POR LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD, NO RETROACTIVIDAD, RESERVA DE LEY Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY. VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO PUEDE OBLIGAR AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. VIII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ELEMENTOS PARA ANALIZAR EL GRADO DE SUFICIENCIA EN LA CLARIDAD Y PRECISIÓN DE UNA NORMA. IX. TIPICIDAD. CONSTITUYE UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE DEL ACREDITAMIENTO DEL INJUSTO PENAL Y LA BASE FUNDAMENTAL DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN TODAS SUS DERIVACIONES. X. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL. DIRECTRICES A PARTIR DE LAS CUALES SE VERIFICA. XI. DELITO DE LESIONES DOLOSAS CALIFICADAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LA FALTA DE ESPECIFICACIÓN DE LOS DERECHOS FAMILIARES, INCLUIDOS LOS DE DERECHO SUCESORIO, DE LOS CUALES SE PRIVARÁ AL RESPONSABLE, ASÍ COMO DE LA DETERMINACIÓN SOBRE SI LA PÉRDIDA DE ÉSTOS SE DARÁ ÚNICAMENTE RESPECTO DE LA VÍCTIMA O DE SU ENTERO CÚMULO DE FAMILIARES Y DEL PLAZO EN EL QUE EL SUJETO ACTIVO DEL DELITO SERÁ PRIVADO DE AQUÉLLOS TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 107, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PRIVÁNDOSE ADEMÁS AL RESPONSABLE DE LOS DERECHOS FAMILIARES QUE LE CORRESPONDAN, INCLUIDOS LOS DE DERECHO SUCESORIO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XII. DELITO DE LESIONES DOLOSAS CALIFICADAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LA FALTA DE ESPECIFICACIÓN DE LOS DERECHOS FAMILIARES, INCLUIDOS LOS DE DERECHO SUCESORIO, DE LOS CUALES SE PRIVARÁ AL RESPONSABLE GENERA ARBITRARIEDAD EN LA APLICACIÓN DE ESA SANCIÓN, POR LO QUE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 107, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PRIVÁNDOSE ADEMÁS AL RESPONSABLE DE LOS DERECHOS FAMILIARES QUE LE CORRESPONDAN, INCLUIDOS LOS DE DERECHO SUCESORIO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIII. DELITO DE LESIONES DOLOSAS CALIFICADAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LA PREVISIÓN DE LA SANCIÓN CONSISTENTE EN PRIVAR DE LOS DERECHOS FAMILIARES, INCLUIDOS LOS DE DERECHO SUCESORIO, AL SUJETO ACTIVO DEL DELITO COMO UNA MEDIDA OBLIGATORIA QUE IMPOSIBILITA AL OPERADOR JURÍDICO VALORAR CASO POR CASO SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 107, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PRIVÁNDOSE ADEMÁS AL RESPONSABLE DE LOS DERECHOS FAMILIARES QUE LE CORRESPONDAN, INCLUIDOS LOS DE DERECHO SUCESORIO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 107, PÁRRAFO PENÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PRIVÁNDOSE ADEMÁS AL RESPONSABLE DE LOS DERECHOS FAMILIARES QUE LE CORRESPONDAN, INCLUIDOS LOS DE DERECHO SUCESORIO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 75-A, FRACCIONES V, XII, XIII, XIV, XV Y XVI, Y 107, PÁRRAFOS PENÚLTIMO Y ÚLTIMO, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "PRIVÁNDOSE ADEMÁS AL RESPONSABLE DE LOS DERECHOS FAMILIARES QUE LE CORRESPONDAN, INCLUIDOS LOS DE DERECHO SUCESORIO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XVI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS RETROACTIVOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 84/2019. · Registro digital (IUS): 29806
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-05-21
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo I, Pág. 607.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 84/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 20 DE JULIO DE 2020. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de julio de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Norma impugnada; autoridades emisora y promulgadora. Por oficio presentado el siete de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 75-A, fracciones V, XII, XIII, XIV, XV y XVI, así como 107, último párrafo, en la porción normativa que indica: "privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio", ambos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, publicados mediante Decreto Número 177 en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el ocho de julio de dos mil diecinueve. Asimismo, señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente consideró que las normas cuya invalidez se demanda son violatorias de los artículos 1o., 4o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 2 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En el ocurso inicial la accionante hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

Por lo que ve al artículo 75-A, fracciones V, XII, XIV, XV y XVI, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

Después de establecer los alcances del derecho de seguridad jurídica y del principio de legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el promovente señala que el ocho de octubre de dos mil trece se publicó el Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, de la Ley Fundamental, en "materia de legislación procesal penal única". Que por virtud de dicha reforma se estableció la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la referida legislación aplicable en todo el territorio nacional; con lo cual –añade– se limitó la libertad configurativa de las entidades federativas para legislar en esa materia, a fin de homologar en toda la República las normas aplicables en los procedimientos penales y evitar la posibilidad de que existieran diversas formas de procurar y administrar justicia.

Refiere que, en ejercicio de esa atribución, el cuatro de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se estableció –entre otros aspectos– lo relativo a las medidas cautelares, particularmente, todo aquello relacionado a la prisión preventiva.

Así las cosas, estima que las disposiciones impugnadas resultan inválidas, ya que el legislador local carece de competencia para establecer un catálogo de delitos por los que procederá la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, debido a que dicha atribución le corresponde en forma exclusiva al Congreso de la Unión.

Menciona que la Legislatura Local se encuentra inhabilitada constitucionalmente para establecer en la ley impugnada los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, incluso ni siquiera de manera reiterativa, ya que éstos están regulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que insiste en la violación al derecho fundamental de seguridad jurídica y al principio de legalidad, debido a que el legislador hidrocálido quebrantó el régimen de competencias establecido en la propia Constitución Federal.

Finalmente, considera que la medida cautelar de la prisión preventiva es por sí sola inconvencional, pues de acuerdo con el "Informe sobre Medidas para Reducir la Prisión Preventiva", presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su aplicación oficiosa resulta transgresora de diversos derechos humanos, tales como la libertad personal, la libertad de tránsito, el debido proceso legal, la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, así como los principios de excepcionalidad de la prisión preventiva y pro persona.

En cuanto al artículo 107, último párrafo, en la porción normativa que indica: "privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan incluidos los sucesorios", del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

Sostiene que dicha porción normativa vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que establece una sanción indeterminada y desproporcional al no determinar cuáles derechos del cúmulo de instituciones relacionadas con la familia, son los que le podrán ser privados al sujeto activo del delito de lesiones dolosas calificadas, así como respecto de qué sujetos.

Al igual que se hizo en el apartado anterior, después de determinar el alcance del principio de legalidad en su vertiente taxatividad en materia penal, refiere que la porción normativa impugnada resulta indeterminada respecto de cuáles son los derechos familiares, incluyendo los sucesorios, que podrán privárseles a los responsables de las lesiones dolosas calificadas, toda vez que no los precisa de manera específica ni tampoco respecto de qué familiares opera tal privación, por lo cual se erige como una sanción vaga, que le permite al operador jurídico un margen amplio de actuación.

Argumenta que el Código Civil del Estado de Aguascalientes reconoce, entre otros derechos familiares susceptibles de afectación, la adopción, los alimentos, la convivencia, la patria potestad y tutela. Empero, insiste en que en la porción normativa impugnada no se precisa respecto de a cuáles derechos familiares se refiere, lo que evidentemente genera inseguridad jurídica.

Por su parte, menciona que dicha porción normativa también vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones, ya que al afectarse la totalidad de los derechos de familia de las personas que sean condenadas por ese delito, se impediría el ejercicio de los diversos derechos con los que cuenta el sujeto pasivo, a saber: ascendientes, descendientes, colaterales, cónyuges, concubinas y concubinos; además, eventualmente podría trascender en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, en contravención de su interés superior.

Finalmente, señala que la porción normativa vulnera dicho principio, ya que no le permite al juzgador prescindir de aplicar la medida de privación de los derechos familiares en un asunto concreto, puesto que la misma señala una pena obligatoria sin posibilidad de que el operador jurídico realice una ponderación caso por caso de la imposición de la misma ni la posibilidad de que pondere entre los derechos en colisión de los menores de edad y su derecho a mantener las relaciones familiares con ambos progenitores. En ese sentido, la sanción conjuntiva y en automático de la pérdida de los derechos familiares vulnera el derecho de los menores de edad a vivir en familia y a mantener relaciones.

CUARTO.—Registro del expediente y turno de la demanda. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el número 84/2019. Por razón de turno, le correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.

QUINTO.—Admisión de la demanda. Así, ese mismo día el Ministro instructor dictó acuerdo en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que rindieran sus respectivos informes, en términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional; asimismo, requirió al Congreso del Estado para que al rendir su informe remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas generales impugnadas; en tanto que el Ejecutivo del Estado fue requerido para que exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial que contiene el decreto por el que fueron reformadas.

SEXTO.—Informes del titular del Ejecutivo y del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.

I. Informe de la autoridad emisora

Señala que con las porciones normativas impugnadas se han respetado las atribuciones del Congreso de la Unión previstas en el artículo 73 de la Constitución Federal.

Para evidenciar lo anterior, refiere que en el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley Fundamental, se disponen los supuestos mediante los cuales se puede decretar la prisión preventiva, como una medida cautelar, incluidos aquellos delitos en los que oficiosamente el Juez deberá ordenar la imposición de dicha figura. Que en los supuestos ahí previstos se encuentran los principios rectores en materia penal que delimitan la función legislativa de los Congresos Locales; mientras que en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se identifica un listado de delitos que encuadran dentro de los parámetros señalados en el mencionado precepto constitucional.

Empero, estima que dentro de ese catálogo se encontraban pendientes aquellos delitos del fuero común, competencia de las entidades federativas, respecto de los cuales se le pudiera aplicar la figura de la prisión preventiva, lo cual fue materia de regulación en la disposición impugnada.

Así las cosas, menciona que, contrastados los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, desaparición forzada de personas y abuso de autoridad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, es posible concluir que esos tipos penales se encuentran dentro del marco constitucional permitido al legislador ordinario para incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

II. Informe de la autoridad promulgadora

Menciona que los actos que le son imputados se ajustan a lo mandatado por los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; de ahí que la sola publicación de un documento por parte del Ejecutivo del Estado no viola los preceptos constitucionales y convencionales que señala la parte promovente.

SÉPTIMO.—Acuerdos que tienen por rendidos los informes de las autoridades demandadas. Por acuerdos de seis y once de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, así como por exhibidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normativas impugnadas y del ejemplar del Periódico Oficial que contiene el decreto por el que fueron reformadas.

OCTAVO.—Cierre de instrucción. Recibidos, únicamente, los alegatos del titular del Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, por auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que la promueve el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por considerar que los artículos 75-A, fracciones V, XII, XIII, XIV, XV y XVI, así como 107, último párrafo, en la porción normativa que indica: "privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio", ambos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, son contrarios a diversos numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.—Oportunidad. Es oportuna la presentación de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) esto es, dentro de los treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.

Así es, la presente acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente, dado que los artículos 75-A, fracciones V, XII, XIII, XIV, XV y XVI, y 107, último párrafo, en la porción normativa que indica: "privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio", ambos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, fueron reformados y adicionados mediante Decreto Número 177, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el ocho de julio de dos mil diecinueve,(2) por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del martes nueve de julio al miércoles siete de agosto de dos mil diecinueve.

Luego, dado que la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de su vencimiento, es decir, el miércoles siete de agosto de dos mil diecinueve,(3) es indudable que se promovió oportunamente.

Se arriba a lo anterior sin que pase inadvertido para quienes resuelven que la porción normativa que indica: "privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio", contenida en la primera parte del último párrafo del artículo 107 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, ha conservado la misma redacción desde la expedición de dicho ordenamiento, publicada en el medio de difusión oficial local el veinte de mayo de dos mil trece.

Sin embargo, en el caso en particular, tal circunstancia no actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia.

Esto, porque la Legislatura del Estado retomó y reiteró el contenido normativo de la primera parte del último párrafo del artículo 107 y, además, incorporó un supuesto para efectos del aumento de la pena a la que hace alusión, pues introdujo la fracción VII, que establece lo relativo a las lesiones cometidas por mutilación, con sustancias corrosivas o generadas en los órganos genitales de la víctima.

Lo cual significa que la autoridad demandada acogió el contenido normativo de la referida porción para dar vida jurídica al nuevo texto del último párrafo del artículo 107, que no contemplaba lo relativo a la fracción VII. Lo que, a juicio de este Tribunal Pleno, actualiza un cambio normativo respecto del contenido, éste, anterior a la reforma impugnada, que genera la posibilidad de que dicha porción normativa sea recurrida.

Máxime que ello fue el resultado de los trabajos legislativos que precedieron a la reforma del nueve de julio de dos mil diecinueve.

Así es, basta con imponerse del contenido de las constancias exhibidas por el Poder Legislativo demandado, al rendir su informe de ley, para advertir que las porciones normativas aquí impugnadas tuvieron como antecedente legislativo las iniciativas registradas con los números de expediente: IN_LXIII_543_140818,(4) IN_LXIII_556_200918,(5) IN_LXIV_039_011118,(6) e IN_LXIV_194_300519,(7) las cuales en su momento fueron dictaminadas por la Comisión de Justicia el catorce de junio de dos mil diecinueve(8) y finalmente, discutidas y aprobadas por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Aguascalientes, el veinte de junio siguiente.(9) La promulgación y publicación del Decreto Número 177, que contiene las reformas y adiciones a las porciones normativas impugnadas, se desprende del ejemplar del Periódico Oficial de esa entidad federativa de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve.(10)

Lo antes precisado permite advertir que –para efectos de procedencia–, en la especie, se cumplen los dos requisitos que este Alto Tribunal ha establecido en torno a la existencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación a través de la acción de inconstitucionalidad, a saber: i) que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal) y ii) un cambio en el sentido normativo.

Por tales motivos, tal como se anticipó, en la especie no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, respecto de la porción normativa que indica: "privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio"; contenida en el artículo 107, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

TERCERO.—Legitimación. Se procede a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federales y otras normas de carácter general que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

Este Tribunal Pleno ha sostenido, respecto de los requisitos necesarios para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acredite su legitimación en la acción de inconstitucionalidad, que basta con que la Comisión aduzca en su demanda la violación a los derechos humanos, sin que sea necesario el análisis preliminar de la norma impugnada ni el pronunciamiento sobre si ésta tutela o no derechos humanos, ya que se trata de cuestiones que atañen al fondo del asunto.(11)

Ahora, de la lectura de los conceptos de invalidez de la demanda, que aparecen resumidos en el resultando tercero de la presente resolución, se advierte que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace diversos planteamientos por los que considera que los artículos 75-A, fracciones V, XII, XIII, XIV, XV y XVI, y 107, último párrafo, en la porción normativa que indica: "privándose además al responsable de los derechos familiares que le correspondan, incluidos los de derecho sucesorio", ambos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, son violatorios de los derechos de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad.

En consecuencia, se estima que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para interponer la presente acción de inconstitucionalidad.

Por su parte, suscribe la demanda de acción de inconstitucionalidad Luis Raúl González Pérez, ostentándose como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, carácter que acreditó con la copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República.(12)

Por tanto, procede reconocer la personalidad de quien comparece en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que su representación corresponde al presidente según lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su reglamento.

CUARTO.—Estudio de fondo. Previo a analizar la problemática planteada, resulta pertinente mencionar que el estudio de los conceptos de invalidez se realizará atendiendo al orden propuesto en la demanda.

I. Análisis de la regularidad constitucional del artículo 75-A, fracciones V, XII, XIII, XIV, XV y XVI, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes

Como se pudo observar, en el caso que nos ocupa se cuestiona la validez de las referidas porciones normativas, ya que según refiere el promovente, el legislador local carece de competencia para establecer delitos por los que procederá la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, debido a que dicha atribución le corresponde en forma exclusiva al Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Ley Fundamental; además, porque constituye una regulación en materia procedimental penal que se encuentra normada en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo cual transgrede el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Dichos motivos de invalidez resultan esencialmente fundados para declarar la invalidez de las porciones normativas impugnadas, pues este Tribunal Pleno considera que el legislador local carece de competencia para establecer cuestiones relativas a la procedencia de la prisión preventiva oficiosa.

Para constatar lo anterior, en principio resulta importante mencionar que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 27/97, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.",(13) constituye un hecho notorio para este Alto Tribunal lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 63/2018 y su acumulada 64/2018, en sesión de cuatro de julio de dos mil diecinueve.

Sobre el particular, cabe precisar que en esos asuntos comparecieron el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a demandar la invalidez del artículo 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal del Estado de Aguascalientes,(14) contenidos en el Decreto Número 342, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el nueve de julio de dos mil dieciocho. Esto, porque estimaron, básicamente, que la Legislatura del Estado carecía de competencia para regular supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa.

Así las cosas, este Tribunal Pleno después de emprender un análisis de la reforma constitucional de ocho de octubre de dos mil trece, que trajo como consecuencia el contenido del artículo 73, fracción XXI, inciso c), así como de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación a la prisión preventiva oficiosa; declaró la invalidez de las porciones normativas impugnadas, debido a que el Poder Legislativo en el Estado de Aguascalientes, al regular una cuestión procedimental, consistente en una medida cautelar, como lo es la prisión preventiva oficiosa prevista en la legislación nacional de la materia, invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión, al que por disposición constitucional le fue encomendada esa tarea.

Las consideraciones que justificaron esa determinación fueron las siguientes:

"... Son fundados los argumentos aducidos por la Procuraduría General de la República, pues este Tribunal Pleno considera que el legislador local carece de competencia para establecer cuestiones relativas a la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, conforme a lo siguiente:

"El artículo 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal del Estado de Aguascalientes, impugnado establece lo siguiente:

"(Se transcribe contenido).

"Por su parte, el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se aduce violado, señala lo siguiente:

"(Se transcribe contenido).

"Al respecto este Tribunal Pleno ha sostenido en diversos precedentes que la referida norma constitucional, en lo que al caso interesa, prevé que el Congreso de la Unión será competente para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de procedimientos alternativos de solución de controversias en materia penal y de ejecución de penas que regirá en la República, excluyendo de esta forma la concurrencia de los Estados para legislar al respecto.

"La citada reforma tuvo como propósito la unificación de las normas aplicables a todos los procesos penales a fin de hacer operativo el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional, según se advierte de lo expuesto durante el procedimiento legislativo correspondiente:

"(Se transcribe contenido).

"Como se puede apreciar, la reforma en mención se insertó en el marco de transición del modelo de justicia penal preponderantemente inquisitorio a uno acusatorio y oral, desprendiéndose de la experiencia de los Estados en los que se habían emitido las normas procesales aplicables a dicho sistema, que era necesaria la homogeneidad normativa para la eficaz operatividad del mismo, toda vez que las profundas diferencias existentes al respecto impactaban en la calidad de la justicia, pues la interpretación de las figuras jurídicas correspondientes y la implementación del modelo, en sí, habían quedado a discreción de cada autoridad local.

"En términos del régimen transitorio, la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el nueve de octubre de dos mil trece, señalándose como fecha máxima de entrada en vigor de la legislación única en materia procedimental penal, mecanismos alternativos y ejecución de penas que debería expedir el Congreso de la Unión, el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

"Si bien con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional las entidades federativas dejaron de ser competentes para legislar sobre materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de penas, podían seguir aplicando la legislación local expedida con antelación a la entrada en vigor de la legislación única.

"Esto se corrobora del contenido del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al cual los procedimientos penales que a la entrada en vigor se encontraran en trámite, continuarían sustanciándose en términos de la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.

"Ahora bien, el Congreso de la Unión, en ejercicio de la potestad constitucional que le fue conferida, expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, estableciendo que su entrada en vigor se haría de manera gradual, sin que pudiera exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, en los mismos términos del transitorio constitucional a que se hizo referencia.

"De acuerdo con el artículo 2 del mencionado Código Nacional, su objeto es establecer las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos, por lo cual los aspectos que encuadren dentro de esos rubros y se encuentren ahí regulados, no pueden regularse mediante normas estatales, ni siquiera en forma de reiteración, en tanto que el citado Código Nacional es de observancia general en toda la República para los delitos que sean competencia tanto de las autoridades federales como locales y esto no cambia por la circunstancia de que se trate de delitos graves que ameriten prisión preventiva oficiosa.

"En la especie, el artículo 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal del Estado de Aguascalientes, impugnado, establece como delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, los siguientes: a) El robo calificado, previsto en las fracciones I, III, VII, IX, XIV y XVIII, del artículo 142, (fracción XII); b) El abigeato calificado, previsto en la fracción II del artículo 144 (fracción XIII).

"Como se advierte, el artículo impugnado regula los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, que es una medida cautelar, consecuentemente procesal, que se encuentra regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con cuya expedición se invadió el ámbito competencial exclusivo del Congreso de la Unión, pues fue aprobado en fecha posterior a la aludida reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional.

"En efecto en el caso que nos ocupa, debemos hacer referencia a que, en el libro primero ‘Disposiciones generales’, título VI ‘Medidas de protección durante la investigación, formas de conducción del imputado al proceso y medidas cautelares’ capítulo I ‘Medidas de protección y providencias precautorias’, se localiza el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su parte conducente dice:

"(Se transcribe contenido).

"Por otro lado, es pertinente recordar que este Tribunal Pleno ya ha establecido que el artículo octavo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales al señalar que: ‘... la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la implementación de este ordenamiento’, solamente les permite a ambos niveles de gobierno expedir estrictamente la legislación de carácter instrumental que dé efectividad a lo dispuesto en dicho Código Nacional, es decir, si y sólo si constituye un medio para la consecución de sus fines.

"En un sentido gramatical, un instrumento es la ‘Cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin’, de manera que la emisión de la legislación instrumental que se ordena en el invocado precepto transitorio de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29806-2cd93333/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-reiteracion-del-contenido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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