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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA PROMOVERLA EN TANTO NO SE EMITA LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. IV. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA. V. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A, FRACCIONES XII Y XIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VI. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA REGULACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA NO CONSTITUYE LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A, FRACCIONES XII Y XIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A, FRACCIONES XII Y XIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 75-A, FRACCIONES XII Y XIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2018 Y SU ACUMULADA 64/2018. · Registro digital (IUS): 29274
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-01-31
Promovente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, Pág. 409.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2018 Y SU ACUMULADA 64/2018. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE JULIO DE 2019. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 63/2018 y su acumulada 64/2018, promovidas por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de las acciones. Por diversos escritos presentados el ocho de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Elías Beltrán en su carácter de subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, así como también Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad, respectivamente, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Órganos responsables:

1. Congreso del Estado de Aguascalientes.

2. Gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes.

Norma general cuya invalidez se reclama:

El artículo 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, contenido en el Decreto 342, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el nueve de julio de dos mil dieciocho.

SEGUNDO.—Artículos constitucionales e internacionales señalados como violados.

El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, señaló como violados los artículos 1o., 19 y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló como violados, los artículos 1o., 19, párrafo segundo y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7.2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 9.3 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República en sus conceptos de invalidez, argumenta en síntesis lo siguiente:

1. Que el artículo 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, al establecer un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa vulnera los artículos 1o. y 19 constitucionales, al regular una restricción a la libertad personal que es de orden constitucional.

Que en el artículo 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, el legislador local estableció dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el robo calificado previsto en el artículo 142, fracciones I, III, VII, IX, XIV y XVIII y el abigeato calificado, previsto en el artículo 144, fracción II, ambos del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

Señala que el artículo 1o. constitucional, establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y, por otro lado, el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal, establece los casos en los que ha lugar a la prisión preventiva de manera oficiosa, como supuesto excepcional para restringir la libertad personal.

El artículo 19 de la Constitución Federal, establece que el Juez debe ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa como consecuencia necesaria de la vinculación a proceso, el cual es un régimen distinto al de la prisión preventiva in genere. De conformidad con el mencionado artículo se pueden distinguir tres tipos o categorías de delitos por los que procede la prisión preventiva oficiosa: delitos específicos previstos en leyes ordinarias (delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y delitos cometidos con medios violentos); delitos específicos previstos en leyes generales, secuestro y trata de personas a que se refiere el artículo 73, fracción XXI, inciso a), y delitos graves que determinen las leyes (contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud).

De lo que se puede identificar, en qué medida puede intervenir el legislador ordinario; respecto a los dos primeros catálogos, los Congresos Locales pueden tipificar los delitos que se encuentran dentro de su ámbito competencial, como homicidio doloso, violación y determinados delitos cometidos con medios violentos; lo que no pueden hacer con delincuencia organizada, ni delitos previstos en leyes generales. Sobre el tercer catálogo, debido a que no están en sus ámbitos competenciales las materias sobre seguridad de la nación ni delitos contra la salud, solamente podrán determinar la gravedad de los delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad en las leyes correspondientes.

Así, en ninguna porción del artículo 19 constitucional, se desprende que las leyes locales puedan tener la vocación de determinar en qué supuestos procederá la prisión preventiva oficiosa.

El párrafo segundo del artículo 19 constitucional, impone un estándar material taxativo que, bajo la excepcionalidad y estricto tratamiento con el que hay que aproximarse a dicha restricción constitucional, no puede ser ampliado, precisado, profundizado ni variado por la legislación ordinaria, debido a que su obligación corresponde al Juez local directamente desde la Constitución. Es decir, el legislador ordinario no puede aspirar a regular los supuestos por los que debe proceder la prisión preventiva oficiosa, salvo que así lo autorice la Ley Fundamental, lo que en el caso, no acontece.

Lo anterior, aunado a que, como se advierte del artículo 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, al regular los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, entendida como una figura que restringe derechos fundamentales y que por esta razón solamente puede ser establecida a nivel constitucional, viola lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Federal en relación con el diverso 19.

2. El legislador de Aguascalientes, al prever en el artículo 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión establecida en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al regular la materia procedimental penal.

En lo referente a la competencia del Congreso de la Unión para regular la materia procedimental penal, aduce que el siete de julio de dos mil quince, en la acción de inconstitucionalidad 12/2014, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los artículos 14, fracción I, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, se resolvió que los Congresos Locales ya no pueden normar en materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, como lo venían haciendo en términos del artículo 124 constitucional, ya que solamente podrían ejercer las facultades que, en términos del régimen de concurrencia, se les reconocieran.

El ocho de octubre de dos mil trece, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que a partir de la reforma mencionada, el Congreso de la Unión es la autoridad que tiene facultad para emitir la legislación única en materia procedimental penal, enmienda que tuvo como motivación generar una homogeneidad normativa en la materia de mérito, por lo que de ningún modo puede ser reproducida en las leyes locales, y menos aún modificada ya que no se cumpliría con el objetivo del poder revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en terminar con las diferencias entre una entidad y otra.

En la acción de inconstitucionalidad 107/2014 promovida también por la Procuraduría General de la República en contra de los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró que los Estados han dejado de tener competencia para legislar sobre materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, por lo que, hasta en tanto entre en vigor la legislación única, pueden seguir aplicando la legislación local, expedida con anterioridad a esa fecha.

Señala que de igual forma al resolverse el once de abril de dos mil dieciséis, la acción de inconstitucionalidad 29/2015 promovida también por la Procuraduría General de la República, en contra de los artículos 2, fracción VI, 24 y 25 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en los Procedimientos Penales en el Estado de Zacatecas, en la que se determinó que las normas impugnadas en ese medio de control, son inconstitucionales por regular el procedimiento penal acusatorio, no obstante que el legislador local carece de facultades para ello.

En la acción de inconstitucionalidad 35/2015, fallada el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, de igual forma promovida por la Procuraduría General de la República, en contra de los artículos 2, fracción VI, 26 y 27 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Tamaulipas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la determinación de las fases del procedimiento, las facultades de los jueces, las medidas y condiciones necesarias para interponer un recurso son indudablemente cuestiones de naturaleza procesal que inciden directamente en el procedimiento penal acusatorio, declarando inconstitucionales las normas impugnadas por exceder las facultades legislativas locales al regular en materia de procedimiento penal.

A partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el nueve de octubre de dos mil trece, las Legislaturas de los Estados se encuentran impedidas para emitir disposiciones inherentes a la materia procedimental penal, quedando dicha facultad reservada al Congreso de la Unión.

Dicha restricción ha sido avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que los Congresos Locales ya no pueden normar en materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, pues solamente podrán ejercer las facultades que en términos del régimen de concurrencia se les reconozcan.

Considera que el artículo 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, genera una vulneración a la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia adjetiva, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Federal.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hizo valer en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:

De manera preliminar realiza diversas precisiones, en relación a que hizo valer acción de inconstitucionalidad en contra de diversos numerales del Código Penal para el Estado de Aguascalientes la cual se encuentra radicada bajo el número 125/2017 en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pendiente de resolución.

Por otra parte, respecto a su impugnación señala que, el legislador local incurrió nuevamente en el mismo vicio de constitucionalidad debido a que amplió el catálogo de los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 19 constitucional.

Sostiene que las fracciones XII y XIII del artículo 75-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, devienen inconstitucionales e inconvencionales, en virtud de que establecen la procedencia de la prisión preventiva oficiosa para los delitos de robo y abigeato calificados, vulnerando los derechos humanos a la libertad personal, libertad de tránsito, al debido proceso legal, a la presunción de inocencia, así como al principio de excepcionalidad de la prisión preventiva reconocidos en la Constitución y, por tanto, debe declararse su invalidez.

En su único concepto de invalidez sostiene que el artículo 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, al establecer un catálogo de delitos por los que procedería la prisión preventiva oficiosa distinta a los contemplados en el artículo 19 de la Constitución Federal, viola los derechos humanos a la libertad personal, de tránsito, al debido proceso legal, a la seguridad jurídica, así como al principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, toda vez que posibilita la aplicación de la medida cautelar privativa de la libertad por delitos no previstos en la Norma Fundamental.

La inconstitucionalidad alegada en la norma que se impugna, radica en el establecimiento de los delitos de robo calificado y abigeato calificado, enunciados en las fracciones XII y XIII como supuestos de procedencia de la prisión preventiva, que debe dictarse de oficio, mismos que son incompatibles con los supuestos de la Constitución Federal y con el catálogo contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y, por tanto, deben tildarse de inconstitucionales debido a que transgreden el principio de excepcionalidad que debe regir la procedencia de dicha medida cautelar.

Los supuestos señalados en la Norma Suprema para la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, son los siguientes:

1. Delitos específicos: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas.

2. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

3. Delitos calificados como graves que protejan los bienes jurídicos de seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

Las fracciones impugnadas en la demanda, para establecer la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, en los supuestos señalados, remiten a diversos numerales del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, que contienen los tipos penales de robo y abigeato calificados, para los cuales el legislador local consideró necesario imponer de oficio dicha medida cautelar.

Cabe señalar que la fracción XII del artículo 75-A remite a las fracciones I, III, VII, IX, XIV y XVIII del artículo 142(1) del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, que señala la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, tratándose de diversos supuestos que actualizan el delito de robo calificado.

Del análisis de las hipótesis normativas a las que remiten las fracciones impugnadas, para que se dicte la prisión preventiva oficiosa, se advierte que las mismas no son acordes con las hipótesis establecidas en el artículo 19 constitucional.

Lo anterior es así, debido a que las conductas típicas consistentes en el robo con violencia física o moral de cualquier objeto o de cabezas de ganado, el cometido en lugar cerrado o en vivienda, el que se realice a vehículos, partes u objetos guardados en su interior, de los instrumentos de labranza del cableado eléctrico, transformadores de energía eléctrica, equipos de bombeo del sistema de riego agrícola y de sus objetos sustraídos de instituciones educativas, no satisfacen ninguno de los criterios señalados, es decir, que se trate de alguno de los delitos previstos de manera específica en la Norma Suprema, delitos cometidos con armas o explosivos, ni protegen los bienes jurídicos de seguridad nacional, libre desarrollo de personalidad y salud.

Por tanto, se encuentra vedado al legislador local la posibilidad de ampliar el catálogo de delitos por los que procede la prisión preventiva oficiosa fuera de los criterios constitucionalmente establecidos, debido a que, al ser una medida restrictiva de los derechos humanos de libertad personal, de tránsito y debido proceso legal, se debe atender al principio de excepcionalidad, por lo que, transgredir dicha regla constitucional implica que la medida podrá decretarse válidamente respecto de delitos diversos a los previstos en la Norma Suprema de manera arbitraria por los legisladores de las entidades federativas.

La prisión preventiva oficiosa se regirá por reglas específicas, ya que se trata de una medida que restringe los derechos y libertades de las personas, por lo que, por mandato constitucional, cuando sea posible, se fijará de manera concreta en la legislación, para así, no transgredir o vulnerar otros derechos humanos, salvo los que deban ser restringidos, atendiendo a una finalidad constitucionalmente válida.

En el Informe sobre Medidas para Reducir la Prisión Preventiva, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se destaca el hecho de que la medida por sí sola es inconvencional, por tanto, aplicarla de manera oficiosa, resulta transgresora a los derechos humanos, como lo son: la libertad personal, libertad de tránsito, debido proceso legal, seguridad jurídica, presunción de inocencia, así como a los principios de excepcionalidad de la prisión preventiva y pro persona, como acontece en el presente caso.

La Comisión Interamericana, observó que el Código Nacional de Procedimientos Penales en México, incluye una amplia lista de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, no obstante que, en su Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas de dos mil trece, recomendó a los Estados derogar toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito.

De igual manera, la Comisión Interamericana estimó que el abuso de la prisión preventiva, representa uno de los problemas más graves que enfrentan los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, debido a que da cuenta del fracaso del sistema de impartición de justicia que repercute en la vida democrática del mismo, al atentar contra el principio de presunción de inocencia.

Así las cosas, al ampliar los supuestos que limitan la libertad personal a través de la medida cautelar contenida en el artículo impugnado, fuera de los casos y condiciones establecidas por la Constitución Federal, implica un retroceso en la protección donde el Estado se encuentra obligado a proveer para el disfrute de los derechos, es decir, que la medida legislativa adoptada por el Congreso de Aguascalientes disminuye el nivel de protección reconocido en la Norma Suprema, en claro detrimento del progreso constructivo de los derechos fundamentales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado al señalar que el principio de progresividad implica, en sentido positivo, la obligación para el legislador de ampliar el alcance y tutela de los derechos humanos y, en sentido negativo, impone la prohibición de regresividad, es decir, que el legislador no puede emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y tutela que en determinado momento ya se reconocía a los mismos.

La restricción que se haga a la libertad, no debe resultar contraria al principio de proporcionalidad y, por tanto, debe existir una racionalidad entre la medida cautelar y el fin perseguido, por lo que, la limitación al derecho no resulte exagerado o desmedido.

Así, contrario a lo anterior, el legislador local de Aguascalientes, amplió el catálogo de delitos graves por los que debe aplicarse la prisión preventiva oficiosa, transgrediendo lo dispuesto en la Constitución Federal, debido a que, cualquier norma que tienda a restringir la libertad personal debe estar previamente establecida en el Texto Constitucional bajo ciertas reglas de procedencia.

Sostiene que si sólo la Norma Suprema puede incluir las restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales y, el legislador de Aguascalientes, con las fracciones impugnadas amplía las restricciones a la libertad personal, a través de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sin cumplir con los criterios previstos en el Texto Fundamental, por lo que concluye que éstas devienen inconstitucionales.

De acuerdo con las consideraciones expresadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 25/2013 y su acumulada 31/2013, respecto a las restricciones al derecho de libertad, se debe estimar que el contenido de las fracciones XII y XIII del artículo 75-A impugnado, constituye una violación de los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la seguridad jurídica, así como al principio de supremacía constitucional y excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa, los cuales se encuentran salvaguardados en la Carta Magna en los artículos 1o., 14, 16 y 19.

Solicita que en caso de que se estime procedente reconocer la validez de la fracción XII impugnada, se interprete que dicho precepto es constitucional si y sólo si la remisión que hace al artículo 142 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, se entienda únicamente respecto de la fracción I, en los casos que contemplan la comisión del delito con medios violentos como armas.

En la parte relativa a los efectos, solicita que en caso de ser tildadas de inconstitucionales las fracciones impugnadas, también se invaliden todas aquéllas normas que estén relacionadas, por cuestión de efectos, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de nueve de agosto de dos mil dieciocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 63/2018 y, lo turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el trámite respectivo.

En diverso proveído de la misma fecha, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 64/2018 y, atento a que existe identidad respecto del decreto combatido en la presente acción y el impugnado en la diversa 63/2018 promovida por la Procuraduría General de la República, se decretó la acumulación del expediente, y lo turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo por haber sido designado instructor en la referida acción de inconstitucionalidad previamente referida.

Así, por diverso auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, el Ministro instructor tuvo por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad hechas valer; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Aguascalientes, para que rindieran su respectivo informe; así también, requirió al Congreso del Estado para que al rendir su respectivo informe, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma impugnada.

De igual forma, requirió al Poder Ejecutivo de la entidad para que enviara a este Alto Tribunal un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en el que se hubiera publicado la norma controvertida.

QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. En su representación acudió el presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente y representante legal de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, el cual lo hizo en los siguientes términos:

Señala que el cinco de marzo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, teniendo como objeto instaurar el sistema acusatorio-adversarial a nivel nacional, ello en virtud de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de dos mil ocho. Tal reforma en su planteamiento busca cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos, en materia de procedimiento penal y además establecer las reglas comunes para todos los Estados y la Ciudad de México.

Debido a dicha reforma, nuestro sistema de justicia penal ha cambiado de manera significativa, privilegiando la libertad de las personas que cometen un delito. Pero, la propia Carta Magna determina limitantes y la aplicación de medidas cautelares, como la prisión preventiva oficiosa, cuando se trata de ciertos delitos y la prisión preventiva justificada, para garantizar que la persona imputada éste presente en el desarrollo del proceso y se proteja a las víctimas.

El Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado respecto a la prisión preventiva (destaca una tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito) señalando al respecto, que el artículo 19 de la Constitución Federal, no establece limitativamente que sólo en los delitos ahí previstos podría hablarse de prisión preventiva, debido a que dicho precepto no está dirigido a limitar la facultad legislativa de las entidades de la República o de la Federación, en ese aspecto de regulación procesal secundaria que atañe a la gravedad y condiciones de política criminal que, en cada caso, pueden concurrir de manera justificada y circunstancialmente diferenciada en los diversos Estados de un país federal como lo es México.

En diversos Estados del país, se contempla la aplicación de la prevención para el robo y sus diversas modalidades. Por dicha razón, tomando en consideración lo establecido en el artículo 19 constitucional en el que se prevé que los delitos cometidos con medios violentos como son armas, pueden ser merecedores de prisión preventiva y aunado al pronunciamiento del Poder Judicial de la Federación, en donde se otorga a las Legislaturas Locales para decretar dicha medida cautelar a delitos no establecidos en dicho artículo, es que los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, consideraron procedente la reforma al artículo 75-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de adicionar a la lista de hechos punibles a los que se aplicará la prisión preventiva.

Señala que los integrantes de la Comisión de Justicia estimaron oportuno ampliar el dictamen atendiendo a consideraciones de la Fiscalía General del Estado, a efecto de reformar los artículos 75-A y 144, en el sentido de considerar al abigeato calificado dentro de los supuestos que ameritan prisión preventiva oficiosa, así como incluir las fracciones I, III, VII, IX, XIV y XVIII del artículo 142 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, dentro de los supuestos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. Ricardo Enrique Morán Faz, quien se ostentó como secretario general de Gobierno y representante legal del titular del Poder Ejecutivo y del Gobierno del Estado de Aguascalientes, rindió su informe, en los siguientes términos:

Señala que el acto legislativo del que se reclama la invalidez, es material y formalmente de carácter legislativo. En el caso concreto, el Decreto Número 342 que contiene reformas al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, número 28, Primera Sección, tomo LXXXI, de nueve de julio de dos mil dieciocho, concretamente el artículo 75-A, fracciones XII y XIII, cuya invalidez reclama la accionante, son producto de una deliberación que se hace en el Congreso del Estado en la que el Ejecutivo solamente cumple con la función de promulgación de leyes, por tanto, es cierto que dicho decreto, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en la fecha indicada.

Especifica que en cuanto a los actos imputados al Poder Legislativo, al no ser propios, no los contesta.

Que en relación a los actos imputados al gobernador constitucional del Estado, es decir la promulgación y orden de publicación del decreto y cuya invalidez reclama el promovente de la presente acción, se realizó en acatamiento a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que en sus artículos 32, 35 y 46, fracción I, se establecen las facultades y obligaciones del Ejecutivo, las cuales son promulgar y ejecutar leyes expedidas por el Congreso del Estado.

Así, la sola publicación de un documento por el Ejecutivo, no viola los preceptos constitucionales y convencionales mencionados por el promovente en su escrito de demanda. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 389649, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. AUTORIDAD RESPONSABLE. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SEÑALA AL CONGRESO QUE LA EXPIDIÓ, PERO NO AL EJECUTIVO QUE LA PROMULGÓ."

Señala que la constitucionalidad de la norma impugnada, se advierte de un criterio jurisprudencial, que si bien es cierto corresponde al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Distrito, también lo es que, tiene su fundamento en el propio texto del artículo 19 de la Constitución Federal y en el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además resultaría necesario atender a la realidad social que impera en el Estado, no para desatender a las normas constitucionales o secundarias, sino más bien, para que dentro de la misma posibilidad que establece la norma, determinar la posibilidad de la imposición de prisión preventiva oficiosa, para aquellos casos en que exista y se acredite violencia en su consumación, así como la alta incidencia delictiva, lo cual encuentra sustento en la tesis aislada con número de registro digital: 20

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29274-6c61f54e/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-procuraduria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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