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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESASIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 82, INCISOS B) Y F), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE IGUALMENTE ESTABLECE: "… Y EN SU CONTRA PODRÁ INTERPONERSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES").

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 16/2015. · Registro digital (IUS): 200064
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 16/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE ANTONIO MEDINA GAONA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de septiembre de dos mil quince.

V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Norma impugnada, autoridades emisora y promulgadora (fojas 1 a 13 del expediente principal). Por oficio **********, presentado el cuatro de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, en su carácter de PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez del artículo 82, incisos b) y f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, en las porciones normativas que igualmente establecen: "(...) y en su contra podrá interponerse el recurso de revocación de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales", publicado mediante el Decreto 140 en el Periódico Oficial de esa entidad el dos de febrero de este año; asimismo, señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma controvertida, respectivamente, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicho Estado.

SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y concepto de invalidez (fojas 2 a 13 del expediente principal). La parte promovente estimó violados los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e hizo valer como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:

• En el primero, sostiene que se viola el artículo 73, fracción XXI, inciso c; de la Carta Magna, porque el legislador estatal creó un medio ordinario de defensa en el proceso penal, a pesar de que carece de atribuciones para ello.

• Para demostrar lo anterior, en primer lugar debe tenerse presente que el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución dispone la facultad del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal. Conforme al proceso legislativo de reforma constitucional que dio lugar al actual texto de la fracción XXI, el Constituyente consideró de gran importancia que existiera una sola legislación procesal penal para el Estado Mexicano, en lugar de una por cada entidad federativa más la federal; es decir, estimó necesario que los procesos penales sean uniformes en todo el país. Lo anterior, lo justifica con la transcripción conducente del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, actuando en su carácter de Cámara de origen.

• De acuerdo con los artículos 73, fracción XXI, inciso c), constitucional y segundo transitorio del Decreto de nueve de octubre de dos mil trece, las entidades federativas, incluyendo el Estado de Aguascalientes, ya no pueden expedir legislación en materia procesal penal para el nuevo sistema acusatorio, pues el Congreso de la Unión ya ejerció su atribución constitucional al expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que entrará en vigor gradualmente.

• Para efectos de su entrada en vigencia en el Estado de Aguascalientes, debe tenerse en cuenta que mediante el Decreto 63, publicado el once de junio de dos mil catorce, se declaró que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado al régimen jurídico local, ordenándose su entrada en vigor de manera gradual y por partido judicial. Además, se fijó el siete de septiembre de dos mil catorce, para que surtiera efectos la Declaratoria de su inicio de vigencia. De esta manera, tal código rige ya en la entidad federativa, por lo que de ninguna manera puede el Congreso Estatal arrogarse la atribución de emitir normatividad en materia procesal penal.

• Además, es importante hacer notar que el legislador de Aguascalientes publicó el dos de enero de dos mil quince, reformas a diversos ordenamientos legales y, conforme a los trabajos legislativos, la finalidad de estas reformas obedeció a la intención de armonizar las leyes estatales con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto se reflejó en el dictamen emitido por la Comisión de Justicia del Congreso de Aguascalientes, que en la parte que interesa dice:

"CONSIDERANDOS

[...]

II. El objeto esencial de la Iniciativa es armonizar lo dispuesto por el Código Penal para el Estado de Aguascalientes y otros ordenamientos, con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para la correcta aplicación del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio.

[...]

IV. [...]

Para efectos del presente dictamen es también importante rescatar lo dispuesto por el artículo Octavo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual obliga a las entidades federativas a armonizar su normatividad, para la implementación del sistema procesal penal a nivel nacional.

Por este motivo, debemos alinear los criterios de aplicación normativa con el Código Nacional de Procedimientos Penales y armonizar la legislación penal sustantiva local, así como la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Aguascalientes, a fin de evitar posibles contradicciones, problemas de interpretación o referencias equívocas, reemplazando los conceptos jurídicos que han quedado fuera de contexto o que han caído en desuso, tales como:

a) El Código de Procedimientos Penales del Estado deberá ser reemplazado por "Código Nacional de Procedimientos Penales" o su debida remisión a éste."

• En este contexto, el Congreso estatal reformó el Código Penal, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, todos del Estado de Aguascalientes, con el fin de armonizar la legislación estatal con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• De esta reforma, se combaten por inconstitucionales las porciones del artículo 82, incisos b) y f), de la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial estatal que a continuación se destacan:

"Artículo 82. El fondo para la administración de justicia, se integra con:

[...]

b) Los objetos o instrumentos materia del delito que sean de uso lícito, cuando no se reclamen en la forma y términos previstos en las disposiciones respectivas del Código Penal para el Estado de Aguascalientes y el Código Nacional de Procedimientos Penales. La declaración de que tales cantidades pasan a formar parte del fondo se hará de oficio y en su contra podrá interponerse el recurso de revocación, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

[...]

f) El monto de la reparación del daño cuando la víctima u ofendido renuncie a él o no reclame dentro del plazo de seis meses, a partir de la notificación de que queda a su disposición. La declaración de que tales cantidades pasan a formar parte del fondo, se hará de oficio y en su contra podrá interponerse el recurso de revocación, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Como se ve, establece recursos ordinarios en el proceso penal, a pesar de que el Legislativo estatal carece de atribuciones para hacerlo.

• El Congreso de la Unión, al emitir la aludida codificación nacional, determinó cuáles serían los recursos en el proceso penal. El Título XII del Código se denomina "RECURSOS", y ahí se prevén los medios ordinarios de impugnación: el recurso de revocación y el de apelación. Éstos permiten a los inconformes recurrir cierto tipo de resoluciones ante el órgano jurisdiccional. En este sentido, los artículos 456 a 484 regulan los medios ordinarios de defensa en el proceso penal. Acto seguido, describe en qué consiste el recurso de apelación y los supuestos de procedencia. Asimismo, hace referencia al de revocación.

• Así pues, el legislador local amplió el marco regulatorio previsto en el código nacional para la procedencia del recurso de revocación.

• Aunado a lo anterior, debe enfatizarse que este recurso, en el código nacional, es un medio ordinario de defensa en contra de resoluciones "de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación", y su objeto es que el mismo órgano jurisdiccional que dicta una resolución la examine de nueva cuenta. Empero, en la ley impugnada las razones de procedencia de ninguna manera pueden considerarse como determinaciones de mero trámite. Por el contrario, se trata de resoluciones que contienen un pronunciamiento sobre un derecho sustantivo de propiedad y explica porqué ello es así.

• Agrega que una determinación que implica un pronunciamiento sobre la posible pérdida de derechos patrimoniales debe estar debidamente fundada y motivada y, sobre todo, jamás puede considerarse como una resolución "de mero trámite", por lo que el Congreso estatal confunde la naturaleza de las distintas resoluciones y medios que pueden interponerse conforme a lo dispuesto por el código nacional.

• En el segundo, destaca que existe violación a los principios de certeza y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Carta Magna, ya que las porciones normativas combatidas generan confusión entre los gobernados y los operadores jurídicos, lo cual implica una contravención a los principios de certeza y seguridad jurídica. Esto obedece a que no hay certidumbre sobre si deben aplicarse las reglas del código nacional o las de la Ley Orgánica para regular la impugnación de determinadas resoluciones.

TERCERO. Trámite (fojas 17 a 19 vta. del expediente principal). Mediante proveído de Presidencia de cinco de marzo de dos mil quince, se ordenó formar y registrar el asunto con el número 16/2015 y, por razón de turno, se designó al señor Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor en el procedimiento, quien por diverso auto de seis siguiente, admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los poderes: Legislativo, que emitió las normas impugnadas y Ejecutivo, que las promulgó; lo anterior, para que rindieran sus respectivos informes.

CUARTO. Informe de la autoridad emisora (fojas 51 a 61 del expediente principal). El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, al rendir su informe, sostuvo la validez de la norma impugnada.

QUINTO. Informe de la autoridad promulgadora (fojas 229 a 233 del cuaderno principal). El Poder Ejecutivo, al rendir su informe, también sostuvo la validez del decreto impugnado.

SEXTO. Opinión del Delegado de la Procuradora General de la República (fojas 270 a 279 del expediente principal). Solicita que se declare procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad en que se actúa y, por tanto, se determine la invalidez del artículo 82, incisos b) y f), de la Ley Orgánica, en las porciones normativas impugnadas.

SÉPTIMO. Cierre de instrucción (foja 290 del expediente principal). Toda vez que transcurrió el plazo legal de cinco días, para que las partes formularan alegatos, sin que a la fecha presentara las suyas el Poder Ejecutivo de Aguascalientes -el Legislativo sí lo hizo-, por proveído de trece de mayo de dos mil quince, se cerró la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

OCTAVO. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su radicación y resolución.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, fracción II y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece, dado el sentido de la presente resolución.

SEGUNDO. Oportunidad. Es oportuna la presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) esto es, dentro de los treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.

En efecto, el Decreto 140, por el que se reforma el artículo 82, incisos b) y f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, que ahora se controvierte, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dos de febrero de dos mil quince, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del martes tres de ese mes al miércoles cuatro de marzo último.

Luego, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada el miércoles cuatro de marzo de dos mil quince (foja 13 vuelta del expediente principal), es indudable que se promovió oportunamente.

TERCERO. Legitimación. Se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad.

Suscribe la acción Arely Gómez González, en su carácter de Procuradora General de la República.

El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Procurador General de la República para ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.(2)

Conforme a tal previsión, así como a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del propio artículo 105, aplicable en términos del diverso numeral 59 de la propia ley,(3) la promovente de la acción cuenta con la legitimación para hacerlo, pues en el caso impugna normas de carácter general contenidas en una ley local.(4)

Sin que importe para lo anterior, que no obre en autos constancia del nombramiento respectivo, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, en términos de su numeral 1, se presume la legitimación de tal funcionaria, pues constituye un hecho notorio para esta Segunda Sala, desde el punto de vista jurídico, que la nombrada ostenta el cargo de Procuradora General de la República desde el tres de marzo de este año y, al día siguiente, fue cuando presentó la acción de inconstitucionalidad ante este Alto Tribunal.

Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Tribunal Pleno, de rubro y texto siguientes:

"HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento".(5)

En consecuencia, la Procuradora General de la República cuenta con legitimación para acudir, como actora, a este medio de control constitucional.

CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, se analizarán las causas de improcedencia que las partes hubiesen hecho valer o que de oficio advierta este Alto Tribunal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo último, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, esta Segunda Sala estima fundado el argumento hecho valer por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes,(6) en el sentido de que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 19, de la Ley Reglamentaria en consulta, que a la letra dispone:

"ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...)."

De la lectura de tal precepto, se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o acto impugnado, lo cual implica que hayan dejado de surtir efectos jurídicos.

La causal de improcedencia antes mencionada resulta aplicable a las acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 59 y 65 de la ley reglamentaria de la materia, que prevén la aplicabilidad, en general, de las disposiciones que regulan lo relativo a las controversias constitucionales y, en específico, de las causales de improcedencia que se establecen en el diverso artículo 19, excepción hecha respecto de determinados supuestos:

"ARTÍCULO 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II."

"ARTÍCULO 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor, de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

Las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad."

Luego, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 19, fracción V, de la ley de la materia, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda al constituir el único objeto de este medio de control constitucional.

Así lo ha sustentado el Tribunal Pleno, en la jurisprudencia número P./J. 8/2004, de rubro y texto siguientes:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el título II de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en el artículo 19 de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en su fracción II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."(7)

En el caso, la promovente concretamente solicitó la invalidez del artículo 82, incisos b) y f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, en las porciones normativas que igualmente establecen: "(...) y en su contra podrá interponerse el recurso de revocación de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales", publicado mediante el Decreto 140 en el Periódico Oficial de esa entidad el dos de febrero de dos mil quince.

Lo que consideró era violatorio de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que han quedado precisadas en esta ejecutoria.

El artículo impugnado dispone:

"Artículo 82. El fondo para la administración de justicia, se integra con:

[...]

b) Los objetos o instrumentos materia del delito que sean de uso lícito, cuando no se reclamen en la forma y términos previstos en las disposiciones respectivas del Código Penal para el Estado de Aguascalientes y el Código Nacional de Procedimientos Penales. La declaración de que tales cantidades pasan a formar parte del fondo se hará de oficio y en su contra podrá interponerse el recurso de revocación, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

[...]

f) El monto de la reparación del daño cuando la víctima u ofendido renuncie a él o no reclame dentro del plazo de seis meses, a partir de la notificación de que queda a su disposición. La declaración de que tales cantidades pasan a formar parte del fondo, se hará de oficio y en su contra podrá interponerse el recurso de revocación, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales."

Ahora bien, el trece de julio de dos mil quince, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 208, a través del cual se reformó el aludido artículo 82, específicamente en esas dos fracciones impugnadas, por lo que se eliminó la parte final de ambas, que dice: "(...) y en su contra podrá interponerse el recurso de revocación de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales".

En efecto, el mencionado Decreto establece, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:

"PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus habitantes sabed:

Que por el Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

La LXII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente

Decreto número 208

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los incisos b) y f) del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 82.- ...

a).- ...

b) Los objetos o instrumentos materia del delito que sean de uso lícito, cuando no se reclamen en la forma y términos previstos en las disposiciones respectivas del Código Penal para el Estado de Aguascalientes y el Código Nacional de Procedimientos Penales. La declaratoria de que tales cantidades pasan a formar parte del fondo, se hará de oficio.

c).- al e).- ...

f).- El monto de la reparación del daño cuando la víctima u ofendido renuncie a él o no reclame dentro del plazo de seis meses, a partir de la notificación de que queda a su disposición. La declaración de que tales cantidades pasan a formar parte del fondo, se hará de oficio.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado."

Por lo que, si la disposición general impugnada, en la parte final de sus fracciones b) y f), ha quedado sin efectos, cabe concluir que se actualiza la cesación de los mismos, conforme lo ha dejado sentado esta Suprema Corte, en los criterios jurisprudenciales siguientes:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA. La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse por actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos de las normas generales impugnadas, cuando éstas hayan sido reformadas o sustituidas por otras. Lo anterior, porque para que pueda analizarse una norma a través de ese medio de control constitucional, la transgresión a la Constitución Federal debe ser objetiva y actual al momento de resolver la vía, esto es, debe tratarse de una disposición que durante su vigencia contravenga la Ley Fundamental, pues la consecuencia de estimar fundados los conceptos de invalidez, en el caso de una norma reformada, se reduciría a anular los efectos de una ley sin existencia jurídica ni aplicación futura, ya que la sentencia que llegara a pronunciarse no podría alcanzar un objeto distinto al que ya se logró con su reforma o sustitución".(8)

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA. La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse por actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos de las normas generales impugnadas, cuando éstas hayan sido reformadas o sustituidas por otras. Ahora bien, para estimar actualizada esta causa de improcedencia, debe analizarse el derecho transitorio que rige la reforma, a efecto de establecer, indubitablemente, que la norma anterior fue plenamente sustituida por la nueva".(9)

No es óbice a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 45, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria,(10) en tanto establece que las sentencias que dicte este Alto Tribunal en materia penal, que declaren la invalidez de la norma reclamada, podrán tener efectos retroactivos, ni el criterio aislado P. IV/2014 (10a.)(11) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al efecto establece:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA. Conforme al criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en las tesis de jurisprudencia P./J. 8/2004 y P./J. 24/2005, la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos de la norma impugnada, supuesto que se actualiza cuando ésta se reforma, modifica, deroga o abroga y que provoca la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 65, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho criterio es inaplicable cuando la norma impugnada es de naturaleza penal, ya que, acorde con los artículos 105, párrafo penúltimo, de la Constitución Federal y 45 de la ley citada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede dar efectos retroactivos a la declaración de invalidez que emita en relación con la impugnación de normas legales de esa naturaleza, los cuales tendrán eficacia desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar, y nunca a perjudicar, a todos los individuos directamente implicados en los procesos penales respectivos. Además, debe tenerse presente que uno de los principios que rigen en la materia penal obliga a aplicar la ley vigente al momento en que se cometió el delito, lo que implica que aun cuando una norma impugnada se haya reformado, modificado, derogado o abrogado, sigue surtiendo efectos respecto de los casos en los que el delito se hubiera cometido bajo su vigencia. Por ello, cuando en una acción de inconstitucionalidad se impugne una norma penal que posteriormente se modifica, reforma, abroga o deroga, este Alto Tribunal deberá analizarla en sus términos y bajo los conceptos de invalidez hechos valer, ya que una potencial declaratoria de inconstitucionalidad puede llegar a tener impacto en los procesos en los que dicha norma haya sido aplicada durante su vigencia".(12)

En efecto, en la acción de inconstitucionalidad **********(13) se sostuvo que si bien el criterio general del Tribunal Pleno consiste en que la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos de la norma impugnada y, esto se actualiza cuando dicha norma es reformada, modificada, derogada o abrogada,(14) en dicho caso, no se actualizaba el supuesto de improcedencia aludido, ya que de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200064-bdb34499/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesasion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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