I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2013. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA. 13 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, APARTÁNDOSE DE ALGUNAS CONSIDERACIONES, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, APARTÁNDOSE DE ALGUNAS CONSIDERACIONES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, APARTÁNDOSE DEL TEMA DE LOS INFORMES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN N. SILVA MEZA, EDUARDO MEDINA MORA I. Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: LUIS MARIA AGUILAR MORALES; LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA ANUNCIARON SENDOS VOTOS CONCURRENTES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN M. MENDIZABAL FERREYRO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de agosto de dos mil quince.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil trece ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Mixcoatl Antonio, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
"ÓRGANOS LEGISLATIVO Y EJECUTIVO QUE HUBIERAN EMITIDO Y PROMULGADO LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS:
- Por la promulgación y emisión: El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y,
- Por la promulgación de la norma: El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
III. NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA Y EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE PUBLICÓ:
Mediante el presente medio de control constitucional se reclama la inconstitucionalidad de la reforma al artículo 243, contenido en el Decreto número 200 publicado el 05 de diciembre de 2013 en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, mediante el cual se reforma el Código Penal de esa entidad expedido mediante Decreto número 161 publicado el 31 de mayo de 2013 en el mismo medio oficial de difusión.
De la reforma a este precepto se reclama la modificación con carácter regresivo por medio de la cual se suprimió la posibilidad de que la mujer acceda a la interrupción legal de su embarazo cuando el producto presente alteraciones congénitas o genéticas, así como el tratamiento que el mismo numeral da como excusas absolutorias a las hipótesis en que se permite a la mujer interrumpir legalmente su embarazo."
SEGUNDO. La parte actora estimó infringidas las disposiciones contenidas en los artículos 1º y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2, 3 y 12 del Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, para lo cual formuló los siguientes conceptos de invalidez:
a) El artículo 243 del Código Penal del Estado de Tlaxcala contraviene los derechos humanos de las mujeres, particularmente sus derechos a la igualdad y no discriminación, a tomar decisiones libres, responsables e informadas en materia reproductiva, a la protección de sus derechos a la salud, a la privacidad, a la integridad personal, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos de índole internacional en materia de derechos humanos.
b) El precepto impugnado viola el principio de no regresividad, en tanto que suprime la posibilidad de que la mujer acceda a la interrupción legal del embarazo cuando el producto presente alteraciones congénitas o genéticas. Por un lado, la reforma al artículo 243 del Código Penal del Estado de Tlaxcala publicada en el medio oficial el cinco de diciembre de dos mil trece tuvo como resultado la supresión de la posibilidad de que se acceda a la interrupción legal del embarazo cuando el producto presente malformaciones y, por otro, el tratamiento que el mismo numeral da como excusas absolutorias a las hipótesis en que se permite a la mujer interrumpir legalmente el embarazo.
c) La reforma al artículo impugnado es violatoria de los artículos 1 de la Constitución Federal, 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto de la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad.
TERCERO. Mediante proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil trece, el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 41/2013, la admitió y ordenó dar vista a los órganos legislativo y ejecutivo, ambos del Estado de Tlaxcala, que emitieron y promulgaron la norma impugnada, respectivamente, para que rindieran sus informes.
En el propio acto, se ordenó que, una vez iniciado el primer periodo de sesiones, correspondiente al año dos mil catorce, se enviaran los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal para el efecto de que se proveyera lo relativo al turno del asunto.
CUARTO. Iniciado el primer periodo de sesiones del año dos mil catorce, la acción de inconstitucionalidad de mérito fue turnada al Ministro José Fernando Franco González Salas, en su calidad de instructor.
QUINTO. Al rendir su informe, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala manifestó en síntesis lo siguiente:
1. Con la reforma al artículo 243 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, impugnada por la Comisión Estatal de la Entidad Federativa, el legislador ordinario respetó íntegramente el principio pro persona contenido en el precepto 1º constitucional y, por tanto, no se emitió disposición alguna que atentara contra los derechos humanos.
2. La intención del legislador fue regular lo relativo al aborto culposo, evitando la sanción penal, por lo que el artículo impugnado se constituyó como una excluyente de responsabilidad. La legislación local que se combate en la presente acción de constitucionalidad considera innecesario castigar el aborto como consecuencia de la imprudencia -negligencia, impericia, falta de cuidado o reflexión- de la mujer embarazada (por algún agente externo a la voluntad de la mujer en cualquier etapa de la gestación). Es decir, la reforma tildada de inválida tiene como finalidad respetar los derechos humanos de la mujer embarazada atendiendo al principio de progresividad reconocido por el precepto 1º de la Constitución Federal.
3. El Congreso del Estado de Tlaxcala en ejercicio de su facultad legislativa aprobó el Código Penal de la aludida Entidad Federativa, en específico el artículo 243, a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres embarazadas, otorgándoles mayores beneficios cuando por imprudencia se actualizara la figura jurídica denominada aborto. Se buscó un mayor beneficio para la mujer al evitar una sanción derivada de un aborto culposo.
4. De un análisis sistemático del capítulo IV denominado "Aborto", se desprende que la figura del aborto se encuentra debidamente tipificada con las penas y sanciones que el legislador determinó para cada una de las hipótesis normativas, incluso se estableció como excluyente de responsabilidad el aborto culposo, otorgando así mayor protección al derecho de salud de la mujer en cumplimiento al principio de progresividad.
5. La legislación penal del Estado de Tlaxcala no vulnera el derecho de igualdad y no discriminación contenido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que con motivo de las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; asimismo, los derechos humanos deben ser interpretados de acuerdo a las circunstancias y realidades sociales, pues deben ser acordes a la evolución de los tiempos y condiciones actuales de vida, situación que omite el promovente de la acción. En esos términos, el Código Penal del Estado de Tlaxcala es una herramienta jurídica por virtud de la cual el Poder Legislativo Local busca proteger y garantizar la protección de la mujer embarazada respecto a la responsabilidad penal por un aborto culposo, concediéndosele mayor beneficio en tratándose de un aborto terapéutico.
6. Con la aprobación del aludido código penal no se violentan los derechos humanos de las mujeres que se encuentran en el supuesto legal previsto en el artículo 243, ya que de un análisis sistemático al capítulo IV, se desprende que el legislador está protegiendo el derecho de las embarazadas para decidir si suspende su embarazo sin ser sancionada, cuando el embarazo se origine como resultado de una conducta culposa, o bien, de no practicarse el aborto, la mujer corra peligro de muerte.
7. Le reforma impugnada no representa una afectación al marco jurídico respecto a la protección de los derechos humanos, sino un cumplimiento por parte del Congreso del Estado de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de conformidad con el precepto 1º constitucional.
8. En el supuesto sin conceder de que exista una violación al principio de progresividad, se manifiesta que con antelación a la aprobación del Decreto 200, que contiene las reformas a los artículos 241, 242 y 243 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se protegía con mayor plenitud el derecho a la salud de la mujer; sin embargo, dicha protección es muy amplia, aunado a que no existían parámetros sobre los cuales se alegara una afectación al derecho a la salud. Con la reforma se establece una protección de forma específica que no contraviene el principio de progresividad, garantizando un mayor beneficio a la mujer embarazada.
SEXTO. Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe por conducto del Consejero Jurídico del Ejecutivo de la Entidad Federativa, manifestó que resultan improcedentes los actos atribuidos al Poder Ejecutivo de Tlaxcala, consistentes en la promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Decreto Legislativo que contiene la norma impugnada, en tanto que dichos actos se realizaron con respeto al principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal.
SÉPTIMO. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil catorce, el Procurador General de la República formuló pedimento mediante oficio número PGR/043/2014, en el sentido de declarar la inconstitucionalidad del artículo 243 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en virtud de que:
A. En principio se afirma que genera dudas si el artículo impugnado puede estudiarse a la luz del principio de progresividad, en tanto que el Decreto 161 que contenía la reforma a los artículos 241, 242 y 243 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala por la que se preveía como causa excluyente del delito el aborto al existir a juicio de dos médicos especialistas en la materia, prueba suficiente para diagnosticar que el producto de la concepción sufría alteraciones genéticas o congénitas, y se contara con el consentimiento de la madre, nunca entró en vigor. Por ello, se cuestiona si se constituyeron derechos incorporado a la esfera jurídica de las gobernadas y gobernados que pudiesen verse afectados con el Decreto 200, que elimina esa causa excluyente del delito.
B. Se vulneran los derechos a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de los hijos de la mujer, así como a su libre desarrollo de la personalidad y a la vida privada. Asimismo, se sostiene que la norma impugnada representa una afectación al derecho de la mujer a una vida libre de violencia.
C. El artículo impugnado establece en su segundo párrafo que no se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o un grave daño a su salud, con las condicionantes ahí establecidas, lo que representa una medida constitucionalmente excesiva, en tanto que sí atribuye la actualización de una conducta delictiva, aunque eventualmente no se aplique ninguna sanción.
OCTAVO. Mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil catorce, el Ministro Instructor al tener por recibidos los informes respectivos de las autoridades demandadas, así como los alegatos en tiempo de la parte promovente de la presente acción de inconstitucionalidad, cerró instrucción a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible inconstitucionalidad del artículo 243 del Código Penal del Estado de Tlaxcala por su posible contraposición con el principio constitucional de no regresividad en materia de derechos humanos.
SEGUNDO. En primer lugar se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, para lo cual resulta necesario precisar que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:
"ARTÍCULO 60.- El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente...".
Ahora bien, el Decreto número 200 que contiene el precepto impugnado del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el jueves cinco de diciembre de dos mil trece, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo trascrito con antelación, el plazo para promover la presente acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del viernes seis de diciembre de dos mil trece al seis de enero de dos mil catorce.
Ver calendario
De este modo, según consta del sello que obra al reverso de la página cincuenta y uno del oficio de la acción correspondiente, ésta se presentó el lunes veintitrés de diciembre de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, el día dieciocho del plazo otorgado para tal efecto, motivo por el cual, es inconcuso que su presentación fue oportuna.
TERCERO. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala está facultada para ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la Legislatura Local que considere vulneran los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna, siendo aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA."(1)
Asimismo, en términos del artículo 59, en correlación con el diverso numeral 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que de conformidad con las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
Así, quien suscribe la demanda de mérito es Francisco Mixcoatl Antonio, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, calidad que acredita con el Decreto número 33 publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el nueve de agosto de dos mil once, por el cual se designa a quien suscribe la acción como Presidente del aludido organismo estatal de protección de los derechos humanos.
Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 24, fracción I, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala(2) corresponde a su Presidente la representación legal del mismo, por lo que Francisco Mixcoatl Antonio se encuentra legitimado para promover la presente acción de inconstitucionalidad.
CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, se analizarán las causas de improcedencia que las partes hubiesen hecho valer o que de oficio advierta este Alto Tribunal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo último, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, esta Tribunal Pleno advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 19, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, que a la letra dispone:
"ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
(...)
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...)."
De la lectura del artículo antes transcrito, se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o acto impugnado, lo cual implica que hayan dejado de surtir efectos jurídicos.
La causal de improcedencia antes mencionada resulta aplicable a las acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 59 y 65 de la Ley Reglamentaria de la Materia, que prevén la aplicabilidad, en general, de las disposiciones que regulan lo relativo a las controversias constitucionales y, en específico, de las causales de improcedencia que se establecen en el diverso artículo 19, excepción hecha respecto de determinados supuestos:
"ARTÍCULO 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II."
"ARTÍCULO 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor, de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.
Las causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad."
Luego, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 19, fracción V, de la ley de la materia, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda al constituir el único objeto de este medio de control constitucional.
Así lo ha sustentado el Tribunal Pleno, en la jurisprudencia número P./J. 8/2004, de rubro y texto siguientes:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el título II de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en el artículo 19 de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en su fracción II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."(3)
Ahora bien, del análisis de los conceptos de invalidez se desprende que la parte actora alega esencialmente que el artículo 243 del Código Penal del Estado de Tlaxcala reformado mediante Decreto número 200, publicado el cinco de diciembre de dos mil trece en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa, viola el principio de progresividad en su aspecto de no regresividad de los derechos humanos, al suprimir la posibilidad de que la mujer acceda a la interrupción legal del embarazo cuando el producto presente alteraciones congénitas o genéticas. Asimismo, aduce que dicho numeral contraviene los derechos humanos de las mujeres, particularmente a la igualdad y no discriminación, a tomar decisiones libres, responsables e informadas en materia reproductiva, a la protección de sus derechos a la salud, a la privacidad, a la integridad personal, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos de índole internacional en materia de derechos humanos.
El promovente de la presente acción de inconstitucionalidad pretende, en esencia, se contraste el contenido del artículo 243 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala publicado mediante decreto 161 de treinta y uno de mayo de dos mil trece con su posterior reforma publicada mediante decreto 200 en el Periódico Oficial de la aludida Entidad Federativa el cinco de diciembre de la propia anualidad, a fin de determinar si esta última representa una acción legislativa regresiva violatoria del principio de progresividad en materia de derechos humanos.
El artículo impugnado dispone:
"Artículo 243. No es punible el aborto causado por la imprudencia de la mujer embarazada, ni cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de inseminación artificial no consentida conforme al artículo 297 de este Código.
No se aplicará sanción, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de un grave daño a su salud, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.
En los casos contemplados en este artículo, los médicos legistas oficiales tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable."
En este aspecto, vale la pena precisar que el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, mediante Decreto número 161 publicado en el Periódico Oficial el treinta y uno de mayo de dos mil trece, emitió el nuevo Código Penal para dicha Entidad Federativa, condicionando su obligatoriedad a la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimientos Penales Local, este último publicado mediante Decreto número 101 de misma fecha.
El Decreto 101, en sus artículos transitorios primero, segundo y tercero, estableció que el aludido código procedimental entraría en vigor a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, además de que su aplicación sería gradual y progresiva, bajo el criterio de los delitos en bloque y en atención a los distritos judiciales del Estado de Tlaxcala. Se determinó la abrogación del Código de Procedimiento Penales del Estado publicado en el Periódico Oficial el dos de enero de mil novecientos ochenta y sus respectivas reformas, de forma paulatina conforme a lo anteriormente señalado y, por último, se garantizó que aquellos delitos acaecidos durante la vigencia del ordenamiento abrogado, se seguirán conforme a las reglas de este último.
Por otra parte, mediante Decreto número 200 publicado en el Periódico Oficial de Tlaxcala el cinco de diciembre de dos mil trece, se realizaron diversas reformas al Código Penal del Estado contenido en el diverso Decreto 161, en específico, de sus artículos 241, 242 y 243 (delito de aborto), condicionando nuevamente la obligatoriedad de las reformas a la entrada en vigor del Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
No obstante, derivado de las obligaciones emanadas del Artículo Segundo Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, por Decreto número 38 publicado el veintitrés de octubre de dos mil catorce, el congreso local emitió la declaración de incorporación del sistema penal acusatorio al régimen jurídico del Estado de Tlaxcala, y en el mismo acto legislativo determinó:
a) La entrada en vigor paulatina del Código Nacional de Procedimientos Penales.
b) La consecuente abrogación del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre Soberano de Tlaxcala de mil novecientos ochenta.
c) La abrogación del Decreto número 101 referido, por medio del cual se expidió el código procedimental al que se encontraba sujeta la entrada en vigor del código penal sustantivo ahora en estudio.
Como consecuencia de lo anterior, por Decreto número 58 publicado en el periódico oficial de la entidad el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, también fue reformado el Artículo Primero Transitorio del Decreto número 161 por el que se expidió el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para establecer lo siguiente:
(REFORMADO, P.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014)
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Código deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor el día treinta y uno de diciembre de dos mil catorce en todo el territorio del Estado de Tlaxcala, salvo en lo que se refiere a los Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo previstos en el artículo 309 de este ordenamiento, el cual entrará en vigor el día treinta y uno de diciembre de dos mil quince.
Una vez que entre en vigor el presente Código, sé abrogará el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, contenido en el Decreto número 108, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo LXXIV, Número 1, de fecha dos de enero de mil novecientos ochenta.
De la transcripción se desprende que a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado el treinta y uno de mayo de dos mil trece, entró en vigor en todo el territorio de la entidad, salvo en lo que se refiere a los Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo previsto en el artículo 309, el cual entrará en vigor el treinta y uno de diciembre de dos mil quince.
Sin embargo, el veinticuatro de abril de dos mil quince, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el Decreto Número 105, a través del cual se reforma el artículo 243 del Código Penal para el Estado, publicado en dicho periódico el cinco de diciembre de dos mil trece.
En efecto, el mencionado Decreto, en la parte que interesa, establece:
"(...) ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I,7,9 fracción II y 10 apartado "A" fracción II, de la Ley Orgánico del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo 243 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue:
Artículo 243. No ameritará responsabilidad la interrupción del embarazo en los supuestos siguientes:
I. Se produzca por conducta culposa de la mujer embarazada;
II. El embarazo sea resultado del delito de violación;
III. El embarazo sea resultado de una inseminación artificial no consentida;
IV. Cuando la mujer embarazada esté en peligro de muerte o de sufrir un daño grave a su salud, a juicio del médico que le asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; y
V. Cuando a juicio de dos médicos especialistas en la materia, quienes deberán dictaminar de forma separada e independiente, exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto de la concepción presente alteraciones genéticas o congénitas graves, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la madre y el padre, en su caso.
En todas las hipótesis previstas en este artículo, los médicos especialistas tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes, para que pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.
El médico que practique la interrupción del embarazo conforme a los supuestos a que se refiere este artículo, deberá rendir un informe pormenorizado ante la Secretaría de Salud del Estado, al que adjuntará los dictámenes médicos correspondientes, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al concluir los procedimientos respectivos. La Secretaría de Salud d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200124-534c75f0/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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