I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULOS 6, PÁRRAFO PRIMERO Y 11, FRACCIÓN I, DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE SUJETOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 108/2014. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de septiembre de dos mil quince.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Demanda. Por oficio presentado el veintiséis de diciembre de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Murillo Karam, con el carácter de Procurador General de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 181 publicado el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, por medio del cual se expidió la Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo en el Procedimiento Penal del Estado de Campeche, concretamente combatió los artículos 6, párrafo primero y 11, fracción I; asimismo, señaló como autoridades emisora y promulgadora de los referidos artículos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la citada Entidad Federativa.
SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El promovente señaló que las normas cuya invalidez demanda son violatorias de los artículos 20, Apartado C, fracción V y 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, formuló los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los que dado el sentido de la presente resolución resulta innecesario transcribir.
TERCERO. Registro del expediente y turno. Por acuerdo de dos de enero de dos mil quince, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 108/2014; y, por razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
CUARTO. Admisión. Posteriormente, el Ministro Instructor dictó acuerdo de fecha cinco de enero de dos mil quince, en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Campeche, para que rindieran sus respectivos informes en términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria; asimismo, requirió al Congreso del Estado, para que al rendir su informe remitiera copia certificada de todos los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.
QUINTO. Informes. Por acuerdos de dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil quince, el Ministro Instructor tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo ambos del Estado de Campeche, rindiendo los informes solicitados y puso los autos a la vista de las partes para que dentro del plazo de cinco días hábiles formularan alegatos.
SEXTO. Alegatos y Cierre de Instrucción. Recibidos los alegatos del promovente y de las autoridades legislativa y ejecutiva del Estado de Campeche, fue cerrada la instrucción en este asunto y se envió el expediente al Ministro Instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
SÉPTIMO. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Instructor, se acordó remitir el expediente a esta Segunda Sala para su radicación y resolución.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, fracción V y 21, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, fracción II y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece, dado el sentido de la presente resolución.
SEGUNDO. Oportunidad. La presente acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente.
Al respecto el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la Ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme a lo transcrito, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna.
El Decreto 181 por medio del cual se expidió la Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo en el Procedimiento Penal del Estado de Campeche, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el veintinueve de noviembre y venció el veintiocho de diciembre de dos mil catorce.
Luego, si el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad se presentó el veintiséis de diciembre de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se advierte de la foja diez vuelta del expediente en que se actúa; por lo que la demanda se presentó de forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de la materia.
TERCERO. Legitimación del promovente. En términos del inciso c), fracción II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Procurador General de la República está legitimado para promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales, entre otras.
En el caso Jesús Murillo Karam, en su carácter de Procurador General de la Republica, suscribió el escrito mediante el cual promueve la acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 6, párrafo primero y 11, fracción I de la Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo en el Procedimiento Penal del Estado de Campeche; dicho carácter lo acreditó con la copia certificada de su nombramiento signado por el Presidente de la República (foja once del expediente principal).
No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno, que por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, fue modificado y adicionado el artículo 105, fracción II, incisos c) e i) de la Constitución Federal,(1) para establecer que se encuentran legitimados para ejercer la acción de inconstitucionalidad, entre otros, el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas; así como, el Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, además, de las relacionadas con el ámbito de sus funciones.
Sin embargo, debe precisarse que el artículo décimo sexto transitorio de la aludida reforma constitucional establece que entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, las cuales resultan necesarias por virtud de las adiciones y reformas, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.
Por lo que, al no haber sido emitida aún la Ley relativa a la Fiscalía General de la República y tampoco se ha llevado a cabo la declaratoria correspondiente, sigue en vigor el anterior inciso c), de la fracción II del artículo 105 constitucional.
De ahí que, el Procurador General de la República cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional.
En el mismo sentido se pronunció este Tribunal Pleno al resolver por unanimidad de votos la acción de inconstitucionalidad 2/2014, en sesión de uno de diciembre de dos mil catorce.
CUARTO. Improcedencia por cesación de efectos. Los presupuestos procesales de oportunidad y legitimación del promovente, no serán objeto de análisis en esta resolución, toda vez que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 19 de la aludida Ley Reglamentaria.
En efecto, de la lectura íntegra del escrito a través del cual se promueve la presente acción de inconstitucionalidad se advierte que se solicitó la invalidez de los artículos 6, párrafo primero y 11, fracción I de la Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo en el Procedimiento Penal del Estado de Campeche, publicados mediante Decreto número 181, en el Periódico Oficial del Estado de veintiocho de noviembre de dos mil catorce; el texto literal de los citados artículos es el siguiente:
"Artículo 6. Únicamente el Ministerio Público, con autorización judicial, aplicará las medidas de protección a través de la Oficina de Protección a Sujetos en Situación de Riesgo, dependiente de la Vice fiscalía.
(...)."
"Artículo 11. La autoridad judicial competente tendrá a su cargo:
I. Dictar, a solicitud del Ministerio Público, las medidas de protección que se estimen necesarias; y
(...)."
De ahí que básicamente establecen como requisito para que el Ministerio Público esté en condiciones de aplicar las medidas de protección correspondientes, que la autoridad judicial dicte la autorización a solicitud del referido representante social.
Por otra parte, el ocho de mayo de dos mil quince, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el Decreto número 243, a través del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo en el Procedimiento Penal del Estado de Campeche, entre otros, los artículos 6, párrafo primero y 11, fracción I, los cuales se reproducen a continuación:
"Decreto 243
ÚNICO. Se reforman el artículo 1; las fracciones 111 y IV del artículo 2; las fracciones I y IV del artículo 3; los artículos 6y 7; la fracción VI del articulo 1; el articulo 11; la fracción IV del artículo 13; el primer párrafo y el inciso b) de la fracción I del artículo 14; el artículo 15; el segundo, tercero y cuarto párrafos del articulo 18; el primer párrafo del artículo 19; los artículos 20, 22, 23 y 26 de la Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo en el Procedimiento Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
(...).
Artículo 6. El ministerio público aplicará las medidas de protección a las víctimas u ofendidos, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
(...).
Artículo 11. La autoridad judicial competente tendrá a su cargo:
I. La ratificación, modificación o cancelación, en su caso, de las medidas de protección aplicadas por el ministerio público, de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales; y
(...).
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igualo menor jerarquía del marco jurídico estatal, que se opongan al contenido del presente decreto."
De la anterior transcripción se desprende que los artículos 6, párrafo primero y 11, fracción I de la Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo en el Procedimiento Penal del Estado de Campeche cuya invalidez se planteó, fueron modificados en la porción normativa controvertida por el Procurador General de la República en el presente asunto. La reforma de que se trata entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, cobró vigencia el nueve de mayo de dos mil quince.
Ahora bien, los artículos 59 y 65, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan lo siguiente:
"Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II."
"Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20."
Por otra parte, los artículos 19, fracción V y 20, fracción II del mismo ordenamiento son del tenor siguiente:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
(...)
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
(...)."
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: (...)
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
(...)."
De las normas transcritas destaca el contenido del artículo 19, fracción V, del que se advierte que, los asuntos como el que nos ocupa son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma general impugnada, lo que implica que ésta deje de surtir sus efectos jurídicos. Por tanto, tratándose de la acción de inconstitucionalidad, dicha causa de improcedencia se actualiza cuando deje de producir efectos la norma general impugnada, en tanto ésta constituye el único objeto de análisis en el indicado medio de control constitucional.
Así lo ha sustentado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 8/2004, cuyo rubro, texto y datos de localización se transcriben a continuación:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el título III de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en el artículo 19 de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en su fracción II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo XIX, marzo de 2004, página 958, número de registro IUS 182048).
De lo expuesto se advierte que en el caso se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción V del artículo 19 de la Ley de la materia, ya que la acción de inconstitucionalidad se promovió en contra de los artículos 6, párrafo primero y 11, fracción I de la Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo en el Procedimiento Penal del Estado de Campeche publicados mediante Decreto número 181 en el Periódico Oficial del Estado de veintiocho de noviembre de dos mil catorce; y, mediante diverso Decreto número 243 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el ocho de mayo de dos mil quince, se reformaron, entre otros, los apartados normativos últimamente citados en los que se eliminó el supuesto de previa autorización y dictado de las medidas correspondientes por parte de la autoridad judicial para que el Ministerio Público esté en condiciones de aplicarlas. Lo cual implica la cesación de los efectos del acto impugnado en la presente acción de inconstitucionalidad.
Esto es así, porque el Decreto número 243 reformó los artículos impugnados en la presente acción eliminando las exigencias acotadas en ellos y que motivaron su promoción, es decir, el tema de inconstitucionalidad denunciado se sustentó, precisamente, en la circunstancia de que se condicionaba la aplicación de las medidas de protección por parte de la autoridad ministerial, a la previa autorización judicial; por tanto, en la especie se actualiza la causa de inviabilidad invocada en párrafos precedentes debido a que los artículos 6, párrafo primero y 11, fracción I de la Ley para la Protección de Sujetos en Situación de Riesgo en el Procedimiento Penal del Estado de Campeche, en su texto vigente entrañan un acto legislativo nuevo en términos del principio de autoridad formal de la Ley, conforme al cual este tipo de normas sólo puede ser modificada por otra norma del mismo rango; además, conforme al artículo primero transitorio la reforma de que se trata entró en vigor al día siguiente de su publicación en el medio de difusión del Estado, esto es, el nueve de mayo de dos mil quince;(2) de ahí que, han cesado los efectos de las normas impugnadas.
Apoyan la anterior conclusión las jurisprudencias del Tribunal Pleno, cuyo rubro, texto y datos de identificación son del tenor siguiente:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES DEROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO. Si con motivo de la reforma realizada a una ley se derogaron los preceptos impugnados en la acción de inconstitucionalidad, debe declararse el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de dicha ley reglamentaria, por haber cesado los efectos de la norma general impugnada." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo XXI, mayo de 2005, tesis P./J. 45/2005, página 783, número de registro IUS 178564).
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA. La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse por actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos de las normas generales impugnadas, cuando éstas hayan sido reformadas o sustituidas por otras. Lo anterior, porque para que pueda analizarse una norma a través de ese medio de control constitucional, la transgresión a la Constitución Federal debe ser objetiva y actual al momento de resolver la vía, esto es, debe tratarse de una disposición que durante su vigencia contravenga la Ley Fundamental, pues la consecuencia de estimar fundados los conceptos de invalidez, en el caso de una norma reformada, se reduciría a anular los efectos de una ley sin existencia jurídica ni aplicación futura, ya que la sentencia que llegara a pronunciarse no podría alcanzar un objeto distinto al que ya se logró con su reforma o sustitución." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo XXI, mayo de 2005, tesis: P./J. 24/2005, página 782, número de registro IUS 178565).
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO. La cesación de efectos prevista como causa de improcedencia de las controversias constitucionales en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable también a las acciones de inconstitucionalidad por disposición del diverso 59 del mismo ordenamiento legal, se actualiza si en una acción de inconstitucionalidad se plantea la invalidez de una norma general que durante el procedimiento ha sido abrogada por otra posterior, lo que determina sobreseer en el juicio, en términos de lo ordenado por el artículo 20, fracción II, de la citada ley reglamentaria." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo IX, junio de 1999, tesis P./J. 47/99, página 657, número de registro IUS 193771).
No es óbice a lo anterior, que si bien las normas impugnadas necesariamente requieren la existencia de un procedimiento penal para su aplicación; también lo es, que su objeto se constriñe a las medidas que, dentro de la procuración de justicia, garanticen la protección de los sujetos que intervengan, de manera directa o indirecta, en tal procedimiento.(3)
De ahí que, sin desconocer el derecho previsto en el segundo párrafo de la fracción V del apartado C del artículo 20 constitucional;(4) esta Segunda Sala determina que las normas cuya validez se impugna en la presente acción de inconstitucionalidad no inciden en la materia penal sustantiva, en tanto se equiparan a la implementación de medidas administrativas que la autoridad ministerial bajo su más estricta responsabilidad, podrá aplicar en el ámbito adjetivo.
Lo anterior se corrobora con lo previsto en los artículos 137 y 367 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya entrada en vigor en el Estado de Campeche inició a partir de las cero horas del tres de diciembre de dos mil catorce;(5) los invocados artículos disponen lo siguiente:
"Artículo 137. Medidas de protección
El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes:
I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;
II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;
III. Separación inmediata del domicilio;
IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;
V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;
VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;
VII. Protección policial de la víctima u ofendido;
VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;
IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y
X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.
Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes.
En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código.
En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia."
"Artículo 367. Protección a los testigos
El Órgano jurisdiccional, por un tiempo razonable, podrá ordenar medidas especiales destinadas a proteger la integridad física y psicológica del testigo y sus familiares, mismas que podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable.
De igual forma, el Ministerio Público o la autoridad que corresponda adoptarán las medidas que fueren procedentes para conferir la debida protección a víctimas, ofendidos, testigos, antes o después de prestadas sus declaraciones, y a sus familiares y en general a todos los sujetos que intervengan en el procedimiento, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable."
Cabe señalar que por lo antes expuesto no se actualizan los supuestos establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 105 constitucional y en el segundo párrafo del artículo 45 de la Ley Reglamentaria, que prevén la posibilidad de dar efectos retroactivos, en materia penal a las sentencias dictadas en controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que declaren la invalidez de una norma general; lo anterior, de acuerdo al carácter adjetivo de las normas materia de la presente acción de inconstitucionalidad, por lo que tampoco resulta aplicable el criterio establecido por el Tribunal Pleno en la tesis P.IV/2014,(6) en el que fue interpretado el invocado precepto constitucional en el referido tema de efectos retroactivos de las sentencias.
Por último, si bien conforme a los artículos 44 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias dictadas en una acción de inconstitucionalidad se deben publicar íntegramente en el Semanario Judicial de la Federación, esta Segunda Sala considera que tal publicación no debe llevarse a cabo cuando en aquéllas se sobresea, ya que dichas disposiciones se deben interpretar sistemáticamente para tomar en cuenta lo previsto en los numerales 42 y 43 del citado ordenamiento, porque en ese supuesto, no habrá pronunciamiento sobre el reconocimiento de la validez de los actos controvertidos, ni el fallo impondrá alguna obligación a las partes o a los Tribunales a que alude el referido artículo 43.
Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que las publicaciones en aquel medio de difusión implican el ejercicio de recursos económicos de la Federación, los cuales al tenor de lo previsto en el artículo 134 constitucional, deben administrarse con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y resultaría un dispendio la publicación de este tipo de casos, que por regla general, carecen de importancia y trascendencia para el orden jurídico; por lo que no se esta en el caso de ordenar la referida publicación de la resolución que ahora se emite.
A similares conclusiones arribó esta Segunda Sala en la acción de inconstitucionalidad 103/2014, donde se impugnaron los artículos 31, penúltimo y último párrafos, 32 y 33 de la Ley de Sujetos Protegidos del Estado de Jalisco; resuelta por unanimidad de votos en sesión de veinticuatro de junio de dos mil quince y bajo la ponencia del señor Ministro José Fernando Franco Gonzalez Salas.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad.
Notifíquese; por medio de oficio a las autoridades intervinientes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). El señor Ministro José Fernando Franco González Salas, emitió su voto con reservas.
Firma el Ministro Presidente y en su calidad de Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala, que autoriza y da fe.
EL PRESIDENTE Y PONENTE:
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA SEGUNDA SALA:
LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ.
En términos de los previsto en los artículos 3, fracción XXI, 8, 23, 24, fracción VI, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, vigente a partir del día siguiente, se publica esta versión pública en el cual se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. "Artículo 105.
(...).
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
(...).
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;
(...)
i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones;
(...)."
2. Atento a lo establecido en el Código Civil del Estado de Campeche, que al respecto establece:
"Artículo 3. Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos veinticuatro horas después de su publicación en el Periódico Oficial; y en los lug
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200063-7386584b/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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