ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE UNA NORMA IMPUGNADA, REFORMADA O DEROGADA, SI SU NATURALEZA ES PENAL. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo ausente) TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ. LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN II, 8 A 18, Y 20 A 32 DE LA LEY NÚMERO 821 PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS DE ESA ENTIDAD, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL 21 DE MARZO DE 2013, TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 16, 73, FRACCIÓN XXI, 124 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo ausente) TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ. PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ, CON EFECTOS RETROACTIVOS, DE LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN II, 8 A 18, Y 20 A 32 DE LA LEY NÚMERO 821 PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS DE ESA ENTIDAD, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL 21 DE MARZO DE 2013. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo ausente)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2013. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 4 DE NOVIEMBRE DE 2013. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ARMANDO ARGÜELLES PAZ Y PUENTE.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de noviembre de dos mil trece.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad 12/2013, promovida por el procurador general de la República, y
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la acción. Por oficio presentado el veintidós de abril de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:
I. Autoridad emisora y promulgadora de las normas impugnadas:
a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
II. Normas generales cuya invalidez se reclama:
Los artículos 1o., fracción II, 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley Número 821 para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el veintiuno de marzo de dos mil trece.
SEGUNDO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el procurador general de la República estima infringidos son los numerales 16, 73, fracción XXI, 124 y 133.
TERCERO. Concepto de invalidez. En su único concepto de invalidez, el promovente adujo, en síntesis, que el Congreso del Estado de Veracruz y el gobernador de esa entidad federativa aprobaron, promulgaron y publicaron, respectivamente, las normas impugnadas antes precisadas, vulnerando los referidos preceptos constitucionales, en virtud de que:
• El acto legislativo impugnado carece de la debida fundamentación, a que se refiere el artículo 16 constitucional, ya que el órgano legislativo del Estado de Veracruz no actuó dentro de los límites que la Constitución Federal le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que emitió no corresponde a su esfera de atribuciones, de acuerdo con la Ley Fundamental.
• El numeral 73 establece las facultades del Congreso de la Unión para legislar, es decir, delimita las materias que son competencia de las autoridades federales, señalando, en su fracción XXI, la potestad para expedir, entre otras, una ley general en materia de trata de personas, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.
Por su parte, el artículo 124 de la Constitución General de la República precisa que las facultades que no están expresamente concedidas por ese ordenamiento a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, es decir, se trata de una facultad residual que debe entenderse en el sentido de que corresponde a los Estados el ejercicio de las facultades que la Ley Fundamental no reservó a entes federales, por lo que su ejercicio debe quedar plasmado en las Constituciones y legislaciones locales.
En el Estado Mexicano se advierte claramente la existencia de cinco órdenes jurídicos, a saber: el federal, el local o estatal, el municipal, del Distrito Federal y el constitucional, estableciéndose en este último el sistema de competencias al que deberán ceñirse los citados órdenes jurídicos. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 136/2005, emitida por el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede leerse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre del 2005, página 2062, consultable bajo el rubro: "ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURÍDICOS QUE LO INTEGRAN."(1)
Así, -dice- la distribución de competencias, respecto de los órdenes jurídicos federal y estatal o local, se rige por el principio consagrado en el artículo 124 de la Constitución Federal, conforme al cual se otorgan facultades expresas a los funcionarios federales, entendiéndose reservadas las demás a los Estados de la República, es decir, que la delimitación de competencias entre el orden federal y el de las entidades federativas se resuelve con base en el listado en que expresamente se detallan las facultades de aquél, reservándose a los Estados las que no lo estén.
Los funcionarios federales, pues, no pueden realizar acto alguno fuera del ámbito que la Constitución Federal expresamente señala en su numeral 73, en tanto que los Estados ejercitan todas las facultades no asignadas a los órganos federales.
Teniéndose que de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 41 y 124 constitucionales, debe concluirse que las entidades federativas tendrán plena autonomía para que, sin transgredir los principios establecidos en la Constitución Federal, resuelvan con libertad en las materias que la propia Ley Fundamental les ha reservado competencia, al no señalarlas de manera expresa dentro de la competencia que tiene la Federación.
• La federalización del delito de trata de personas derivó de la reforma efectuada al artículo 73, fracción XXI, de la Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2011.
• El artículo 73 constitucional otorga al Congreso de la Unión la facultad expresa de expedir una ley general en materia de trata de personas que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones, esto es, que prevea los aspectos sustantivos. Atendiendo a lo estipulado en el artículo 124 de la Carta Magna, los Estados se encuentran materialmente imposibilitados para normar dicho ámbito, pues sale de su esfera competencial constitucionalmente conferida a los Estados en la materia.
• En el caso concreto, el órgano legislativo del Estado de Veracruz, al emitir los numerales 1o., fracción II, 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley Número 821 para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vulneró el orden jurídico constitucional, pues extendió indebidamente sus facultades legislativas, al normar aspectos sustantivos del delito de trata de personas, excediéndose en su radio competencial.
• Los artículos que se impugnan vulneran el artículo 73 de la Carta Magna, pues no obstante que existe una facultad expresa del Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de trata de personas, que establezca como mínimo los tipos y punibilidades en la materia que nos ocupa, que se traduce en una potestad para normar aspectos sustantivos del delito en cita, así como para señalar la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Congreso de Veracruz legisla sobre aspectos relativos a los tipos penales y sus sanciones en la materia, aspectos, que se encuentran enmarcados dentro del ámbito normativo de la Federación.
• Si estamos en el entendido de que el legislador federal sacó del ámbito de competencia local el delito de trata de personas para federalizarlo con la intención de unificar el tipo y la sanción por su comisión, luego entonces, resulta que los Estados se encuentran impedidos constitucionalmente para legislar sobre dichos aspectos, al existir una facultad que expresamente fue concedida al órgano legislativo federal.
• Dado que el órgano legislativo actuó fuera de los límites que la Constitución Federal le confiere, se tiene que el acto de autoridad legislativo no se encuentra debidamente fundado, pues conforme al ámbito constitucional que opera en materia de trata de personas, la norma se emitió fuera de la esfera de atribuciones del Poder Legislativo Local, violando el artículo 16 de la Constitución Federal.
• Como consecuencia de lo anterior, se transgrede el artículo 133 de la Carta Magna que, en términos generales, consagra el principio de supremacía constitucional, y el cual impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones.
Concluye la actora señalando que resulta incuestionable que la legislatura de Veracruz desbordó el marco competencial que rige su actuar, por lo que solicita declarar la invalidez constitucional de los numerales impugnados, por estimar que con su emisión las autoridades demandadas contravienen lo dispuesto en los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 12/2013, mediante acuerdo dictado el veintitrés de abril de dos mil trece; asimismo, ordenó turnar el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, de conformidad con la certificación de turno que al efecto se acompañó.
Por su parte, por auto de veinticuatro de abril de dos mil trece, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado. El gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Javier Duarte de Ochoa, al rendir su informe, señaló, en síntesis, lo siguiente:
• Que es cierto que el Poder Estatal que representa promulgó la "Ley Número 821 para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", que contiene los numerales cuya invalidez reclama el procurador general de la República, lo que hizo en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, y en uso de la atribución establecida en el artículo 49, fracción II, de la Constitución Política del Estado, ordenando su publicación en la Gaceta Oficial de la entidad, lo que aconteció el veintiuno de marzo de dos mil trece.
• Que la ley impugnada tuvo su origen en la iniciativa que diversos diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado presentaron en su oportunidad a esa Soberanía, la cual fue aprobada por el Congreso Local y remitida al Poder Ejecutivo Local para su promulgación y publicación.
• Que del análisis efectuado a la demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por el procurador general de la República, se advirtió que por lo que se refiere a los artículos 1o., fracción II, 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la ley impugnada, cuya invalidez se reclama, efectivamente transgredían los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 y 133 de la Constitución Federal, al invadirse la competencia que tiene la Federación en los tópicos que contenían.
• Que es por ello que el ocho de mayo de dos mil trece, diputados integrantes del Congreso Local presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. y deroga los mencionados artículos legales, además de derogar también los numerales 19 y 33 a 39, precisando que dicha iniciativa fue aprobada ese mismo día por unanimidad de los diputados presentes, por lo que se turnó al Ejecutivo del Estado que representa para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la entidad, lo que aconteció el nueve de mayo de dos mil trece, cuando se publicó el "Decreto Número 832 por el que se reforma el artículo 8o. y derogan diversos artículos de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Veracruz".
• Que de acuerdo con lo anterior, es evidente que en el presente asunto ya no existe materia para que este Alto Tribunal aborde el estudio de la inconstitucionalidad planteada, al haberse derogado los artículos impugnados, por lo que resulta evidente que en el presente asunto debe dictarse el sobreseimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 65, en relación con la fracción III del numeral 20, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber cesado ya los efectos de las normas generales impugnadas. Argumento que se apoyó en la tesis de jurisprudencia P./J. 45/2005, emitida por este Alto Tribunal, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES DEROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO."(2)
SEXTO. Informe del Poder Legislativo. Por su parte, el diputado Eduardo Andrade Sánchez, en su carácter de presidente del Congreso del Estado de Veracruz, al rendir el informe respectivo, manifestó, sustancialmente, lo siguiente:
• Que del análisis de la argumentación expuesta por la Procuraduría General de la República se desprende que, efectivamente, a la luz de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que dispone que es facultad del Congreso expedir leyes generales en materia de trata de personas, entre otras, que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; ello, en relación con lo dispuesto en el artículo 124 de la propia Constitución, que señala que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", interpretado a contrario sensu, permite arribar a la conclusión de que toda vez que la Constitución sí concede al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de trata de personas, dicha facultad no fue reservada a los Estados, por lo cual, le corresponde al Congreso de la Unión y no a los Estados.
• Que no obstante lo anterior, en descargo de la actividad del órgano legislativo, es de tomar en cuenta que la LXI Legislatura del Congreso Local aprobó la "Ley Número 875 para Prevenir, Atender, Combatir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave" (publicada en la Gaceta Oficial del propia entidad federativa el viernes cinco de noviembre de dos mil diez) con anterioridad a la disposición constitucional que señala como facultad del Congreso de la Unión legislar en materia de trata de personas, esto es, cuando aún le estaba reservada al Congreso Local dicha atribución, pues fue posteriormente a ello que el Constituyente Permanente reformó los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Federal, en materia de trata de personas, y también fue con posterioridad que el Congreso de la Unión emitió la "Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos", reforma y ley que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de dos mil once y el catorce de junio de dos mil doce, respectivamente.
• Que en el artículo décimo transitorio de la referida ley general se dispone que: "Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la presente ley.", por lo que la Sexagésima Segunda Legislatura en ningún momento pretendió rebasar los límites de su competencia constitucional para legislar en materia de trata de personas, sino que lo que buscó era dar cumplimiento a lo previsto por el citado transitorio y armonizar la legislación local existente respecto a lo previsto por la ley general, eliminando del orden jurídico local las disposiciones de la ley local en materia de trata de personas, que pudieran contravenir lo previsto por la nueva ley general, pero que, sin embargo, al hacerlo, incurrió en el error de entender la necesidad de adecuación de las leyes locales en el sentido de reproducir y hasta ampliar lo que ya dicen las leyes generales.
• Que en atención a lo anterior, en la sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil trece, después de dispensarse los trámites reglamentarios, el Congreso Local aprobó la "Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. y deroga los artículos 1o., fracción II, 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", que presentaron diversos diputados, dando así lugar al Decreto Número 832 por el que se reforma el artículo 8o. y derogan diversos artículos de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad número extraordinario 178, de fecha nueve de mayo de dos mil trece.
• Que en cumplimiento al requerimiento formulado por este Alto Tribunal, acompañaba los antecedentes legislativos de la norma impugnada y demás documentos solicitados.
Finalmente, solicitó a este Alto Tribunal sobreseer en el asunto, por considerar que se actualizan las causales de sobreseimiento e improcedencia contenidas en los artículos 19, fracción V, 20, fracción II y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil trece, se cerró la instrucción en este asunto y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(3)
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la Ley Número 821 para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Constitución Federal.
SEGUNDO. Oportunidad. Por cuestión de orden, en primer lugar, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; asimismo, señala que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
La Ley Número 821 para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se publicó el veintiuno de marzo de dos mil trece en la Gaceta Oficial de la entidad.(5) Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del viernes veintidós de marzo al sábado veinte de abril de dos mil trece.
En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la página treinta y ocho vuelta del expediente, la demanda se presentó el lunes veintidós de abril de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, al día hábil siguiente al vencimiento, por lo que es evidente que la presentación de la demanda es oportuna.
TERCERO. Legitimación. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Jesús Murillo Karam, quien funge como procurador general de la República, lo que acreditó con copia certificada del nombramiento otorgado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el cuatro de diciembre de dos mil doce, que obra en la foja treinta y nueve de autos.
Así, el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano."
Como se desprende del texto anterior, la Constitución establece que el mecanismo de control de constitucionalidad, denominado acción de inconstitucionalidad, podrá ser ejercitado, entre otros sujetos legitimados, por el procurador general de la República, el cual puede hacerlo contra leyes de carácter estatal, entre otras normas generales.
En el caso, dicho funcionario ejercita la acción en contra de los artículos 1o., fracción II, 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley Número 821 para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que se trata de una ley de una entidad federativa y, por tanto, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya la anterior conclusión la jurisprudencia P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno, publicada en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."
CUARTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento. Como antes se relató, al rendir sus informes, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de manera coincidente solicitaron el sobreseimiento de la presente acción, debido, sustancialmente, a que el nueve de mayo de dos mil trece se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado el Decreto Número 832, por el que se reforma el artículo 8o. y derogan diversos artículos de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas del Estado de Veracruz,(6) impugnada en este asunto, circunstancia por la que, consideraron que en virtud de que entre los preceptos que fueron derogados se encuentran los que en esta vía se impugnan, entonces, debe sobreseerse en el presente juicio.
Sin embargo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, en el caso, no se actualizan las causas de improcedencia y sobreseimiento invocadas, en virtud de lo siguiente:
En primer término, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) que prevén que este tipo de asuntos son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que dejen de surtir sus efectos jurídicos.
Lo anterior es así, pues la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria. Así lo ha sustentado el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente criterio de jurisprudencia:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el título III de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en el artículo 19 de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en su fracción II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."(8)
En el caso, de la lectura integral de la acción se desprende que el promovente impugnó la "Ley Número 821 para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el veintiuno de marzo de dos mil trece, en particular, los artículos 1o., fracción II, 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, mismos que se transcriben a continuación:
"Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto:
"I. ...
"II. Establecer los tipos penales y los procedimientos aplicables a estos delitos."
"Capítulo II
"De los delitos en materia de trata de personas
"Artículo 8o. Comete el delito de trata de personas quien por acción u omisión dolosa induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, ofrezca, solicite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí, o para un tercero, a una persona por medio de la violencia física, psicológica o moral, de la privación de la libertad, de la seducción, del engaño, del abuso de poder, del fraude o de una situación de vulnerabilidad, o de la concesión de pagos o recepción de beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
"Se entenderá por explotación de una persona, en términos de la presente ley:
"I. La esclavitud, referida en el artículo 9o.;
"II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 10;
"III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, conforme a los artículos 11 a 15;
"IV. La explotación laboral, según el artículo 16;
"V. La realización de trabajos domésticos como lo señala el artículo 17;
"VI. El trabajo o servicios forzados, referido en el artículo 18;
"VII. La mendicidad forzosa, descrita en el artículo 20;
"VIII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, conforme al artículo 21;
"IX. La adopción ile
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24811-39519464/accion-de-inconstitucionalidad-no-se-actualiza-la-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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