ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDE EXTENDER LOS EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ A LA NUEVA NORMA, SIEMPRE QUE CONTENGA LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE LA IMPUGNADA. DELITOS GRAVES EN EL ESTADO DE COLIMA. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO PENAL PARA ESA ENTIDAD QUE LOS PREVÉ, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. 598, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DICHA DECLARATORIA DEBE HACERSE EXTENSIVA AL MISMO NUMERAL, REFORMADO POR DECRETO No. 619 PUBLICADO EN EL INDICADO MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012. DELITOS GRAVES EN EL ESTADO DE COLIMA. EL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO PENAL PARA ESA ENTIDAD QUE LOS PREVÉ EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y DE SECUESTRO, EN SU TEXTO DERIVADO DEL DECRETO No. 598, INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012). SECUESTRO EXPRÉS EN EL ESTADO DE COLIMA. EL ARTÍCULO 199 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA ESA ENTIDAD, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO No. 598, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012, VIGENTE HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2013, INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
DELITOS GRAVES EN EL ESTADO DE COLIMA. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO PENAL PARA ESA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. 598, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE INDICAN: "TRATA DE PERSONAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 161;", "SECUESTRO Y SECUESTRO EXPRÉS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 199 Y 199 BIS, RESPECTIVAMENTE;", ASÍ COMO "... Y SECUESTRO" -ESTA ÚLTIMA EN LA PARTE REFERIDA A LA TENTATIVA-, DEBE HACERSE EXTENSIVA AL NUMERAL 10 REFORMADO POR DECRETO No. 619, PUBLICADO EN EL CITADO MEDIO DE DIFUSIÓN EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE SEÑALAN: "TRATA DE PERSONAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 161;", "SECUESTRO, PREVISTO POR EL ARTÍCULO 199, RESPECTIVAMENTE;", ASÍ COMO "... Y SECUESTRO" -ESTA ÚLTIMA EN LA PARTE RELATIVA A LA TENTATIVA-. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza. En contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos. El Ministro Alberto Pérez Dayán estuvo ausente)
DELITOS GRAVES EN EL ESTADO DE COLIMA. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 10 DEL CÓDIGO PENAL LOCAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETOS NÚMEROS 598 Y 619, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 8 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012, RESPECTIVAMENTE, Y 199 BIS DEL CITADO ORDENAMIENTO, ADICIONADO POR EL DECRETO PRIMERAMENTE SEÑALADO. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro Alberto Pérez Dayán estuvo ausente)
DELITOS GRAVES EN EL ESTADO DE COLIMA. EL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO PENAL PARA ESA ENTIDAD QUE LOS PREVÉ, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. 598, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE INDICAN: "TRATA DE PERSONAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 161;", "SECUESTRO Y SECUESTRO EXPRÉS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 199 Y 199 BIS, RESPECTIVAMENTE;", ASÍ COMO "... Y SECUESTRO" -ESTA ÚLTIMA EN LA PARTE REFERIDA A LA TENTATIVA-, INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES RESERVADA AL CONGRESO DE LA UNIÓN. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Alberto Pérez Dayán estuvo ausente)
SECUESTRO EXPRÉS EN EL ESTADO DE COLIMA. EL ARTÍCULO 199 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA ESA ENTIDAD, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO No. 598, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012, AL PREVER EL TIPO PENAL RELATIVO Y LAS SANCIONES POR SU COMISIÓN, INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES RESERVADA EN ESA MATERIA AL CONGRESO DE LA UNIÓN. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Alberto Pérez Dayán estuvo ausente)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 54/2012. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 31 DE OCTUBRE DE 2013. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de octubre de dos mil trece, por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 54/2012, promovida por la procuradora general de la República en contra de los artículos 10, primer párrafo, en la parte que califica como graves los delitos de trata de personas, secuestro y secuestro exprés, y 199 Bis, ambos del Código Penal para el Estado de Colima, contenidos en el Decreto Quinientos Noventa y Ocho, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el ocho de septiembre de dos mil doce.
I. Trámite
1. Presentación de la demanda. Marisela Morales Ibáñez, ostentándose como procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad,(1) en la que solicitó la invalidez de los artículos 10, primer párrafo, en la parte que califica como graves los delitos de trata de personas, secuestro y secuestro exprés, y 199 Bis del Código Penal para el Estado de Colima, contenidos en el Decreto Quinientos Noventa y Ocho, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el ocho de septiembre de dos mil doce.
2. Autoridades emisora y promulgadora. Las normas generales impugnadas se emitieron y promulgaron por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, respectivamente.
3. Conceptos de invalidez. La promovente, en sus conceptos de invalidez, manifestó, en síntesis, que:
a) El sistema competencial de nuestro país implica la existencia de un bloque federal y de un bloque local; el primero de ellos se integra por aquellas materias enumeradas en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que el segundo contiene el resto de materias no reservadas constitucionalmente a la Federación. Lo anterior evidencia una división de la capacidad normativa en la que cada orden tiene un campo de acción limitado respecto del cual puede decidir el radio de su actuar legislativo.
b) La única alteración en el sistema constitucional antes descrito, consiste en las facultades coincidentes o concurrentes y aquellas coexistentes, en las que la Federación, las entidades federativas y los Municipios ejercen simultáneamente las facultades que le son conferidas, a través de una norma general.
c) En el caso, en ejercicio de la facultad normativa prevista en la fracción XXI del artículo 73 constitucional, el Congreso de la Unión emitió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Legislativo determinó constitucionalmente que en dichas normas debían establecerse como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre dichos órdenes de gobierno.
d) Así, en el primer párrafo del artículo 23 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil diez, se dispone la competencia de la Federación para conocer de la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos de secuestro; de tal forma, las autoridades del fuero común solamente son competentes para conocer de los casos no contemplados en dicho párrafo.
e) De igual forma, en los artículos 21 y 40 de dicho ordenamiento, se prevén los supuestos respecto de los cuales los tres órdenes de gobierno se coordinarán para cumplir con los objetivos trazados en materia de prevención y sanción del delito de secuestro.
f) En dicha ley se incluyó el capítulo II "De los delitos en materia de secuestro", en el que se tipificaron diversas conductas que constituyen el delito de secuestro y se estableció una sanción para el caso de su comisión.
g) Por lo que hace a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, en su numeral 2, se prevé como uno de sus objetivos establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones; mientras que en los artículos 5 y 6, se fijaron los supuestos respecto de los cuales los tres órdenes de gobierno se coordinarán para cumplir con los objetivos trazados en materia de prevención y sanción del citado delito.
h) Conforme a lo expuesto, las entidades federativas no tienen facultad para legislar aspectos sustantivos relativos a los delitos en materia de trata de personas y secuestro, ya que solamente se encuentra prevista la participación de los tres órdenes de gobierno en aspectos concernientes a la coordinación para prevenir y sancionar dichos delitos.
i) Efectivamente, al aprobarse el texto del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, se tuvo la intención de federalizar los aludidos delitos y que fuera exclusivamente el Congreso de la Unión, el órgano que tipificara y estableciera la sanción por ellos, por lo que las Legislaturas Locales no pueden legislar en la materia, aun cuando reproduzcan de manera idéntica los ordenamientos federales en las leyes locales.
j) A pesar de lo anterior, el Congreso del Estado de Colima legisló respecto de materias que constitucionalmente están establecidas a favor del Congreso de la Unión, pues en el caso del secuestro exprés en el artículo 199 Bis impugnado estableció que comete el delito de secuestro exprés la persona que, para ejecutar delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otra, y se determinó cuál es la penalidad que corresponde a quien cometa dicho ilícito; mientras que en el artículo 10 impugnado, se calificó a los delitos de secuestro, secuestro exprés y trata de personas como graves, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad.
k) Cabe mencionar que la hipótesis prevista en el artículo 199 Bis impugnado es, en esencia, la misma que se prevé en el artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, pues se trata de la tipificación de la misma conducta de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro exprés.
l) Consecuentemente, los artículos 10, en la parte que califica como graves los delitos de trata de personas, secuestro y secuestro exprés, así como 199 Bis del Código Penal para el Estado de Colima, contenidos en el Decreto Quinientos Noventa y Ocho impugnado vulneran lo estipulado en el artículo 73 de la Constitución Federal, pues no obstante que existe facultad expresa del Congreso de la Unión para emitir las leyes generales para prevenir y sancionar tales delitos, que establezcan como mínimo los tipos y punibilidades en las materias que nos ocupan, el Congreso del Estado de Colima legisló sobre dichos aspectos sustantivos.
m) En concordancia con lo anterior, el Congreso Local infringió lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Federal, pues si el legislador federal excluyó del ámbito de competencia local los delitos de trata de personas y secuestro para federalizarlos con la intención de unificar los tipos, las entidades federativas se encuentran impedidas constitucionalmente para legislar sobre dichos aspectos, al existir una facultad expresamente concedida al órgano legislativo federal.
n) De igual manera, transgredió el contenido del artículo 133 constitucional que, en términos generales, consagra el principio de supremacía constitucional e impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones.
4. Artículos señalados como violados. La promovente señaló como violados los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 54/2012, y conforme a la certificación del turno que realizó el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, el asunto se turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor.(2)
6. Admisión. El Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, para que rindieran sus informes dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación del citado auto.(3)
7. Informe del Poder Legislativo de la entidad.(4) La autoridad emisora de las normas impugnadas manifestó en su informe, en síntesis, lo siguiente:
a) El decreto que es materia de esta acción de inconstitucionalidad fue aprobado con la intención de crear certeza jurídica respecto de aquellos ilícitos que por su gravedad se consideró conveniente calificar como graves, con la finalidad de evitar que quienes los cometieran pudieran obtener su libertad aprovechando la existencia de una omisión legislativa, por lo que se creó la figura del secuestro exprés, antes inexistente en el Código Penal local.
b) El órgano legislativo no tuvo la intención de invadir esferas competenciales reservadas constitucionalmente al Congreso de la Unión, sino que agravó las penas en aras de desalentar ese tipo de conductas y coadyuvar al combate de actos ilícitos actuales que propician un ambiente de inseguridad y zozobra en la sociedad; sin embargo, los conceptos de invalidez expresados por la parte actora son fundados, por lo que ante tales circunstancias, se acatará la sentencia de fondo que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se realizarán las modificaciones legislativas necesarias para subsanar las posibles violaciones constitucionales cometidas.
8. Informe del Poder Ejecutivo de la entidad.(5) El secretario general de Gobierno del Estado de Colima manifestó, en síntesis, lo siguiente:
a) El gobernador de la entidad federativa ordenó la promulgación y publicación del Decreto Quinientos Noventa y Ocho impugnado, en cumplimiento a las facultades y obligaciones previstas en la Constitución Política Local, particularmente en su artículo 58, fracciones I y II, así como en el diverso 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) Las modificaciones reclamadas tuvieron su origen en la imposibilidad que refirieron los legisladores locales para procesar y sancionar a los sujetos que cometen las conductas dañinas que se tipificaron, mismas que, al no estar previstas y tipificadas en el orden penal, quedaban impunes.
c) Por ello, en cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Constitución Federal y de la Local, el gobernador del Estado atendió a la petición del Congreso del Estado de publicar el decreto impugnado, mismo que es constitucional, ya que deriva de un estudio y análisis de dicho órgano legislativo.
9. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
II. Competencia
10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver de esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos preceptos del Código Penal para el Estado de Colima y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Oportunidad
11. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(7) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
12. Al efecto, el Decreto Quinientos Noventa y Ocho, mediante el que se reformó el Código Penal para el Estado de Colima, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el ocho de septiembre de dos mil doce,(8) por lo que el plazo de treinta días naturales para efectos del cómputo respectivo corrió del nueve de septiembre al ocho de octubre de dos mil doce. De tal forma, si el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el último día de dicho plazo, es evidentemente oportuno.
IV. Legitimación
13. La demanda de acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de procuradora general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo, por parte del presidente de la República.(9)
14. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procurador general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales, entre otras normas generales, por lo que si en el caso dicha funcionaria promovió la acción en contra de los artículos 10, primer párrafo, y 199 Bis del Código Penal para el Estado de Colima, mismo que tiene el carácter de una ley estatal, es evidente que cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo. Apoya la conclusión anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 98/2001, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(10)
V. Causas de improcedencia
15. En el caso no se plantearon causas de improcedencia, y si bien este Tribunal Pleno, de oficio, advierte que el veintidós de septiembre de dos mil doce se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Colima el "Decreto 619" del Congreso Local, por el que se reformó el párrafo primero del artículo 10 del Código Penal para el Estado de Colima, eliminando del conjunto de conductas consideradas como graves al delito de secuestro exprés(11) y manteniéndose la calificativa de grave respecto de los delitos de secuestro y trata de personas, lo cierto es que en el caso, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el diverso 65, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(12)
16. El texto del artículo 10 del Código Penal para el Estado de Colima impugnado y el contenido del "Decreto 619", son del tenor siguiente:
Ver texto del artículo 10 del Código Penal para el Estado de Colima y contenido del Decreto 619
17. En efecto, si bien el criterio general del Tribunal Pleno consiste en que la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando hayan cesado los efectos de la norma impugnada, y esto se actualiza cuando dicha norma es reformada, modificada, derogada o abrogada,(13) en el caso, no se actualiza el supuesto de improcedencia aludido, ya que de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia, este Alto Tribunal puede dar efectos retroactivos a las sentencias de invalidez que dicte en relación con la impugnación de normas legales de naturaleza penal, los cuales tendrán eficacia desde la entrada en vigor de la legislación declarada inconstitucional y bajo la estricta condición de que la expulsión de la norma tienda a beneficiar (y nunca a perjudicar) a todos y cada uno de los individuos directamente implicados en los procesos penales respectivos. Así lo sostuvo el Tribunal Pleno en la jurisprudencia P./J. 104/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN MATERIA PENAL."(14)
18. En relación con lo anterior, ya en diversos precedentes el Tribunal Pleno ha sostenido, esencialmente, que:(15)
a) Si bien la regla general es que la declaratoria de invalidez que formula la Suprema Corte de Justicia de la Nación no libera al destinatario de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia durante su vigencia, en materia penal el efecto derogatorio de dicha declaración de invalidez puede retrotraerse al pasado, prevaleciendo los principios generales y disposiciones legales de esa materia.
b) Uno de los principios que rigen en la materia penal obliga a la aplicación de la ley vigente al momento en que se cometió el delito, lo que implica que aun cuando una norma impugnada puede estar reformada, modificada, derogada o abrogada, lo cierto es que sigue surtiendo efectos respecto de aquellos casos en los que el delito se cometió bajo su vigencia.
c) Como la norma reformada, modificada, derogada o abrogada aún puede producir efectos jurídicos concretos, no se actualiza el supuesto de improcedencia por cesación de efectos, por lo que la Suprema Corte debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas, a fin de hacer prevalecer la supremacía constitucional y los principios generales y disposiciones legales que rigen en la materia penal.
19. Todo lo anterior tiene aplicación en este caso, ya que, como lo hemos señalado, si bien el primer párrafo del artículo 10 del Código Penal para el Estado de Colima impugnado, se reformó mediante "Decreto 619",(16) a efecto de eliminar del conjunto de conductas consideradas como graves al delito de secuestro exprés -entre otros-,(17) manteniéndose la calificativa de grave respecto de los delitos de secuestro y trata de personas, y agregándose a dicho catálogo el delito de fraude equiparado, lo cierto es que la potencial declaratoria de inconstitucionalidad respecto de dicho precepto, en la porción normativa correspondiente (que se analizará en el apartado siguiente), tendrá impacto en los procesos en los que dicha norma haya sido aplicada durante su vigencia.
20. Por tanto, dado que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 65 de la ley reglamentaria de la materia, y tomando en cuenta que no se hicieron valer otras causas de improcedencia ni este órgano jurisdiccional advierte que pueda actualizarse alguna de oficio, lo procedente es analizar la constitucionalidad de las normas impugnadas.
VI. Consideraciones y fundamentos
21. La promovente de esta acción de inconstitucionalidad considera, esencialmente, que el Congreso del Estado de Colima rebasó su ámbito de facultades, al incluir en los artículos 10 y 199 Bis impugnados, disposiciones en materia de trata de personas y secuestro -dentro de esta categoría, el secuestro exprés-, a pesar de carecer de facultades para ello, ya que tanto en la fracción XXI del artículo 73 constitucional, como en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos -reglamentarias de dicha fracción-, solamente se encuentra prevista la participación de los tres órdenes de gobierno en aspectos concernientes a la coordinación para prevenir y sancionar dichos delitos, no para establecer ni reproducir los tipos penales y sanciones que se aplicarán en el caso de su comisión.
22. El texto de los preceptos impugnados del Código Penal para el Estado de Colima -el 10 conforme al texto vigente al momento de la impugnación-, es el siguiente:
"Artículo 10. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los siguientes delitos previstos por este código: Rebelión, tipificado por el artículo 104; terrorismo, conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 106 Bis; los supuestos previstos por el artículo 108; uso indebido de información sobre actividades de las instituciones de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, así como las del sistema penitenciario, tipificado por el artículo 115 Bis, falsedad ante la autoridad, establecido por el artículo 117; evasión de presos, conforme al segundo párrafo del artículo 121; operaciones con recursos de procedencia ilícita, en todas sus formas y modalidades que comprenden los artículos 126 Bis, 126 Bis 1, 126 Bis 4 y 126 Bis 5; peculado, tipificado por el artículo 131; delitos contra la seguridad vial y los medios de transporte, establecidos en el segundo párrafo del artículo 145; corrupción y explotación de personas, señalados en el segundo y tercer párrafo del artículo 154; pornografía, tipificado en el artículo 157 Bis 2; turismo sexual, en los términos de los numerales 157 Bis 6 y 157 Bis 7; lenocinio, en los términos del segundo párrafo del artículo 158 y el numeral 159; trata de personas, previsto en el artículo 161; homicidio, tipificado por los artículos 169, 170, 171, 172, tratándose del provocador, y las fracciones II y III del 173; lesiones, conforme los artículos 174 fracciones VI y VII, 175, 176, 177, 178, 179, 183; homicidio y lesiones culposas, previstos en el artículo 184 Bis; feminicidio, tipificado en el artículo 191 Bis 5; privación de la libertad, previsto por el artículo 197; secuestro y secuestro exprés previstos por los artículos 199 y 199 Bis, respectivamente; desaparición forzada de personas en todas sus formas y modalidades que comprenden los artículos 202 Bis y 202 Bis 1 violación, en todas sus formas y modalidades que comprenden los artículos 206, 207, 208, 209, 209 Bis y 210; abuso sexual, en lo previsto en el segundo párrafo del artículo 215; pederastia, en todas sus formas y modalidades que comprenden los artículos 216 Bis 1 y 216 Bis 2; robo, respecto de los supuestos del inciso b) del artículo 227, 227 Bis, 227 Bis 1, 227 Bis 2, 227 Bis 3, 227 Bis 4 y 227 Bis 5; los fraudes específicos, previstos en las fracciones III, IV, V y VI del artículo 234; extorsión previsto en el artículo 234 Bis; daños, tipificado por el artículo 238. Igualmente se consideran graves los delitos de: tentativa de homicidio y secuestro; tentativa de robo, previsto por el inciso b) del artículo 227; y tentativa de violación, previsto por los artículos 206, 207, 208, 209 y 210, así como los delitos contra el ambiente, previstos por los artículos 243 en su segundo párrafo y la fracción III del 244.
"En tratándose (sic) del delito de lesiones, se exceptúa de lo dispuesto por el párrafo anterior los casos previstos en los artículos 175, 176, 177 y 178, cuando las lesiones sean de las señaladas en las fracciones I y II del artículo 174."
"Artículo 199 Bis. Comete el delito de secuestro exprés la persona que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otra. La pena será de ocho a dieciséis años de prisión y multa de hasta 300 unidades. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten."
23. En el artículo 10 transcrito, se califican como graves los delitos de secuestro, secuestro exprés y trata de personas;(18) mientras que en el diverso artículo 199 Bis se establecen el tipo del delito de secuestro exprés y las sanciones aplicables a quien cometa dicha conducta.
24. Ahora bien, dado que en esta acción de inconstitucionalidad se cuestiona, esencialmente, la facultad del legislador local para emitir normas en materia de secuestro y secuestro exprés, así como en la de trata de personas -delitos previstos en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, el estudio competencial lo abordaremos de manera temática, ello para una mejor comprensión y resolución del asunto.
25. Sistema de distribución competencial entre la Federación y los Estados en materia de secuestro. Este Tribunal Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 25/2011, 36/2012 y 56/2012, se pronunció en el sentido de que, conforme a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal, corresponde exclusivamente a la Federación legislar en materia de secuestro, correspondiendo a las entidades federativas únicamente el conocimiento y resolución de ese delito, así como la ejecución de sus sanciones, conforme a lo señalado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 constitucional. Las consideraciones que al respecto sostuvo este Tribunal Pleno sobre el tema, esencialmente, fueron las siguientes:(19)
a) El punto de partida para determinar si está dentro del ámbito de competencias de los Congresos Estatales legislar en materia de secuestro -ya sea como tipo o como calificativa o agravante-, es lo dispuesto por el artículo 124 constitucional, que establece un principio general de distribución de competencias conforme al cual la Federación cuenta con las facultades que le sean expresamente concedidas por la propia Constitución Federal; mientras que aquellas que no se encuentren en ese supuesto se entienden reservadas a los Estados.
b) No obstante lo anterior, la propia Constitución Federal establece una excepción a dicho principio general, cuando dispone, respecto de determinadas materi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24831-cb849210/accion-de-inconstitucionalidad-cuando-se-impugna-una-norma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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