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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTADO DE ZACATECAS. LA OMISIÓN DE CLASIFICAR LA GRAVEDAD DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS EN LA NORMA IMPUGNADA, EN PRIMER LUGAR, PERMITE LA ARBITRARIEDAD Y LA DISCRECIONALIDAD DE LA AUTORIDAD Y, EN SEGUNDO, DEJA EN INCERTIDUMBRE JURÍDICA A LOS PRESUNTOS INFRACTORES, YA QUE ÉSTOS DESCONOCEN EL GRADO DE GRAVEDAD DE LA CONDUCTA, LA SANCIÓN QUE EN SU CASO CORRESPONDA Y LA AUTORIDAD QUE RESOLVERÁ E IMPONDRÁ LAS SANCIONES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 115, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). IV. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTADO DE ZACATECAS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE EL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES GRAVES Y EL DE NO GRAVES, ASÍ COMO DE LAS SANCIONES QUE EN SU CASO CORRESPONDAN, SERÁ EL PREVISTO EN EL ACUERDO GENERAL QUE AL EFECTO SE EMITA, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SUS VERTIENTES DE TAXATIVIDAD Y SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA DEL REGLAMENTO A LA LEY (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 115, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS). V. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD IMPERANTE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR IMPLICA QUE LOS PROCEDIMIENTOS QUE CULMINARÁN IMPONIENDO UNA SANCIÓN DEBEN REGULARSE EN DISPOSICIONES FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVAS, PARA EVITAR QUE SEA LA AUTORIDAD CALIFICADORA QUIEN ESTABLEZCA ARBITRARIAMENTE LAS DIRECTRICES SOBRE LAS QUE ANALIZARÁ EL CASO PARTICULAR. VI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POSEE COMO OBJETIVO GARANTIZAR A LA COLECTIVIDAD EN GENERAL, EL DESARROLLO CORRECTO Y NORMAL DE LAS FUNCIONES REGULADAS POR LAS LEYES ADMINISTRATIVAS. VII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA GUARDA UNA SIMILITUD FUNDAMENTAL CON LAS PENAS, TODA VEZ QUE AMBAS TIENEN LUGAR COMO REACCIÓN FRENTE A LO ANTIJURÍDICO; EN UNO Y OTRO SUPUESTOS LA CONDUCTA HUMANA ES ORDENADA Y PROHIBIDA. VIII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. TANTO EL DERECHO PENAL COMO EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR RESULTAN SER DOS INEQUÍVOCAS MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO, ENTENDIDA COMO LA FACULTAD QUE TIENE ÉSTE DE IMPONER PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE LA COMISIÓN DE ILÍCITOS. IX. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PARTICIPA DE LA NATURALEZA DEL DERECHO PUNITIVO, POR LO QUE COBRA APLICACIÓN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, DE AHÍ QUE EL LEGISLADOR DEBE DEFINIR LOS ELEMENTOS NORMATIVOS EN FORMA CLARA Y PRECISA PARA PERMITIR QUE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SUPUESTOS SANCIONABLES SEAN PREVISIBLES Y CONTROLABLES POR LOS DESTINATARIOS. X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 115 Y 117 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 115, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 116/2022. · Registro digital (IUS): 33060
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-03-07
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Marzo de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.7.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 116/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: CARLOS ANTONIO GUDIÑO CICERO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 116/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra los artículos 115 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, expedida mediante Decreto número 115, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad el trece de julio de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doce de agosto de dos mil veintidós, María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:

AUTORIDADES RESPONSABLES:

A. Congreso del Estado de Zacatecas.

B. Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.

NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA:

Artículos 115 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, expedida mediante Decreto número 115, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de la Entidad el trece de julio de dos mil veintidós.

2. SEGUNDO. Conceptos de invalidez. Al respecto, se hizo valer un único concepto de invalidez que se sintetiza a continuación:

ÚNICO. Señala que, los artículos 115 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas establecen un catálogo de responsabilidades administrativas de los servidores públicos sin precisar cuáles son graves y no graves, así como que el procedimiento para fincarlas e imponer la sanción que corresponda se preverá en el acuerdo general que al efecto se emita.

Tal regulación vulnera el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que el legislador local inobservó las bases mínimas previstas en la Constitución Federal en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, específicamente, las reglas referentes a que los procedimientos deben estar previstos en la ley y la necesidad de clasificar las faltas en función de su gravedad.

Para explicar la inconstitucionalidad de las normas generales combatidas, dividió su concepto de invalidez en los siguientes apartados.

A. Derecho humano de seguridad jurídica y principio de legalidad.

Adujo que esos derechos humanos garantizan a toda persona una protección frente al arbitrio de la autoridad estatal, es decir, su ratio essendi es la proscripción de la discrecionalidad y arbitrariedad en todos los casos en que el Estado realice las actuaciones que le corresponden en aras de salvaguardar el interés y el orden público.

Por ello, frente al derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, se erige la obligación de las autoridades legislativas a establecer leyes que brinden certidumbre jurídica y se encuentren encaminadas a la protección de los derechos de las personas.

Que los principios de legalidad y seguridad jurídica constituyen un límite al actuar de todo el Estado Mexicano, y que, el espectro de protección que otorgan dichas prerrogativas no se acota exclusivamente a la aplicación de las normas sino también a los entes que intervienen en los procesos de creación legislativa.

De lo que se desprende que, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se hacen extensivos al legislador, como creador de las normas, quien se encuentra obligado a establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación de la ley arbitraria.

Luego enlista los supuestos en los que se ven vulnerados el principio de legalidad y el derecho de seguridad jurídica:

a) Cuando la actuación por parte de cualquier autoridad del Estado no se encuentra debidamente acotada o encauzada conforme a la Constitución o las leyes secundarias que resultan acordes a la Norma Fundamental.

b) Cuando la autoridad estatal actúa con base en disposiciones legales que contradicen el texto constitucional.

c) Cuando la autoridad afecta la esfera jurídica de los gobernados sin un sustento legal que respalde su actuación.

B. Parámetro constitucional en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos

Previamente explicó que, en mayo de dos mil quince se publicó una reforma que modificó la Constitución Federal a fin de articular un nuevo mecanismo para prevenir hechos de corrupción, investigar denuncias ciudadanas y las presuntas responsabilidades de las autoridades (procedimiento y sanción). Y que dicha reforma constituyó los principios para desarrollar un Sistema Nacional Anticorrupción.

En ese tenor, enuncia las bases mínimas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; posteriormente, refiere que, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis se publicó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, clasificando las faltas administrativas graves y no graves, sobre las primeras el artículo 109, fracción III constitucional establece que serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control y que deberán de ser resultas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Mientras que las no graves indican que la ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de ese tipo de conductas que realicen los órganos internos de control.

Que las sanciones que se pueden imponer a los servidores públicos como resultado de un procedimiento de responsabilidad administrativa son: amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como de carácter económico y su establecimiento será de acuerdo con los beneficios obtenidos y los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

Precisa que, aun cuando el Congreso de la Unión y los Congresos de las legislaturas locales se encuentran habilitados para legislar en materia de responsabilidades administrativas, deben hacerlo conforme a los parámetros establecidos por la Constitución Federal.

De modo que, si bien el régimen constitucional confiere competencia legislativa a las entidades federativas para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, es innegable que esa facultad legislativa está sujeta al reparto competencial que fije el Congreso de la Unión en la respectiva Ley General.

En suma, que el nuevo modelo de concurrencia de distribución competencial delegada al legislador federal ordinario o concurrencia relativa, permite que los Estados expidan legislación relacionada con dicho régimen, pues existe un mandato expreso para que las entidades federativas expidan leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes, sin apartarse de la distribución competencial prevista en la citada Ley General. Lo cual significa que las entidades federativas deben ajustarse a lo previsto en las Leyes Generales relativas al Sistema Nacional Anticorrupción.

C. Inconstitucionalidad de las normas impugnadas

Afirma que, tras la reforma constitucional en materia anticorrupción de dos mil quince, se estableció un sistema en materia de responsabilidades administrativas que busca la homogeneización de los regímenes federal y local.

Señala que, los artículos 115 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que lo que establecen no es homogéneo con las bases constitucionales en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

Previo a explicar la inconstitucionalidad alegada, estimó pertinente referir lo dispuesto por la Constitución sobre el régimen disciplinario y de permanencia de los miembros de los poderes judiciales, haciendo las siguientes afirmaciones:

• De acuerdo con el artículo 109 de la Ley Suprema, para la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 constitucional, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.

Lo anterior, permite cierta equiparación entre la materia de responsabilidades administrativas y la denominada disciplina judicial. Ya que la remisión que hace el artículo 109 constitucional al diverso 94, permite afirmar que los factores asociados a la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación estarán sujetos a lo previsto en las leyes respectivas, dentro de las cuales, no necesariamente se hace referencia ni mucho menos de forma exclusiva a la Ley que debe expedir el Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción XXIX-X de la Constitución Federal.

• Este Alto Tribunal ha interpretado que la ley fundamental acepta un régimen disciplinario aplicable en específico a quienes sirven al Poder Judicial de la Federación, y que puede ser diferenciado del régimen de responsabilidades administrativas estrictamente regulado en los artículos 73, fracciones XXIX-H Y XXIX-V; 109, fracciones III y IV, constitucionales, lo que no exime el hecho de que, en su diseño, dicho modelo deba observar las bases constitucionales y leyes aplicables.

• El régimen de disciplina judicial, en atención a su naturaleza especializada, puede contemplar en su diseño tanto responsabilidades administrativas en sentido estricto, susceptibles de ser cometidas por cualquier servidor público, como responsabilidades propias de la función jurisdiccional.

En ese sentido, las leyes correspondientes pueden desarrollar un catálogo especializado de faltas administrativas afines a la disciplina judicial, establecer sanciones aplicables a las mismas y definir competencias y procedimientos apropiados para su investigación, sustanciación y sanción, lo que no impediría hacer remisión a otras leyes o prever supletoriedad, dependiendo del modelo de disciplina judicial.

Con lo anterior, pretendió evidenciar que existen normas que facultan al Congreso de la Unión como a los congresos locales para desarrollar, conforme a las bases apuntadas, leyes que regulen el régimen de disciplina de quienes sirvan a los poderes judiciales, el cual incluye lo relativo a la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas.

• Enseguida, señaló que, el legislador de Zacatecas determinó incluir en la ley impugnada un capítulo dedicado a prever un modelo diferenciado y especializado de responsabilidad administrativa que atiende a la función judicial. No obstante, el catálogo de faltas aplicables a los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial de la entidad no se clasificó en función de la gravedad de la conducta. Esto quiere decir que, no se identifica en el propio artículo 115 ni en ninguna otra disposición de la ley, cuál o cuáles de todas las hipótesis que describe son consideradas graves o no graves.

Pues como expuso en el parámetro correspondiente al sistema constitucional en materia de responsabilidades administrativas, si bien la Constitución Federal permite un régimen de responsabilidades o modelo disciplinario de los servidores públicos de los Poderes Judiciales, los Congresos no pueden soslayar que, al diseñar las respectivas legislaciones, están constreñidos a observar las bases mínimas previstas en la ley de la materia.

Entonces, conforme al andamiaje constitucional, las faltas administrativas de los servidores públicos deben distinguir entre graves y no graves, supuesto que no se surte la ley impugnada.

Y dicha omisión, rompe con el esquema del poder reformador, lo cual no es una cuestión de formalidad, sino que se trata de un elemento esencial para fines procesales necesario para fincar responsabilidad, por lo que, la ley impugnada al carecer de una clasificación de las faltas graves y no graves, trasciende directamente en los aspectos intrínsecos de la competencia de la autoridad correspondiente, en tanto que la clasificación de las faltas es lo que determina si la sustanciación se llevará por los órganos internos de control o dependencias de mérito, mismos que podrán resolver en caso de infracciones no graves, o bien, si la sustanciación la realizará el órgano fiscalizador correspondiente y la resolución el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o su homólogo local.

Reitera que, dado que en la ley no existe una clasificación de faltas, se deja en incertidumbre jurídica a los destinatarios de la norma, pues los servidores públicos infractores no sabrán con certeza cómo será clasificada la conducta cometida, ni la posible sanción que se les podría imponer, ni siquiera la autoridad competente para su resolución; por su parte, los aplicadores de las normas podrán actuar con discrecionalidad para calificar la falta según estimen que son graves o no graves, para asumir competencias y para imponer sanciones que pudieran resultar desproporcionadas o inaplicables en atención a la naturaleza de la falta de que se trate, por lo que el vicio de inconstitucionalidad advertido en el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas permite que se actúe con arbitrariedad, dejando en estado de desprotección a los servidores públicos, en contravención al derecho de seguridad jurídica y legalidad.

En otro orden de ideas, refiere que, el artículo 117 de la ley impugnada tampoco se ajusta al orden constitucional ya que contrario a lo que este prevé, la disposición que nos ocupa establece que el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades administrativas graves y no graves, así como de las sanciones que correspondan, se preverá en el acuerdo general que para tal efecto se emita.

Es decir, el legislador de la entidad determinó que el procedimiento aplicable no se regulará en una ley, sino en un instrumento administrativo, lo cual no resulta compatible con el sistema constitucional en la materia.

Por consiguiente, considera que las disposiciones impugnadas vulneran el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, específicamente por las siguientes razones:

1. El artículo 115 de la Ley impugnada no distingue entre faltas graves y no graves, por lo que los destinatarios de la norma no tendrán certeza sobre las reglas procesales aplicables a cada caso;

2. El legislador inobservó las bases mínimas previstas en el Título Cuarto de la Constitución Federal que todo régimen de responsabilidades administrativas y sanciones deben estar previstos en ley y la necesidad de clasificar las faltas según su gravedad, por lo cual atentan contra el principio de supremacía constitucional.

Finalmente solicita que, los artículos impugnados sean tildados de inconstitucionales y, que sus efetos se extiendan a todas aquellas normas que estén relacionadas conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 45, segundo párrafo de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.

3. TERCERO. Admisión y trámite. Por acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, el Ministro Presidente tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, registrándola bajo el número 116/2022, y la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento.

4. Posteriormente, por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el Ministro instructor dio cuenta de la demanda de inconstitucionalidad, la admitió a trámite y ordenó dar vista a los Poderes Legislativos y Ejecutivo de Zacatecas para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles y enviaran copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates. Asimismo, se requiere al Poder ejecutivo de la entidad para que, en el plazo indicado con antelación, envíe a este Alto Tribunal un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado en el que se haya publicado el decreto controvertido. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente hasta antes del cierre de instrucción, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.

5. CUARTO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas. Mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, Ricardo Humberto Hernández León, Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado de Zacatecas en su carácter de representante legal del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, rindió el informe en los términos siguientes:

• La promulgación del Decreto cuya invalidez se demanda, establece el contenido del artículo 82, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Por lo que, los actos impugnados se emitieron con apego a la legalidad.

• Respecto de la fuente medular en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sustenta la invalidez de las normas, es que vulneran lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, por considerar que el principio de seguridad jurídica y legalidad no permea en los artículos 115 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. No obstante, la Comisión deja de advertir que los artículos cuya invalidez se pretende, no deben interpretarse de manera aislada, sino que su interpretación debe hacerse en comunión con la totalidad de los fines y supuestos establecidos en la Constitución Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

• El ordenamiento impugnado atiende las bases mínimas constitucionales referidas en el artículo 109, fracción III, donde se regulan las responsabilidades administrativas en las que se establecen: los supuestos generales por los que serán sancionados los servidores públicos; las sanciones administrativas; la disposición expresa de que la ley establecerá los procedimientos para investigación y sanción de los actos y omisiones ahí referidos, y las autoridades que investigaran y substanciaran las faltas administrativas graves y no graves.

Mismas que fueron observadas en el capítulo sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado respetando en todo momento los principios de legalidad y seguridad jurídica.

• Respecto de la consideración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre que el artículo 115 de la Ley impugnada no distingue entre faltas graves y no graves, señaló que, dicha clasificación se precisa en las normas que por su parte dicte el Poder Judicial en el ejercicio de su autonomía (cita el artículo 109, fracción III de la Constitución Federal), posteriormente, afirma que, en la referida disposición no se establece de forma expresa que la clasificación de las faltas deba estar prevista en una ley, por lo que se otorga libertad de configuración al Poder Judicial del Estado de Zacatecas para regular las responsabilidades administrativas a través de sus reglamentaciones orgánicas, tal como lo establecen los artículos 116 de la Constitución Federal y, 9, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Es evidente que, los artículos impugnados no vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues en el artículo 115 se establecen los supuestos específicos en los que un servidor público del Poder Judicial del Estado incurre en responsabilidad administrativa, dejando la clasificación de la falta a la autoridad sustanciadora, misma que tendrá que sustentar su determinación en el Acuerdo General (el cual contiene el procedimiento para fincar responsabilidades administrativas graves y no graves, así como el régimen de sanciones) emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de su autonomía, donde se precisará si la falta es grave o no grave.

• Reitera que, ni la Constitución Federal, ni la Ley General de Responsabilidades Administrativas restringe o prohíbe, de forma alguna, la facultad para que las faltas graves y no graves se puedan prever en acuerdos generales emitidos por el Tribunal Superior de Justicia.

6. QUINTO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. A través del escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Diputado Jehú Eduí Salas Dávila, en su calidad de Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Zacatecas, rindió su informe y expresó los razonamientos que se detallan a continuación:

• El concepto de invalidez argumentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos es infundado e inoperante.

• El Decreto 115, mediante el cual se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, fue aprobado en sesión de treinta de junio de dos mil veintidós y su publicación se llevó a cabo en el suplemento 56 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el trece de julio de dos mil veintidós.

• La ley impugnada mejoró en técnica jurídica el sistema de responsabilidades aplicable a las personas servidoras públicas del Poder Judicial, dando un tratamiento unitario y completo a la prevención de conductas que pudieran causar daño a los intereses de la población o abuso de poder, especificando detalladamente las hipótesis en las que se comete una falta administrativa.

Con la expedición de la nueva normatividad, se consideró fundamental establecer un capítulo específico donde se precisaran de manera puntual las responsabilidades administrativas de los servidores públicos que conforman el Poder Judicial del Estado.

• En la elaboración del ordenamiento impugnado, el Poder demandado atendió las bases mínimas constitucionales que establece el artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal, porción normativa en la que se regulan las responsabilidades administrativas y donde se desprenden los siguientes puntos: los supuestos generales por los que serán sancionados los servidores públicos; las sanciones administrativas; la disposición expresa de que la ley establecerá los procedimientos para investigación y sanción de los actos y omisiones ahí referidos, y las autoridades que investigaran y substanciaran las faltas administrativas graves y no graves.

• Respecto a la consideración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre distinguir las faltas graves y no graves, estima que la clasificación puede precisarse en las normas que dicte el Poder Judicial en ejercicio de su autonomía. Puesto que atendiendo a la literalidad del artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal, no se establece que la clasificación de faltas graves o no graves deba estar prevista expresamente en ley como afirma la Comisión en su demanda.

• El legislador zacatecano optó por respetar el tratamiento especial que la Constitución Federal otorga a los poderes judiciales de las entidades federativas y en el ejercicio de la libertad de configuración legislativa, determinó regular las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado con base en las disposiciones previstas tanto en el artículo 116 de la Constitución Federal, como en el numeral 9, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

• El contenido de los artículos 115 y 117 de la ley orgánica impugnada complementa y da congruencia al sistema de responsabilidades del Poder Judicial del Estado, por lo que no se vulneran los principios de legalidad ni seguridad jurídica, toda vez que el artículo 115 impugnado establece claramente los supuestos específicos en los que un servidor público del Poder Judicial del Estado incurre en responsabilidad administrativa, dejando la clasificación de falta a una autoridad sustanciadora, que tendrá que sustentar su determinación en el Acuerdo General emitido por el Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de su autonomía donde precise si la falta es grave o no grave, así como el procedimiento para su aplicación.

• Es infundado que el artículo 117 de la ley impugnada contravenga la Constitución Federal, puesto que en total respeto a su tratamiento especial como Poder Judicial, el legislador local consideró pertinente facultar al Pleno del Tribunal Superior del Estado para la emisión del acuerdo general donde se distinguiera entre faltas graves y no graves, además de establecer el procedimiento para su aplicación, determinación que brindaría certeza a los destinatarios de la norma sobre las reglas aplicables a cada caso.

Que dicha decisión fue tomada con respeto al principio de división de poderes, en el que el Tribunal Superior estableciera los procedimientos y sanciones aplicable a sus servidores públicos sujetándose a las previsiones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, no se trata de una atribución absoluta o discrecional del Poder Judicial.

7. SEXTO. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General número 1/2023(3) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve este medio de control constitucional contra normas generales contenidas en una ley local al considerar que su contenido es inconstitucional y violatorio de derechos humanos.

II. OPORTUNIDAD

9. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(4) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En ese sentido, las normas cuya declaración de invalidez se solicita fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el miércoles trece de julio de dos mil veintidós, por lo que el plazo para presentar la acción corre del jueves catorce de julio al viernes doce de agosto de dos mil veintidós.

10. Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se presentó el doce de agosto de dos mil veintidós, último día del plazo para su vencimiento, resulta inconcuso que su promoción es oportuna, de conformidad con el artículo 60 de la ley de la materia.

III. LEGITIMACIÓN

11. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, segundo párrafo, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales que estime violatorias de derechos humanos.

12. Ahora bien, en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su Reglamento Interno,(5) corresponde al Presidente de la referida Comisión su representación legal, por lo que, si quien suscribe el escrito inicial de la presente acción es María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante acuerdo de designación correspondiente emitido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, dicha funcionaria está facultada para promoverla.

13. Cabe precisar que se impugnan preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, expedida mediante Decreto número 115, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Zacatecas, los cuales la promovente estima violatorios de los derechos de seguridad jurídica y legalidad. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado.

IV. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

14. Del análisis del escrito de la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se advierte que las normas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33060-ac7a9ff1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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