I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. IV. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. NECESIDAD DE OPERAR A NIVEL NACIONAL UN SISTEMA HOMOGÉNEO A PARTIR DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, POR LO QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA DEBE SER CONGRUENTE CON LO ESTABLECIDO EN ELLA. V. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO PUEDEN MODIFICAR ASPECTOS RELACIONADOS ÍNTIMAMENTE CON LA COMPETENCIA Y, POR TANTO, NO PUEDEN PREVER UN CATÁLOGO DIVERSO O MÁS AMPLIO DE FALTAS NO GRAVES AL PREVISTO POR LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULOS 12 Y 15 DE LA LEY DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SUS MUNICIPIOS). VI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA INCORPORACIÓN EN LAS NORMAS LOCALES SOBRE EL USO INDEBIDO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PREVISTAS COMO FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES, IMPLICA UNA AMPLIACIÓN INDEBIDA DEL CATÁLOGO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SUS MUNICIPIOS). VII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ANÁLISIS DE LA NORMA QUE PREVÉ LAS CONDUCTAS RELACIONADAS CON EL USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL QUE SE PREVÉN COMO RESPONSABILIDADES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SUS MUNICIPIOS). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS RETROACTIVOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SUS MUNICIPIOS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 183/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MARIANA MERINO COLLADO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos controvierte los artículos 12 y 15 de la Ley de lmagen Institucional para el Estado de Yucatán y sus Municipios, expedida mediante Decreto 204/2020, publicado el siete de abril de dos mil veinte en el periódico oficial de dicha entidad.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecisiete de octubre dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Por la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 183/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 12 y 15 de la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Yucatán y sus Municipios, expedida mediante Decreto Número 204/2020, publicado el siete de abril de dos mil veinte en el periódico oficial de dicha entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA ACCIÓN
1. Presentación del escrito inicial. El tres de agosto de dos mil veinte,(1) María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió la presente acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los artículos 12 y 15 de la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Yucatán y sus Municipios, publicada el siete de abril de dos mil veinte en el periódico oficial de dicha entidad federativa.
2. Artículos constitucionales violados. La Comisión accionante señaló vulnerados los artículos 1o., 14, 16 y 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los diversos 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. Conceptos de invalidez. En el único concepto de invalidez la accionante expresa razonamientos tendentes a evidenciar la vulneración a los principios de seguridad jurídica y legalidad contenidos en los preceptos constitucionales e instrumentos internacionales referidos.
4. La accionante argumenta lo siguiente:
• Las conductas establecidas como responsabilidades para los servidores públicos como faltas administrativas graves generan inseguridad jurídica porque no encuadran en las conductas previstas en la Ley General.
• La regulación contenida distorsiona, contradice y/o genera un parámetro diferenciado respecto del régimen de faltas administrativas graves establecido en la Ley General, siendo que el actuar de la autoridad estatal legislativa la debe tener como guía.
• El creador de las normas jurídicas se encuentra obligado a establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación de la ley de forma arbitraria y los gobernados tengan la plena certeza de a quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su incumplimiento.
• El legislador local contravino y distorsiona el sistema de faltas y sanciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que constituye el ordenamiento marco en la materia sanciones administrativas, lo que genera incertidumbre jurídica en los gobernados.
• Con la reforma de mayo de dos mil quince, en materia de combate a la corrupción, se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sentaron las reglas y los principios para desarrollar un Sistema Nacional Anticorrupción, el cual está basado en la actuación armónica y coordinada con diversas autoridades, así como en las entidades federativas.
• El artículo 109 Constitucional, en su fracción III, establece los principios y directrices generales de las responsabilidades y sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos, por lo que para dar congruencia al sistema, la fracción XXIX-V del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos facultó al Congreso de la Unión para expedir la ley general que distribuyera competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servicios públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables.
• Al expedirse la Ley General, su objetivo fue establecer el parámetro de validez en los procesos de producción de otras normas y que los órganos legislativos locales se ajustaran a lo que dispone para ser válidas. En el sistema constitucional mexicano, existen materias exclusivas de un nivel de gobierno y otras que son concurrentes, por lo que, en el caso de la concurrencia, el Congreso de la Unión será el que distribuya los distintos aspectos y le corresponde regular a cada uno de los órganos legislativos locales por medio de la ley marco.
• La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con éstas, clasificándolas en graves y no graves de conformidad con los artículos 49 al 64 Bis de ese ordenamiento, por lo que dichas disposiciones constituyen el marco que deberán observar las legislaciones locales en sus respectivos ordenamientos.
• La intención del poder reformador fue precisamente homologar el sistema en todas las entidades federativas a fin de generar certidumbre jurídica y facilitar la operatividad, por lo que no es posible que las legislaturas locales lo alteren, distorsionen o contravengan.
• Las disposiciones de la ley impugnada califican como graves diversas conductas, así como el incumplimiento de las disposiciones de dicho ordenamiento, sin ajustarse al catálogo de faltas administrativas graves previsto en la Ley General y tener certeza del procedimiento y las sanciones correspondientes.
• El hecho de que el Congreso Local haya establecido diversos supuestos de responsabilidades administrativas en una ley diversa a su legislación local en esa materia impacta perjudicialmente la seguridad jurídica, pues genera dos fuentes normativas distintas, propiciando la falta de homologación y armonización jurídica que permita conocer las hipótesis específicas que constituyen las infracciones respectivas.
• En la Ley General se fijan las conductas, sanciones y procedimientos y los ordenamientos locales pueden determinarlas siempre que no sean contrarias a las establecidas.
• El legislador constitucional estableció que corresponde al Congreso de la Unión determinar los aspectos substanciales y adjetivos en materia de responsabilidades de los servidores públicos, aplicables a todos los órdenes de gobierno, sin embargo, al expedir la Ley de Imagen Institucional estatal en contravención a lo anterior, el legislador estatal además de ampliar los supuestos en los que los servidores públicos incurren en faltas administrativas graves, los instituye de manera diferenciada, distorsionada y contraria a los supuestos calificados en la Ley General.
5. Admisión y trámite. El siete de agosto de dos mil veinte, la Presidencia de este Alto Tribunal Constitucional ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad con el expediente 183/2020 y designó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como instructora del procedimiento.
6. El trece de agosto de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; asimismo, ordenó dar vista a los órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus informes respectivos; además, requirió al Congreso de Yucatán para que, al rendir su informe, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes legislativos del Decreto impugnado y al Poder Ejecutivo para que exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó el referido Decreto.
7. Informe de la autoridad emisora. El ocho de septiembre de dos mil veinte,(2) la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, en representación del Poder Legislativo del Estado, rindió el informe respectivo. La citada autoridad manifestó, en síntesis, lo siguiente:
• Los numerales impugnados no son violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 73 fracción XXIX-V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Es erróneo el razonamiento de la Comisión; lo dispuesto en los artículos 12 y 15 de la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Yucatán y sus Municipios no contravienen alguna disposición de la Constitución Federal; el decreto impugnado es constitucional, habida cuenta que siguió el proceso legislativo con estricto apego a las facultades conferidas.
• El Congreso Local está facultado para expedir las leyes que rigen en la entidad, como acontece en el caso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y las leyes que de ella derivan.
• A lo largo de diversas administraciones públicas ha persistido una latente demanda de la sociedad hacia los entes públicos con relación al gasto público y, en ese sentido, los recursos públicos deben ser destinados para la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades colectivas o sociales.
• El ordenamiento impugnado obliga a los Poderes Públicos del Estado a acotar la aplicación de recursos que se emplean para el cambio de colores en fachadas, de logotipos en edificios públicos, así como vehículos y papelería, entre otros, y que el dinero ahorrado por estos conceptos sea reorientado a programas sociales, educativos o culturales en beneficio de la sociedad.
• De la exposición de motivos se advierte la importancia de la creación del capítulo IV de la multicitada ley, ya que en la misma se establecen los supuestos en los que los servidores públicos del Estado pueden incurrir en faltas por el mal uso de la imagen institucional.
• La Ley de Imagen Institucional genera criterios claros que evitan el dispendio de recursos públicos, ya que la finalidad del Capítulo IV es imposibilitar que se lucre y se obtenga algún beneficio con el uso de la imagen institucional de las dependencias públicas del Estado.
• La finalidad de la ley es evitar el dispendio de los recursos que no generan un bienestar a la sociedad y, por el contrario, generan un ahorro significativo y trascendental en la economía pública en atención a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución General, el cual establece que los recursos públicos deben ser aplicados en forma eficiente y eficaz, a fin de satisfacer los objetivos a los que son destinados y así evitar la distracción de los recursos que no generan un bien social y sí una afectación al gasto público.
• La comisión accionante no advierte que el espíritu de los numerales controvertidos recae en una cuestión de orden público e interés social, ya que su finalidad es garantizar el cuidado de la sociedad y la economía pública y fungen como un mecanismo para dar cumplimiento a dicho fin.
• Es improcedente el concepto de invalidez esgrimido por la accionante en cuanto a que son inconstitucionales los artículos 12 y 15 de la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Yucatán y sus Municipios, puesto que el Congreso reguló conforme a derecho todo el proceso legislativo, respetando lo dispuesto en la Constitución Federal, sin contravenir ningún precepto establecido en la misma como se pretende hacer creer.
• El capítulo de responsabilidades y sanciones administrativas tiene por objeto garantizar que se dé cumplimiento a la correcta utilización de la imagen institucional, impidiendo con ello a los servidores públicos lucrar o enriquecerse con la utilización de la imagen institucional.
8. Informe de la autoridad promulgadora. El nueve de septiembre de dos mil veinte,(3) el Consejero Jurídico del Gobierno de Yucatán, Mauricio Tappan Silveira, rindió el informe respectivo y, sustancialmente, expresó lo siguiente:
• La promulgación y publicación del decreto 204/2020, publicado en el Diario Oficial de la Entidad el siete de abril de dos mil veinte, fue en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 14, fracción VII, del Código de la Administración Pública del referido Estado.
• La promulgación no resulta inconstitucional y el acto de publicación por sí mismo, no contradice ni contraviene los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• La acción de inconstitucionalidad es improcedente respecto del Gobernador de Yucatán, porque al promulgar el decreto referido, lo único que hizo fue cumplir con la obligación que imponen los artículos 55, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 14, fracción VII, del Código de la Administración Pública de la misma entidad, ya que la Ley de Imagen Institucional para el Estado y sus Municipios fue emitida por el Congreso del Estado, guardando las formalidades que señalan las normas de la materia.
• Contrario a lo que afirma la Comisión accionante, los actos legislativos que culminaron con la expedición de la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Yucatán y sus Municipios, se encuentran debidamente motivados y fundamentados en virtud de que el Congreso del Estado actuó dentro de los límites de las atribuciones que la propia Constitución Estatal le confiere, al ser autoridad competente para legislar sobre los ramos que sean competencia del Estado, así como reformar, abrogar y derogar leyes y decretos que se expidieren o participar en las reformas a la Constitución.
• Al haber actuado dentro de los límites constitucionales locales los conceptos de invalidez son infundados, puesto que los actos de autoridad legislativa sí cumplen con los requisitos fundamentales y de motivación que para los mismos se exige.
9. Opinión de la Fiscalía General de la República. A pesar de haberse dado vista mediante auto de trece de agosto de dos mil veinte, la Fiscalía General de la República no presentó pedimento alguno.
10. Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, el veintiuno de octubre de dos mil veinte, se cerró la instrucción del asunto y se envió el asunto a la ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
11. Returno. En sesión pública solmene celebrada el dos de enero de dos mil veintitrés, la Ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández fue elegida Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que mediante acuerdo de la misma fecha, el presente expediente fue returnado al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre los artículos 12 y 15 de la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Yucatán y sus Municipios y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
II. OPORTUNIDAD
14. La acción de inconstitucionalidad fue promovida de manera oportuna dentro del plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(6)
15. El Decreto 204/2020 mediante el cual se expidió la Ley impugnada fue publicado el siete de abril de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán. Dada la suspensión de plazos del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2- COVID-19,(7) el referido plazo legal para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del tres de agosto al uno de septiembre del mismo año, sin que pase inadvertido lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 10/2020 del Pleno de este Alto Tribunal del veintiséis de mayo de dos mil veinte.(8)
16. Lo anterior porque el hecho de que a partir del Acuerdo General 10/2020 este Alto Tribunal dispusiera que se habilitaban los días para para la promoción por vía electrónica de los asuntos de su competencia mediante el uso de la FIREL o de la firma (antes FIEL) no implicó el levantamiento de la suspensión de los plazo o términos, pues de conformidad con el Acuerdo General 14/2020, ello sucedió hasta el tres de agosto de dos mil veinte.
17. De modo que, si el escrito inicial fue presentado el tres de agosto de dos mil veinte, consecuentemente, resulta oportuno.
18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
III. LEGITIMACIÓN
19. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
20. Además, el escrito inicial fue presentado por María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la referida Comisión Nacional, quien acredita dicho carácter con la copia certificada de su designación,(9) y cuenta con facultades para ello de conformidad con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(10)
21. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
22. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo último, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se pasa a examinar la improcedencia de la acción, atento a lo expuesto por las autoridades demandadas, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente.
23. El Poder Ejecutivo del Estado aduce que, al promulgarse el Decreto que contiene la ley impugnada, lo único que hizo fue cumplir con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 14, fracción VII, del Código de la Administración Pública de Yucatán.
24. Como se advierte, la autoridad no hace valer una auténtica causa de improcedencia en términos del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia que remite al diverso artículo 65 del mismo ordenamiento, en materia de acciones de inconstitucionalidad,(11) sino que sólo aduce la actuación en cuanto a la obligación de promulgación de la ley, por lo que dicho planteamiento debe desestimarse.
25. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J.38/2010, del Pleno de este Alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro informa: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES." 26. Al no existir diversa causal de improcedencia planteadas por las partes, o bien, que de oficio advierta este Tribunal Constitucional, se procede al estudio de fondo.
27. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
V. ESTUDIO DE FONDO
28. En su único concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aduce, en esencia, que los artículos 12 y 15 de la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Yucatán y sus Municipios vulneran el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que establecen un sistema de faltas administrativas graves que distorsiona el diseño en materia de responsabilidades administrativas previsto en la Constitución General y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
29. Lo anterior, porque el sistema derivado de las normas impugnadas amplía el catálogo de faltas administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que el artículo 12 de la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Yucatán y sus Municipios establece un catálogo de conductas que actualizan responsabilidades de los servidores públicos y el artículo 15 del mismo ordenamiento las califica como faltas graves. Tal distorsión es trascendente para la seguridad jurídica, toda vez que la calificativa de la falta determina el trámite del procedimiento y la competencia de la autoridad que impondrá las sanciones.
30. En adición a lo anterior, la Comisión accionante señala que el hecho de que se prevean diversos supuestos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en una ley distinta a la ley local en la materia, también impacta en la seguridad jurídica al generar dos fuentes normativas sobre el mismo tópico, propiciando la falta de homologación y armonización jurídica que permita conocer las hipótesis específicas que constituyen las infracciones respectivas.
31. Como primera cuestión, debe tenerse presente el marco constitucional relativo a la materia de responsabilidades administrativas y los criterios que este Tribunal Pleno ha sustentado en este ámbito.
32. El veintisiete de mayo de dos mil quince, se reformaron, entre otros, los artículos 108; 109; 73, fracciones XXIX-H y XXIX-V; 113 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de crear un sistema uniforme de combate a la corrupción en materia de responsabilidades de los servidores públicos en los tres ámbitos de gobierno y la distribución de competencias.
33. En particular, mediante la reforma a la fracción XXIX-V del artículo 73 constitucional,(12) en relación con el artículo segundo transitorio(13) del decreto respectivo, se facultó al Congreso de la Unión para emitir, entre otras, la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, el artículo cuarto transitorio(14) estableció que las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, debían expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de la ley general.
34. Esta reforma constitucional ha sido materia de análisis por este Tribunal Pleno en distintas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, en las que se analizaron cuestiones relacionadas con el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o temas afines.(15)
35. En dichos precedentes se ha expuesto que en los artículos transitorios de la reforma aludida se estableció una "mecánica transicional" para la transformación de los sistemas federal y locales en la materia, misma que parte de la base que tanto en lo que se refiere a la coordinación del sistema anticorrupción, como la distribución de competencias entre los distintos órdenes en materia de responsabilidades administrativas, se requería de la emisión por parte del Congreso de la Unión de las leyes generales correspondientes, dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Decreto de reforma constitucional.
36. También se ha señalado que conforme al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados, se advierte que fue intención concreta e integral del Constituyente "... crear el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. ... el sistema nacional de fiscalización, en términos del proyecto, se inscribe como un subsistema consolidado y autónomo pero funcionando como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, de forma tal que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción, no se llevarán a cabo de forma aislada o fragmentada, sino como un sistema integral articulado para prevenir y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, sea que éstas deriven del ejercicio indebido de los recursos públicos o bien, del incumplimiento de responsabilidades públicas que no se vinculan necesariamente con la hacienda pública ... De igual forma, la idoneidad de la medida también se justifica por su alcance nacional: las entidades federativas deberán establecer sistemas locales anticorrupción, aspecto derivado de las iniciativas dictaminadas. Es así que estos sistemas locales servirán como mecanismos de coordinación para el diseño, evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la promoción de la integridad pública. ... el Sistema pretende homologar acciones entre los diferentes órdenes de gobierno para la generación de mayores estándares de integridad pública y combate a la corrupción. No obstante, este objetivo no podrá alcanzarse sin mecanismos de coordinación efectivos. Con la finalidad de dotar al Sistema del marco jurídico necesario para su adecuado funcionamiento, se considera indispensable complementar el marco constitucional con la facultad del Congreso de la Unión, en su carácter de autoridad del orden constitucional, de emitir una ley general que establezca las bases de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en las materias objeto del presente dictamen."(16)
37. Conforme a este diseño constitucional, el Pleno ha señalado que no existe prohibición para que los Estados emitan leyes que regulen la materia de responsabilidades administrativas en el ámbito local. Incluso, existe un mandato expreso para que las entidades federativas expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas correspondientes para adecuar su régimen local de responsabilidades administrativas, siempre que ello esté ajustado a los parámetros previstos en la Ley General respecto de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, obligaciones, sanciones aplicables, así como los procedimientos para su aplicación.(17)
38. Ahora bien, mediante Decreto publicado el dieciocho de julio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión expidió, entre otras,(18) la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX-V constitucional y el segundo transitorio de la citada reforma.(19)
39. Conforme a su artículo 1o., la Ley General de Responsabilidades Administrativas es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.(20)
40. En lo que concierne al análisis de mérito, el artículo 3 de dicha Ley General definió las faltas administrativas de los servidores públicos, las cuales clasificó como no graves y graves(21) con base en la distinción del artículo 109 constitucional(22) y estableció que las primeras serán sancionadas por la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal o sus homólogos en las entidades federativas;(23) mientras que las segundas serán resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus homólogos en las entidades federativas.(24) De este modo, la Ley General estableció las conductas que actualizan faltas no graves (artículos 49 y 50), las faltas graves (artículos 52 a 64 Ter) y los actos de particulares relacionados con faltas graves (artículos 65 a 72), así como el sistema de sanciones para cada tipo de falta (artículos 75 a 83).
41. En relación con la regulación de las faltas administrativas, en la acción de inconstitucionalidad 115/2017(25) –en la que se analizó la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes que ampliaba el catálogo de faltas no graves previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas–, el Pleno consideró que las legislaturas locales no pueden modificar aspectos relacionados íntimamente con la competencia y, por tanto, no deben prever un catálogo o supuestos diversos de faltas no graves al ya previsto por la Ley General, en tanto que dichas disposiciones podrían trastocar las competencias de los órganos mencionados previamente y su correlación dentro del Sistema de Anticorrupción.
42. Además se señaló que "la regulación de los aspectos inherentes como los sujetos obligados, las autoridades competentes, la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32766-c11680b1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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